El empresario estadounidense Michael Greene, acusado por la Defensoría Pública del estado brasileño de Pará de apropiación indebida de tierras públicas en sus negocios de carbono en la ciudad de Portel, está detrás de 18 proyectos de generación de créditos de carbono que ha registrado una empresa llamada Indigenous Carbon, junto con varias asociaciones de tierras Indígenas de gran parte de la Amazonia brasileña. Los proyectos involucran a los territorios de los pueblos Indígenas Parintintin, en el estado de Amazonas; de los Cinta Larga, en Rondonia y Mato Grosso; y de los Mundurukú y los Kayapó, en Pará. A excepción de las tierras de los Parintintin, los territorios donde están las iniciativas de Indigenous Carbon padecen la minería ilegal, lo que provoca tensiones y división en las comunidades.

Personas involucradas en las negociaciones de los proyectos, así como los autos de un proceso administrativo abierto en Rondonia y de una instrucción civil que se sigue en Pará, ambos por el Ministerio Público Federal, indican que en los territorios hay dudas sobre a dónde han ido a parar los fondos que Greene transfirió para implantar los proyectos. Ese dinero, entre otros problemas, incluye el pago de salarios a Indígenas, lo que ha intensificado las disputas sobre su cuantía. También hay indicios de que la consulta a las poblaciones sobre la firma de los contratos no siguió los protocolos establecidos por los propios Indígenas y de que las asociaciones no tuvieron acceso a un asesoramiento jurídico independiente, aunque eso no sea una obligación legal. Además, según un antiguo gestor de proyectos de la Tierra Indígena Mundurukú, hubo desacuerdos sobre el valor que Greene fijó para él mismo comprar y luego revender los créditos que genera uno de los proyectos en el territorio.

Los líderes de los pueblos originarios que defienden los contratos argumentan que conseguir fondos mediante la venta de créditos de carbono es la única forma de proteger los territorios de la deforestación y acabar con las actividades ilegales, como la minería y el contrabando de madera. Sin embargo, en un momento en que el mercado de carbono está bajo escrutinio, la participación de Greene aumenta las dudas sobre si los proyectos podrán vender créditos para generar los ingresos millonarios que esperan los Indígenas.

Michael Greene se autodenomina «consultor ambiental» y comerciante de créditos de carbono. Casado con una brasileña, Evelise da Cruz Pires Greene, afirma llevar 14 años viviendo en Brasil. Greene aparece como socio de al menos 10 empresas en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Pará, con actividades que van desde la conservación forestal a la compraventa de propiedades. La primera de ellas la abrió en 2008. En LinkedIn, dice que desde enero trabaja en Estados Unidos, donde espera utilizar los conocimientos acumulados como consultor de proyectos de carbono en «el todo vale de la Amazonia».

Indigenous Carbon fue registrada en julio de 2022 en Delaware, Estados Unidos. El estado se considera un paraíso fiscal debido a su poca transparencia financiera: se puede, por ejemplo, abrir una empresa sin revelar sus propietarios. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, los proyectos creados con asociaciones Indígenas se sometieron a certificación, un proceso que en teoría debería demostrar que los créditos son «íntegros», es decir, que representan realmente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

Los cuatro proyectos en la ciudad de Portel que están bajo sospecha se sometieron a certificación en la organización estadounidense Verra, una de las mayores certificadoras. Pero los 18 de Indigenous Carbon se registraron en Cercarbono, una certificadora colombiana menos conocida que aún no cuenta con el sello del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM, por sus siglas en inglés), una organización que se define como independiente y pretende elevar los niveles de calidad en este mercado.

De los 18 proyectos, seis se certificaron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que ya pueden vender créditos de carbono a empresas que deseen compensar sus emisiones. El nombre de Greene solo apareció como responsable de Indigenous Carbon cuando Cercarbono emitió los informes de certificación, donde se denomina al empresario «consultor de carbono». La empresa aparece como «representante legal» de cuatro de los proyectos certificados y como «desarrolladora y proponente» de los otros dos.

Sin embargo, tras la certificación, los Documentos de Descripción del Proyecto (PDD, por sus siglas en inglés), que se presentan cuando las iniciativas se registran en la empresa certificadora, se modificaron en EcoRegistry, la plataforma web que utiliza Cercarbono para el registro. En la nueva versión de los PDD de los seis proyectos certificados, Indigenous Carbon ya no aparece como co-proponente, sino como proveedor de «apoyo técnico». Los únicos proponentes que aparecen son las asociaciones Indígenas.

A finales de mayo, se realizó un nuevo cambio: tres de los PDD en los que Indigenous Carbon no constaba como proponente se reemplazaron por una versión anterior, en la que la empresa aparece en esa función. SUMAÚMA dispone de copias de los PDD originales en los que aparecía la empresa y también de los seis PDD en los que ya no figuraba.

En la web de EcoRegistry, Indigenous Carbon ya no figura entre los proponentes de los seis proyectos. El motivo de estos cambios no está claro. Puede que se hayan hecho para evitar la exposición pública de Indigenous Carbon y minimizar su papel en los proyectos de carbono. En el caso que se lleva a cabo en la ciudad de Portel, Michael Greene argumenta que él solo es el proponente de uno de los proyectos demandados por la Defensoría.

Consultada por SUMAÚMA, la certificadora Cercarbono explicó que los titulares de los proyectos pueden hacer este tipo de cambios. Según la certificadora, los documentos que sustentan los cambios serán examinados cuando los proyectos se vuelvan a verificar, lo que ocurre cada tantos años para poder expedir nuevos créditos de carbono. Según las definiciones usadas por Cercarbono, el titular es el representante legal del proyecto.

