Rodrigo Agostinho, el nuevo presidente del Instituto Nacional del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), tiene que multiplicarse. Incluso antes de tomar posesión del cargo, a finales de febrero, ya seguía de cerca la emergencia en la Tierra Indígena Yanomami. Ahora, al frente de un instituto desmantelado durante el gobierno de Bolsonaro, tiene ante sí nuevos pedidos de expulsión de mineros que han invadido tierras indígenas, la hercúlea tarea de ayudar a detener la deforestación en la Amazonia y al menos dos decisiones extremamente delicadas en procesos de concesión de licencias ambientales: la renovación de la licencia de la central hidroeléctrica de Belo Monte —la devastación que ha causado en 7 años de funcionamiento ha demostrado qué ocurre cuando se ignoran las recomendaciones del propio Ibama— y la petición de Petrobras de explorar petróleo en alta mar en la cuenca de la desembocadura del Amazonas y abrir una «nueva frontera» para el combustible fósil sin conocer las posibles consecuencias sociales y ecológicas.

Abogado, ecologista, exalcalde de Bauru, en el estado de São Paulo, ex diputado federal por el Partido Socialista Brasileño y expresidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de los Diputados, Agostinho habla con tranquilidad y detalle de estos desafíos. En una entrevista telefónica, afirma que quiere «tranquilizar a la gente» sobre la desembocadura del Amazonas, porque cualquier decisión «se tomará con mucho cuidado», teniendo en cuenta «todos los impactos posibles e imaginables», y que la licencia de Belo Monte solo se renovará si se «garantiza la vida del río Xingú» y se resuelven todos los condicionantes socioambientales incumplidos.

«El Ibama no es irresponsable. Estamos en otro momento, hay una nueva presidencia, nada será autorizado sin conocer todas las implicaciones», dice Agostinho sobre el proceso de la desembocadura del Amazonas, parte del denominado margen ecuatorial, que incluye toda la costa norte de Brasil. Evita anticipar las medidas que se tomarán, pero admite que la recomendación de los técnicos del instituto de solicitar una «evaluación ambiental estratégica», un estudio más amplio de los impactos de una posible actividad petrolera en esa región, es «una posibilidad real».

Sobre Belo Monte, el presidente del Ibama afirma que la decisión sobre la renovación o no de la licencia no se tomará ni a corto ni siquiera a medio plazo. Señala que el punto principal es definir un nuevo hidrograma, el régimen de uso de las aguas del río en el funcionamiento de la central, ya que los dos que se presentaron en el primer proceso de concesión de la licencia no han logrado preservar el Xingú ni las comunidades que dependen de él. «Hasta que no se defina un hidrograma razonable, hasta que no se concluya el análisis del cumplimiento de los condicionantes, no se concederá ninguna licencia», afirma.

El presidente del Ibama afirma que el instituto se quedará bastante tiempo en el territorio Yanomami, pero que las consecuencias de la minería ilegal «durarán toda la eternidad». Además de zonas con suelos «lavados y estériles», que dificultan la recuperación forestal, está el rastro del mercurio. Agostinho cuenta que se ha pedido ayuda al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde hay técnicos especializados en el problema. «Hay puntos importantes que debatir a partir de ahora, como la forma de subestimar el problema de la contaminación por mercurio, qué directrices se darán a las poblaciones de la zona sobre el consumo de agua contaminada, cómo se repararán eventualmente los daños causados por la minería», subraya.

SUMAÚMA: El Ibama y Petrobras han fijado el 20 de marzo como posible fecha para realizar la Evaluación Preoperativa del proyecto de exploración en el bloque 59, en la desembocadura del Amazonas. En la misma reunión [que tuvo lugar el 3 de marzo], el representante del Ibama afirmó que Petrobras viene atendiendo todas las demandas del instituto. ¿Significa esto que no tardará en expedirse la licencia de exploración?

Rodrigo Agostinho: No tiene nada que ver. Hay un proceso, que implica una serie de obligaciones, que se están solicitando, y se está instando a Petrobras a llevar a cabo las acciones necesarias. Pero esto no significa que la licencia está lista, porque después de todas las solicitudes aún queda el análisis técnico. Y este caso concreto es muy delicado, y el Ibama será muy, muy cuidadoso en cualquier análisis.

