La Defensoría Pública del estado de Pará ha presentado una demanda civil contra tres empresas, una entidad privada y la alcaldía de Portel, en el noreste del estado, acusados de participar en un proyecto para generar créditos de carbono establecido en terrenos que pertenecen en parte a cinco asentamientos agroextractivos estatales, donde viven 1.484 familias. La demanda, presentada el 19 de julio ante el Juzgado Agrario de Castanhal, afirma que el proyecto no ha sido autorizado por el gobierno regional, ni sometido a consulta a las comunidades tradicionales y equivale a un «robo de tierras públicas». El documento pide que se invalide el proyecto, que se prohíba a sus representantes entrar en los territorios afectados y que se condene a los implicados a pagar una indemnización de 5 millones de reales (1 millón de dólares) por «daños morales colectivos». El dinero se destinaría a programas en beneficio de las comunidades tradicionales de los Proyectos Estatales de Asentamientos Agroextractivos de Portel.

La demanda, firmada por la defensora pública agraria Andreia Macedo Barreto, también pide la nulidad de un decreto «ilegal e inconstitucional» que promulgó en noviembre de 2022 el alcalde de Portel, Vicente de Paulo Ferreira de Oliveira, que autoriza el proyecto de carbono y lo clasifica de utilidad pública, además de ofrecer contrapartidas a la ciudad, como escuelas y centros de salud. El decreto, a su vez, se basa en una ley municipal aprobada en 2022 que permite a la alcaldía autorizar proyectos de carbono en terrenos públicos, incluidos los estatales. Para la Defensoría, esta ley es inconstitucional. En la demanda, afirma que «la alcaldía y sus agentes» actuaron «como socios» del proyecto y que las empresas afirmaron que construirían dos escuelas primarias municipales, pero en terrenos que «se encuentran fuera del perímetro» de los asentamientos agroextractivos.

En una breve conversación telefónica con SUMAÚMA, el alcalde Ferreira de Oliveira negó que hubiera ilegalidades y afirmó que su objetivo era determinar que las empresas implicadas en el proyecto de carbono ofrecieran una «compensación social». El alcalde pidió que SUMAÚMA se pusiera en contacto con el abogado del municipio, Adilson Tenório, quien afirmó que solo hará declaraciones tras recibir la notificación oficial de la demanda civil y hacer su «análisis jurídico».

Ferreira de Oliveira, alcalde de Portel acusado de connivencia con el acaparamiento de tierras, niega ilegalidades. Foto: reproducción/Facebook

Esta es la primera demanda que llega a los tribunales después de que un estudio de la ONG Movimiento Mundial por las Selvas Tropicales señalara irregularidades en cuatro proyectos de créditos de carbono en Portel. El estudio lo divulgó a finales de 2022 la agencia de noticias Intercept Brasil. A finales de enero, después de que el Ministerio Público de Pará realizara una audiencia pública en Portel, la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado anuló 219 Registros Ambientales Rurales y suspendió otros 735 que estaban vinculados a contratos de carbono en la ciudad.

Como mostró un reportaje de SUMAÚMA, hay una avalancha de empresas que firman contratos para generar créditos de carbono en la Amazonia. Esta carrera viene acompañada de denuncias de robo de tierras públicas y de hostigamiento a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que viven en terrenos que albergan algunas de las mayores zonas conservadas de la selva amazónica. Los créditos, generados a partir de proyectos que prometen preservar la selva, se venden en el llamado mercado voluntario —un mercado internacional no regulado— a empresas que quieren compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La demanda civil que se presentó en Castanhal denuncia el proyecto que lleva el nombre de Ribeirinho REDD+ y ocupa una superficie de 199.962 hectáreas. REDD+ es la sigla de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, instrumento creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que abrió la posibilidad de remunerar el mantenimiento de los bosques o la reforestación en los llamados «países en desarrollo», como Brasil. En el mercado voluntario de carbono, los créditos que generan los proyectos de REDD+ suele certificarlos la empresa estadounidense Verra. Ribeirinho REDD+ presentó una solicitud de registro en Verra en 2021, con el número 2620, pero aún no ha recibido la certificación. Por lo tanto, no puede vender créditos de carbono en el mercado.