Quien audita todos los proyectos de Indigenous Carbon es la empresa india 4K Earth Science Private Limited, una compañía privada que los proponentes contratan para validar sobre el terreno lo que está descrito en los PDD y atestiguar que pueden generar los créditos de carbono previstos. En los informes de verificación y validación de los seis proyectos certificados, en cuatro casos los clientes son Indigenous Carbon y las asociaciones Indígenas (João Bravo, Rio Maicimirim, Rio Jacareacanga y Juina) y en dos lo son solo las asociaciones Indígenas (Rio Roosevelt e Ipixuna).

Tal como exige Cercarbono en el proceso de validación y certificación, 4K Earth Science presentó declaraciones de que no existe conflicto de intereses entre ella y su cliente en ocho proyectos registrados por Indigenous Carbon. En todas estas declaraciones, la empresa registrada en Estados Unidos figuraba inicialmente como «titular» de los proyectos. Posteriormente, las declaraciones fueron modificadas en dos de ellos: los Indígenas pasaron a ser los únicos propietarios del proyecto Rio Maicimirim y entraron como co-titulares del proyecto Juina, junto con Indigenous Carbon.

Además de los seis proyectos certificados, cuatro de los 18 proyectos registrados en 2022 y 2023 se retiraron de Cercarbono y ocho siguen en fase de validación. Los cuatro que se retiraron fueron propuestos por Indigenous Carbon y la Asociación Indígena Mantinó, de la Tierra Indígena Baú, del pueblo Kayapó, en Pará. Mantinó fue creada en 2019 por un grupo que se separó de la asociación tradicional del territorio, el Instituto Kabu. La coordinadora de Mantinó, Elissandra Soares, declaró a SUMAÚMA que fue Agfor, otra empresa de Greene, quien entró en contacto con ellos, pero que no firmaron ningún contrato de carbono y que no se ha llevado a cabo ningún servicio en el territorio. Al preguntarle por los documentos presentados a la certificadora en los que consta el nombre de la asociación y sus dirigentes, Elissandra volvió a negar que Mantinó hubiera firmado contratos con Agfor o Indigenous Carbon y afirmó que «ninguna empresa ha sido autorizada a hablar en nombre» de la asociación.

De hecho, las negociaciones con las asociaciones de tierras Indígenas se llevaron a cabo inicialmente en nombre de Agfor Empreendimentos, la filial brasileña de Brazil Agfor, una empresa registrada en Grand Rapids, en el estado de Michigan en Estados Unidos. Tanto Agfor Empreendimentos como Brazil Agfor, así como Greene, se encuentran entre los acusados de las acciones civiles públicas que presentó en julio del año pasado la Defensoría Pública de Pará contra los proyectos de carbono de Portel.

En el ordenamiento jurídico brasileño, la acción civil pública es un instrumento que tiene por objeto proteger los intereses colectivos y usado para demandar compensaciones de los acusados por  daños al patrimonio público y social, el ambiente o el consumidor.

Según la acusación, en Portel se implantaron tres proyectos total o parcialmente en tierras pertenecientes a asentamientos agroextractivistas del estado —es decir, tierras públicas—, basándose en registros de propiedad inválidos. Un cuarto proyecto, que nunca llegó a certificarse, utilizó registros irregulares del Catastro Ambiental Rural, que posteriormente fueron cancelados. Debido a las acciones civiles públicas, la certificadora Verra suspendió la venta de créditos de carbono de los tres proyectos que ya había certificado, identificados con los números 2252, 981 y 977.

Las acciones están aún en la fase de instrucción, es decir, de examinar los argumentos y citar a los acusados; no ha habido decisión judicial. El estado de Pará y el Instituto de Tierras de Pará han entrado como coadyuvantes de la acusación. La Policía Federal ha abierto una investigación sobre el caso y se está llamando a declarar a los implicados. La instrucción está bajo secreto de sumario.

Al menos los Indígenas Cinta Larga y Mundurukú llegaron a firmar contratos con Agfor Empreendimentos, según documentos a los que ha tenido acceso SUMAÚMA. En esos contratos, la empresa de Greene figuraba como desarrolladora de los proyectos. Después, el contrato de los Cinta Larga con Agfor fue sustituido por otros con Indigenous Carbon, ahora como «consultora» de las asociaciones Indígenas. Hay indicios de que ese mismo cambio tuvo lugar con otras etnias. Ocurrió después de que el medio digital Intercept Brasil publicara en noviembre de 2022 un reportaje que denunciaba el traslape de proyectos de carbono con tierras públicas en Portel.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

En los contratos de Indigenous Carbon a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, Michael Greene se define como el «administrador» de la sociedad anónima. Los documentos estipulan que la empresa se quedará con el 30% de los créditos que generen los proyectos, un volumen estándar en el llamado «mercado voluntario de carbono», un mercado internacional que no está regulado por los gobiernos. A pesar de aparecer solo como «consultora», los contratos establecen que Indigenous Carbon tendrá el «derecho exclusivo de ayudar a encontrar compradores internacionales y nacionales para los créditos de carbono». Según los abogados que ha consultado SUMAÚMA, esto significa que podría ser considerada responsable si se cuestionan los créditos que vende.

Uno de los dos contratos de Indigenous Carbon con los Cinta Larga de la Tierra Indígena Roosevelt, en los estados de Rondonia y Mato Grosso, fue firmado el 29 de abril de 2023, más de cuatro meses después de que el proyecto se registrara en Cercarbono para obtener la certificación.

A diferencia de lo que ocurre en Portel, aparentemente en los proyectos de las asociaciones Indígenas no existe apropiación indebida de tierras públicas, la presunta ilegalidad que sostiene las acciones de la Defensoría de Pará. A pesar de que sus territorios pertenecen al Estado brasileño, los pueblos originarios tienen el derecho exclusivo a hacer usufructo de ellos. No obstante, aunque los proyectos del mercado voluntario se rigen por contratos privados, deben cumplir la legislación brasileña, tanto en lo que se refiere a la propiedad de la tierra como a los derechos de las comunidades de los territorios donde se generan los créditos.

