«Disparos, puñetazos y bombas», responde Evair Vieira de Melo a dos periodistas de la agroindustria que lo saludan con un prosaico «buen día». Técnico agrícola afiliado al partido Progresistas, cumple su tercer mandato como diputado federal por el estado de Espírito Santo. Es el típico político bolsonarista: habla alto, murmura frases inconexas en tono desafiante, viste descuidadamente. El tema de la conversación que comienza son los incendios forestales que asolan la Amazonia, el Pantanal y que han llegado a São Paulo, poniendo en alerta a 48 ciudades, cerrando aeropuertos y asfixiando con humo al estado más rico de Brasil.

Es martes 27 de agosto, última hora de la mañana, en una mansión de estilo colonial de Lago Sul, el barrio más caro de Brasilia. La renta media de los residentes supera los 20.000 reales al mes (unos 3.700 dólares). Si fuera un municipio, Lago Sul sería con diferencia el más rico de los 5.570 de Brasil, según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas. La casa, con sus paredes de terracota y grandes ventanales de madera pintada de verde y aleros blancos, es la sede del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) y del Instituto Pensar Agropecuária (IPA). El FPA, más conocido como «la bancada ruralista», es el frente multipartidista más numeroso y mejor organizado del Congreso brasileño. Esto se debe en gran parte al IPA, el centro de mando financiado por 57 asociaciones empresariales que formula proyectos de ley y estrategias para los políticos. 

«Tengo la impresión de que [la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático] Marina [Silva] se quemó y se hizo humo», se ríe Melo, uno de los vicepresidentes del FPA en la Cámara de los Diputados. El día anterior, el bombero Uellinton Lopes dos Santos, de 39 años, había muerto mientras luchaba contra un incendio forestal en la Terra Indígena Capoto/Jarina, en Mato Grosso. Uellinton trabajaba para el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), vinculado al ministerio de Marina Silva. La nota de pesar que emitieron los dos organismos explica que «el cuerpo fue localizado el lunes por la mañana (26 de agosto), a 1 km aproximadamente de una línea de defensa contra el fuego».

Me acerco y pregunto si Melo puede darme un ejemplo de un proyecto de ley contra los incendios forestales que defienden los «ruralistas». Parece sorprendido, al principio tartamudea. «Y quién ha dicho que… Ah… Ah… Los que queman la selva son delincuentes, eso es cosa de la policía. Eso ya existe, hermano. Habría que ser irracional para decir que alguien de la agroindustria está implicado en esto», afirma, sin que yo haya hecho ninguna acusación contra el poderoso sector económico al que representa. «La prensa, Marina Silva, en el gobierno de Bolsonaro, [decían que] todo era culpa [de Bolsonaro], [que fue] Bolsonaro quien prendió fuego. ¿Y ahora? ¿Van a volver a decir que es Bolsonaro?», continúa, mientras golpetea repetidamente mi pecho con su dedo índice. «¿Y el incendio de California? ¿Y el incendio de España? ¿Sigues lo que sucede en Australia? ¿En Nueva Zelanda? Tienen que dejar de hablar mal de Brasil. Tenemos que crear una política pública que les compre un billete de ida [al extranjero] a quienes hablen mal de Brasil».

Melo y sus compañeros de bancada están molestos por unas declaraciones que Marina Silva hizo el domingo 25 de agosto. Al comentar los sucesos de São Paulo, la ministra ponderó que los incendios simultáneos eran «atípicos» y recordaban al «día del fuego». Se trata del episodio que tuvo lugar en agosto de 2019, en el que ladrones de tierras públicas y ganaderos asentados en los márgenes de la carretera BR-163, en el suroeste del estado de Pará, presuntamente provocaron una serie de incendios para «mostrar sus servicios» al entonces presidente Jair Bolsonaro. Pese a subrayar que la mayoría de los fuegos se iniciaron en zonas de propiedad privada, Marina Silva tampoco culpó a la agroindustria de los incendios de São Paulo, el Pantanal y la Amazonia. Pero la bancada ruralista se dio por aludida.

