Cuando empezó a circular la expresión «marco temporal» (hito temporal en castellano) entre el pueblo Xokleng, muchos de ellos, especialmente los ancianos, no entendían el significado de estas palabras. “¿Pero quién es ese marco del que tanto se habla?”, preguntó nerviosa Josefina Telé da Silva, de 87 años, a una de sus hijas. Tuvieron que charlar mucho para poder aclarar bien el sentido de las palabras. Una forma de explicárselo era hablar de lo que pasaba antes: los niños nacían, aprendían a caminar, a comer, a hablar, a cazar y a pescar con sus mayores, pero se hacía su inscripción en el registro civil de la ciudad mucho después. No se pueden ignorar todas las experiencias y aprendizajes que ya habían vivido e imaginarse que la vida solo empieza con el certificado de nacimiento.

Este ejemplo didáctico ayudó a los habitantes de la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, en José Boiteux, Alto Vale do Itajaí, en el estado de Santa Catarina, especialmente a los mayores, a entender lo absurdo que estaba implícito en la tesis jurídica del marco temporal que establecía el 5 de octubre de 1988 –cuando se promulgó la Constitución Federal– como la fecha que debería considerarse en las decisiones jurídicas sobre la demarcación de tierras indígenas. Según este entendimiento, solo los pueblos indígenas que ya ocupaban sus tierras en esa fecha tendrían derecho a ellas. El marco temporal ignora que muchos pueblos indígenas fueron expulsados, exterminados o huyeron de sus tierras en los años anteriores a la redemocratización. La Corte Suprema decidió que el marco temporal es inconstitucional, es decir, que viola la Constitución de Brasil.

El 20 y 21 de septiembre los ancianos de la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, como Josefina, se unieron a maestros y estudiantes para poder ver el juicio en la Escuela Primaria Laklãnõ. Al mismo tiempo, en la aldea Bugio, a 40 kilómetros del centro de la ciudad de José Boiteux, otro grupo de indígenas siguió cada voto de los ministros de la Corte Suprema en el patio de la escuela Vanhecú Patté. Se instaló una pantalla de proyección en la aldea para que muchos de los vecinos, que no tienen televisor en casa, pudieran seguir el juicio.

El reportaje de SUMAÚMA fue testigo de la emoción de los indígenas cuando se declaró el resultado final de la Corte: 9 a 2 en contra del marco temporal. Una vez anunciado el resultado del tan esperado juicio, Josefina tomó su ‘mandó’ (un bastón hecho de un árbol de peroba que tiene en casa) y fue a disfrutar de una parrillada con un grupo de padres. También en Brasilia fue un día de fiesta para el movimiento indígena.

Cerca de 1.500 kilómetros separan el patio de la escuela de la aldea Bugio de la Corte Suprema, que está en la plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. Seis días después del resultado, los ministros se reunieron para establecer el entendimiento final de sus votos porque se trata de un caso de repercusión general, que significa que lo decidido en la Corte se aplicará en todas las decisiones futuras del país. “Es una victoria del movimiento indígena”, resume Deborah Duprat, que ya fue fiscal adjunta general de la República y actuó en el juicio como una de las abogadas de los pueblos indígenas. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema también plantea dudas y muchas preocupaciones sobre el futuro de las demarcaciones.

El marco temporal fue revocado, pero el entendimiento final de los ministros de la Corte, en la práctica, terminó introduciendo dos reglas distintas para las demarcaciones que se realicen de ahora en adelante en lo que respecta a las indemnizaciones que hay que pagarles a quienes ocupan tierras reconocidas como indígenas. El artículo 231 de la Constitución dice que no hay derecho a indemnización cuando se trata de tierras demarcadas como indígenas, “salvo, de conformidad con la ley, en cuanto a mejoras que se hubieran realizado en la ocupación de un área de buena fe”. Es decir: si un colono ocupó un territorio que luego fue demarcado como indígena y tenía allí una casa, se le indemnizará por la casa, pero no por el terreno.

Sin embargo, los ministros han decidido ahora que también les corresponderá una indemnización previa a los ocupantes no indígenas por las tierras en los casos en que no estuvieran en posesión ni las estuvieran disputando los pueblos originarios el 5 de octubre de 1988. Una decisión cuya complejidad será todavía más difícil de entender para Josefina. En otras palabras, la Corte Suprema reconoció que la Constitución les asegura a los pueblos indígenas el derecho a los territorios de los que fueron expulsados antes de 1988, pero también determinó que los ocupantes no indígenas de esas tierras deben ser indemnizados por el terreno y todo lo que hubieran construido allí si hubieran entrado en la zona antes de que fuera reclamada por los indígenas.