En el mercado voluntario de carbono, las empresas compran «voluntariamente» créditos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de reducir su huella ambiental, mejorar su imagen ante la opinión pública o incluso por presión de los accionistas. Es diferente a lo que ocurre en los «mercados regulados», donde los gobiernos fijan un techo de emisiones para las empresas. De esta forma, las compañías que han emitido menos del límite máximo pueden vender créditos a las que lo han superado.

En Brasil —y principalmente en la Amazonia— los proyectos del mercado voluntario generan créditos a partir de lo que se denomina «deforestación evitada», que en la práctica es la promesa de reducir las emisiones causadas por la deforestación. Estos proyectos se conocen como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal), un mecanismo creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Inicialmente concebido para remunerar a los países que conserven sus bosques y selvas, el mecanismo se utiliza ahora en el mercado voluntario. Los proponentes tienen que demostrar que los proyectos contribuirán a reducir más la deforestación que en caso de que no existieran. Por este motivo, la mayoría de los proyectos se desarrollan en zonas de selva preservada que están sometidas a la presión de los deforestadores. Si se ejecutan bien, estos proyectos pueden aportar recursos financieros a las comunidades Indígenas y tradicionales que cuidan ecosistemas estratégicos para mitigar la crisis climática.

Debido al acoso que las empresas que desarrollan proyectos de carbono realizan sobre las tierras Indígenas y reservas extractivistas, donde la naturaleza suele estar mejor conservada, el gobierno de Lula y el Ministerio Público, tanto el federal como el de Pará, vienen sugiriendo normas para fortalecer la protección de los derechos de las poblaciones de estos territorios en los contratos del mercado voluntario.

Una resolución de 2018 de la Comisión Nacional para REDD+, vinculada al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ya había establecido algunas normas en ese sentido. En 2023, el gobierno incluyó, en el proyecto de ley que crea un mercado de carbono regulado en Brasil, un artículo que detalla las salvaguardas sociales y ambientales para los proyectos del mercado voluntario en tierras Indígenas y comunitarias. No obstante, el proyecto de ley tiene que votarse de nuevo en el Senado porque la Cámara de los Diputados introdujo algunas modificaciones: mantuvo las salvaguardas, pero también incluyó en la propuesta cláusulas controvertidas, que brindan a la agroindustria la posibilidad de vender en el mercado regulado créditos de carbono generados en proyectos REDD+ sin someterse a ningún techo de emisiones.

Las salvaguardas previstas en el proyecto de ley estipulan que las poblaciones deben aprobar los contratos mediante una consulta libre, previa e informada, como prevén el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación brasileña. Esta consulta también debe, según el texto, seguir los términos del protocolo o plan de consulta de las comunidades, cuando existan. Además, tendrá que ser supervisada por el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) federal y la Cámara Temática sobre Poblaciones Indígenas y Comunidades Tradicionales del Ministerio Público Federal.

Las salvaguardas también establecen que el dinero obtenido con la venta de créditos de carbono debe depositarse en «cuentas específicas» —es decir, exclusivas para este fin— y que los contratos deben garantizar la distribución «justa y equitativa» y la «gestión participativa» de estos fondos. Además, los contratos deben incluir una cláusula que prevea la indemnización de las poblaciones «por los daños colectivos, materiales e inmateriales» que puedan derivarse de los proyectos de carbono.

Algunas de estas salvaguardas también se recomiendan en una nota técnica publicada en julio de 2023 por el Ministerio Público del estado de Pará y el Ministerio Público Federal para orientar a sus fiscales en los casos de proyectos de carbono en tierras Indígenas y comunitarias. La nota técnica sugiere que la consulta libre, previa e informada no solo debe ser supervisada, sino también llevada a cabo por el poder público.

El documento también establece que los contratos de carbono deben ser públicos y notariales —lo cual no se explicita en el proyecto de ley— y recomienda que incluyan una «cláusula de flexibilización» que permita revisar las condiciones iniciales a petición de las comunidades.

En los contratos de Indigenous Carbon consta que las asociaciones Indígenas deben pagar una multa del 20% sobre el 30% de los créditos que pertenecen a la empresa si incumplen el acuerdo «injustificadamente» una vez certificados los proyectos. Los contratos no dejan claro qué puede considerarse «injustificado», pero especifican que no vender créditos o venderlos por menos de lo esperado no es una justificación válida, ya que el mercado del carbono es difícil y volátil.

Aunque se basa en la legislación vigente en Brasil, la nota técnica no tiene efecto de ley.

Para complicar las cosas, los proyectos de Indigenous Carbon fueron negociados entre 2021 y 2022, durante el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro. En aquella época, la Funai fue desmantelada, parte de sus coordinaciones regionales pasaron a manos de los militares y se estimuló la minería ilegal en tierras Indígenas.

Todos los Documentos de Descripción de Proyectos registrados en Cercarbono mencionan a la Funai como «parte interesada» y algunos afirman que el organismo indigenista federal participó en reuniones y eventos relacionados con los proyectos. Tres contratos de Indigenous Carbon con los Cinta Larga, que se presentaron al Ministerio Público Federal en el proceso administrativo abierto en Rondonia, dicen que la Funai dio su «conformidad» al proceso de consulta que aprobó su firma. Pero hay indicios de que el organismo no ha hecho un seguimiento riguroso.

El proceso administrativo se abrió en febrero de 2023 para monitorear las negociaciones de los proyectos de carbono, después de que, en una reunión en la ciudad de Cacoal, los líderes Indígenas Cinta Larga informaron al Ministerio Público que habían firmado un contrato con Agfor el año anterior. Los dirigentes declararon que estaban sufriendo amenazas por parte de mineros y madereros «por la posibilidad de vender créditos de carbono». También dijeron que los Cinta Larga del Parque Indígena Aripuanã estaban negociando con otra desarrolladora de proyectos de carbono, Carbonext. Pero en ese momento Indigenous Carbon ya había registrado en Cercarbono cinco proyectos en el Parque Aripuanã.