El cabildeo —es decir, tratar de influir en las decisiones de los agentes políticos— no es ilegal ni incompatible con la democracia. En el Congreso es habitual encontrarse con cabilderos de todo tipo. Funcionarios presionando para que se aprueben leyes que les benefician; policías militares, de carreteras, guardias civiles, uniformados, pidiendo ayuda para cuestiones de su interés; hombres trajeados, discretos, esperando conversaciones privadas en los despachos. La diferencia del grupo de presión ruralista reside en su fuerza, tamaño y estructura. Para empezar, las entidades que componen el IPA ni siquiera necesitan acudir a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Son los diputados y senadores los que van a Lago Sul.

Las asociaciones empresariales que financian el Instituto Pensar Agropecuária están formadas por marcas de peso, como Danone, Kellogg’s, Heineken; grandes bancos como Bradesco, Itaú, Santander; compañías de seguros como Porto Seguro y Tokio Marine, o el operador de telefonía Vivo. Miles de asociaciones rurales, ingenios de azúcar y etanol, industrias de todo tipo, bufetes de abogados y empresas del sector financiero componen las 57 organizaciones que apoyan el IPA. Algunas empresas, como los fabricantes de pesticidas Bayer, Basf y Syngenta, las multinacionales alimentarias estadounidenses Bunge y Cargill, las brasileñas BRF y JBS y la suiza Nestlé integran no una, sino varias de estas patronales. Cada entidad (la lista completa figura en la siguiente infografía) paga una cuota mensual para sufragar el alquiler de la mansión y el pago de los empleados del instituto, que son 30 según la web oficial. La cantidad se mantiene en secreto, pero las fuentes dicen que las cifras oscilan entre 14.000 y 20.000 reales al mes (2.500 y 3.700 dólares). Tomando como base la cifra más baja, eso supone un presupuesto mensual de más de 800.000 reales (147.000 dólares).

Muchas de las marcas cuyas patronales forman el IPA aseguran a sus consumidores que están comprometidas con la conservación del medio ambiente. Pero en la casa de Lago Sul, sus entidades sectoriales se dedican a crear proyectos que van en el sentido contrario. La ley que facilitó el uso de pesticidas, la que impuso un hito temporal (marco temporal en portugués) para demarcar las tierras indígenas, las propuestas para reducir la reserva legal en haciendas de la Amazonia, las que buscan asfixiar financieramente el Ibama, flexibilizar las licencias ambientales o dificultar la creación de nuevas unidades de conservación ambiental son solo algunos ejemplos. Como dijo Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, la mansión alberga «el centro de producción legislativa de retroceso medioambiental». Y sus operadores prefieren trabajar lejos del escrutinio público.

Los martes son el día de mayor actividad en el IPA. Es el día en que su presidente, el exdiputado del Partido de la Social Democracia Brasileña Nilson Leitão, de Mato Grosso, recibe a los líderes de la bancada ruralista en el Congreso para definir las prioridades y estrategias de la semana. A continuación, se sirve el almuerzo a los cabilderos y parlamentarios —ese día, el menú incluía pechuga de pollo a la parrilla, bistec, arroz, puré de mandioca y ensalada— reunidos en torno a una mesa rectangular en la Sala Homero Pereira. Es un homenaje al político de Mato Grosso que fue estratégico para la creación del instituto, autor del proyecto de ley que dio origen a la ley del hito temporal. Homero Pereira falleció de cáncer en 2013, a los 58 años.

Todo ocurre a puerta cerrada. Se confina a los periodistas en la sala de prensa, donde dos sofás de cuero y dos mesas de centro, arrimadas a una pared, componen la decoración. Sobre ellas, algunas publicaciones que alaban al sector se ofrecen como pasatiempo: una está dedicada a la «responsabilidad social y ambiental» de la industria tabaquera. Junto a la puerta de entrada, una pancarta con el logotipo del Frente Parlamentario Agropecuario, idéntico al del Instituto Pensar Agropecuária. Frente a él, sobre una tarima, tres micrófonos. Son del Canal Rural, que pertenece a J&F, propiedad de los hermanos Joesley y Wesley Batista; del Canal Agro+, fruto de una asociación entre el Grupo Band, el propio IPA y la Confederación de Agricultura y Ganadería; y el Canal do Boi, fundado por un ganadero de Campo Grande en la década de 1990 para retransmitir subastas de animales y que afirma ser «la primera emisora de la agroindustria del mundo». Pero hoy lo único que se dirá a la prensa será una breve y confusa declaración de Evair de Melo. Las preguntas de SUMAÚMA al diputado llegaron rápidamente a oídos del departamento de comunicación del IPA, que decidió cancelar la rueda de prensa que habitualmente ofrece el presidente del FPA, el diputado federal Pedro Lupion, del Progresistas de Paraná.

