Asociaciones y cooperativas pantalla, comunidades tradicionales de la Amazonia sometidas a los intereses de las madereras y la sospecha de una articulación criminal en Pará. Los cuatro años de destrucción de la política ambiental, impulsada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, han dejado otro legado perjudicial para las comunidades que viven en unidades de conservación en la Amazonia: planes de gestión comunitaria de la madera que, en lugar de funcionar como fuente de renta para ribereños e indígenas, benefician al sector privado. Se sospecha que esto ocurrió con el aval de funcionarios que trabajaron durante el gobierno de Bolsonaro en el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), el órgano federal que administra las áreas protegidas y tiene la última palabra sobre la gestión comunitaria de la madera. El extremista de derecha fue derrotado en 2022, pero los proyectos depredadores siguen en marcha en las comunidades tradicionales.

Las actividades de los madereros son bien conocidas en la Amazonia, pero en los últimos años han adquirido un nuevo cariz. «Tenemos indicios de que habría una trama criminal en el oeste de Pará, en la que se crearían asociaciones y cooperativas como testaferro o se usarían otras existentes como fachada para que algunas empresas pudieran extraer madera ilegalmente de las unidades de conservación federales. Y [esta trama] afecta a varias unidades de conservación», afirma un funcionario del ICMBio que trabaja en la zona y pidió conservar el anonimato por motivos de seguridad. Menciona la Reserva Extractivista (Resex) Verde para Sempre y la Selva Estatal del Tapajós. También menciona la Resex Riozinho do Anfrísio, pero en esa región aún no se ha aprobado ningún plan. «Es una estrategia de colonización de esas áreas, por medio de líderes y organizaciones colectivas», resume.

La gestión comunitaria de la madera en unidades de conservación se creó para generar ingresos para las comunidades tradicionales y se organiza en ciclos de 10 a 35 años para que la extracción de madera sea selectiva y no destruya la selva. Otro requisito es que la administren los pueblos tradicionales. Se permite contratar a empresas tercerizadas para algunos servicios, como la apertura de carreteras y el transporte de madera, pero la responsabilidad debe seguir en manos de los ribereños, al igual que los ingresos.

Durante el gobierno de Bolsonaro, entre 2019 y 2022, esta lógica se invirtió: algunas empresas reclutaron a líderes de comunidades tradicionales y abrieron asociaciones pantalla o firmaron contratos con cooperativas ya existentes. En la práctica, se hicieron responsables de toda la gestión. Y llegaron a acuerdos con estas asociaciones para que todos los beneficios fueran a la empresa y no a los ribereños.

De los 22 planes de gestión aprobados en 10 unidades de conservación amazónicas, 12 —todos en la Resex Verde para Sempre— son objeto de una investigación civil que abrió el Ministerio Público en mayo de 2021. Otro, en la Resex Tapajós-Arapiuns, se suspendió judicialmente, según la información que el ICMBio envió a SUMAÚMA a través de la Ley de Acceso a la Información. En los 13 casos, el problema es la sospecha de que se está haciendo un mal uso de los planes de gestión por el acoso de las madereras, lo cual también provoca conflictos internos en las comunidades.

Tras abrir la investigación, el Ministerio Público volvió a actuar: en febrero de 2022 pidió al ICMBio —aún bajo el mando de cargos designados por Bolsonaro— que no autorizara nuevos planes de gestión en la Resex Verde para Sempre. Una comisión del ICMBio analiza las denuncias desde abril. El pasado 30 de noviembre, el organismo publicó una ordenanza por la que cancelaba cinco planes de gestión de la Resex Verde para Sempre y suspendía otros cuatro.

«En lugar de una actividad de impacto reducido, lo que tenemos, bajo la fachada de una gestión comunitaria sostenible, es una explotación predatoria de los recursos madereros que se parece más al pillaje, la rapiña o el robo, promovida con la intención de extraer lo que la selva tiene de valioso», dice una presentación de funcionarios del ICMBio a la que ha tenido acceso SUMAÚMA. El documento afirma que una de las pruebas de la existencia de la trama serían los contratos de extracción de madera de 5 años, que no respetan la previsión de un ciclo de tala de hasta 35 años.

