Dos minutos después de apagar el incendio criminal en un puente de troncos, agentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) temen haber llegado a un punto culminante. Otro puente de madera, este de 10 metros de largo, había sido destruido por motosierras, impidiendo el avance de las camionetas de inspección. Del otro lado, kilómetros después del puente arruinado, otro grupo de agentes del Ibama y policías de la Fuerza Nacional custodian una manada ilegal de 500 cabezas de ganado. Los invasores ilegales de la Tierra Indígena Ituna/Itatá, en los municipios de Coronel José Porfírio y Altamira, al sur del estado de Pará, en la Amazonia brasileña, destruyeron el puente. Destruir puentes es una estrategia de los ladrones de tierras públicas para evitar la retirada de cerca de 5.000 cabezas de ganado de una de las tierras más conflictivas de la Amazonia brasileña. Desde el 17 de agosto, cuando empezó el operativo denominado Eraha Tapiro, el más grande que ya haya realizado el Ibama para sacar ganado de una tierra indígena, los invasores de tierras y sus peones se enfrentan a las fuerzas del Eraha. Es una guerra.

Con 142.000 hectáreas, casi el tamaño de São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, la Tierra Indígena Ituna/Itatá es el hogar de un grupo de indígenas que evita el contacto con los no indígenas, conocidos como “aislados del Igarapé Ipiaçava”. Desde principios de la década de 1970 los han avistado colonos, exploradores del sertón y otros pueblos originarios. En 2011, el inicio del proceso de demarcación del territorio desencadenó una carrera por la invasión de la zona por parte de terratenientes de la región y otros aventureros, amenazando la selva y a sus habitantes originarios.

Para protegerlos, a partir de 2011 la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) limitó el acceso al territorio solo a personas autorizadas por el organismo. Es una medida necesaria para salvarlos de virus como los de la gripe o el sarampión, que pueden exterminar a poblaciones enteras. Entre los siglos XVI y XVII más del 90% de los indígenas de algunas regiones de América fueron diezmados, principalmente por las enfermedades traídas a bordo del cuerpo de los invasores europeos.

Sin embargo, la medida de Funai fue ampliamente ignorada. Entre 2018 y 2021 Ituna/Itatá estuvo entre las tres tierras indígenas más deforestadas de Brasil. En 2019 fue la más destruida del país, con 12.000 hectáreas de selva perdidas, un asombroso aumento del 656% en comparación con 2018. Una hectárea equivale, aproximadamente, al área de un campo de fútbol. Actualmente, el 94% del territorio de Ituna/Itatá está registrado por invasores ilegales de tierras en el Registro Ambiental Rural (CAR, en su sigla en portugués) de Pará. El registro en el CAR, que tiene una finalidad puramente formal y es una exigencia de la ley ambiental, se ha utilizado en la práctica como una forma de “alentar” la posesión ilegal de tierras, dotando al área robada de un documento oficial.

Desde el año pasado, los inspectores del Ibama planeaban un operativo para retirar todo el ganado criado ilegalmente en Ituna/Itatá. Eraha Tapiro, en la lengua de los Asurini, uno de los pueblos indígenas de la zona, significa “llevar ganado”. El Ibama sobrevoló la zona durante semanas para localizar 21 manadas de ganado que estaban esparcidas en varios lugares de la tierra indígena. Finalmente, salió a campo el 17 de agosto con la ayuda de agentes de la Funai, la Policía Nacional, la Policía Nacional de Carreteras, la Fuerza Nacional, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y la Agencia de Defensa Agropecuaria de Pará (Adepará).

“Es el operativo más desafiante en el que he participado”, relata Chiara Laboissiere, analista ambiental del Ibama que trabaja en campo como una especie de secretaria administrativa del Eraha Tapiro. Los blancos de la acción gubernamental no son solo uno, sino varios criminales ambientales que invadieron y crían ganado en la tierra indígena. Hay que reunir las diversas manadas esparcidas por el territorio en un lugar estratégico, una “hacienda” transformada en base de operaciones por el Ibama. Desde allí, poco a poco, serán embarcados en camiones y llevados para ser sacrificados en un matadero de la zona de Altamira, a más de 100 kilómetros de distancia, por caminos precarios y sin asfaltar. Como cada camión puede transportar entre 15 y 20 cabezas de ganado por viaje, el operativo tiene que repetirse decenas de veces. Este trabajo, que de por sí ya sería bastante complejo, se enfrenta a un sabotaje sistemático de los dueños del ganado. Profundos conocedores de la zona y miembros de las elites locales, tienen la audacia de quienes circulan con la desenvoltura de la impunidad: ni siquiera las armas pesadas, ostensiblemente exhibidas por los policías que ayudan a los agentes del Ibama, los intimidan.