En los dictámenes que el Ibama publicó en este proceso, los técnicos, dada la sensibilidad ambiental y social de esa región, sugirieron que se realizara una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria antes de tomar una decisión sobre la licencia. El presidente del Ibama tiene el poder de suspender el proceso y pedir esta evaluación más amplia, también porque hay 5 bloques más de Petrobras en proceso de concesión de licencia justo en la desembocadura del Amazonas. ¿Va a pedir esa evaluación? ¿Hay una decisión al respecto?

Asumí el cargo hace poco, este tema está entre las prioridades del Ibama y se están analizando todas las recomendaciones que hicieron el equipo técnico, el Ministerio Público y la sociedad civil. Estamos analizando todas las recomendaciones para poder tomar una decisión, o más de una. Todavía no hemos tomado una decisión, pero todas las recomendaciones en teoría pueden realizarse. Solo quiero asegurar a la gente que no se tomará ninguna decisión sin un análisis técnico, sin evaluar todos los impactos posibles e imaginables. Existe el principio de prevención y el principio de precaución, y ambos estarán en primer lugar antes de cualquier decisión sobre la autorización de esta actividad.

En uno de los dictámenes del proceso del bloque 59, en enero, al sugerir que se realizara una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria, los técnicos del Ibama escribieron que en este caso «el proceso de concesión de licencias en sí mismo no es capaz de evaluar las transformaciones socioambientales que puede provocar todo el proyecto, no es capaz de predecir si el petróleo es una vocación económica adecuada para la región». Teniendo en cuenta que hoy no se extrae petróleo en la mayor parte del margen ecuatorial de la costa brasileña, a excepción del estado de Río Grande del Norte, ¿no exigiría esto una evaluación más amplia?

Bueno, el Ibama buscará estudiar todas las situaciones, y la evaluación ambiental estratégica siempre es una posibilidad en una situación tan compleja como esta. Estamos hablando de una extensa zona de la costa brasileña que va desde Río Grande del Norte hasta Amapá, una región muy sensible y en algunas áreas muy rica en biodiversidad, especies migratorias, corales. En la desembocadura del río Amazonas cualquier accidente corre un enorme riesgo de convertirse en una situación incontrolable, por lo que, obviamente, la evaluación estratégica es una posibilidad y el Ibama la está analizando. El Ibama analizará todos estos puntos. Lo que quiero dejar claro es que no se ha tomado ninguna decisión de emitir la licencia en los próximos días o incluso semanas y también que estamos analizando todas las recomendaciones formuladas hasta ahora antes de tomar cualquier decisión. No puedo anticipar qué se va a decidir, pero una evaluación ambiental integrada y estratégica es una posibilidad. No estamos hablando solo de un pozo de petróleo, estamos hablando de permitir que se explore toda una región de Brasil. Obviamente, la evaluación ambiental estratégica es una posibilidad real y se está estudiando en estos momentos.

Es una zona de la que se conoce poco incluso la propia dinámica marítima. Por eso el Ibama ha decidido construir una nueva base hidrodinámica en esa costa, y los habitantes de Oiapoque no se creen que el petróleo no llegue a la costa en un eventual accidente. ¿Usted está al tanto de esto?

Sí, ya hemos estudiado todo el proceso, estamos analizando todas las posibilidades. Como he dicho, este proceso es prioritario para el Ibama, el análisis técnico se está llevando a cabo con mucho rigor, todos los puntos planteados hasta ahora están en nuestro radar, conocemos la sensibilidad medioambiental de la región, conocemos los posibles riesgos de este tipo de actividad en la zona. El Ibama ha solicitado una serie de documentos para que podamos tomar una decisión fundamentada en conocimientos científicos. Mi orientación a los técnicos es que el Ibama trabaja siempre basándose en las evidencias, en el conocimiento científico, por eso se piden tantos informes y estudios de impacto ambiental. Ahora, estamos en un momento de analizar todo lo que se ha presentado hasta la fecha, hay otro estudio que se está realizando este mes. Pero eso no significa que la decisión se vaya a tomar inmediatamente después de esta simulación de un posible accidente en la región. El Ibama está estudiando este caso con gran cuidado y atención. 

