“La situación del río es muy mala. El agua está blanca, los peces llegan contaminados y el pueblo indígena está enfermo. Yo voté a Lula. La mayoría aquí también votó a Lula. Para que esto mejore, depende de las ganas del gobierno central”. Esas fueron las palabras de Faustino Kaba, de 74 años, decano de la aldea Katõ, al recibirnos pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas de noviembre de 2022. La comunidad de 800 habitantes, una de las más pobladas de la Tierra Indígena Mundurukú, en el estado de Pará, está ubicada a orillas del río Kabitutu, afluente del Tapajós. Rodeados de explotaciones ilegales de minas, los indígenas son testigos, día tras día, de que la selva se viene abajo a gran velocidad mientras la destrucción se acerca a sus casas y contamina ríos y arroyos.

Desde el 20 de enero, cuando SUMAÚMA denunció que al menos 570 niños Yanomami menores de 5 años habían muerto por causas evitables en los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, el mundo ha centrado su atención en el genocidio de ese pueblo. Pero, por desgracia, la situación es gravísima en varios territorios indígenas que han sido invadidos por mineros ilegales y también necesitan la intervención urgente del Estado. Una de las más preocupantes es la del territorio Mundurukú, donde los mineros han reclutado a buena parte de los indígenas. Los líderes que defienden la selva y su modo de vida tradicional —con especial mención al protagonismo femenino de Maria Leusa Kaba y Alessandra Korap— están amenazados de muerte.

No fue fácil llegar a la aldea Katõ. En las áreas donde la minería ha avanzado en los últimos cuatro años, los invasores se apropian del territorio de igual forma que hacen las milicias y bandas criminales de la Baixada Fluminense —una gran área suburbial de Río de Janeiro— y de otras regiones dominadas en las grandes ciudades. Para planificar nuestra entrada, el día anterior nos encontramos con el cacique general Arnaldo Kaba y su hermano Hans Kaba en Jacareacanga, un municipio con poco más de 14.000 habitantes en la margen izquierda del río Tapajós, a casi 800 kilómetros de Santarém y a tres horas en lancha de la aldea. La cita fue organizada por Maria Leusa, coordinadora de la Asociación de Mujeres Mundurukú Wakoborũn.

Nuestra charla con el cacique tuvo lugar en un espacio reservado en las afueras de la ciudad y en todo momento se veía interrumpida por el ruido de aviones monomotor que sobrevolaban la casa, yendo o viniendo de algún yacimiento ilegal, según nos afirmaron nuestros anfitriones. El ambiente era tenso y los líderes tenían sus dudas sobre la existencia de unas condiciones mínimas de seguridad para nuestro trabajo. «La explotación ya ha llegado a la margen del río. Se nota el fuerte olor en el agua. Para llegar a la aldea tenéis que pasar justo por el medio», advertía Arnaldo Kaba.

Su hermano, Hans Kaba, quien fuera concejal y teniente de alcalde de Jacareacanga, estaba preocupado con la cooptación de algunos indígenas por parte de los garimpeiros, los mineros ilegales. «La Asociación Indígena Pusuru, que en su momento fue la entidad más importante y representativa de los intereses del pueblo Mundurukú, ahora está ligada a las ideas propagadas por [Jair] Bolsonaro», lamentó. «Los indígenas están divididos. El dinero divide. La política divide. Y la iglesia evangélica se choca con la cultura indígena y también nos divide». Maria Leusa, amenazada de muerte por su lucha contra la minería ilegal, contó que, en mayo de 2021, un grupo de indígenas apoyados por hombres blancos incendiaron su casa y su aldea.

La preocupación era que nuestro barco pudiera ser identificado y abordado por garimpeiros en el camino a la aldea. El asesinato del indigenista Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips en el Valle del Javarí, en el estado de Amazonas, en junio de 2022, era un recuerdo presente en la mente de todos.

Decidimos correr el riesgo del viaje, tomando todas las precauciones posibles. Salimos a las 6 de la mañana, escondimos el equipo de grabación durante el trayecto en lancha, gobernada por uno de los timoneles más experimentados de la comunidad. También nos acompañaban dos jóvenes Mundurukú, que no serán identificados para no poner en riesgo su seguridad.