En la Resex Tapajós-Arapiuns, la situación llegó a ser tan grave que el Sindicato de Trabajadores Rurales de Santarém se querelló en 2020 contra el propio ICMBio, alegando que el plan de gestión, cuando se aprobó, no escuchó a los habitantes de las comunidades. Como la extracción de madera se suspendió por decisión judicial en 2021, los cooperativistas contraatacaron: asaltaron la sede del Sindicato de Trabajadores Rurales de Santarém, amenazaron a los dirigentes y siguen intimidando a las organizaciones que presentaron la demanda.

En la Selva Estatal del Tapajós, la primera unidad de conservación que invirtió en la gestión de madera, lo que se ha visto en los últimos años es la creación de cooperativas —sospechosas de tener detrás a empresas madereras— que reclaman ambiciosos «planes de gestión» y fomentan el desacuerdo y el conflicto entre los residentes, afirma un líder al que ha escuchado SUMAÚMA.

El ICMBio afirmó, a través de la Ley de Acceso a la Información, que la «Fiscalía de Altamira ha identificado indicios de irregularidades» en la Resex Verde para Sempre y que la comisión de investigación concluyó
las pesquisas el 15 de diciembre. El Ministerio Público declaró a SUMAÚMA que la investigación civil está bajo secreto de sumario. El proceso de la Resex Tapajós-Arapiuns también lo está.

El caso de la Resex Riozinho do Anfrísio, en Terra do Meio, en el estado de Pará, es diferente. En este territorio todavía no se ha autorizado la gestión de la madera, por lo que algunas personas se están articulando para que se lleve a cabo. Pero la forma como se está haciendo ha encendido las alarmas del ICMBio y de algunos ribereños.

En 2022, la Asociación de Vecinos de la Reserva Extractivista Riozinho do Anfrísio firmó un «acuerdo de cooperación técnica y financiera» con la Asociación Alianza de Gestores de Selva Nativa de Rurópolis para crear un plan de gestión de la madera en la comunidad. El documento detalla las responsabilidades de cada asociación y dice que ambas quieren «aunar esfuerzos en pro de la cooperación mutua». También elogia las gestiones de algunas reservas, incluidas las de la Resex Verde para Sempre que se están investigando, y dice que «la comunidad [Riozinho] ha sufrido pérdidas económicas de entre 103 y 204 millones de reales [20 y 41 millones de dólares]» como consecuencia de la explotación ilegal de madera en el territorio.

El documento, firmado en septiembre de 2022, circuló. SUMAÚMA estuvo en la comunidad Morro do Anfrísio, donde escuchó las críticas de los líderes, que consideran que todo está sucediendo de forma atropellada. Se quejan de que el presidente de la asociación, el ribereño Herculano Camilo de Oliveira Filho, no escuchó a la comunidad antes de firmar el acuerdo.

La Alianza de Gestores de Selva Nativa de Rurópolis también confirmó que había entregado a la asociación de vecinos «una moto, una computadora y un sistema de acceso a internet» y que, además, había prestado apoyo financiero para los desplazamientos de los representantes de la comunidad.

La comunidad está en alerta y dividida. Mientras algunos ven en la gestión de la madera una forma de generar ingresos para los residentes —y de reducir la tala ilegal en el territorio—, otros temen lo que pueda ocurrir si se autoriza el proyecto.

El funcionario del ICMBio afirma que hay algunas señales de alarma en el acuerdo firmado, como los elogios a los planes de gestión investigados y la sobrestimación de los precios de la madera. Por no mencionar que, según las normas brasileñas, una asociación comunitaria no necesita un socio ni un contrato para que el ICMBio le apruebe un proyecto.