El proceso de concesión de la licencia muestra que Petrobras indicó varias veces que esperaba que se emitiera durante el gobierno anterior. En diciembre, la empresa envió a la región un buque perforador que hasta ahora está a la espera de la evaluación preoperativa y la licencia. Si la decisión va a tardar semanas, ¿qué le diría a Petrobras?

No puedo hablar con Petrobras a través de la prensa. Una cosa es que Petrobras ponga un buque en la región y otra el análisis técnico del Ibama. El Ibama es una institución estatal independiente que lleva 34 años haciendo su trabajo con eficacia, no se tomará ninguna decisión contraria a la ley ni de forma precipitada, independientemente de que haya equipos en la zona. El Ibama desempeñará su papel, pero no hablamos a través de la prensa.

La pregunta iba más en el sentido de que esto crea una expectativa en la región: de empleo, de cánones, Petrobras está reformando el aeropuerto local… ¿Esta presión social no afecta a su trabajo, al trabajo del Ibama?

No. El Ibama hará su trabajo, a su debido tiempo. El Ibama es independiente, más aún desde el punto de vista de la concesión de licencias medioambientales. El Ibama no se siente presionado por este tipo de situaciones.

El Estudio de Impacto Ambiental que se hizo originalmente en el proceso de concesión de la licencia afirmaba que no se produciría ningún impacto en las tierras indígenas de Oiapoque. Por lo que Petrobras siempre ha argumentado que no era necesario realizar una consulta previa. Ahora, tras una reunión entre los indígenas y la empresa, ha quedado claro que, solo con el sobrevuelo de las aeronaves que van de Oiapoque al buque perforador, ya existe un impacto. ¿Esta cuestión de la consulta previa puede obstaculizar el proceso o no está vinculada a los requisitos del Ibama para conceder la licencia?

La consulta previa, libre e informada es una obligación de un acuerdo internacional que Brasil firmó, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta cuestión está regulada en el Ibama y la Funai [Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas] a través de la Ordenanza 60 de 2015. Este punto concreto sigue siendo objeto de revisión por parte del equipo de concesión de licencias y, en caso de que sea necesario realizar una consulta, será obligatoria. Todavía estamos analizando los documentos. Y este análisis se hace con otro criterio, en el sentido de que hoy tenemos un nuevo presidente del Ibama. Así que, antes de tomar ninguna decisión sobre la licencia, analizaré toda la documentación del proceso, todos los estudios y todas las recomendaciones que se hayan hecho.

Según el reglamento del Ibama, ¿la consulta previa podría ser un condicionante? El Ibama ha recomendado que Petrobras revise el Estudio de Impacto Ambiental para considerar este impacto que ya ha ocasionado….

Como he dicho, lo estamos analizando y, si es necesario solicitar más información a Petrobras, se solicitará. El Ibama no es irresponsable. Estamos en otro momento, hay una nueva presidencia, nada será autorizado sin conocer todas las implicaciones y uno de los puntos que siempre es relevante es la cuestión relativa a las audiencias. No es hacer audiencias por hacerlas, hay normas, protocolos, que a menudo cambian según la población tradicional, el pueblo indígena. Se trata de ver definiciones, notas, observaciones hechas en estas consultas que de hecho pueden ser relevantes para el diseño institucional de la concesión de licencias ambientales. No tiene sentido que hagamos una consulta por hacerla, lleva implícita una razón y unas obligaciones.

Otro asunto urgente es la renovación de la licencia de funcionamiento de Belo Monte…

No se hará a corto plazo. Hay puntos muy controvertidos que debatir. No es un proceso de concesión de licencia que tenga una previsión a corto o medio plazo. Hay un punto inicial bastante controvertido, que es la petición de analizar la posibilidad de construir soleras [pequeñas presas] para minimizar los problemas relacionados con el perfil hidrográfico de la región. Ya se han presentado los estudios relativos a las soleras, el Ibama los analizará y después estudiaremos toda la cuestión hidrológica del río. No hay un plazo previsto para conceder la licencia.