Desde la sala de prensa, la única vista del interior de la mansión está bloqueada por una puerta que custodia una empleada de comunicación del IPA. En cuanto pasan los diputados y otras personas trajeadas, se abre y se cierra rápidamente. Invariablemente, la manija se cae y hay que volver a colocarla. En el patio de la mansión, veo a una mujer que circula con una identificación de CropLife Brasil, una asociación de fabricantes de pesticidas. Me presento y le pido una entrevista. Ella se disculpa y me dice que no puede hablar, pero que sin duda el IPA estará encantado de responder a mis preguntas. Mientras tanto, la periodista Julia Dolce, que también se encuentra en la mansión, fotografía carteles con los nombres de algunas de las organizaciones cuyos representantes han asistido al almuerzo de ese martes. Inmediatamente, un empleado del instituto se le acerca y le ordena que borre las fotos. Como me diría unos días después el ejecutivo de una de las organizaciones que componen el IPA, nada de esto es casual.

Me dirijo a la portería y pido hablar con la jefa de comunicación del IPA y el FPA, Danielle Arouche. Mientras espero, un tipo bajito con pantalón de vestir y camisa blanca pasa a mi lado y dice: «Los periodistas son para darles de comer aparte». Cuando por fin me dejan entrar para hablar con Arouche, está sentado junto a ella en una mesa de reuniones. Se trata de Ibiapaba Netto, que se labró una carrera como periodista en medios como O Estado de S.Paulo e Istoé Dinheiro Rural antes de pasar a trabajar como asesor de comunicación para grandes grupos económicos. Desde 2013, es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores de Jugos Cítricos. También ha coordinado las comisiones de Comunicación y Relaciones Internacionales del IPA; actualmente, según su perfil de LinkedIn, dirige la Comisión Laboral.

Contrariamente a lo que había previsto la representante de CropLife Brasil, la jefa de comunicación me informa de que no se responderá a ninguna de las preguntas que se enviaron al IPA. «El instituto solo habla con el sector. Quien habla con la sociedad es el FPA», se justifica. Pero Pedro Lupion tampoco aceptó hablar conmigo. Por este motivo, el 23 de agosto envié las preguntas por correo electrónico; un mes después, las respuestas aún no habían llegado. Mis preguntas, aseguran Danielle Arouche e Ibiapaba Netto, son «tendenciosas».

El interés de SUMAÚMA por retratar el IPA parece haber desencadenado una orden de silencio. Una persona con acceso a los bastidores del instituto me contó que el personal de comunicación intentó averiguar quién me estaba pasando información. Ningún político del frente respondió a las peticiones de entrevista de SUMAÚMA. Ni siquiera el otro vicepresidente del FPA en la Cámara de los Diputados, Arnaldo Jardim, del partido Ciudadanía, accedió. Político considerado moderado y educado, está vinculado al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin. También se enviaron preguntas a Zequinha Marinho (Podemos, vicepresidente del frente en el Senado) y a los diputados Marussa Boldrin (Movimiento Democrático Brasileño, vicepresidenta del frente por la región Centro-Oeste), José Rocha (Unión Brasil, vicepresidente por la región Nordeste), Domingos Sávio (Partido Liberal, vicepresidente por la región Sudeste) y Luiz Nishimori (Partido Social Democrático, vicepresidente por la región Sur). Vicentinho Júnior (Progresistas), que figura en la página web del FPA como vicepresidente por la región Norte, ha dejado su puesto de diputado federal para asumir una secretaría del gobierno de su estado, Tocantins.