En su página de presentación en la web de Verra, los promotores de Ribeirinho REDD+ afirman que pagaron para que 1.252 familias de comunidades tradicionales obtuvieran certificados de propiedad de la zona del proyecto. Se trata de una referencia a los Registros Ambientales Rurales, registros electrónicos autodeclarativos que todas las propiedades rurales deben tener y que las autoridades deben validar. Sin embargo, en asentamientos agroextractivistas como los de Portel, estos registros son colectivos, no individuales. Según la defensora pública Andreia Barreto, Riberinho REDD+ se refería a 191 registros ilegales, de los cuales 190 ya han sido cancelados y uno está suspendido.

La demanda alega que los registros irregulares se hicieron con el número de identificación fiscal de la Asociación de los Ribereños y Residentes, una entidad privada que, contrariamente a lo que sugiere el nombre, no representa a las comunidades de los cinco asentamientos agroextractivos afectados: Deus é Fiel, Joana Peres II: Dorothy Stang, Joana Peres II: Rio Pacajá, Rio Piarim y Jacaré Puru. En la demanda, la Asociación de los Ribereños y el Sindicato de Productores Rurales de Portel se describen como proponentes del proyecto de carbono, mientras que las empresas Amigos dos Ribeirinhos Assessoria Ambiental Eireli y Brazil Agfor LLC se identifican como las ejecutoras. Eireli y Brasil Agfor LLC tienen como socio y administrador al empresario estadounidense Michael Greene.

La defensora Andreia Barreto explicó que, durante la investigación de los hechos que dieron lugar a la demanda civil, la defensa de Greene alegó que no estaba implicado en el proyecto Ribeirinho REDD+ porque no aparecía como proponente en la solicitud de registro que se presentó a Verra. «Pero la Defensoría ha identificado que sí, ya sea como persona física o jurídica», afirmó Barreto. Eireli y la Asociación de los Ribereños y Residentes también se mencionan en el decreto de utilidad pública que firmó el alcalde de Portel.

SUMAÚMA ha intentado entrar en contacto por teléfono con la Asociación de los Ribereños y Residentes y el Sindicato de Productores Rurales de Portel, ambas con dirección en la ciudad, pero no lo ha conseguido. También ha enviado mensajes por e-mail y celular a Brasil Agfor, pero no ha obtenido ni siquiera la confirmación de que los recibiera.

Según la demanda, aunque el proyecto Ribeirinho REDD+ está siendo investigado desde 2022, representantes de las empresas y entidades involucradas siguen entrando en los asentamientos estatales para hacer «inventarios forestales, seguimientos y registros». El documento también afirma que «las comunidades fueron desalojadas a la fuerza» y que «la posesión y la actividad agraria que desarrollan las familias beneficiarias de los asentamientos están amenazadas».

La defensora Andreia Barreto también está investigando a los proponentes de los otros tres proyectos de Portel que citó el estudio del Movimiento Mundial por las Selvas Tropicales: RMDLT Portel Pará REDD, REDD+ Pacajaí y REDD Rio Anapu-Pacajá. Al contrario que Ribeirinho REDD+, los tres ya han obtenido la certificación de Verra. Un informe de la Defensoría Pública de Pará identificó 38 empresas que registraron propiedades en las áreas de los tres proyectos. De estas, 14 aparecen como «no aptas por omisión de declaraciones» o «suspendidas por incoherencias en el registro» en Hacienda. De los más de 40 registros inmobiliarios que realizaron estas empresas, unos 20 ya han sido cancelados en las oficinas del Registro de la Propiedad de Portel y de la vecina Breves, según la Defensoría Pública de Pará.