El escenario que presenciamos fue incluso más devastador que las descripciones del cacique general, que había sobrevolado el territorio por última vez con Greenpeace en octubre de 2021. Una de las minas ilegales que grabamos con un dron desde la casa de Faustino Kaba está a poco más de 100 metros de la aldea. Cuando llegamos, varios niños jugaban y unas mujeres lavaban ropa en las aguas blanquecinas, contaminadas por desechos mineros, del arroyo que baña la aldea.

Los impactos de estas aguas contaminadas por mercurio y otros productos tóxicos son cada vez más conocidos y preocupantes. Los indígenas se contaminan cuando comen pescado, la base de su dieta. Los niños son los más gravemente afectados, especialmente los más pequeños, que padecen problemas ya en el vientre materno. Como demuestran diversos estudios científicos e informes, como este, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio atraviesa la placenta y daña el sistema nervioso, el corazón, la tiroides y el sistema inmunológico. En los adultos, los síntomas son más sutiles, pero no menos preocupantes: falta de atención, alteraciones del habla, problemas de coordinación motora y hormigueos. Faustino no paraba de temblar mientras hablaba con el equipo. Su esposa, Albertina Korap, ni siquiera podía articular palabra. Con el cuerpo rígido y la cabeza inclinada, miraba al suelo. ¿Enfermedad de Parkinson o efecto de la contaminación por mercurio?

La falta de respuesta a esta pregunta es otra violación más impuesta al pueblo Mundurukú por parte del Estado brasileño. A pesar de la emergencia sanitaria, la mayoría de los habitantes de las localidades afectadas ni siquiera se ha hecho análisis, incluidos Faustino, Albertina y casi todos los que viven en la aldea Katõ. «Están todos contaminados. Niños, ancianos, embarazadas. Algunos nacieron ciegos; otros, con dificultad para caminar. A los jóvenes les resulta difícil concentrarse en sus estudios. No tenemos los resultados de los análisis, pero lo podemos ver», dijo Rosinaldo Saw Mundurukú, de 45 años, técnico de enfermería de la aldea Katõ. Al escucharlo, pensamos en la diferencia de trato: si un barrio rico de cualquier ciudad brasileña estuviera contaminado con mercurio, ¿cómo reaccionarían el Estado y la prensa?

Someter a pruebas a toda la población Mundurukú, así como analizar el agua de los ríos y arroyos y también los peces, que son la base de su alimentación, es el procedimiento mínimo para empezar a enfrentar la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, hace falta expulsar a los mineros ilegales que usurpan y avanzan por el territorio, evitando así la destrucción socioambiental para, luego, tomar medidas para recuperar el territorio. Proteger a los indígenas y sus tierras ancestrales, garantizando su forma de vida y su cultura es un deber constitucional del Estado, incumplido por varios gobiernos y pisoteado por Jair Bolsonaro los últimos cuatro años. Ahora la incógnita es qué hará el nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Y cuándo.

Erik Jennings, médico de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) de Santarém, advirtió sobre la necesidad inmediata de informar a los indígenas perjudicados por la minería ilegal para que puedan, al menos, distinguir los peces menos contaminados de los más contaminados. «A algunas especies les afecta más el mercurio que a otras. Recibir información sobre qué pescado evitar en la dieta es una medida preventiva importantísima», aseguró.

A finales de 2019, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en colaboración con WWF-Brasil, analizó 88 ejemplares de 18 especies en la región del Medio Tapajós. Se confirmó que las especies piscívoras (aquellas que se alimentan de otros peces) tienen los mayores niveles de mercurio, como la piraña negra, pero es importante que este tipo de trabajos se realicen en todas las regiones afectadas y que sus resultados se traduzcan en recomendaciones para cada contexto específico. En la misma investigación científica, se tomaron muestras de 200 personas en tres aldeas: Sawré Muybu, Poxo Muybu y Sawré Aboy.. Casi el 60% (un 57,9%) presentó niveles de mercurio superiores a 6 microgramos (μg) por gramo (g), el límite máximo de seguridad según la literatura especializada.