En la siguiente reunión, en agosto de 2023, los Cinta Larga presentaron los contratos con Indigenous Carbon, firmados digitalmente por Michael Greene. También dijeron que no tenían ningún protocolo de consulta previa y que no estuvo presente ningún abogado que los representara cuando negociaban con la empresa, pero que el entonces coordinador regional de la Funai en Cacoal, Sidcley Sotele, participaba en las reuniones. El Ministerio Público aconsejó entonces a los Indígenas que contrataran a un abogado para analizar los contratos.

Sidcley Sotele fue destituido de la coordinación regional de la Funai en enero de 2023, al inicio del gobierno de Lula. El también exsecretario de Agricultura de Cacoal declaró a SUMAÚMA que, aunque fue nombrado durante el gobierno de Bolsonaro, fue propuesto para el cargo por los Paiter Suruí, otro pueblo Indígena de Rondonia. Sotele afirmó que acudió a dos reuniones de negociación del proyecto de carbono a petición de los Cinta Larga, pero que solo observó. «Los acompañé de esa forma, sin poder hablar, no me pidieron orientación, solo querían que estuviera ahí», alegó. También relató que no pudo garantizar que hubiera una consulta previa, aparte de las reuniones entre los líderes Cinta Larga y los representantes de Agfor, porque dejó la Funai «y ellos continuaron las conversaciones».  Y señaló que desconocía los contratos con Indigenous Carbon.

El excoordinador de la Funai no cree que los proyectos de carbono en las tierras de los Cinta Larga puedan seguir adelante, ya que la minería ilegal continúa, «aunque encubierta». «Si el Ministerio Público u otro organismo no interviene para exigir explicaciones [sobre los proyectos] y cómo se están llevando a cabo, no saldrán adelante», dice.

SUMAÚMA intentó hablar con dos líderes Cinta Larga que firmaron contratos con Indigenous Carbon, Raimundo Cinta Larga y Gilmar Cinta Larga. Raimundo dijo que tendría que hablar con su comunidad antes de conceder una entrevista. Gilmar quiso saber el «objetivo del reportaje» y si era «negativo». En un segundo contacto, SUMAÚMA les envió preguntas por WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. Thalia Assiry Cinta Larga, presidenta de la Cooperativa de Producción y Desarrollo del Pueblo Indígena Cinta Larga (Cooperbravo), que aparece como proponente de algunos de los proyectos junto con Indigenous Carbon, explicó vía WhatsApp que primero tenía que hablar con la abogada de la entidad, pero no dijo quién era.

En diciembre de 2023, cuatro meses después de la reunión de agosto, los Cinta Larga tuvieron otro encuentro con el Ministerio Público Federal, en el que se comprometieron a implementar un «proyecto de monitoreo territorial» para acabar con las actividades ilegales en sus territorios. Fue entonces cuando presentaron a una abogada de Cooperbravo, Karen Roberta Miranda de Sousa Falcão.

La letrada presentó un dictamen en el que afirmaba que el contrato firmado con Indigenous Carbon es «justo y compatible con la normativa brasileña y extranjera sobre el mercado de carbono». El documento también afirma que «la decisión final» sobre la firma del contrato «se tomó mediante una reunión presidida y coordinada por los Indígenas, observando sus propias tradiciones, tal y como determinan las normas que salvaguardan los derechos de los pueblos Indígenas».

Karen Falcão también representa a la Asociación del Pueblo Parintintin de la Tierra Indígena Ipixuna (APPTI), creada en enero de 2024. Tras la certificación del proyecto de carbono en la Tierra Indígena Ipixuna, en el estado de Amazonas, en diciembre de 2023, la APPTI apareció en EcoRegistry como proponente del negocio, junto a la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas (Opipam). Thiago Castelano, de la etnia Parintintin y coordinador de la APPTI, dijo que no podía dar una entrevista sin consultar a la población de la Tierra Indígena y le pidió a SUMAÚMA que hablara con la abogada. Castelano aparece como contacto de Indigenous Carbon en los informes de certificación de cuatro proyectos: los dos con los Parintintin, uno con los Cinta Larga y uno con los Mundurukú.

En respuesta a las preguntas que le envió SUMAÚMA vía WhatsApp, Karen Falcão afirmó que el enfoque del reportaje era «invasivo» y partía de «posiciones tomadas de antemano». Según la abogada, los Indígenas de la Tierra Indígena Ipixuna tendrían que «decidir primero si quieren dar una entrevista y cómo quieren hacerlo», de acuerdo con sus protocolos de consulta. Finalmente, notificó a SUMAÚMA que la entrevista solo podía hacerse en persona, en el territorio.

El proyecto en la Tierra Indígena Ipixuna es el único que registra ventas de créditos de carbono en la página de EcoRegistry: 17.605 de los más de 2,5 millones disponibles. El comprador fue GreenLand Investments S.A.S., un grupo colombiano de empresas agroindustriales con plantaciones de banana y aguacate. El precio de cada crédito generado por los proyectos REDD+ varía mucho en función del año en que dejó de producirse la correspondiente emisión de carbono. En el último trimestre de 2023, el precio medio fue de 3,76 dólares para el crédito de 2017 y de 13,71 dólares para el del año pasado.

En 2021 y 2022, las negociaciones para los proyectos de carbono en las dos tierras de los Parintintin —Ipixuna y Nove de Janeiro— fueron llevadas a cabo por la Organización del Pueblo Indígena Parintintin del Amazonas (Opipam). Raimundo Parintintin era entonces coordinador de Opipam, pero desde mayo de 2023 es coordinador regional de la Funai en la región del Río Madeira. Raimundo declaró a SUMAÚMA que sus contactos fueron con Agfor y que no sabía que el registro de los proyectos en la certificadora los hizo una empresa llamada Indigenous Carbon. En aquel momento, dijo Raimundo, Agfor contrató a algunos Parintintin para llevar a cabo los proyectos.