Hay una grave crisis ambiental y humanitaria en la Vuelta Grande del Xingú: disminución de la cantidad de peces, comunidades enteras afectadas, aún no ha sido creado un territorio ribereño para reubicar a las personas alejadas de sus medios de supervivencia…

El Ibama es consciente de todos los problemas medioambientales derivados del funcionamiento de la central. Se está revisando el cumplimiento de todos los condicionantes y tenemos que resolver el problema del hidrograma de funcionamiento. La central se autorizó con hidrogramas [el régimen de utilización de las aguas fluviales en el funcionamiento de la central] que han resultado insostenibles a lo largo del tiempo, y todo ello está siendo analizado por los equipos técnicos. Lo que puedo decir es que tenemos equipos enteros trabajando en estos estudios para poder avanzar. Hasta que no se defina un hidrograma razonable, hasta que no se concluya el análisis del cumplimiento de los condicionantes, no se concederá ninguna licencia. 

Un informe del Ibama muestra que solo se han cumplido 13 de los 47 condicionantes originales, ¿no es cierto?

Cuando se le concedió la licencia a la central, siempre estuvo claro que el régimen hidrológico del Xingú es bastante complejo, la vida del río depende de este complejo sistema. Se concedió la licencia con dos hidrogramas, A y B, que con el tiempo han demostrado ser bastante insatisfactorios en lo que respecta a garantizar la conservación de la vida en el río. Estos puntos estratégicos se analizarán y, si no se resuelven, no se podrá emitir la licencia ambiental. El proceso de concesión de la licencia tendrá como objetivo que los distintos usos del río y la conservación de la vida sean compatibles. Además, tenemos los condicionantes incumplidos, que se están poniendo en la balanza.

Lo que observamos es que, en el proceso de concesión de la licencia original, muchos de los dictámenes del Ibama a menudo se ignoraron. Da la impresión de que hubo una opción política que benefició a la empresa y a las constructoras. ¿Usted se compromete a respetar estos dictámenes técnicos?

Se tendrá en cuenta cualquier dictamen técnico que se base en información y tenga un respaldo jurídico. Como he dicho, a partir de ahora el Ibama hace su trabajo basándose en evidencias, en conocimientos técnicos. Esto no significa que, eventualmente, algún analista pueda dar una sugerencia que no se tenga en cuenta. No todas las sugerencias, consejos o dictámenes son vinculantes. Ahora se tendrá en cuenta lo que sea realmente pertinente. El caso de Belo Monte es bastante emblemático. Tendremos un cambio climático cada vez más violento, con fenómenos extremos. Así que no necesariamente el perfil hidrológico que tenemos hoy será el perfil del mañana. La región de Altamira tiene uno de los mayores índices de deforestación de Brasil, por lo que también tiene el problema del cambio del clima local. Todo esto debe tenerse en cuenta, y el Ibama no renovará ninguna licencia sin estos análisis.

Para construir las soleras, la empresa prevé expulsar a más familias y aumentar el desequilibrio medioambiental en la región. ¿Existe alguna posibilidad de que se aprueben?

No he dicho que se aprobarán o que no se aprobarán. Lo principal es definir un buen hidrograma de trabajo para el régimen hidrológico del río. La cuestión de las soleras se planteó como una posibilidad de reducir los daños, pero personalmente me parece muy poco funcional. El Ibama no ha concluido el análisis técnico, pero personalmente creo que resuelve muy poco la cuestión. Y la cuestión central, la del hidrograma, no está resuelta. Cuando se le concedió la licencia a la central, todo el mundo sabía que en determinadas épocas hay escasez de agua. Ahora el gran desafío es ver cómo resolver el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de la licencia.

Si no se renovara la licencia, ¿se paralizaría la central?

No puedo anticipar decisiones.