Lo cierto es que las investigaciones sobre la contaminación en la región son aún pocas para la magnitud de la tragedia y enfrentan serias trabas políticas para su realización. Sus autores incluso son objeto de ataques. Jennings coordinó una de ellas a finales de 2019. Después de mucha resistencia dentro del propio Ministerio de Salud, finalmente logró tomar muestras de cabello de 109 personas, aprovechando un encuentro del pueblo Mundurukú que reunió a miembros de varias aldeas de la región del Alto Tapajós. Los resultados revelaron contaminación en más del 99% de ellos, algunos con niveles 15 veces superiores a los recomendados por la OMS.

Cuando fue a llevar los datos obtenidos a la aldea Waro Apompu, varios indígenas Mundurukú que simpatizaban con las actividades mineras rodearon el avión del médico en el aeropuerto. Fue amenazado e impedido de continuar su viaje, por lo que tuvo que regresar apresuradamente a Santarém mientras el avión era bombardeado a pedradas. En su consulta, en octubre de 2022, nos dijo que, desde entonces, no se ha sentido seguro para regresar a esa región y continuar con el trabajo de concienciación e implantación de medidas de prevención y protección contra la contaminación. La dificultad para que los equipos sanitarios trabajen en zonas dominadas por la minería ilegal es otro impacto gravísimo.

Hacen falta más estudios, y a una escala mucho mayor, para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la contaminación por mercurio. Pero esa es solo una primera medida. La solución pasa por combatir directamente la enfermedad en origen, que es la destrucción del medio ambiente. Esta enfermedad no solo afecta a la salud del pueblo Mundurukú, sino también a su propia cultura y existencia como pueblo-selva. «Es triste para nosotros. No solo para los indígenas, sino para los animales, para los peces que viven en el agua. Basta ya de sufrimiento», se desahogó el cacique general.

La minería ilegal está presente en el Alto Tapajós desde hace muchas décadas. La región fue descubierta como gran productora de oro a finales de la década de 1950. Durante la dictadura empresarial-militar (1964-1985), con la construcción de la carretera Transamazónica (BR-230), a comienzos de la década de 1970, su explotación se intensificó. Sin embargo, hasta casi finales de la primera década de 2000, las actividades mineras se llevaban a cabo de forma semimecanizada o artesanal, lo que limitaba los daños causados a la selva y a los ríos.

El repunte del precio del oro, a partir de 2008, y la llegada de máquinas de gran potencia, principalmente retroexcavadoras hidráulicas y palas cargadoras, cambiaron totalmente la configuración y la magnitud del impacto ambiental de la minería. Estos equipos, fabricados por multinacionales como Hyundai, Caterpillar, Volvo y Komatsu, entre otras, son capaces de arrasar cientos de árboles en cuestión de minutos y producir enormes socavones en medio de la selva, dejando un enorme rastro de destrucción allá donde pasan, como muestran las imágenes que registró el dron de nuestro equipo.

El fiscal Paulo de Tarso Moreira Oliveira, del Ministerio Público Federal de Santarém, afirmó que Itaituba se ha convertido en uno de los mayores mercados del mundo para este tipo de producto, considerando que la ciudad bañada por el Tapajós tiene poco más de 100.000 habitantes. El acta de una audiencia pública realizada en el Concejo Municipal de Itaituba, en 2019, ayuda a tener una dimensión del problema. En ella, el representante de Hyundai en el municipio, Roberto Katsuda, agradeció a «la clase minera» por el éxito de la empresa en la ciudad: 600 máquinas vendidas entre 2013 y 2019 y una facturación de entre 300 y 600 millones de reales [entre 58 y 116 millones de dólares]. Para hacerse una idea, cada máquina puede llegar a costar 1 millón de reales [unos 19.000 dólares] Nuestro equipo intentó ponerse en contacto con él, pero no obtuvo respuesta.