Además de la gestión comunitaria de la madera, también existen concesiones empresariales. Uno de los problemas de los planes de gestión, sean comunitarios o no, es que, en un mercado dominado por la ilegalidad, pueden utilizarse para «blanquear» la madera extraída de forma delictiva. Un estudio de Imazon muestra que, entre agosto de 2021 y julio de 2022, el 46% de la extracción de madera en Pará tuvo lugar en zonas no autorizadas.

La municipalidad de Rurópolis está abarrotada. Solo hay una mujer entre las 14 personas presentes. «Estamos tratando la firma de un convenio de cooperación entre las dos asociaciones, con el acuerdo de la municipalidad y el concejo de Rurópolis», explica Rodrigo Rabelo, ingeniero forestal, en un vídeo publicado en mayo en las redes sociales de la municipalidad. Otros dos protagonistas conceden entrevistas: Diego Barbosa, abogado, y Tarcísio Feitosa, presentado en los créditos como ambientalista. «Si la gestión va bien, generará empleo para 400 familias en Rurópolis y 102 familias en la reserva», afirma.

Un vídeo publicado en mayo en las redes sociales de la municipalidad de Rurópolis trata del convenio de cooperación firmado entre una asociación de vecinos y una asociación de gestores madereros. Foto: Reproducción de internet

Rodrigo Rabelo se presenta como ingeniero forestal en su Linkedin. Lo que no dice la red social es que está acusado, junto con su padre, Ilando Lemos Rabelo, y la maderera Rabelo (Indústria e Comércio de Madeiras Rabelo Ltda.), de delitos ambientales y deforestación ilegal de 73 hectáreas en la región de Rurópolis. La acción civil del Ministerio Público se basa en una inspección del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) realizada en 2020, en la que se encontraron irregularidades y se impuso una multa de 367.000 reales (75.000 dólares).

Tarcísio Feitosa, por su parte, tiene una historia interesante. Una breve búsqueda revela a un amazónico que en 2006 ganó un galardón internacional, el Premio Goldman, que también se ha concedido a célebres ambientalistas como Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático. Una nota detalla que, a principios de la década de 2000, fue él quien denunció la extracción ilegal de madera en la región y que actuó a favor de la demarcación de las zonas protegidas en Terra do Meio.

En un vídeo publicado en las redes sociales de la municipalidad de Rurópolis, Tarcísio Feitosa defiende los planes de gestión de la madera en zonas protegidas

Más de 20 años después, Feitosa se ha convertido en defensor y articulador de la gestión comunitaria de la madera. «La gestión protege el territorio, genera ingresos para estas comunidades y crea puestos de trabajo para la juventud», afirma a SUMAÚMA. Cuenta que se metió en esta historia porque, en julio de 2022, se le acercó el presidente de la Asociación de Vecinos de la Reserva Extractivista Riozinho do Anfrísio y le dijo que estaba interesado en llevar a cabo un plan de gestión de madera en la reserva. Un mes después, se le acercó el vicealcalde de Rurópolis, Erzenir Orben, que forma parte de la alianza de gestores, también interesado en trabajar en planes de gestión en Pará.

A la pregunta de si sabe que Ilando Lemos Rabelo, el presidente de la alianza, está imputado por delitos ambientales, Feitosa se apresura a responder: «¿Y quién no? Todo el mundo está imputado». En cuanto a las críticas de los habitantes de Riozinho de que la firma del acuerdo se hizo de forma «atropellada», afirma: «Hay una asociación que tiene autonomía y otra asociación que tiene autonomía, y hay que respetarlas». Feitosa también dijo que cobra 100 dólares al día del bufete de su hijo, Diego Barbosa. Por medio de un comunicado, afirmó que no haría comentarios sobre las acusaciones formuladas por el funcionario del ICMBio.