“En la zona de Ituna/Itatá hasta 2011 solo había selva. Fue el inicio del proceso de demarcación que desencadenó la invasión de los criadores de ganado”, explica el inspector del Ibama Givanildo Lima, de 50 años. Con una manera mansa de hablar y gestos comedidos, comanda el Operativo Eraha Tapiro. “La deforestación de Ituna/Itatá fue planificada y ejecutada por una banda de criminales que tenía un gran poder político. Hacer que este operativo tenga éxito demuestra nuestra capacidad de luchar contra el crimen en la Amazonia, que está cada vez más organizado”.

Givanildo charla con el reportero de SUMAÚMA sentado en un banco de madera en el zaguán de la casa de una hacienda ilegal que sirve de base del operativo. Este zaguán de cemento es la única parte de la construcción que está hecha de albañilería. El resto de la casa es de madera, pintada de celeste, con techos bajos y tejas de amianto, combinación que hace que la casa mantenga el intenso calor de los días de verano amazónico incluso después del atardecer. Agosto suele ser uno de los meses más calurosos del año y en 2023 puede que El Niño esté acentuando la sequía. En la larga mesa junto al banco se sirve la cena preparada por los empleados de la Funai: grandes ollas de arroz y frijoles, farofa, carne cocida y ensalada de repollo. Agentes ambientales y policías se sirven en platos hondos de vidrio templado.

El área de la hacienda que el Ibama utiliza como base fue invadida ilegalmente por un hombre llamado Danilo José Barros Rocha, que tiene casas en Marabá y Altamira, las dos ciudades más grandes de la zona. Oficialmente, según registros de la agencia Adepará, Rocha posee solo 70 animales. Pero en el área de 800 hectáreas, 330 de las cuales están deforestadas, que tomó ilegalmente e inscribió en el Registro Ambiental Rural (CAR) de Pará, los inspectores encontraron 400 cabezas de ganado Nellore. SUMAÚMA intentó contactar a Rocha a través de su abogado, Ivonaldo Cascaes, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje. SUMAÚMA sigue disponible para escuchar su declaración.

Danilo Rocha ya había sido notificado por el Ibama en 2022 para que sacara a los animales del territorio indígena. Ahora, además de la confiscación del ganado, deberá pagar una multa de 500.000 reales. Cada animal aprehendido puede valer hasta 5.000 reales. “La principal causa de la deforestación en esta zona siempre ha sido el ganado. Así que lo único que nos queda es incautar las manadas, causándoles pérdidas económicas a los invasores, para resolver el problema”, considera el coordinador del operativo. El inspector se refiere a la estrategia de los invasores de asegurarse la posesión de las tierras, de las que se apoderaron ilegalmente, poniendo ganado para darles una apariencia de “productividad” y “propiedad”. Lo hacen apoyándose en el patrón histórico de varios gobiernos brasileños que terminaron “legalizando” el delito de apropiación de tierras públicas con proyectos de ley de regularización, aprobados por Congresos dominados por el agronegocio depredador. De este modo, los invasores se convierten oficialmente en “productores rurales”, “hacendados” y “ganaderos”. Cuando llega la inspección, los invasores difunden la narrativa de que el Estado intenta “impedirles trabajar” y “producir alimentos”.

La hacienda de Rocha fue elegida como base del operativo por su ubicación estratégica, lo que facilita la llegada de los camiones que retirarán el ganado, pero también es simbólica. “La primera multa por deforestación en la TI Ituna/Itatá fue precisamente en esa hacienda en 2013, a causa de una deforestación realizada en 2012”, cuenta Givanildo. Fue en esa época cuando la destrucción de la selva empezó a delinear un mapa de devastación en esa zona. Desde entonces, la situación ha empeorado exponencialmente. El intento de demarcar Ituna/Itatá avanzó poco en los 12 años que abarcaron los gobiernos de Dilma Rousseff, del partido de los Trabajadores (PT), Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Jair Bolsonaro (elegido por el Partido Social Liberal, actualmente União Brasil, que hoy está en el Partido Liberal).