Quien conoce Itaituba sabe que no hay mercado de construcción capaz de absorber ese volumen. Otros datos reveladores fueron obtenidos en una investigación de Repórter Brasi, publicada en agosto de 2022 con el título «El arma del crimen: cómo los equipos agrícolas y de construcción civil están contribuyendo a la deforestación ilegal de la Amazonia». El estudioconstató que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) realizó 157 incautaciones (entre retroexcavadoras, palas cargadoras, tractores y excavadoras) en explotaciones ilegales ubicadas en áreas de protección en la Amazonia entre 2016 y 2021, la gran mayoría en tierras indígenas. En la Tierra indígena Mundurukú fueron incautadas 7 retroexcavadoras y 3 palas cargadoras; y en la de Sai Cinza, 8 excavadoras. Como explica el informe, se trata de una estimación bastante conservadora, ya que solo se consideraron los casos con información expresa de que la incautación se produjo en un área protegida.

La responsabilidad de las empresas de maquinaria por los daños causados por sus productos es un asunto cada vez más presente en el debate sobre la catástrofe ambiental y climática. Si Lula 3, como se le llama al tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil, quiere realmente plantarle cara al problema de la minería ilegal, este es uno de los posibles caminos.
El otro es luchar contra la fuente de demanda de esa maquinaria, proveniente de operaciones comerciales cada vez más poderosas económica y políticamente. El estudio «El Cerco del Oro: Minería Ilegal, Destrucción y Lucha en Tierras Mundurukú», del Comité Nacional en Defensa de los Territorios Contra la Minería, de 2021, describe cómo en Itaituba, un tranquilo pueblo de solo 2.000 habitantes en 1968, hay en la actualidad unas 27.000 personas que trabajan directamente en la minería. Entre ellos, su alcalde, Valmir Climaco, del Movimiento Democrático Brasileño, reelegido en la primera vuelta en 2020 y dueño declarado de una explotación. Conocido como el alcalde que más áreas regularizó para dicha actividad en el municipio, Climaco es allegado de Roberto Katsuda, el revendedor de Hyundai mencionado anteriormente —y ambos se afanan para que se permita la explotación minera en las tierras indígenas, junto con varios políticos y empresarios locales, nacionales e internacionales. En este movimiento, el grupo encuentra respaldo en las altas esferas de Brasilia, incluidos diputados, senadores, ministros y el propio expresidente, quien, en febrero de 2020, envió el Proyecto de Ley n.° 191/2020 al Parlamento Nacional para regular la minería y otras actividades económicas en tierras indígenas. Intentamos ponernos en contacto con Valmir Climaco, pero no obtuvimos respuesta.

Otro estudio, el de Agência Pública, constata la explosión de solicitudes de permisos de minería en la región del Medio y Alto Tapajós. Hubo 97 peticiones entre 2011 y 2020 que recaían sobre el territorio Sawre Muybu y otras 25 sobre la Tierra Indígena Mundurukú. El principal solicitante fue el gigante Anglo American Brasil, con 46 peticiones, seguido de otras empresas, cooperativas de mineros y particulares, algunos involucrados en denuncias de delitos ambientales. En total, en 10 años, fueron 656 procedimientos mineros en los que, al menos en parte, las áreas solicitadas estaban en territorios indígenas en la Amazonia. Además de los Mundurukú, que fue el pueblo más afectado (130 peticiones), hubo una gran concentración de solicitudes en las tierras de los Kaxuyana (50) y de los Kayapó (42), ambas en el estado de Pará, y en las de los Yanomami (27), en los estados de Roraima y Amazonas. Estas peticiones no implican la autorización para la explotación minera en tierras indígenas, puesto que actualmente está prohibido. Pero revelan cómo el clima de la última década, especialmente en el último Gobierno, era de mucha confianza entre los empresarios de la industria minera. Había un mensaje en el aire: invertir en estos territorios, incluso al margen de la ley, se había convertido en un excelente negocio.

Los autores de este reportaje nos pusimos en contacto con Anglo American Brasil, que aseguró, en un comunicado, que desde 2015 ha desistido de todas las peticiones que interferían en tierras indígenas y que habría concluido ese procedimiento en 2021. Asimismo, Anglo también declara que no tiene ningún derecho minero activo en áreas con interferencia en tierras indígenas en Brasil. Solicitamos pruebas documentales de tales desistencias, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no las hemos recibido.