Al final de ese martes, el FPA emitió un comunicado de prensa. Como los incendios que destruyen desde hace años la vegetación autóctona de la Amazonia, el Pantanal y el Cerrado ahora están causando daños a la agroindustria de São Paulo, el texto anuncia «una acción coordinada para aprobar proyectos de ley que endurezcan las penas por delitos de incendio provocado».

Tras diez años de intentos, en septiembre de 2009 la bancada ruralista consiguió que la Cámara de los Diputados creara una comisión especial para debatir un nuevo Código Forestal. La ley vigente en aquel momento databa de 1965. Es decir, desde los tiempos de la dictadura militar-empresarial que oprimió Brasil de 1964 a 1985, que fomentó la destrucción del Cerrado para poner pastos y monocultivos de soja y llevó a cabo una serie de proyectos de colonización que fueron el detonante de la devastación de la Amazonia. Con la redemocratización del país, a partir de finales de la década de 1980, los sucesivos gobiernos electos, presionados para que prestaran cierta atención al medio ambiente, reforzaron la ley. Cuando el entonces ministro del área, Carlos Minc, decretó que en diciembre de 2009 se empezarían a imponer multas a los propietarios de haciendas que no respetaran la reserva legal (un bosque protegido que debe ocupar entre el 20% y el 80% de la propiedad, según el bioma), los ruralistas pusieron el grito en el cielo y transformaron la cuestión en agenda política.

Moacir Micheletto, diputado federal por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) en Paraná, fue nombrado presidente de la comisión. Era considerado uno de los políticos más radicales de la bancada ruralista y murió en 2012 en un accidente de auto. Micheletto y dos colegas igualmente intransigentes —Homero Pereira y Luis Carlos Heinze, este último actual senador del Progresistas por el estado de Río Grande del Sur— reclamaban desde hacía tiempo un apoyo eficaz de las entidades que representaban la economía de la agroindustria. Actualmente puede parecer extraño, pero en aquella época «los agentes patronales no tenían una unidad razonable de reivindicaciones, narrativas para defenderlas ni estrategias para ponerlas en práctica», señala el antropólogo Caio Pompeia en su libro Formação Política do Agronegócio (Formación política de la agroindustria), publicado en 2021 en Brasil.

En 1999 Micheletto había presentado un proyecto de ley para cambiar el código, pero apenas tuvo recorrido. Para no desaprovechar la nueva oportunidad, algo tenía que cambiar. Incentivadas por el trío de políticos, dos entidades regionales del sector rural, la Asociación de Productores de Algodón de Mato Grosso y la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso, accedieron a meterse la mano en el bolsillo y financiar una oficina de apoyo a la bancada ruralista. «Era el embrión del Instituto Pensar Agropecuária, que revolucionaría el campo», escribe Pompeia, que lleva más de diez años investigando la influencia política del sector rural.

Entonces surge una figura fundamental: João Henrique Hummel Vieira. Uno de los cabilderos más conocidos de Brasilia actualmente, asesoraba a la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso desde 2005. En 2008, ayudó a renovar el Frente Parlamentario Agropecuario. Ahora tenía la oportunidad de que la ley forestal se modificara a gusto de sus clientes. Sabía que no sería fácil. A diferencia de hoy, no había un presupuesto secreto ni enmiendas presupuestarias que debían pagarse obligatoriamente, por lo que la mayoría de los parlamentarios tendían a votar a favor del gobierno para pedir a cambio fondos y proyectos para sus bases electorales.

Para ganar la pulseada con el entonces muy popular ministro de Medio Ambiente de Lula, Hummel sabía que necesitaría una estrategia audaz. La primera tarea era ganarse el corazón del ponente, es decir, del político de la comisión que redactaría el texto de la nueva ley. Era Aldo Rebelo, entonces diputado federal por el Partido Comunista de Brasil en São Paulo (actualmente está en el MDB y fue secretario del alcalde bolsonarista de São Paulo, Ricardo Nunes, su compañero de partido). «Cuando Aldo fue elegido [como ponente], los partidos de izquierda pensaron que podría ser incluso un tipo ponderado», recuerda Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y expresidenta del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables en el gobierno de Michel Temer (2016-2019). En aquella época, era asesora legislativa de la Cámara de los Diputados y siguió todo el proceso muy de cerca.