La estrategia es perversa: los invasores ilegales avanzan por el territorio, instalan sus bases y ahuyentan a los pueblos indígenas aislados. De esta forma pueden argumentar que no existen pueblos originarios y por eso no cabe la decisión de demarcar. Existen similitudes en cuanto a los métodos utilizados, siglos atrás, por los bandeirantes, los antiguos colonizadores portugueses, que cazaban y esclavizaban a los indígenas, apoderándose de sus tierras que luego se convertirían en los latifundios que hasta hoy determinan la concentración de tierras en Brasil.

En el bosque vecino a la casa del invasor Danilo Rocha, empleados de la Funai que participaron en el operativo encontraron un instrumento de piedra pulida que, sospechan, es utilizado por los indígenas aislados de la zona como una especie de hacha, lo que es un indicio de que la casa fue construida en territorio tradicional indígena.

La ruta más corta entre Altamira –la ciudad más cercana con oficinas regionales del Ibama y otros organismos públicos involucrados en el operativo– y la TI Ituna/Itatá cruza Vila Mocotó. Este pueblo, que forma parte del municipio de Coronel José Porfírio, está formado por unas pocas calles de tierra y algunas decenas de casas, la mayoría construidas con madera procedente de la deforestación. Conocida como el cuartel general de los invasores ilegales, Vila Mocotó está a solo 30 kilómetros del inicio de la TI Ituna/Itatá. La proximidad la convierte en un lugar estratégico para los delitos ambientales que combate el Ibama en la tierra indígena. Según los agentes del órgano, en Vila Mocotó vive la mayoría de los peones que manejan el ganado criado ilegalmente en Ituna/Itatá y los pistoleros que se encargan de la vigilancia, además de varios propietarios de pequeñas manadas.

La sencillez y la aparente precariedad de Vila Mocotó disfrazan el poder económico de los verdaderos protagonistas de la invasión de tierras en Ituna/Itatá. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicado en mayo de 2021, señala que un tercio de las 223 “propiedades” ubicadas en tierras indígenas inscritas en el Registro Ambiental Rural de Pará tienen más de mil hectáreas. La deforestación por tala rasa (como se denomina la eliminación total de árboles) requiere maquinaria pesada y cuesta al menos 3.000 reales (unos 600 dólares) por hectárea. La invasión ilegal de tierras a esta escala exige capital.

Además del poder económico, la estructura que sostiene Vila Mocotó está garantizada por poderosos aliados políticos, entre los que se encuentra el senador Zequinha Marinho (Partido Podemos). Pastor de la iglesia evangélica Asamblea de Dios, Marinho empezó su carrera política en la década de 1990, fue elegido diputado federal por primera vez en 2003 y se candidató a gobernador, con el apoyo de Jair Bolsonaro en 2022, pero perdió ante Helder Barbalho (MDB). El senador ya se refirió a los empleados del Ibama que reprimieron crímenes ambientales en Vila Mocotó, cerca de Ituna/Itatá, como “bandidos y vagos” y envió una carta oficial pidiendo al entonces presidente del Ibama, Eduardo Bim, que tomara “medidas apropiadas” contra los agentes ambientales. En ese documento afirma que “está comprobado que no hay indígenas aislados en la zona de Ituna/Itatá”, lo que es mentira. SUMAÚMA envió preguntas a la asesoría de prensa del senador. Una de las preguntas cuestionaba si mantiene el apoyo a los invasores incluso después de los actos de sabotaje contra el Ibama.

“El senador Zequinha Marinho defiende y seguirá defendiendo los derechos de las familias de agricultores que viven desde hace décadas en la zona conocida como Ituna-Itatá y áreas adyacentes”, contestó por escrito la asesoría del político. Marinho también reafirmó que “Ituna-Itatá no es tierra indígena”, aprovechando para ello la decisión adoptada por la Funai en enero de 2022, durante el gobierno de Bolsonaro, de retirar la interdicción del territorio para realizar estudios sobre la presencia de indígenas aislados. Sin embargo, meses después, en junio, Marcelo Xavier, el entonces presidente bolsonarista del órgano, se echaría atrás. La misma Funai, además, afirmó que tras la retirada del ganado mediante el operativo Eraha Tapiro, “finalmente podrán avanzar los estudios de localización de pueblos aislados en la zona”. A través de su asesoría, el senador afirmó que “nunca apoyó ni apoyará a sospechosos de invadir tierras públicas y destruir vegetación nativa”, pero que “reconoce y defiende la legitimidad de las familias de agricultores que no pueden ser vistas ni tratadas como invasoras ni propietarios ilegales, tampoco como delincuentes”.