El impacto de la minería realizada con esa maquinaria pesada en la selva tropical más grande del planeta, estratégico para controlar el sobrecalentamiento global, ha sido dramático. En tierras indígenas, la deforestación por minería creció un 632% entre 2010 y 2021, acumulando casi 20.000 hectáreas. La Tierra Indígena Kayapó es la más afectada, con 11.542 hectáreas destruidas hasta 2021, seguida de las de Mundurukú (4.743 hectáreas) y Yanomami (1.556 hectáreas). Los datos son de MapBiomas.

Por otra parte, un estudio realizado por Greenpeace Brasil a partir de imágenes satelitales señaló que, desde 2016, la minería ilegal ha enterrado más de 600 kilómetros de ríos ubicados en las tierras Mundurukú y Sai Cinza, en el alto Tapajós. Hasta entonces, eran solo 26,6 kilómetros de ríos impactados, un aumento del 2278% en solo 5 años. La investigación también halló 16 pistas de aterrizaje abiertas dentro del territorio Mundurukú.

«¿Adónde va ese oro?», cuestionó el cacique general durante nuestra charla en Jacareacanga. Parte de la respuesta está en los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Casi todo el oro producido en Brasil se exporta. Más del 70% va solo a tres destinos en el extranjero: Canadá, Suiza y Reino Unido. La estrategia utilizada por los comerciantes de oro ilegal para burlar el control está bien descrita en un estudio reciente realizado entre la Universidad Federal de Minas Gerais y el Ministerio Público Federal.

Entre 2019 y 2020, de las 174 toneladas de oro comercializadas en Brasil, al menos 49 —el 28% de la producción nacional— se extrajeron de áreas con evidencias de irregularidades, lo que corresponde a 9.100 millones de reales (unos 1.750 millones de dólares).

La estimación es conservadora. Como la inspección del origen del oro es muy precaria —porque las verificaciones que realiza la ANM del volumen producido en las áreas autorizadas son prácticamente inexistentes—, es fácil «lavar» el producto ilegal usando autorizaciones de minería fraudulentas en los formularios de pago del impuesto (Contribución Financiera para la Explotación de Recursos Minerales, CFEM). En esos casos, se declara que el oro proviene de una mina legal, pero, en realidad, se extrae en un área prohibida. El modus operandi es muy similar al que se utiliza para legalizar la madera obtenida de la tala en la selva amazónica y otros biomas.

Para llegar al volumen estimado de oro extraído y comercializado ilegalmente, los investigadores utilizaron una ingeniosa estrategia. Primero, tomaron imágenes satelitales del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), del Instituto Nacional de Estudios Espaciales (Inpe), que identificaron 21.000 hectáreas deforestadas por la minería. Luego, cruzaron ese contenido con los datos registrados como origen del oro en los formularios tributarios de la CFEM del mismo periodo.

Resultado: en el 96% de los casos, no hubo señales de actividad minera en los lugares identificados como origen del oro en los formularios, un fuerte indicio de que el producto proviene de explotaciones ilegales. Durante el periodo de estudio, de las 21.000 hectáreas deforestadas, 5.000 estaban en tierras indígenas; y, de estas, casi 2.000 solo en territorio Mundurukú.

La conclusión del estudio es irrefutable: el escenario de aumento de la extracción ilegal de oro «coincide con el desmantelamiento ambiental que empezó en 2012, aún durante el gobierno del Partido de los Trabajadores [primer mandato de Dilma Rousseff], pero que durante la administración de Jair Bolsonaro sufrió una fuerte aceleración, con cambios de decretos y en la gestión de los organismos ambientales, dificultando las acciones de control e inspección». Los autores también defienden que se responsabilice a las grandes empresas compradoras de oro. Ellas son quienes más se benefician del producto de los delitos ambientales y deberían tener el deber de verificar la legalidad de su origen.

