El presidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo una promesa en el Campamento Tierra Libre que probablemente no podrá cumplir. Prometió «no dejar ninguna tierra indígena» sin demarcar. Para cumplir lo que dijo, tendrá que superar lo que hizo en sus dos primeros mandatos (2003-2010) y en condiciones mucho más adversas que las que tenía entonces. En la 19.ª edición del Campamento Tierra Libre, que tuvo lugar en Brasilia del 24 a 28 de abril, Lula homologó la demarcación de seis tierras indígenas, menos de la mitad de lo que los líderes esperaban. Para compensar la escasez de demarcaciones reales, improvisó una promesa más propia de un político en campaña que de un presidente que se enfrenta a dificultades enormes con un Congreso marcadamente antindígena. Pero Lula no lanzó su promesa al viento: la escucharon los miles de indígenas que estaban presentes en el Campamento, la replicaron en las redes sociales los líderes e influencers y no se olvidará fácilmente.

La promesa de Lula revela el aprieto en el que se encuentra su gobierno. La demarcación de todas las tierras indígenas lleva un retraso de 30 años, un retraso que ha provocado conflictos, masacres y asesinatos de indígenas. Además, se ha demostrado que la selva amazónica y otros biomas se mantienen en pie principalmente donde hay pueblos indígenas viviendo en tierras demarcadas. En tiempos de crisis climática, por lo tanto, la demarcación no es solo una cuestión de justicia, sino de supervivencia. Concierne a todo el planeta. La protección de la Amazonia es lo que hoy garantiza a Brasil relevancia e inversiones internacionales y a Lula, prestigio.

El problema es que gobierna un país dominado por una élite económica depredadora, negacionista y retrógrada, representada por la bancada ruralista en el Congreso. Por un lado, Lula tiene la presión de los pueblos originarios y de los gobiernos internacionales, preocupados por la escalada del calentamiento global. Por el otro, un Congreso hostil dominado por una fuerza terrateniente muy organizada y financiada. Este puede ser el mayor desafío de la vida política de Lula. Y nunca el futuro de las nuevas generaciones ha dependido tanto de sus movimientos.

Durante sus primeros ocho años como presidente (2003-2010), en condiciones mucho más favorables, Lula concluyó el proceso de creación de tan solo 87 tierras indígenas. Actualmente hay 251 procesos de demarcación en curso en la burocracia de Brasilia, según datos oficiales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). El Instituto Socioambiental (ISA) contabiliza 237 procesos en estudio, delimitados o ya declarados tierras indígenas que hay que homologar. El ISA utiliza datos de la propia Funai, pero hay pequeñas diferencias en el número de tierras cuyos procesos están en la fase inicial, cuando se crea un grupo de estudio para delimitarla. Para el ISA hay 124 procesos en esta situación, mientras que para la Funai hay 140. La diferencia radica en los 16 grupos de trabajo que anunció a principios de año Joenia Wapichana, presidenta de la Funai. El ISA considera que muchos ya existían, pero habían sido suspendidos o su plazo había expirado, por lo que no los cuenta como nuevos.

«Desde que el ISA empezó a contabilizar las tierras indígenas en los años 80, hemos acumulado unos 7.000 documentos. Es un enorme desafío organizar esta documentación, porque el proceso de demarcación de una tierra indígena no es lineal, hay idas y vueltas, decisiones judiciales que los suspenden, ordenanzas que los reabren», explica el antropólogo Tiago Moreira, del ISA.

Según la cuenta del ISA, recogida en el portal Terras Indígenas no Brasil, hay 496 tierras indígenas ya homologadas y regularizadas y 237 cuyo proceso de homologación está en curso. Todo el trámite suele durar años, a veces décadas: el de la Tierra Indígena Avá-Canoeiro, en el estado de Goiás, una de las seis que homologó Lula en el Campamento Tierra Libre de 2023, se arrastraba desde los años 90. La firma del presidente de la República es el último acto burocrático para demarcar una tierra indígena.