Cuando el convoy compuesto por vehículos del Ibama y de la Fuerza Nacional cruza Vila Mocotó, es imposible no notar la actitud hostil de los vecinos hacia la inspección ambiental, se los ve salir de las casas inmediatamente, dejan lo que estaban haciendo y encaran los vehículos y a sus ocupantes. Otros se asoman a la puerta o a la ventana y solo observan. El paso del convoy también quedará registrado y reenviado inmediatamente a los grupos de WhatsApp. La información es fundamental para planificar acciones de sabotaje como la destrucción de puentes. Los inspectores monitorean los movimientos de los invasores, pero saben que también son vigilados.

Un equipo de funcionarios del Ibama, la Funai y el ICMBio trabaja desde hace tres horas en una solución alternativa después de que el puente fue destruido por los invasores criminales. La solución que encontraron fue la de usar partes de la estructura destruida para montar una especie de pasarela sobre el río por la que puedan pasar los camiones. Mientras los inspectores intentan abrir el paso a sus compañeros que escoltan las 500 reses incautadas, los criminales prendieron fuego a la vegetación que bordea la carretera. Los delincuentes esperan que el fuego asuste a los animales, dificultando su transporte hasta la base del operativo.

Estas 500 cabezas de ganado, según el Ibama, pertenecen a un invasor llamado Welton Borges da Silva, de quien se sospecha que mantiene 2.000 animales en un área de 5.000 hectáreas en Ituna/Itatá. Borges tiene 10.000 cabezas de ganado registradas en Adepará, el organismo encargado de registrar las manadas en el estado. Sin embargo, según los documentos oficiales, todos sus animales se encuentran en haciendas ubicadas en Marabá, a cientos de kilómetros de allí, por lo que Adepará iniciará un proceso en su contra debido a tránsito ilegal de ganado y con multa de casi 6 millones de reales del Ibama por infracción ambiental. Este invasor ilegal colecciona multas de esta magnitud desde 2008, pero, según Ibama, nunca ha pagado ninguna.

La zona donde los inspectores encontraron el ganado de Borges en Ituna/Itatá tiene tres registros distintos del CAR, todos a nombre de terceros. A pesar de que los animales llevan las iniciales WB grabadas en sus cuerpos, Borges suele alegar que es nada más que el administrador de las haciendas. Esta es una estrategia para evitar que cualquier incautación de ganado ilegal en la tierra indígena genere problemas legales al ganado que mantiene en otras áreas de Pará. La abogada de Borges, Andreia Leal, dijo a SUMAÚMA que “él no invadió tierras dentro de la TI Ituna/Itatá, no mantiene ni ha tenido nunca ganado dentro del área en cuestión, no ha cometido ningún delito y no ha sido notificado por el órgano ambiental”.

La estrategia de los invasores de bloquear el paso del ganado con fuego no logró impedir el avance del operativo. A pesar del humo y de los numerosos focos de incendio que se extienden a lo largo de 30 kilómetros de carretera, la manada avanza lentamente hacia la base del operativo, conducido por vaqueros traídos de otras regiones de Pará. Demandará todavía algunas horas más hasta que, ya entrada la noche, lleguen a su destino.

El día amanece recargado de expectativa: es la salida del primer convoy de camiones cargados de ganado rumbo al matadero. El operativo liderado por el Ibama logró contratar a siete camioneros. Tan pronto como se difundió la noticia, comenzaron a verse amenazados por los criminales invasores. “A este vago le gusta traicionar al productor rural… por eso hay aprehensión de ganado… por culpa de estos traidores”, dice un mensaje que circula en grupos de WhatsApp de la zona. “Pero todo el mundo de Mocoto sabe lo que está de por medio. Veamos adónde va esto”, amenaza el mensaje, con errores ortográficos en el texto original en portugués.

