Empecemos por las buenas noticias, para variar. En breve se inaugurará el Instituto Dom Phillips, el periodista británico asesinado en la Amazonia. La ONG, dirigida por su viuda, Alessandra Sampaio, se centrará en la educación y hará especial hincapié en el valor de la Amazonia y sus pueblos. La iniciativa de llevar adelante el legado de Dom es una expresión de esperanza, idealismo y un espíritu humano indomable que se niega a doblegarse ante un crimen horrendo y ante la agresión continua contra los pueblos Indígenas por parte de poderosos intereses empresariales y políticos.

Esto es aún más notable cuando las tendencias predominantes en Brasil y en el mundo van en sentido contrario. La selva, los derechos de los Indígenas y la libertad de prensa están siendo atacados. Así lo demuestran los terribles acontecimientos de Brasilia, donde los lobbies agrícola y minero utilizan su poder en el Congreso, el Tribunal Supremo y el gobierno para impedir la demarcación de tierras indígenas, resucitar la injusta ley del llamado marco temporal (hito temporal, en español) e intentar de nuevo legalizar la minería en las tierras Indígenas.

El 5 de junio se cumplirán dos años de los asesinatos de Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira en el Río Itaquaí, en el estado brasileño de Amazonas. Y aún no se ha hecho justicia.

Los fiscales han acusado de homicidio a tres pescadores locales: Amarildo da Costa de Oliveira, apodado el Pelado; su hermano Oseney da Costa de Oliveira, al que llaman Dos Santos, y Jefferson da Silva Lima, conocido como el Pelado da Dinha. Pero su juicio se ha retrasado una y otra vez, y en abril se volvió a aplazar.

El presunto cabecilla, Ruben Dario da Silva Villar, conocido localmente como el Colombia, ha sido detenido, pero no acusado del crimen. Solo de contrabando transfronterizo y fraude documental, junto a otro presunto cómplice.

También se está investigando a por lo menos dos políticos locales, pero no se han producido detenciones. El año pasado, en el aniversario de los asesinatos, la ONG Reporteros sin Fronteras lamentó la lentitud de la justicia en Brasil. Parece que este año el mensaje será el mismo.

La impunidad es una lacra no solo en Brasil, sino en el mundo. Los asesinos de defensores del medio ambiente, como Bruno, y de periodistas ambientales, como Dom, rara vez comparecen ante la justicia. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, la UNESCO dará a conocer un nuevo informe sobre las agresiones que sufren los reporteros especializados en medio ambiente, que revela la magnitud del problema. Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han elaborado anteriormente estudios similares.

Informar sobre la guerra contra la naturaleza puede generar menos titulares que Gaza o Ucrania, pero también supone un alto riesgo con escasa protección jurídica. En los últimos 15 años han muerto en todo el mundo varias decenas de reporteros por cubrir noticias sobre el medio ambiente (la cifra más actualizada se conocerá el 3 de mayo), y apenas uno de cada diez asesinos es condenado. En cambio, parece que la ley se utiliza cada vez más contra los periodistas: más de cien han sido detenidos por cubrir protestas ecologistas.

Por supuesto, las zonas conflictivas son aún más peligrosas. El año pasado fueron asesinados 99 reporteros, un 43% más que en 2022 y la cifra más alta desde 2015. La gran mayoría de las víctimas eran reporteros palestinos que, según el Comité para la Protección de los Periodistas, pueden haber sido blanco de las fuerzas israelíes.

Sin el coraje de los corresponsales para seguir trabajando en zonas de conflicto, las organizaciones de prensa advierten que el mundo empezará a ver «zonas de silencio», donde los riesgos son tan grandes que las historias importantes quedan sin cubrir. Lo mismo puede decirse del medio ambiente o la democracia, ambos más vulnerables cuando se sofoca la verdad.

Por eso, el trabajo de Dom y Bruno —y de los innumerables reporteros, activistas Indígenas y defensores de la Tierra asesinados— debe continuar. Numerosos medios de comunicación, entre ellos Sumaúma, han publicado artículos en este sentido. El Rainforest Journalism Fund ha concedido «becas Dom Phillips» a reporteros autónomos y, el año pasado, el colectivo de periodistas de investigación Forbidden Stories organizó a más de 50 periodistas de 16 grupos de noticias para realizar una serie de coberturas simultáneas sobre el caso de Bruno y Dom.

Actualmente, un grupo de periodistas amigos de Dom, entre los que me encuentro, están dejando a un lado las rivalidades profesionales para completar el libro que estaba escribiendo en el momento de su muerte: Cómo salvar la Amazonia: pregunta a quienes lo saben. En lugar de silenciarlas, hay que amplificar las voces de los comunicadores y defensores de la selva, como Dom y Bruno. Esta es una parte importante de la misión de SUMAÚMA.

Y nunca ha sido tan importante como ahora. Pero que alguien escuche es harina de otro costal. Como mostramos en esta edición de SUMAÚMA, los pueblos indígenas están siendo ignorados y amenazados. En el Campamento Tierra Libre —la mayor concentración anual de pueblos Indígenas— de este año, la fotógrafa Lela Beltrão captó rostros decepcionados y enfadados que revelaban cuánto ha empeorado la situación desde 2023, con una ofensiva cada vez más brutal por parte de un Congreso antiindígena, antiecologista y negacionista del clima.

El tercer reportaje de nuestra serie Insustentables, escrito por Sílvia Lisboa y realizado en colaboración con el Instituto de Derecho Transnacional del King’s College de Londres, muestra que Vale, la empresa minera dominante en Brasil y una de las mayores del mundo, se está apropiando de tierras públicas para su proyecto Cristalino de extracción de cobre y oro. Si fuera adelante, implicaría la tala de medio millón de árboles. Los activistas locales afirman que la empresa, bajo mano, intenta acallar la oposición de los movimientos sociales.

El columnista Sidarta Ribero analiza la guerra contra las drogas, que describe como un ataque contra los pobres y las plantas, con beneficios solo para los jefes del Ejército y la Policía. Basándose en su experiencia en Costa Rica, sostiene que la manera más eficaz de mejorar el bienestar público es abolir las Fuerzas Armadas. Eso abriría el camino al verdadero desarrollo y a la «pura vida». ¿No sería un cambio muy bienvenido? Enhorabuena a quienes, como Alessandra Sampaio y sus colegas, siguen luchando por lo único por lo que merece la pena luchar: la vida.