Nada cambiará en el caso de los territorios reclamados o en proceso de demarcación y ya demarcados si los indígenas ya estuvieran en estos lugares o los estuvieran disputando en octubre de 1988. El problema es que hay decenas de áreas de las que los pueblos originarios fueron expulsados mucho antes de esa fecha. Según cálculos de organizaciones del movimiento indígena, como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), por lo menos 100 territorios se encuentran en esta situación. Es para estos 100 territorios estimados que a partir de ahora empieza a existir el llamado derecho a indemnización previa por la tierra desnuda.

La Corte Suprema estableció que la “parte no controvertida” de la indemnización –el importe que el gobierno federal decide que es justo pagar por esa área– tiene que pagarse antes de que el colono no indígena desocupe la tierra y, hasta que se efective el pago, tiene derecho a permanecer en esa área. La medida puede beneficiar a personas que compraron tierras de los mismos gobiernos que después fueron reclamadas por los pueblos indígenas, pero también a usurpadores de áreas públicas, denominados grileiros en Brasil, cuyas ocupaciones en algún momento fueron legalizadas por el propio poder público o por parlamentarios de los estados dominados por ruralistas.

“Estrictamente, hay que presentar un título válido, obtenido legalmente [para tener derecho a una indemnización]”, explica Deborah Duprat. Sin embargo, señala: “La legalización de la invasión de tierras [en Brasil] deviene mucho más de leyes que han ido ampliando el período de validez de los títulos, incluso cuando estos no cumplen con los requisitos establecidos para esa concesión”, aunque la decisión de la Corte Suprema, obviamente, no da espacio para la indemnización a invasores ilegales de tierras.

La situación actual es sin duda mejor que la que existía antes del juicio, explica el abogado constitucionalista Daniel Sarmento, docente titular de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. “Se descartó la idea de que existe un marco temporal. Pero es muy malo que se haya introducido la indemnización previa”, resume. “La Corte Suprema no hizo más difícil la demarcación de territorios en los que los pueblos indígenas ya estuvieran presentes o en disputa [las tierras] en 1988. En los demás [casos], sin embargo, será muy difícil lograr que se haga la demarcación debido al costo. Para demarcar, el gobierno tendrá que gastar muchísimo dinero”, explicó el constitucionalista.

La Corte Suprema, por un lado, ayudó con el proceso, pero creó un grave impedimento por el otro. Si no hay dinero ni presupuesto para esto, no hay demarcación de estas áreas”, afirma el abogado Rafael Modesto, que trabaja en el Consejo Indígena Misionero (Cimi) y también actúo en el juicio del marco temporal.

La exfiscal adjunta general Deborah Duprat también considera la decisión de la Corte como “una conquista innegable”. “Al eliminar el marco temporal, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Ministerio de Justicia quedan libres para poder reanudar todos los procesos de demarcación que se habían interrumpido debido a la definición del marco temporal”, dice Duprat. Asimismo, las acciones judiciales en las que se alegaba la existencia de un marco temporal para impedir demarcaciones deberán seguir lo que resolvió la Corte Suprema.

El problema, de hecho, es la polémica sobre la indemnización. “Por otro lado, al decidir sobre el derecho a indemnización por la tierra desnuda en determinadas situaciones, la Corte genera algunas ambigüedades. Esto hay que entenderlo mejor”, reflexiona la jurista. Para eso, los abogados que actúan a favor del movimiento indígena utilizarán un recurso final llamado embargo de declaración, mediante el cual se piden aclaraciones sobre algunos puntos de la decisión de los ministros.

Quienes conocen de cerca la lucha jurídica del movimiento indígena no hacen buenos pronósticos. “La tendencia es que haya más conflictos, incluso enfrentamientos, pero también por la propiedad legal de la tierra, con demandas judiciales de los detentores de las tierras en contra de los indígenas”, evalúa Rafael Modesto, del Cimi.

Otro problema de la decisión de la Corte Suprema, afirman los abogados de los indígenas, es que estableció un plazo de cinco años –contado a partir del momento en que son oficialmente demarcadas– para que los pueblos originarios puedan pleitear por la ampliación de sus áreas, por lo tanto, en el caso de las que están demarcadas actualmente, el plazo corre a partir de ahora. “La Constitución les garantiza a los pueblos indígenas las tierras necesarias para su reproducción física y cultural, de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones. Pero tenemos el caso de un grupo en Minas Gerais que tenía 3 mil individuos cuando sus tierras fueron demarcadas hace más de cinco años. Actualmente son 12 mil personas. La tierra ya no alcanza, pero el plazo venció. ¿Y ahora qué?”, pregunta Deborah Duprat.