Ante las promesas de campaña y el discurso de investidura del nuevo Gobierno —priorizar la protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas, con mención específica a la lucha contra la minería ilegal en la Amazonia— hay una gran expectativa de que la situación finalmente pueda mejorar. A pesar de sentirse aliviados con el resultado de las elecciones, puesto que 4 años más de Bolsonaro serían devastadores, los líderes Mundurukú aún se muestran bastante reticentes sobre lo que efectivamente cambiará. Las heridas causadas por los megaproyectos de centrales hidroeléctricas en la Amazonia, como la del río Teles Pires (afluente del Tapajós), construida en 2014 en la frontera de los estados de Mato Grosso y Pará, y la de São Luiz do Tapajós, que se encuentra archivada en la actualidad, están muy abiertas. Estos emprendimientos tuvieron un enorme impacto en la vida y en el territorio de los Mundurukú, y fueron impuestos en base a resoluciones judiciales discutibles, incumpliendo la obligatoriedad de consulta previa a los pueblos afectados.

Una carta que los líderes Mundurukú le enviaron al gobierno en 2013 resume bien hasta dónde llegó su indignación durante el primer mandato de Dilma Rousseff. «¿Por qué quieren destruirnos, acaso no somos ciudadanos brasileños? ¿Tan insignificantes somos? ¿Qué declara el gobierno contra nosotros? ¿Están declarando una guerra para acabar con nosotros para luego entregar nuestras tierras a los latifundistas y a la agroindustria, las hidroeléctricas y la minería? El gobierno pretende quitárnoslas porque no le damos beneficios».

Para esta nueva etapa de la lucha, los Mundurukú contarán con la fuerza de lideresas surgidas en los últimos años, como Maria Leusa Kaba, de 35 años, y Alessandra Korap, de 38. Ambas tienen en común una personalidad combativa, las amenazas de muerte que han sufrido y el respeto que se han ganado desde que asumieron la primera línea de batalla en varios episodios dramáticos de los últimos años. En 2013, Maria Leusa ocupó las obras de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú, paralizando las obras durante 92 días, junto a otros 150 Mundurukú. Seis años después, ahora encabezando la Asociación de Mujeres Mundurukú Wakoborũn, se unió a un grupo de chamanes y a Alessandra Korap para rescatar 12 urnas funerarias en el Museo de Historia Natural de Alta Floresta, en Mato Grosso. En una acción arbitraria, las urnas habían acabado en un museo después de haber sido arrancadas de un lugar considerado sagrado, el cual fue profanado y dinamitado para la construcción de la central hidroeléctrica Teles Pires.

En mayo de 2022, Maria Leusa fue al encuentro de representantes de las principales refinerías suizas, en la ciudad de Berna, y manifestó: «Este oro llega aquí a Suiza lleno de sangre. El Estado brasileño tiene la culpa de las muertes que se producen en nuestros territorios; y ustedes, que lo compran, también”. A finales de julio del año pasado, las refinerías firmaron una declaración pública condenando la minería ilegal, así como el uso de mercurio, y comprometiéndose a «no comprar oro proveniente de territorios indígenas de la Amazonia brasileña y a tomar las medidas técnicas y humanas posibles para no retirar, importar o refinar oro ilegal, trazando e identificando este oro».

Al igual que Maria Leusa, su amiga y compañera en la carrera de Derecho de la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa), Alessandra Korap, primera presidenta de la Asociación Indígena Pariri Mundurukú, que representa a las 13 aldeas Mundurukú en el Medio río Tapajós, también está amenazada de muerte. Las sucesivas denuncias que hace no solo de la minería ilegal, sino también del robo de tierras públicas y de las construcciones irregulares de centrales hidroeléctricas y puertos graneleros, la obligaron a entrar en el Programa de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos del estado de Pará.

Cuando le preguntamos si era optimista con el cambio de gobierno, expresó las mismas dudas que escuchamos de todos los Mundurukú con los que hablamos: «De 2019 a 2022, debido a los discursos del presidente Bolsonaro, las denuncias de irregularidades aumentaron bastante. Pero desde el [anterior] gobierno de Lula ya había infracciones. Ahora tenemos la esperanza de que intervenga». Alessandra Korap Mundurukú tiene dos exigencias inmediatas para el nuevo presidente: la salida de la minería ilegal de las áreas indígenas ya demarcadas y la demarcación de las tierras Mundurukú en el Medio Tapajós, que han sido objeto de disputas durante varias décadas.