Solo es una pregunta hipotética…

No tengo el análisis necesario para poder responder, pero no es deseable que una actividad se desarrolle sin la debida licencia ambiental, y menos aún en una situación como esta, de un proyecto en una zona tan sensible. Por otro lado, con o sin licencia, la central continuará en el mismo sitio. La licencia no cambia el hecho de que existe una barrera de hormigón en el río Xingú. Pero creo firmemente que podemos avanzar en el tema del hidrograma, porque lo más importante es que garanticemos la vida del río, que las comunidades no se vean afectadas por el funcionamiento de la central.

En el caso de la Tierra Indígena Yanomami, ¿cómo ve la situación tras la emergencia? Se teme que los mineros ilegales solo estén esperando a volver cuando las cosas se enfríen. ¿Cómo mantener la vigilancia en la región sin descuidar otras a las que puedan emigrar los mineros?

Nos quedaremos bastante tiempo en el territorio Yanomami. Tenemos barreras en los dos principales puntos de entrada, el río Mucajaí y el río Uraricoera; esta última es la que lleva más tiempo, desde el 6 de febrero. Gracias a estas bases nos hemos asegurado de que los mineros se marchen y hemos impedido que vuelvan. Suministros como el combustible y los alimentos ya no llegan por el río, lo que ha ido forzando su salida. Hay un corredor aéreo abierto hasta el 6 de abril, muchos mineros lo están utilizando para salir, y lo que queda es un gran rastro de destrucción dentro de la tierra indígena. Hay puntos importantes que debatir a partir de ahora, como la forma de reducir el problema de la contaminación por mercurio, qué directrices se darán a las poblaciones de la zona sobre el consumo de agua contaminada, cómo se repararán eventualmente los daños causados por la minería. Obviamente el Ibama no tiene solo la tierra Yanomami, tiene decenas de otras, en algunas de las cuales la Justicia ya ha decretado la expulsión de los intrusos.

¿Por ejemplo?

En los territorios Mundurukú, Kaiapó…, hay varias tierras indígenas sobre las que existe una decisión judicial que determina la expulsión de los intrusos, además de la voluntad política del gobierno actual. Estamos planeando entrar en ellas a lo largo de este año, la estructura es bastante limitada para llegar a todo. En el caso de los Yanomami, nos quedaremos bastante tiempo. Contamos con el apoyo de muchas instituciones, como la Funai, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Nacional, la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, además del apoyo que existe en asistencia humanitaria, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud. Es una situación muy compleja, el Ibama ya tenía previsto entrar en marzo, lo adelantamos un mes por la crisis humanitaria y nos vamos a quedar allí hasta que se acabe definitivamente la minería ilegal en esa zona. Y, en la medida de lo posible, lucharemos también contra la minería ilegal en otras tierras indígenas y apoyaremos al ICMBio [Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad] en las unidades de conservación federales.

En la tierra Yanomami la minería ilegal ha provocado una destrucción absurda: cráteres en la selva, ríos contaminados… ¿Es posible recuperar esas áreas?

Es posible reducir el problema de los cráteres y resolver los problemas relacionados con la erosión, pero las consecuencias de la minería ilegal durarán toda la eternidad. El mercurio no se degrada, seguirá presente en el agua, en los peces. Empieza a metabolizarse, se convierte en metilmercurio, entra en la cadena de metales. Ahora hay un tipo de peces contaminados y en los próximos años habrá otro perfil, porque irá circulando por la cadena alimentaria. Hay zonas en las que es posible llevar a cabo un proyecto de restauración, recuperar las características del lugar, dejar que la selva se regenere naturalmente, pero hay mucha basura acumulada, residuos, manantiales y vegetación ribereña que no se pueden recuperar. No hay suelo, hay arena lavada, un suelo estéril, muerto. El Ibama y el Ministerio de Medio Ambiente están conversando con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que cuenta con un equipo de especialistas en contaminación por mercurio, para que puedan ayudar realizando un buen diagnóstico de la contaminación y aconsejando las medidas que se pueden tomar a partir de ahora. Pero en las zonas destruidas por la minería, la recuperación es muy lenta. La selva intentará ocupar su espacio, pero es lento. Hay zonas de la Tierra Indígena Yanomami que se minaron en los años 80 y 90 que aún se encuentran en una situación complicada. Ya nos podemos ir olvidando de que vuelva a ser una selva exuberante.