“La Constitución Federal establece como imprescriptibles los derechos materiales y constitucionales de los indígenas. Reconocer la decadencia, en cinco años, de un derecho indígena imprescriptible es terrible”, dice Modesto.

Por más que esté celebrando la victoria en la Corte, el abogado Roberto Liebgott, de la regional Sur del CIMI (Consejo Indígena Misionero), advierte que la disputa y los ataques van a seguir: “El juicio rompió la tesis genocida, pero no extinguió a los genocidas”. La presión política y económica de los saqueadores de los territorios indígenas, como los invasores ilegales de tierras (grileiros), los mineros clandestinos y los hacendados, sigue siendo poderosa, observa el abogado. Una prueba de ello fue la votación relámpago en el Senado Federal, la noche del 27 de septiembre, a favor del marco temporal, solo seis días después del juicio de la Corte Suprema y el mismo día en que los ministros establecieron las reglas para la aplicación de la decisión de la Corte en todo el Poder Judicial.

Según el abogado Roberto Liebgott nunca hubo “una convergencia tan articulada de los pueblos indígenas, del sur al norte del país”. “La discusión sobre los derechos originarios los unió en una única perspectiva, que es la garantía de los derechos fundamentales a la vida y a la tierra”, observa. Sin embargo, Beto del Cimi, como se le conoce, advierte que la movilización no puede parar. La lucha continúa y exige una fuerte movilización de los indígenas en los tres poderes de la República para impedir leyes o modificaciones de la Constitución que ataquen los derechos de los pueblos originarios.

Para Ivo Macuxi, asesor jurídico del Consejo Indígena de Roraima y que trabaja en acciones contra el marco temporal, existe un claro efecto de insatisfacción en el Congreso Nacional por el hecho de que la Corte Suprema haya ‘enterrado’ el marco temporal. “Quienes no aceptan la decisión y quieren revisar el tema de la demarcación y explotar las tierras indígenas son los mismos que atacan la democracia, el Estado Democrático de Derecho, que incitan al odio y practican el racismo contra los indígenas en sus propias instituciones . Tenemos que avanzar, crear políticas de Estado de protección y tener cuidado con lo que se viene”, predice Macuxi.

Aunque el resultado final del juicio en la Corte Suprema haya corroborado el artículo 231 de la Constitución Federal sobre los derechos de los indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan, el futuro sigue siendo incierto para los indígenas de Brasil. La ley aprobada por el Senado que reintroduce el marco temporal e ignora la decisión de la Corte Suprema se encuentra ahora sobre el escritorio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Le corresponderá a Lula sancionar o vetar el proyecto de ley (PL), que en el Congreso fue denominado PL del Apocalipsis. Sin embargo, incluso un posible veto todavía puede ser rechazado por mayoría absoluta de votos, es decir, 257 en la Cámara y 41 en el Senado. Esto provocaría inevitablemente que se volviera a cuestionar en la Corte Suprema la constitucionalidad de la ley.

Los Xokleng, que se autodenominan Laklãnõ, son conocidos como “la gente del sol”. Fue bajo su luz que corrieron a celebrar el derrocamiento del marcador temporal.

En el patio de la escuela Laklãnõ, Patté Uvanhecu Filho, de 74 años, bailaba con un bolso lleno de papeles cruzado sobre el pecho. “Lloré cuando los ministros votaron a nuestro favor, porque conozco el sufrimiento del pueblo Xokleng. Hoy es un día de fiesta, pero hubo mucha discordia, mucha separación. Mis compañeros se fueron (murieron), pero Dios me dio la gloria de vivir este día”, contaba.

Escuchar a los ancianos quiere decir mucho más que recorrer los caminos polvorientos de las aldeas y cruzar puentes de madera. Exige que pisemos sobre los hitos de una historia marcada por la extrema violencia desde que sus tierras, en las pendientes de la planicie y los valles costeros, empezaron a ser ocupadas por los blancos. Aviva recuerdos que se entrelazan con el presente. Es escuchar vaivenes de vida, como la del recién enviudado Ivo Clendo, de 75 años. “Yo creo que la verdad siempre gana y lo que está en la ley [Constitución Federal] nos va a ayudar”, profetizó Clendo.