Raimundo confesó que firmó los contratos por la presión de otros Indígenas. «No me sentía muy seguro en ese momento, porque no había habido construcción participativa, la consulta, [no sabía] cómo funcionaba [el proyecto] ni la repartición [del dinero]», explicó. «Como venimos del movimiento [indígena], sabía que no era tan fácil, la gente viene y engaña a la población indígena diciéndole que va a ganar mucho dinero. La gente se acaba animando. Dijeron que habría la cuestión social, que iban a construir escuelas y casas antes de que el proyecto empezara a vender créditos de carbono. Pero las empresas trabajan para obtener beneficios. ¿Cómo pueden invertir en algo sin estar seguras de que funcionará? Nada de lo que se dijo entonces está ocurriendo».

Según él, no hubo exactamente una consulta previa a la población, sino una reunión. En el gobierno actual, el Ministerio de los Pueblos Indígenas celebró un seminario sobre REDD+ en Brasilia y los funcionarios de la Funai recibieron la orientación de seguir de cerca las tratativas del carbono. En el momento de las negociaciones con Agfor, el coordinador de la Funai en la región del Río Madeira era un capitán del Ejército, Cláudio Rocha. Según Raimundo, los Parintintin tuvieron una reunión con él para informarle del proyecto, y representantes de la empresa también hablaron con Rocha. «Pero no hubo una participación efectiva y directa de la Funai», afirmó. «Sus palabras [de la Funai] fueron: «Si es bueno para ustedes, sigan adelante, no queremos dificultarles la vida»».

El actual coordinador de Opipam es Domingos Parintintin, que pidió que SUMAÚMA hablara con Joel Joveliano, secretario ejecutivo de la entidad. Joel, por su parte, nos remitió a la asesora de prensa, que pidió las preguntas por WhatsApp, pero no envió las respuestas.

El abogado Adriano Camargo Gomes, de la asesoría jurídica del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas (CNS), ha estado lidiando con propuestas de proyectos de carbono en territorios comunitarios. Opina que, ante la posibilidad de que la actuación de la Funai cambie en función del gobierno de turno, lo más seguro es recomendar que entidades nacionales vinculadas a las comunidades, como el CNS y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), acompañen las negociaciones.

«No podemos considerar que las comunidades son incapaces de expresar su voluntad, pero tenemos que reconocer que existe una asimetría de conocimientos jurídicos y técnicos en relación con las empresas, que disponen de muchos recursos», argumenta Adriano Gomes. «Precisamente para evitar que esta relación sea desequilibrada, las comunidades necesitan contar con asesoramiento. Recurrir a la Apib o al CNS es un remedio de bajo costo para resolver este problema».

SUMAÚMA le preguntó a la Funai si tenía conocimiento de los 18 proyectos de Indigenous Carbon, si había dado su conformidad y si consideraba que los contratos eran válidos. El organismo indigenista no respondió.

La Tierra Indígena Mundurukú es la más poblada de todas las implicadas en los proyectos de carbono de Indigenous Carbon, con 9.282 personas, según el censo de 2022. Allí, la minería ilegal ha dividido a los caciques y las asociaciones. Wakoborũn, una asociación de mujeres del Alto Tapajós, lidera la oposición a la Asociación Indígena Pusuru, que negoció con las empresas de Michael Greene. Fue a raíz de una carta de Wakoborũn, en enero de 2022, que el Ministerio Público Federal en Santarém abrió una instrucción civil para investigar los proyectos REDD+ en la tierra indígena.

Inicialmente, la instrucción no estaba relacionada con las empresas de las que Greene es socio o que representa. Las mujeres se quejaban de un proyecto de Carbonext en una hacienda cercana al territorio. Lo que llamó la atención de Wakoborũn fue que la hacienda pertenecía a una empresa de Leonel Babinski Marochi, que ya había sido acusado de robo de tierras públicas en los territorios comunitarios de Montanha y Mangabal (en este caso, la Justicia anuló los títulos ilegales de propiedad). Sin embargo, en septiembre de 2022, Carbonext informó que el proyecto se había suspendido, precisamente por las dudas sobre la propiedad de las tierras en las que se iba a implantar.

La investigación se centró entonces en la llegada al territorio de otra empresa de carbono, que aún no se conocía. En una reunión con el Ministerio Público Federal en octubre de 2022, la coordinadora deWakoborũn en aquel momento, Maria Leusa Mundurukú, dijo que se había enterado de que un grupo de Indígenas estaba haciendo consultas sobre un acuerdo. Contó que ese grupo alegaba que cada familia recibiría un sueldo y ya no tendría que cultivar la tierra. «Los Indígenas están preocupados, saben que eso no es una consulta, sino que los perjudica, porque hace que se enfrenten unos con otros», afirmó en la reunión. Los fiscales subrayaron que los Mundurukú tienen un protocolo de consulta que debe seguirse antes de firmar cualquier contrato.

Solo a finales de 2022 quedó claro que la asociación Pusuru había firmado un contrato con Agfor Empreendimentos. Fue entonces cuando la Funai, a instancias del Ministerio Público Federal, envió el acta de una asamblea que había organizado Pusuru en la que se había aprobado el acuerdo, el 12 de septiembre de 2022, así como una copia del contrato con la misma fecha. En aquella época, el coordinador regional de la Funai en el Tapajós era José Arthur Macedo Leal, que se había pronunciado a favor de la minería en tierras Indígenas. Cuando se entregaron los documentos, en diciembre, cuatro de los cinco proyectos en territorio Mundurukú ya se estaban registrando en Cercarbono. Pero no a nombre de Agfor, sino de Indigenous Carbon. El quinto se registró poco después, en enero de 2023.