«Los procesos [de demarcación] no marchan solos, necesitan gente que haga el trabajo», declaró Joenia Wapichana, presidenta de la Funai en una entrevista a SUMAÚMA. Wapichana calcula que faltan 1.200 funcionarios en el organismo. Un documento de la propia Funai, fechado en junio de 2022, muestra un panorama aún peor: solo 1.420 de los 3.732 puestos de trabajo están ocupados, es decir, el 38% del total.

Entre las más de dos centenas de tierras en proceso de demarcación, 68 ya han sido declaradas de ocupación tradicional indígena, pero siguen a la espera de la delimitación física. Este es el último paso antes de que las pueda homologar el presidente de la República. Otras 45 tierras indígenas han sido identificadas, pero están a la espera de que el Ministerio de los Pueblos Indígenas firme las resoluciones declaratorias para que se pueda llevar a cabo la delimitación física. La resolución declaratoria es la fase del proceso de demarcación en la que el gobierno reconoce que el área se destina a uno o varios grupos indígenas. En este documento, una de las últimas etapas del proceso, la ministra declara los límites geográficos de la tierra indígena y determina la demarcación física de la zona.

Según datos del ISA, 124 de los 237 procesos de demarcación se encuentran solo en la fase inicial, en la que grupos de trabajo realizan estudios para identificar y delimitar el área indígena. Joenia Wapichana afirma que la conclusión de la fase inicial de los procesos de demarcación «es un trabajo que, en condiciones normales, lleva unos 180 días». La presidenta de la Funai ya ha autorizado la creación de 14 grupos de trabajo. Coordinados por antropólogos que son funcionarios de carrera del organismo, los grupos elaboran un informe con la conclusión de estudios étnicos, históricos, sociológicos, jurídicos, cartográficos y medioambientales, además del estudio topográfico que establecerá el tamaño y los límites de la tierra indígena.

«Hay peticiones [de creación de grupos de estudio] que se hicieron hace 10, 20 años. Quedan cientos de procesos por resolver», explicó Joenia Wapichana. Semejante retraso se debe, en gran parte, a la falta de personal en la Funai. Para remediar al menos parte del problema, la ministra de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos, Esther Dweck, autorizó a principios de mayo un concurso público para cubrir 502 vacantes en el organismo federal. La mayoría de las vacantes, 304, son para los puestos de indigenista especializado y agente de indigenismo. Será el primer proceso de selección de la Funai desde abril de 2016.

«La Funai llevaba siete años sin atención, sin inversiones», dice Joenia. «Mi primera acción fue reunir a los funcionarios y tomar nota de la situación. Me di cuenta de que están muy desanimados, después de varios años de persecución, incluso asesinatos, como le ocurrió a Bruno [Pereira, asesinado en junio de 2022 en el Valle del Yavarí junto con el periodista británico Dom Phillips], muchos empleados sufren depresión».

Sin embargo, los salarios de las nuevas vacantes son poco atractivos: 6.420,87 reales al mes para los indigenistas especializados y 5.349,07 reales para los agentes de indigenismo (1.300 y 1.083 dólares respectivamente). «Están totalmente desfasados», admitió Joenia. Por eso, los funcionarios exigen que se cree un plan de cargos y salarios en la Funai, a lo que Lula también se comprometió en el Campamento. «No queremos que los empleados de la Funai sean tratados como si fueran trabajadores de segunda clase. Por eso, vamos a encargarnos de elaborar cuidadosamente su plan de carrera», prometió. Sin embargo, no dio un plazo para llevarlo a cabo.

En 2015, un informe del Tribunal de Cuentas ya advertía de que «la escasez cuantitativa y cualitativa de personal es un problema crónico en la Funai» y el «envejecimiento del equipo sin sustitución oportuna se traduce no solo en pérdida de capacidad operativa, sino también en una pérdida de conocimientos técnicos que se agrava por la mencionada ausencia de una política interna de cualificación y actualización del personal».