Será en la segunda exigencia donde se pondrá a prueba la voluntad política y los colores del nuevo gobierno. El reconocimiento de las 178.000 hectáreas de la Tierra Indígena Sawré Muybu, ubicada en el perímetro de Itaituba, fue interrumpido durante el gobierno de Dilma Rousseff y desde entonces se viene arrastrando exactamente por el interés que tenía su Gobierno en construir un complejo hidroeléctrico a lo largo del río Tapajós —deseo posteriormente asumido por Bolsonaro—. La central hidroeléctrica São Luiz do Tapajós (actualmente suspendida), de implantarse, inundará la mitad del territorio de Sawré Muybu.

«Hay varios proyectos que pasan por encima de nuestras cabezas y que no están homologados, como el ferrocarril Ferrogrão, los puertos graneleros y las hidroeléctricas. El propio alcalde de Itaituba ignora nuestra existencia y al principio decía que no había indígenas en la región. Nos quieren invisibilizar para poder hacer los proyectos de las multinacionales. Pero resistimos», dice Alessandra.

Con el poder político y los intereses económicos en el lado opuesto de su causa —no solo en la Administración de Bolsonaro, sino en la mayoría de los gobiernos de Brasil—, los pueblos indígenas han recurrido cada vez más a las instancias judiciales en el intento de protegerse. Originario de Salvador y residente en Santarém desde hace 6 años, el fiscal Paulo de Tarso Oliveira forma parte de un batallador grupo del Ministerio Público Federal que realiza grandes esfuerzos para combatir los delitos ambientales y las violaciones de los derechos humanos en la Amazonia. La desmovilización y subfinanciación de las agencias ambientales durante el Gobierno anterior han intensificado su trabajo. A petición nuestra, el Ministerio Fiscal Federal de Pará realizó varias búsquedas en sus bases de datos sobre procesos judiciales utilizando las siguientes combinaciones de palabras: Mundurukú o Mundurucú y minería o mineros o mineras o explotación o actividad minera u oro o auríferos o auríferos o explotaciones o Licencia de Explotación Minera. Las búsquedas encontraron 29 resultados desde 2013: 23, o más del 80%, comenzaron a partir de 2019.

Entre los documentos encontrados, hay varias investigaciones confidenciales sobre episodios individualizados de delitos ambientales de deforestación y minería ilegal. En general, estas pesquisas se basan en operaciones federales para desmantelar explotaciones ilegales. Una de ellas, ejecutada a mediados de 2021, fue bautizada como ‘Mundurukania’. La eficacia de estas actividades es bastante dudosa, como demuestran los datos sobre el crecimiento vertiginoso de la minería ilegal los últimos años. El principal problema es la presencia esporádica sumada a la falta de continuidad. Incluso cuando la acción es un éxito, los buscadores de oro se recomponen muy rápidamente, con la certeza de que tardarán en volver a ser molestados.

Además, las operaciones sufren limitaciones económicas y, a menudo, los políticos locales se oponen a ellas. En los 4 años anteriores, la lucha contra la minería ilegal estuvo a cargo del expresidente Jair Bolsonaro. La Mundurukania es un caso ejemplar. Pese a que la Policía Federal la calificara de exitosa —al localizar 5 zonas mineras, destruir 6 retroexcavadoras, 10 motores de succión, 10 campamentos y decomisar 50.000 litros de gasóleo—, la operación se vio perjudicada por el abandono, a última hora, del apoyo de las Fuerzas Armadas. También se produjo una reacción violenta de unos 200 mineros, que intentaron invadir la base de operaciones, en el aeródromo de Jacareacanga, para destruir equipos y aeronaves de la Policía Federal, de la Fuerza Nacional y del Ibama. Se sospecha que alguien avisó a los mineros sobre la operación. Un político local, el vicealcalde de Jacareacanga, Valmar Kaba, llegó a ser detenido por presuntamente haber incitado una reacción violenta contra los miembros de la operación. También como represalia a esta operación, la aldea de Maria Leusa fue invadida e incendiada, en un claro acto de intimidación contra quienes combaten la minería ilegal. Desde entonces, casi 2 años después, no se han llevado a cabo más operaciones.