En esta investigación, el Ministerio Público Federal envió tres oficios a Michael Greene, en los que solicitaba información sobre las actividades que ya había llevado a cabo su empresa en la Tierra Indígena Mundurukú. Los oficios también pedían una copia del proyecto de carbono y un cronograma de su implementación. El último se envió en enero de 2024, pero Greene nunca respondió.

Los cinco PPD (Documentos de Descripción del Proyecto) en tierras de los Mundurukú tienen una peculiaridad: todos dicen que hubo consentimiento «unánime» para cuatro de los proyectos, pero solo del 80% para uno, y que en ese proyecto quedaron por fuera las aldeas y tierras de las personas que estaban en contra.

Ediene Kirixi, actual coordinadora de Wakoborũn, discrepa. Le contó a SUMAÚMA que no se siguió el protocolo de consulta de los Mundurukú, y que la asociación de mujeres y otras cinco asociaciones que estaban en contra del acuerdo fueron excluidas del proceso. «Un grupo de Mundurukú se involucró en este proyecto y se dejó engañar por la canasta básica de alimentos, por la promesa de que tendrían beneficios», explicó. Ediene dice que muchos caciques preguntan por el dinero que la empresa les transfirió para implantar el proyecto: «Preguntan si es verdad que cobraron ese dinero y no tenemos una respuesta clara. Nosotros no lo hemos visto».

A raíz de una solicitud de información del Ministerio Público Federal sobre las actividades realizadas con Agfor Empreendimentos en la Tierra Indígena Mundurukú, la asociación Pusuru presentó una «rendición de cuentas preliminar» de lo que habría recibido en 2023 por el proyecto de carbono, en la que constan «transferencias» que suman poco más de 238.000 reales (unos 49.200 dólares). Según la tabla presentada, la mayor parte del dinero se gastó en el alquiler de la sede de la asociación, que se encuentra en el municipio de Jacareacanga, en el pago de facturas de luz atrasadas, gasolina, el flete de lanchas y el mantenimiento de un autobús, además de pollo, arroz y otros alimentos, incluida la compra de dos bueyes para una «fiesta de graduación». También se pagaron «dietas» a cuatro Mundurukú y los honorarios de un abogado.

El actual coordinador de la asociación Pusuru, João Kaba, fue elegido en marzo de 2024 en sustitución de Francinildo Cosme Kaba, que negoció el contrato. João, que es profesor de educación indígena, declaró a SUMAÚMA que aún no ha tenido tiempo de familiarizarse con las cuentas del carbono, pero que pretende mantener los proyectos a petición de los caciques. «El crédito de carbono protege la selva, para sustituir la minería ilegal. Los caciques dejaron de hacer esas actividades y nos pidieron que encontráramos un proyecto que no destruyera. Parece ser la única solución», afirmó.

João Kaba señaló, sin embargo, que el dinero recibido hasta ahora es poco en comparación con el tamaño de la población de la tierra Mundurukú. «Parece que se llevaron a cabo las actividades sociales, que creo que era la entrega de canastas básicas. Como la asociación no tiene edificio, también tuvo que pagar alquiler», detalló.

El importe que Pusuru registró en las cuentas presentadas al Ministerio Público Federal coincide con las cuentas que hace Waldelírio Manhuary, antiguo coordinador de los proyectos en la tierra Mundurukú. Conocido como Waldé, cuenta que no forma parte de esta asociación, pero que le pidieron que trabajara con los créditos de carbono porque tiene muchos contactos y buena oratoria. Vecino de Jacareacanga, Waldé está acusado de «receptación cualificada»: recibir, vender, transportar u ocultar el producto de un delito. La acusación está vinculada a una supuesta complicidad con la minería ilegal. Él afirma que aún no ha sido citado a declarar.

Waldelírio Manhuary trabajó en los proyectos hasta marzo de 2024, cuando, según explicó a SUMAÚMA, tuvo una discusión con Michael Greene y fue despedido. Solo entonces, dijo, buscó el registro de Indigenous Carbon y no pudo encontrarlo. Waldelírio dijo que la ruptura se produjo porque no estaba de acuerdo con el valor de los créditos de carbono estipulado para las «preventas» que los Mundurukú hacían a Greene, que compraba los créditos a nombre de Brazil Agfor y luego los revendía.

Según los dos contratos de preventa a los que SUMAÚMA tuvo acceso, en 2023 Greene habría comprado un total de 32.000 créditos por 1,5 dólares cada uno, lo que corresponde a 48.000 dólares, o aproximadamente los 238.000 reales que la asociación Pusuru registró en la rendición de cuentas. Cuando, ese mismo año, Greene presentó un tercer contrato con el mismo valor para los créditos, Waldelírio no lo aceptó, porque en las negociaciones de los proyectos el estadounidense les había prometido que cada crédito se vendería a 5 dólares. «Dijo que era difícil negociar la venta y que solo conseguía vender unos pocos créditos», afirmó el excoordinador de los proyectos.

Waldelírio Manhuary explicó que, aunque ya no trabaja con proyectos de carbono, todavía se le acercan caciques descontentos con la marcha del negocio. «En las reuniones que hice en las aldeas [durante las negociaciones], dije que el proyecto iba a funcionar, que se iban a beneficiar. Pero los caciques que firmaron [el contrato] no han recibido ni un centavo. Así que quieren que se revoque el contrato, que se paralice, porque hay fricciones, problemas sociales, entre ellos», relató.