El IPA no se fundó formalmente hasta 2011, pero Hummel empezó a reunir a sus tropas de choque de parlamentarios y asesores en una panadería tradicional del barrio Lago Sul. Se dieron cuenta de que era crucial ganar la guerra de las narrativas, no solo fuera, sino también dentro del Congreso. Como los diputados rara vez dominan los temas que van a votar, crearon el embrión de una estructura de asesoría capaz de proporcionar a los parlamentarios argumentos abundantes, directos y fáciles de entender. Las asesorías de los gabinetes, de la Cámara de los Diputados o el partido son de poca ayuda. Pero el Frente Parlamentario Agropecuario estaría preparado para ofrecer contenidos y estrategias políticas a quien quisiera aparecer en el debate.

El informe que Rebelo presentó en junio de 2010 ya decía a quién se dirigía en el epígrafe: «Dedicado a los agricultores brasileños». La palabra «agricultores», vinculada a los que ponen comida en la mesa de los brasileños, enmascara que el cambio en la ley beneficiaba principalmente a terratenientes, propietarios de empresas cárnicas y grandes plantadores de soja producida para alimentar a cerdos y pollos en otros continentes. Eximía a los hacendados de recomponer las zonas de reserva legal destruidas y a las propiedades de hasta cuatro módulos rurales —lo que, en parte de la Amazonia, significa 100 hectáreas— de mantener siquiera un solo árbol en pie. El descubrimiento de que una abogada que asesoraba jurídicamente al FPA había redactado al menos parte del texto no alteró la trayectoria de la ley. La batalla ya estaba perdida.

El texto fue sometido a votación en el pleno en mayo de 2011, cuando Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, ya era presidenta y Michel Temer, del MDB, vicepresidente. Fue el diputado Henrique Eduardo Alves quien dejó claro que el Código Forestal había cambiado profundamente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Alves era el líder del MDB en la Cámara de los Diputados, pero desde la tribuna, y ante un pleno abarrotado, envió un mensaje a los ministros afiliados a su partido: «No avergüencen a mi bancada, porque no servirá absolutamente de nada. Ha llegado el momento de que esta casa se imponga. Esto es un poder», gritó, celebrando «la victoria de la agricultura y la producción brasileñas».

En el Senado, el gobierno conseguiría suavizar parte del golpe que recibió en la Cámara Baja. «Pero la legislación se flexibilizó. El Código Forestal actual es menos riguroso en algunas disposiciones que el anterior», analiza Suely Araújo. Políticamente, todo sería diferente a partir de entonces. El FPA se había convertido en la bancada más fuerte del Parlamento. El IPA atraería en tropel a las entidades patronales, encantadas con la fuerza que demostraba el nuevo modelo de lobby. Según los observadores, Hummel supo anticiparse al momento político actual, en el que un Congreso con un poder hipertrofiado es capaz de imponer sucesivas derrotas al Ejecutivo. SUMAÚMA entró en contacto con el cabildero, que se negó a ser entrevistado para este reportaje. Al principio estuvo de acuerdo y sugirió que concertáramos una cita. Luego dejó de contestar a las llamadas y de responder a los mensajes enviados a su celular.

Actualmente, es imposible circular por las salas donde se reúnen las comisiones del Congreso que debaten asuntos de interés para la agroindustria sin cruzarse con asesores que llevan carpetas decoradas con los emblemas del FPA y el IPA. Dentro están la posición —a favor o en contra— y los argumentos que se formularon en la mansión de Lago Sul para los temas del día. Cada político del frente recibe la suya antes de que empiecen las reuniones. Los parlamentarios que abrazan proyectos de ley y los discursos como «quien está contra la agroindustria está contra Brasil» se difunden en las redes sociales y en los canales de televisión por cable e internet vinculados a la agroindustria. Es un trabajo que lleva a cabo un equipo de 11 personas (más de un tercio de toda la plantilla del IPA) dedicadas exclusivamente a tareas de comunicación, como producir vídeos, comunicados, contenidos para redes sociales, alimentar una web de noticias propia —la Agencia FPA— e incluso una revista que se publica cada dos años.