En 2003, Lula sucedió a Fernando Henrique Cardoso, que firmó la demarcación de 145 tierras indígenas en sus dos mandatos e implementó condiciones efectivas para que la Funai llevara a cabo su labor. En 2023, el petista encontró los órganos responsables de la política indígena devastados por el extremista de derecha Jair Bolsonaro.

La Asamblea Nacional Constituyente (1987-1988) fijó un plazo de cinco años, tras la promulgación de la Carta Magna, para demarcar todas las tierras indígenas brasileñas. En octubre de este año se cumplirán 30 años de este plazo. Esto significa que el Estado lleva tres décadas de retraso en el cumplimiento de una determinación constitucional.

No se puede decir que estas 237 tierras que ha listado el ISA sean las últimas que reclamen los pueblos indígenas en Brasil. El informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado en 2022 por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), contó 1.393 tierras indígenas en el país en 2021, en 598 de las cuales no se había tomado ninguna medida oficial para que se reconocieran. Es decir, ni siquiera habían entrado en la fase inicial del proceso de demarcación. La Funai trabaja con datos similares a los del ISA. A diferencia del Cimi, ninguna de las dos instituciones cuenta las tierras reclamadas pero aún fuera de los procesos burocráticos de demarcación.

Que las tierras indígenas estén demarcadas y protegidas es clave para intentar contener el avance de la catástrofe climática. La revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences publicó en 2020 una investigación que demuestra el papel esencial de los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales en la estabilización del clima. Los indígenas son los más eficaces a la hora de mantener las reservas de carbono: ayudan, en sus tierras demarcadas, a regular el clima y evitar que el planeta se caliente todavía más. Algo que el presidente Lula reconoció el 28 de abril: «Tendremos que trabajar mucho para poder demarcar el mayor número posible de tierras indígenas. No solo porque es un derecho, sino porque, si queremos llegar a 2030 con deforestación cero en la Amazonia, los necesitaremos a ustedes», dijo en el Campamento.

El retraso en la demarcación agrava conflictos como los que tienen lugar en la Tierra Indígena Morro dos Cavalos, en Palhoça, en la costa del estado de Santa Catarina. Allí, 600 indígenas Guaraníes Mbya y Guaraníes Ñandeva son víctimas de los ataques de especuladores interesados en las tierras, situadas entre la carretera BR-101 y el mar. El proceso de demarcación está parado desde 2008. En el sur de Bahía, donde el pueblo indígena Pataxó lleva esperando la demarcación de la Tierra Indígena Aldeia Velha desde 1998, unos sicarios asesinaron a un adolescente en septiembre de 2022. El movimiento indígena esperaba que Lula firmara la homologación de las tierras indígenas Morro dos Cavalos y Aldeia Velha en abril, lo que no sucedió.

Una vez terminado, el informe con los estudios y las conclusiones del grupo de trabajo que examinó la demarcación de una tierra indígena se entrega a la presidencia de la Funai, responsable de aprobarlo. Desde principios de 2023, Joenia Wapichana solo ha sancionado dos de estos procesos, reconociendo la Tierra Indígena Sawre Ba’pim, en Itaituba (Pará), del pueblo Mundurukú, y la Tierra Indígena Krenak de Sete Salões, en Resplendor (Minas Gerais), del pueblo Krenak.

Una vez aprobado el informe, debe publicarse un resumen en los boletines oficiales: el federal y el del estado donde esté ubicada la futura tierra indígena. Se abre así un plazo de 90 días para presentar objeciones. Particulares, empresas, municipios y gobiernos pueden cuestionar el informe y reclamar una indemnización. Una vez recibidas las impugnaciones, la Funai tiene 60 días para responderlas y luego remitirlo todo al Ministerio de los Pueblos Indígenas (hasta finales de 2022, se remitía al Ministerio de Justicia).

A partir de ese momento, comienza el plazo de 30 días para que el Ministerio de los Pueblos Indígenas decida si el proceso puede proseguir. En este caso, debe elaborar una ordenanza en la que declare los límites de la tierra indígena y determine su demarcación física. Pero si cree que hay problemas en el proceso, la cartera puede devolverlo a la Funai y solicitar medidas adicionales. Esta posibilidad abre un resquicio para que los gobiernos veten demarcaciones: en 2019, el entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, devolvió a la Funai varios procesos que estaban sobre su escritorio para que hiciera «ajustes», con el fin de garantizar que Bolsonaro cumpliera su promesa de «no demarcar ni un centímetro de tierra indígena».