De boina y botas de goma, Clendo acompañó el juicio muy cerca de la pantalla. Su chaqueta roja contrastaba con la toga oscura extendida hasta los tobillos de los ministros, parte de la liturgia del Poder Judicial, como símbolo de poder. Era la primera vez que Clendo salía de casa desde la muerte de su esposa una semana antes. El anciano es un ejemplo de los distintos tipos de violencia impuestos al pueblo Xokleng. Hace 45 años su familia se vio obligada a abandonar tierras fértiles y bajas e irse a un lugar a 960 metros sobre el nivel del mar con suelo ácido para hacer sus cultivos. “Nos escapamos de la inundación, de las serpientes, de las enfermedades que trajo la inundación”.

La aldea Bugio, que lleva el nombre de un mono antaño codiciado por los cazadores indígenas, fue creada para albergar a los afectados por la voraz inundación de 1979, provocada por la construcción de la Barragem Norte, el dique es un proyecto iniciado durante el régimen militar en la confluencia de los ríos Dollmann e Itajaí Norte, para evitar inundaciones en importantes municipios del Vale do Itajaí, como Blumenau e Ibirama.

En aquel entonces se alegaba que, si no se construyera el dique, la gente de las ciudades iba a sufrir con las inundaciones de los ríos. Esta narrativa convenció a la sociedad local. El problema es que ni siquiera consultaron a los Xokleng, que perdieron casas y cultivos. Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio para evaluar los impactos ambientales, socioculturales y psicológicos que afectaron a la población indígena con la construcción de la represa. “Parecía un diluvio. Agarramos lo que quedaba y empezamos a subir y a subir. Puedo llegar a vivir 500 años, pero nunca olvidaré lo que provocó el dique”, recuerda Clendo.

Y los dolores del pasado siempre vuelven para atormentarnos. El sábado 7 de octubre el gobierno de Santa Catarina decidió cerrar dos compuertas de la represa. La decisión –tomada sin informe técnico y días antes, que había sido descartada por el mismo gobierno de Santa Catarina debido a la “falta de seguridad”– tenía como objetivo contener la crecida del río Itajaí Açu en ciudades del Vale do Itajaí ante las fuertes lluvias que están asolando la región. El operativo de cierre había llegado, incluso, a ser acordado entre líderes indígenas, el gobierno del estado y del municipio de José Boiteux con seguimiento del Ministerio Público Federal y la Funai. Pero con una contrapartida: el gobierno de Jorginho Mello (Partido Liberal) tendría que poner urgentemente a disposición un autobús, tres embarcaciones, agua potable, canastas básicas de alimentos y cuatro centros de atención de salud para los indígenas. Estas exigencias tenían en cuenta el riesgo de inundación de las aldeas si la represa no llegara a soportar el volumen y la fuerza del agua. El domingo por la mañana un grupo de alrededor de 30 Xokleng se rebeló y ocupó la estructura central de la obra. Para los manifestantes, el gobierno del estado tenía que atender sus demandas con urgencia. La policía disparó con armas y usó gases lacrimógenos contra ellos, quienes respondieron con piedras y pedazos de palos. Tres indígenas resultaron heridos. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público Federal y, desde el domingo 8, policías federales se encargan de la seguridad en la TI Laklãnõ. Las lluvias siguieron y con la subida del nivel de los ríos y el desborde del dique, se terminaron inundando cuatro de las nueve aldeas de la tierra indígena.

Una persona que también conoce las tormentas que enfrentan los Xokleng es Vanda Amendô Camlem, de 74 años, que vive en la aldea matriz. De los siete hijos que tuvo con el cacique Aimar Camlem, ya fallecido, tres fueron líderes regionales, prueba de la representatividad política de la familia. Acostumbrada a escuchar los relatos de violencia contra los indígenas, temía que pudiera pasar algo malo. “Siempre oro pidiéndole a Dios tranquilidad. Nuestros líderes no tienen paz, siempre están yendo de aquí para allá, corren hacia aquí, corren para allá, van por un lado, van por el otro. Ojalá ahora cambien las cosas porque los blancos (no indígenas) nos discriminan y no aceptan nuestra historia”.

Abuela de 20 nietos y 15 bisnietos, su preocupación creció con el vaivén de los viajes de ida y vuelta a Brasilia y Florianópolis, cuando los más jóvenes se desplazan para participar en manifestaciones y protestas por la garantía de los derechos indígenas, como fue el caso del juicio del marco temporal.