El autor de los mensajes, según el Ibama, es Leonardo Martins Rocha. Además de disparar amenazas por mensaje de texto, también amenazó personalmente a uno de los camioneros. Leonardo es un primo de Danilo Rocha, el invasor de la hacienda que se usa como base para el operativo. En las redes sociales se presenta como comprador y vendedor de ganado. Según los inspectores, Leonardo también es invasor ilegal de un área de más de 1.300 hectáreas en Ituna/Itatá. Las amenazas que profirió fueron transmitidas a la Policía Federal, que debe abrir una investigación. A SUMAÚMA, en un diálogo por teléfono, Leonardo desafió a la Funai: “Como ellos quieren, [la zona] nunca será [demarcada], saben que allí no hay indios”. También negó haber amenazado a uno de los camioneros. “Fue sólo un malentendido, puedes preguntárselo. No tenemos ningún problema entre nosotros, somos amigos, yo también tengo un camión de ganado”.

Mientras los camioneros esperan a que carguen el ganado, los funcionarios se preparan para la acción. Algunos aprovechan para bañarse en un arroyo a pocos metros de la casa y aliviar el calor. Otros se toman un café muy dulce, como le gusta a la gente de la zona, en sencillos vasos de vidrio. En la cocina, una funcionaria de la Funai juega con un gatito siamés que encontró entre el ganado a kilómetros de distancia, que pretende adoptar y llevarse a casa. Una agente del Ibama le pide a Chiara que se haga trenzas en su largo pelo negro para aliviar el calor.

La pausa dura poco. Uno de los puentes de la ruta que se utilizaría para transportar el ganado a Altamira amaneció destruido. Con la ayuda de tres helicópteros del Ibama, los inspectores sobrevuelan la zona en busca de rutas alternativas. La intención es evitar el paso por Vila Mocotó, donde habría riesgo de reacción de los vecinos. Se envía a un equipo de la Fuerza Nacional para proteger un puente crucial en una de las rutas alternativas. La orden es impedir que sea blanco de saboteadores. Mientras tanto, un camionero sube a uno de los helicópteros para evaluar si los vehículos largos y pesados podrán pasar por allí. “Positivo”, dice afirmando.

Ya con una ruta definida, empiezan a cargar los animales en los camiones. A las 14:00, un convoy formado por vehículos de la Policía Nacional de Carreteras, de la Policía Nacional y del Ibama sale de la base del operativo. El recorrido tiene poco más de 100 kilómetros, pero el viaje llevará mucho tiempo: el camino es malo, lleno de baches y hay que hacer paradas frecuentes para comprobar el estado de los animales.

Los toros y las vacas son víctimas inocentes de la guerra trabada contra la naturaleza en la Amazonia. Ya agotados por la caminata de la noche anterior, tendrán que aguantar ocho horas sacudiéndose en la parte trasera de los camiones con una sensación térmica que supera los 40 grados centígrados. No es un camino hacia la libertad, sino hacia la muerte. Los animales lo saben. Lo presienten y se desesperan. Una de las vacas intenta saltar la valla antes de ser cargada. Con este gesto se le rompe el pescuezo. Está preñada. Cuando finalmente lleguen a su destino, todos serán sacrificados y se podrá donar la carne a programas sociales.

El convoy finalmente llega a la región de Assurini, donde los espera una balsa para llevar los camiones a Altamira, en la orilla opuesta del río Xingu. El embarque es lento. Ya pasa de la medianoche cuando los camiones abandonan la balsa para recorrer los últimos kilómetros hasta el matadero. Este primer viaje retiró solo 123 animales criados ilegalmente en la Tierra Indígena Ituna/Itatá e impuso multas que, si se pagan, suman 15 millones de reales. El Ibama calcula que harán falta semanas para sacar las 5.000 cabezas de ganado del territorio indígena.

El mayor operativo de retirada de ganado jamás realizado muestra la disposición del gobierno de Lula de volver a inspeccionar los crímenes ambientales cometidos contra la Amazonia, tras cuatro años de impunidad del gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro (2019-2022). De todos modos, será solo con la demarcación del territorio que la selva tendrá posibilidades de permanecer en pie. En distintos lugares de lo que todavía queda de la selva, indígenas aislados deben estar observando el movimiento. Si se los respeta, nunca sabremos qué piensan de la civilización que los acorrala y los mata.