Hay al menos 45 procesos de demarcación a la espera de que los firme la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. El informe del grupo técnico del gobierno de transición recomendaba que se emitieran resoluciones declaratorias en 12 de ellos. Se trata de un lote de procesos que estaban listos pero que Sergio Moro ordenó devolver a la Funai en 2019 y, así, impidió que avanzaran. Aunque ahora solo dependen del Ministerio de los Pueblos Indígenas, todavía no han avanzado por la falta de estructura y de personal.

La precaria estructura del Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado en enero, es evidente. El ministerio ni siquiera cuenta con personal propio y, en sus poco más de cuatro meses de existencia, ya se ha convertido en el objetivo preferido de la bancada ruralista, que quiere borrarlo del mapa. El partido Progresistas le pidió a la Corte Suprema que le retirara la competencia para demarcar nuevas tierras indígenas. Pero el diputado federal Sergio Souza, que presidió el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) entre 2021 y 2022, quiere ir más allá. El político del partido Movimiento Democrático Brasileño presentó una enmienda a la Medida Provisional 1.154 proponiendo la extinción del ministerio. Esa medida, que Lula firmó en su primer día de mandato, creó la actual estructura del gobierno federal —que incluye la cartera de los Pueblos Indígenas—, pero tiene que aprobarla el Congreso.

Cuando se publica una resolución que declara una tierra indígena, el proceso vuelve a la Funai, para que se haga la demarcación física del área. Esta es la fase más costosa del proceso, ya que requiere la contratación de empresas especializadas que se desplacen sobre el terreno para localizar los límites de la tierra indígena. En esta fase se encuentran 68 procesos de demarcación, según el ISA.

«Debido al pequeño cuerpo técnico que existe actualmente, los trabajos de georreferenciación se realizan mediante la contratación de empresas de topografía y geodesia a través de una licitación», explicó por escrito la Funai, en respuesta a las preguntas de SUMAÚMA. «Hay unas 50 tierras indígenas aún por georreferenciar y se ha iniciado una licitación para contratar en algunas áreas, aún sin especificar en función del presupuesto». Es decir: no hay dinero.

También es durante esta fase cuando se desalojan los no indígenas que, por cualquier motivo, ocupan la tierra indígena. Según la legislación, no es necesario indemnizar a los ocupantes ilegales o hacendados que vivan o produzcan en territorio declarado de ocupación tradicional indígena. Por otro lado, se les indemniza por las mejoras que hayan realizado en la zona, siempre que las hayan hecho de buena fe. Hay casos complicados en los que ocupantes no indígenas fueron asentados en tierras indígenas por programas gubernamentales del pasado, una situación radicalmente distinta a las habituales invasiones de los ladrones de tierras públicas.

«Para tener una idea, el pago de indemnizaciones por las mejoras realizadas de buena fe en las 14 tierras identificadas como aptas para la homologación [tras la elección de Lula] ronda los mil millones de reales [202,4 millones de dólares]», informó a SUMAÚMA Kleber Karipuna, uno de los coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y también coordinador del grupo técnico de los pueblos indígenas en el gobierno de transición. El elevado costo de las indemnizaciones es otro obstáculo para cumplir la promesa que hizo Lula en el Campamento Tierra Libre.

Kleber Karipuna, como otros líderes indígenas, escuchó la promesa del presidente, pero se enfrentó a la realidad: «Somos muy conscientes de que el gobierno de Lula, en estos poco más de tres años y ocho meses [que le quedan de mandato], no podrá remediar el déficit de demarcaciones». Esa misma cautela puede no reverberar entre los miles de indígenas que sufren a diario la violencia de los invasores porque sus tierras aún no están demarcadas y respetan mucho la palabra que dada por un presidente.