Amendô reconoce la presión política que sufren los líderes dentro y fuera de la aldea. Las amenazas, las persecuciones y las promesas no siempre cumplidas de los gobiernos, como en lo que respecta a los temas de salud y demarcación, siempre recaen sobre los caciques. Atenta a la conversación, la nuera de Amendô, Terezinha Ndug Priprá, de 47 años, interviene y confirma: “Mi padre era cacique y eso nos dio mucho trabajo [muchas dificultades]. Faltaba tierra, nos fuimos a vivir a una favela en Blumenau y él se hizo albañil. Murió temprano y triste”. Amendô y Terezinha acompañaron el segundo día de votación de la Corte Suprema en la Escuela Primaria Laklãnõ, al igual que Josefina.

Diná Patté, de 67 años, que ya fue cacica, se emocionó al final del juicio. Además de la derrocada de la tesis jurídica, Diná tenía un motivo especial para celebrar: en agosto de 2023 su hija Fabina Patté dos Santos, de 40 años, fue elegida vicepresidenta de la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, junto al electo cacique presidente Setembrino Camlem.

Los años de cacicazgo de Diná coincidieron con la firma, por el entonces Ministro de Justicia Márcio Thomas Bastos, de la Ordenanza nº 1.128, del 13 de agosto de 2003, reconociendo y ampliando el territorio Xokleng de 14 mil hectáreas (lo que había definido la demarcación en 1956 ) a 37 mil hectáreas (derecho que había sido reconocido por el estado de Santa Catarina en 1914, pero luego usurpado). Estas 23 mil hectáreas que se van a sumar conforman los terrenos vendidos por el gobierno de Santa Catarina a colonos y empresas, y es el área que estaba en disputa en la Corte. “Aprendí a caminar escuchando a mis mayores y hablando con los líderes. Estamos viviendo una victoria, pero la guerra de los prejuicios y la discriminación sigue. Ni siquiera entendemos por qué hay tanta rabia”.

Fabina, de 46 años, iba en el auto rumbo a la escuela Laklãnõ cuando escuchó el ruido de los fuegos artificiales. “Ganamos, ganamos”, gritó. Minutos después, abrazando a su madre, agradeció. “Si no fuera por tanta lucha de nuestros ancestros y líderes como mi madre, no estaríamos aquí”.

El origen del juicio del marco temporal fue un pedido de integración de propiedad, realizado por el Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina, de un área de alrededor de 200 hectáreas ubicada en parte de la Reserva Biológica Sassafás. La Funai había declarado la zona como una ocupación indígena tradicional. En el recurso de apelación, la Funai impugnó la decisión del Tribunal Regional de la 4ª Región, en Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, que había fallado a favor de la reintegración de propiedad reclamada por el gobierno del estado. Ahora la ambición del gobierno de Santa Catarina quedó anulada al no considerar el derecho originario sobre las tierras.

El caso empezó a tramitarse en el Poder Judicial brasileño en 2009 y solo llegó a finales de 2016 a la Corte Suprema, que es la última instancia legal en Brasil. Fue considerado por el movimiento indígena como el “juicio del siglo” por tener una repercusión general, es decir, el entendimiento de la Corte Suprema será extendido y aplicado a todos los procesos de demarcación de tierras indígenas en curso y futuros.

Los Xokleng no ocupaban ni disputaban la tierra en octubre de 1988, sino que entraban en el territorio para pescar y cazar, afirman los defensores de los indígenas en este caso. Según lo entienden los abogados, nunca hubo buena fe en la ocupación de ese territorio, ya que los pueblos indígenas eran objeto de constante persecución y exterminio. Según el nuevo entendimiento establecido por la Corte Suprema, no obstante, el caso de los Xokleng sería, en teoría, un ejemplo en el que habría que pagar una indemnización por la tierra desnuda antes de que empiece el proceso de demarcación. “Sin embargo, el ministro Alexandre de Moraes, que inauguró la idea de la indemnización, sostiene que para los colonos y hacendados que ocupan el territorio Xokleng no hay buena fe debido a la usurpación violenta. Pero todavía no estamos seguros [del entendimiento de la Corte]. Sostenemos que fueron expulsiones violentas, con asesinatos y cazadas humanas. No correspondería indemnización en el caso Xokleng, según nuestra visión”, explica Rafael Modesto.

La resistencia de los Laklãnõ-Xokleng parece infinita, incluso ante tanta incertidumbre. Además de las exigencias enfáticas y contundentes a las instituciones, las familias perseveran, dignificando y honrando a sus sabios y ancianos. Con una corona de plumas en la cabeza y su nieta Hannan Neli Patte Voigt de solo 20 días en brazos, Isa Celina Moncona, de 53 años, definió el sentimiento y el simbolismo del momento: “Parece como si hubiéramos salido de la oscuridad a la luz”.