Ante la ineficacia de estas operaciones esporádicas, el Ministerio Público Federal puso en marcha una nueva estrategia en 2021, en un intento por asfixiar el comercio del oro. A partir del estudio realizado en colaboración con la UFMG, el tribunal solicitó la suspensión general de todos los permisos para la extracción, comercio y exportación de oro en la región suroeste del estado de Pará, que abarca los municipios de Itaituba, Jacareacanga y Novo Progresso, hasta que las agencias federales brinden un sistema fiable y efectivo de verificación y seguimiento. En esta misma petición, los fiscales recordaron que hace mucho tiempo que llevan denunciando el problema «sin que las autoridades públicas hayan tomado ninguna medida correctiva oportuna o eficaz». Responsabilizan así a los organismos federales de control: al propio gobierno, a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y al Banco Central de Brasil (Bacen), todos imputados en la querella interpuesta en 2021. Según la Fiscalía, está «probado que las partes acusadas, por su omisión ilegal e inconstitucional, promueven la entrada en el mercado de oro de procedencia ilegal extraído de tierras indígenas y que, por tanto, están en connivencia con la práctica sistemática y generalizada de fraude denominada blanqueo de oro, relegando a los pueblos indígenas a las amenazas y violencias resultantes de la codicia y saña exploratoria de invasores, mineros ilegales y delincuentes».

El Ministerio Público Federal describe la solución al problema en una serie de medidas que han de tomar las partes acusadas, empezando por la retirada de todos los invasores de las tierras indígenas, medida ya ordenada incluso por la Corte Suprema en reiteradas ocasiones desde mediados de 2020, pero que nunca se ha cumplido. Asimismo, solicita el envío de una dotación de fuerzas de seguridad a la región del municipio de Jacareacanga para garantizar la protección de los indígenas incluidos en el programa de protección de defensores de derechos humanos. A la ANM y al Bacen, le exige la elaboración y ejecución de sistemas para la certificación de origen y trazabilidad del oro, así como la instauración de facturas electrónicas. Hasta hoy, más de un año y medio después, el juez ni siquiera ha examinado el caso, que aún se encuentra en la primera instancia de la Justicia Federal de Itaituba.

Fiscales como Paulo de Tarso se enfrentan a diario con la inercia de autoridades que tienen poderes, recursos y responsabilidades constitucionales para hacer cumplir la ley. No desanimarse se ha vuelto parte de los requisitos para trabajar en el Ministerio Público Federal en las ciudades amazónicas. Al escuchar nuestro relato sobre la situación desoladora que presenciamos en la aldea de Katõ, solicitó una copia de nuestras grabaciones y las utilizó en una nueva petición a la Justicia Federal de Itaituba para que determine el envío urgente de efectivos de la Policía Federal para desalojar a los invasores de las tierras Mundurukú. Hasta el momento de esta publicación, todavía no había ninguna respuesta.

Las leyes ambientales y de protección de los pueblos originarios de Brasil reciben elogios en todo el mundo y son consideradas como unas de las más modernas y osadas. Pero las leyes de los humanos no se aplican solas: dependen de la voluntad política para prosperar. Durante los últimos 4 años, Brasil ha estado gobernado por fuerzas políticas que apoyaron, de todas las formas que pudieron, la violación del sistema legal de protección de la selva, de sus ríos y de sus pueblos, humanos y no humanos. El pueblo Mundurukú es una de las pruebas (todavía) vivas de ese crimen. Si Lula 3 realmente quiere proteger la Amazonia, ha de actuar ahora. No solo con operaciones de cara a la galería, sino con inteligencia, responsabilidad y constancia. No basta con expulsar a los mineros: hay que garantizar que no vuelvan. Y es necesario descontaminar los ríos, ofrecer tratamientos a los adultos y a los niños, demarcar las tierras indígenas y empezar a reforestar la Amazonia.

Este reportaje es una colaboración entre SUMAÚMA y el Transnational Law Institute del King’s College London (proyecto The Laws of our Sustainable Future)