Waldelírio también contó que todas las semanas solía hacer una reunión por videoconferencia en la que participaba Michael Greene, que vive en Estados Unidos, con la ayuda de una traductora. Solo se encontró personalmente con el estadounidense una vez, en una reunión celebrada en São Paulo en mayo de 2023, a la que fueron invitados varios Indígenas. Greene tiene una dirección en Guarulhos, São Paulo, pero a los agentes judiciales que fueron allí en enero de 2024 para citarlo a declarar en una de las acciones de Portel se les dijo que hacía un año que no había estado allí, que estaba fuera del país.

Varias personas que trabajaron para Greene han declarado que nunca lo conocieron en persona, que les daba las instrucciones por teléfono o videoconferencia, en la que a veces también participaba su esposa, la brasileña Evelise da Cruz Pires Greene.

Greene, que está en el punto de mira de las acciones de la Defensoría por cuatro proyectos de carbono en Portel, libra una batalla paralela en los tribunales contra antiguos proveedores de servicios que contrató en Brasil.

En febrero pasado, el estadounidense presentó una demanda en Belém contra Útil Serviços em Vigilância e Segurança Privada Ltda., perteneciente a Diego Tavares Pereira, en la que pedía que rindiera cuentas del dinero que una de sus empresas, Brazil Agfor, afirma haberle transferido. Registrada en 2013 en Belém, Útil está clasificada como una «pequeña empresa», con un capital social de 400.000 reales (unos 74.000 dólares). La demanda alega que, en dos años, Brazil Agfor transfirió más de 13,4 millones de reales a Útil, mientras que la empresa contabilizó 10,4 millones, lo que supone una diferencia de casi tres millones de reales (unos 600.000 dólares).

En el texto de la demanda, se describe a Brazil Agfor como un «agente de cambio» en la Amazonia y a Greene, como «un individuo con profundos lazos con Brasil». En Portel, se ha hecho famoso por sus promesas de realizar obras sociales. Al web especializado en inteligencia de mercado Quantum Commodity Intelligence, que en 2022 describió a Indigenous Carbon como una «empresa misteriosa», Michael Greene llegó a decir que estaba negociando con el «banco de desarrollo brasileño» un plan para acabar con la pobreza en la Amazonia. En un mensaje a la Cámara Municipal de Portel, el estadounidense afirmó que es el mayor desarrollador de proyectos REDD+ de América Latina y que su negocio representa el 50% del mercado de créditos de carbono de Brasil.

En contraste con estas declaraciones, la demanda contra Útil sugiere que los gastos relacionados con los proyectos de carbono de Greene en la Amazonia no los pagaban directamente sus empresas, aunque aparezca como socio o administrador en al menos 10 compañías registradas en Brasil, incluida Agfor Empreendimentos. El estadounidense transfería a Útil el dinero necesario para cubrir los costos de los proyectos de Portel y también los de las tierras Indígenas.

Greene y Brazil Agfor afirman en la demanda que, en total, se gastaron casi 2,3 millones de reales (unos 460.000 dólares) en los proyectos de los territorios de los Cinta Larga; 518.000 reales (unos 104.000 dólares) en los proyectos de la tierra Baú de los Kayapó; y más de 499.000 reales (unos 99.800 dólares) en los proyectos de los territorios de los Parintintin y los Mundurukú. Hay una lista de 37 personas que presuntamente recibieron pagos para llevar a cabo los proyectos, la mayoría Indígenas Mundurukú y Parintintin. En algunos recibos a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, la empresa pagadora es Amigos dos Ribeirinhos Assessoria Ambiental, perteneciente a Greene, registrada en 2020 con un capital social de 140.000 reales (unos 26.000 dólares). Los importes mensuales oscilan entre un salario mínimo brasileño y 4.000 reales (de 250 a 735 dólares).

Diego Pereira declaró a SUMAÚMA que Útil aún no ha sido notificada de la demanda que ha interpuesto Greene. En diciembre de 2023, Útil les envió una carta a Greene y a Agfor dando por terminados sus servicios. La carta cita retrasos en el pago que el estadounidense debía hacerle por los servicios de seguridad que prestó y menciona la promesa incumplida de que Útil tendría puestos de vigilancia en las tierras Indígenas, un trabajo que «aún no ha empezado».

Pereira está acusado en una de las acciones de la Defensoría Pública, la que está relacionada con el proyecto Ribeirinho REDD+, el único de Portel que no fue certificado por Verra y, por tanto, nunca vendió créditos. Pereira se convirtió en el objeto de la acción por haber presidido la Asociación de Ribereños y Vecinos, uno de los proponentes del proyecto. Al contrario de lo que sugiere su nombre, la asociación no es comunitaria, sino una entidad de derecho privado, creada en 2018, con domicilio en São José dos Campos, en el estado de São Paulo.

En el escrito de contestación a la demanda, Pereira afirma que solo asumió la presidencia de la Asociación de Ribereños y Vecinos en octubre de 2022, a petición del estadounidense, después de que el proyecto se registrara en Verra. Antes de esa fecha, según los documentos presentados en la contestación, el propio Greene era el presidente de la entidad. Pereira también acusa al estadounidense de formar parte de una «orquesta de estafadores y cowboys» del carbono y afirma que le engañó. Dice que está a disposición de la Justicia para «aclarar los hechos y atribuir responsabilidades».

Michael Greene también ha demandado al constructor Miguel Rocha, propietario de Agape Serviço e Representação Ltda., en Belém, alegando incumplimiento de contrato. La empresa fue contratada para construir cinco escuelas, todas ellas, según Rocha, a 12 horas de Portel. El constructor afirmó que entregó una lista y otra construida al 85%. Pero dijo que la complicada logística que implica el transporte de materiales a través de los ríos y los cambios que tuvo que hacer en los proyectos para cumplir las especificaciones legales lo llevaron a pedir una renegociación del pago acordado. Rocha alega que el estadounidense le debe más de 780.000 reales (unos 143.350 dólares), que ha tenido que desembolsar de su propio bolsillo.