Ilando y Rodrigo Rabelo declararon a SUMAÚMA que el informe de fiscalización del Ibama «tiene fallas y seguramente será anulado». Afirman que la multa se debió a dos troncos abandonados de los cuales «la empresa no tenía conocimiento». En cuanto a la división de la comunidad, la nota asegura que con un posible plan de gestión se reduciría la ilegalidad, «por lo que es normal que haya gente que se oponga a esta actividad».

El abogado Diego Barbosa declaró que la Alianza de Gestores de Selva Nativa de Rurópolis lo contrató para «prestar servicios de consultoría y asesoramiento jurídico». Sobre las críticas de los habitantes de la reserva, Barbosa señaló que la comunidad está formada por más de 130 familias y que «difícilmente habrá consenso». También dijo que las palabras del funcionario del ICMBio tienen fe pública y, por tanto, se le puede exigir responsabilización.

La municipalidad de Rurópolis no respondió a los correos electrónicos de SUMAÚMA. El vicealcalde, Erzenir Orben, tampoco lo hizo a los intentos de contacto a través de la municipalidad.

Herculano Filho, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Reserva Extractivista Riozinho do Anfrísio, dijo a SUMAÚMA que, cuando se dio cuenta de que no toda la comunidad apoyaba la propuesta y tras hablar con los funcionarios del ICMBio, no siguió adelante con la sociedad con el grupo de Rurópolis. Afirmó que desconocía la demanda contra el presidente de la Alianza de Gestores y que se equivocó al no haber consultado a la comunidad antes de firmar el acuerdo. En cuanto a la moto que se donó a la asociación de vecinos, dice que no la ha devuelto porque la usan todos los miembros de la comunidad y es importante para situaciones de emergencia, ya que permite que los residentes puedan salir de la reserva por tierra.

A solo 4 kilómetros de Morro do Anfrísio, la sede de la reserva, los madereros utilizan una carretera clandestina para sacar los troncos cortados ilegalmente, según los vecinos. La embestida contra la selva no escapa a los satélites: la deforestación en el territorio crece desde 2017 y la apertura de carreteras batió récords en 2018 y 2020. Mientras que en las Resex Río Xingú y Río Iriri se deforestaron 6 y 26 hectáreas, respectivamente, entre 2019 y 2022, en Riozinho fueron 1.632 hectáreas, según datos recopilados por el Instituto Socioambiental. En esos cuatro años, se abrieron 319 kilómetros de carreteras clandestinas en Riozinho para transportar los troncos.

El actual presidente de la asociación de vecinos, Herculano Filho, que firmó una sociedad con gestores madereros de Rurópolis. Foto: Soll/SUMAÚMA

Los residentes más antiguos, que recuerdan bien la época en que la ilegalidad reinaba en el territorio (antes de 2004, cuando se creó la Resex), suelen estar en contra de que se cree un plan de gestión de la madera. «Los delincuentes que vienen a intentar cometer crímenes e irregularidades en una región como esta, si llegan y se encuentran a todo el mundo organizado, no pueden avanzar. Ahora, si llegan y lo encuentran fácil, esto se convierte en un negocio de locos, que es lo que está pasando aquí», se lamenta Francisco de Assis Porto de Oliveira, de 60 años, de la Resex Río Iriri, un antiguo minero que ahora se autodenomina con orgullo guardián de la selva. Pero baja la mirada para hablar de una dura realidad: «no podemos competir con la ilegalidad». La ilegalidad está bien pagada.

Mientras en Riozinho aún discuten si quieren o no un plan de gestión de la madera, en la Resex Verde para Sempre aprenden de los errores del pasado. «Las comunidades cometieron errores, pero están siendo castigadas. Este año no venderán [madera], unos ingresos que dejarán de entrar en la economía de las familias», se lamenta una de las líderes, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, refiriéndose a la intervención del Ministerio Público y al congelamiento de la aprobación de nuevos planes en la reserva. «Y a las empresas madereras, ¿cómo se las castiga?», pregunta.

La pregunta reverbera.