En otras entrevistas ya ha hablado de la falta de personal en el Ibama. ¿Afecta eso a los procesos de concesión de licencias?

No con relación a la calidad. Pero, obviamente, tener un equipo tan pequeño como el que tenemos hoy influye en la rapidez de las decisiones. En la actualidad, el Ibama cuenta con 2.900 funcionarios, el 53% de su plantilla, una plantilla que se diseñó hace mucho tiempo. Tenemos 470 funcionarios con complemento de permanencia [en edad de jubilarse, pero siguen trabajando], algunas de las áreas más intensivas del Ibama sufren más, como la de concesión de licencias y la de inspección. Son áreas estratégicas en las que faltan profesionales y equipos. En los últimos 4 años se ha intentado desmantelar la institución y superarlo llevará mucho tiempo. No será fácil de resolver, tenemos la previsión de que se jubilen al menos 200 funcionarios y, a menos que se convoquen oposiciones en octubre o noviembre, no creo que todas esas vacantes puedan cubrirse rápidamente. Y aún tenemos que entrenar, formar… La experiencia sobre el terreno lleva tiempo. En los últimos años, debido a la falta de personal, el Ibama ha empezado a delegar la concesión de licencias a los gobiernos de los estados, especialmente aquellos que tienen una estructura mayor. Estamos en proceso de volver a hacer del Ibama una institución fuerte, con una estructura capaz de estar a la altura de la biodiversidad brasileña, que es la mayor del mundo, aunque esté amenazada. La mitad de la extensión de Brasil todavía está cubierta con alguna forma de vegetación nativa, a pesar de toda la degradación tenemos el mayor porcentaje de cobertura verde del mundo. Tenemos un reto enorme, y la estructura del Ibama hoy no está a la altura de su responsabilidad. Eso no quiere decir que los funcionarios no trabajen con gran dedicación.

¿Qué importancia tiene, de hecho, el Fondo Amazonia en la preservación del medio ambiente? [El fondo creado con donaciones de Noruega y Alemania se paralizó durante el gobierno de Bolsonaro y unos 680 millones de dólares quedaron congelados].

Es esencial si queremos tener políticas públicas diferentes para la Amazonia. Una cosa es el presupuesto de Brasil, de cada uno de los órganos que componen el Sistema Nacional de Medio Ambiente (Sisnama), y otra es hacer una política para la Amazonia basada en la bioeconomía, en la creación de empleo, que respete la mayor selva tropical del mundo y valore los servicios ecosistémicos. Es esencial poder contar con herramientas como el Fondo Amazonia si queremos tener una estrategia diferente para la Amazonia. De lo contrario, lo que queda es dinero del Plano Cosecha, que fomentará la continua transformación de la selva en zonas de pastos, de cultivo agrícola, y resultará en la ausencia del Estado, lo que, a su vez, lleva al robo de tierras públicas, la extracción ilegal de madera, la caza, la pesca y la minería ilegal. El Ibama ha estado utilizando recursos del Fondo Amazonia. Acabamos de inaugurar una instalación del PrevFogo [Centro Nacional de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales] que se ha hecho con el fondo, y vamos a presentar un proyecto de reestructuración del sector de inspección del Ibama. Es una garantía de recursos continuos. La selva en pie tiene que valer más que la selva derribada. Hoy en día, dependiendo del estado, una zona boscosa vale la mitad que una deforestada. En Pará, vale una décima parte. Esto no sucederá si creamos un amplio registro de soluciones, que pueden incluir pagos por servicios medioambientales, concesiones forestales, gestión forestal, producción de productos forestales para la industria alimentaria y farmacéutica, agroforestación. El fondo es una herramienta importante para conseguirlo, y el nuevo gobierno ha dado prioridad a que otros países se conviertan en donantes.

Existe la queja recurrente de que los productos de la selva suelen recompensar mal al productor…

Por eso no podemos tener una única solución, no es solo extractivismo. El extractivismo es muy importante para algunas familias, pero no voy a salvar toda la Amazonia con una sola estrategia.