Pero Michael Greene, aparentemente, todavía tiene algunos aliados en Portel. El pasado marzo, una asociación que dice representar a los vecinos de un asentamiento agroextractivista presentó una demanda contra Verra en la que piden una indemnización de 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) por haber suspendido el proyecto de carbono Rio Anapu-Pacajá REDD+, cuyo proponente es Brazil Agfor.

La asociación alega que la población del asentamiento se beneficiaba del negocio de la empresa del estadounidense por medio de la construcción de escuelas, centros de salud y pozos —no dicen si recibían directamente parte del valor de los créditos, como debería ocurrir en las tierras comunitarias—. La demanda se presentó en el Juzgado Agrario de Castanhal, el mismo en el que se presentaron las acciones de la Defensoría. Hay otras dos demandas similares, de otras dos asociaciones, que piden una indemnización del mismo valor.

SUMAÚMA intentó ponerse en contacto con Michael Greene en junio de 2024, por teléfono, mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos conocidos de él y de Brazil Agfor, y le envió preguntas sobre los proyectos de Indigenous Carbon, pero no recibió ninguna respuesta. También intentó contactar con el bufete Lopes Pimenta, del abogado Leonardo Lopes Pimenta, que firma la demanda de Greene contra Útil y los escritos de contestación a las demandas de la Defensoría Pública de Pará contra los proyectos de carbono de Portel. Sin embargo, al llamar al celular que aparece como número de contacto en la página web del bufete Lopes Pimenta salió una grabación que decía que el número estaba bloqueado. La dirección de correo electrónico indicada devolvió los mensajes.

En los proyectos de carbono con los Indígenas hay un número de teléfono de contacto de São Paulo, pero nadie atiende ni contesta a los mensajes de WhatsApp. Otro número de teléfono facilitado es el de Diego Pereira, que ya no trabaja para Greene —Pereira dijo que desconocía que su contacto telefónico estuviera en los proyectos y que se había enterado por SUMAÚMA—. Las direcciones incluidas en los proyectos son las de las asociaciones Indígenas, y la página web www.indigenouscarbon.com no existía en el momento de la publicación de este reportaje.

Greene y sus empresas presentaron escritos de contestación a tres de las cuatro acciones de la Defensoría, y SUMAÚMA tiene copia de dos, relativos al proyecto Pacajaí REDD+. En los documentos, afirman que no participan en la gestión del proyecto Pacajaí, que solo actúan como consultores en otro (Ribeirinho REDD+) y como gestores en un tercero (RMDLT). Solo en un proyecto, el Rio Anapu-Pacajá REDD+, el estadounidense y sus empresas son proponentes y gestores, según las contestaciones. Estos documentos también cuestionan la legitimidad de la Defensoría para actuar en asuntos relacionados con la propiedad de tierras y alegan que la institución no tiene el «mandato adecuado» para actuar en nombre de las poblaciones de los asentamientos a los que se superponen los proyectos de carbono.

Los escritos de contestación a las demandas también insisten en que, a pesar de este traslape, las propiedades utilizadas para los proyectos de carbono «son de naturaleza privada». En el momento en que la Defensoría inició las acciones, se habían cancelado 45 de los 50 registros de inmuebles privados utilizados para inscribir los tres proyectos que Verra ya había certificado. Los cinco que quedaban no se solapaban con asentamientos estatales. Greene argumenta que recibió la titularidad de los registros como pago de una deuda. Las contestaciones también alegan que la Justicia brasileña no tiene competencia para juzgar casos relacionados con el mercado de carbono, «que carece de regulación específica en el ordenamiento jurídico brasileño».

En octubre de 2023, en una respuesta escrita enviada al medio digital G1, que publicó reportajes sobre el caso de Portel, el estadounidense dijo que había recibido las propiedades «de buena fe» y que cooperaría para «ajustar todo lo que esté en desacuerdo con la legalidad y cumplir con todas y cada una de las decisiones judiciales». Ahora, en su página de la red social Linkedin, acusa a «una funcionaria» de «falsificar» los cargos para «ayudar a sus amigos corruptos a robar los terrenos en los que» se ubican sus proyectos. Es una acusación sin pruebas contra la defensora pública que firmó las acciones, Andreia Macedo Barreto.

La Justicia de Pará ha intentado citar a Greene y a tres de sus empresas para que se pronuncien sobre la acción en la que no han presentado ningún escrito de contestación, pero no lo ha conseguido. Las citaciones enviadas al estadounidense y a tres de sus compañías fueron devueltas. Además de constatar que el estadounidense estaba ausente de su dirección en Guarulhos —que también figuraba como dirección de una de sus empresas, Agfor Empreendimentos—, los agentes judiciales también comprobaron que las otras dos empresas no operaban en los lugares indicados en el registro. En una dirección de Manaos de la empresa Brazil Agfor, con sede en Estados Unidos, se encontró una carnicería. En una dirección de Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais, donde debería estar Brazil Property Group, había una residencia privada.

Ante esta situación, en junio de 2024, la defensora Andreia Macedo Barreto, autora de las acciones, solicitó a la Justicia brasileña que se citara a Greene por medio de una comisión rogatoria, es decir, una petición dirigida a la Justicia de otro país. En su petición, la defensora escribió que la falta de comprobación de las direcciones significa que estas empresas son «un simulacro de su operación en Brasil, sin duda parte de las ilegalidades y fraudes dirigidos a la apropiación ilícita de tierras y selvas públicas en la Amazonia». En los escritos de contestación que ha presentado, Greene solo facilita ahora las direcciones en Estados Unidos de Brazil Agfor y Agfor Empreendimentos.

Mientras las investigaciones de Portel siguen su curso, los proyectos de Indigenous Carbon añaden más elementos de desconfianza a un mercado opaco en el que las expectativas de quienes más necesitan ser recompensados por el trabajo de conservación de la naturaleza se convierten a menudo en decepción.