Un asesor cercano a João Hummel lo describe a menudo como «el cabildero punk». La razón es su gusto por la confrontación. Cuando va al Congreso, se comporta como Pedro por su casa. En la comisión especial de la Cámara de los Diputados que debatió el Proyecto de Ley del Veneno entre 2016 y 2018, le gustaba sentarse en primera fila, entre sus colegas ruralistas. Se trataba de una propuesta para facilitar el registro y la venta de pesticidas, que se convirtió en ley en 2023, tras más de 20 años de discusiones. Una vez lo agarraron levantando la mano para votar como si fuera un parlamentario. En la misma comisión, se rio del entonces diputado Alessandro Molon, del Partido Socialista Brasileño de Río de Janeiro, que criticaba el proyecto de ley por permitir el registro de sustancias sospechosas de provocar cáncer en niños y adultos y malformaciones en los fetos. «¿De qué se ríe? Estamos hablando de la vida de la gente», reaccionó el político.

«Todo provoca cáncer. El polvo, el humo de los autos. ¿Y qué? ¿Vas a dejar de ir en auto?», dijo un descarado Hummel en una entrevista con Agência Pública en 2018, cuando le preguntaron por el proyecto. A sus allegados, al cabildero le gusta decirles que «todo lo relevante que ha presentado la bancada ruralista en los últimos 15 años» es obra suya, incluido el Proyecto de Ley del Veneno.  En cualquier caso, su estilo es inseparable del crecimiento y consolidación del IPA, del que fue director ejecutivo desde su fundación, en 2011, hasta 2021.

Para atender las reivindicaciones de las 57 entidades actuales, el IPA está estructurado en comisiones temáticas. La asesoría de comunicación se negó a decir cuáles son y quiénes las componen. En 2019, cuando autorizaron al antropólogo Caio Pompeia a investigar en la sede del instituto, había más de diez, entre las cuales «Derechos de propiedad», «Seguridad en el campo», «Endeudamiento rural» y «Alimentación y salud».

Cada comisión incluye un empleado del IPA y un consultor designado por las distintas entidades. Son estos «agentes técnicos especializados [quienes] elaboran, en diálogo con las asociaciones, minutas de proyectos de ley y enmiendas presupuestarias», afirma Pompeia. «Las comisiones se completan con la participación de un parlamentario, precisamente el que está designado también como responsable de la comisión homónima de la junta directiva del FPA. Aunque el frente no las presente así, en la inmensa mayoría de los casos las comisiones del IPA y del FPA son de hecho un mismo espacio de articulación privado-parlamentario».

Durante la investigación para este reportaje, la cabildera Alinne Christoffoli fue una de las pocas personas que accedió a hablar abiertamente sobre el IPA. Cuando hablamos, a finales de 2023, trabajaba para la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso en Brasilia; ahora vive en Bélgica. «Hace 17 años que trabajo como cabildera, no tengo ningún problema en decirlo», me dijo entonces. A continuación, dio algunos detalles sobre el funcionamiento interno del IPA. «Somos las entidades las que transmitimos la demanda [legislativa]. Por ejemplo: la Asociación de Productores de Soja y Maíz está interesada en mejorar el calendario de siembra agrícola. Primero hay que alcanzar un consenso entre 30 o 40 entidades en las comisiones técnicas», explicó.

El papel de las comisiones es justamente crear consenso entre las entidades sectoriales. Es allí, y no a la vista del público, donde tienen lugar las acaloradas discusiones, y gana quien sea más convincente —o más fuerte—. Una vez alcanzado un consenso, se lleva al presidente del IPA, Nilson Leitão. Y solo entonces a los parlamentarios. «Cuando todos se sientan a comer, ya hay [un consenso sobre] la cuestión prioritaria, decidida por el IPA y los parlamentarios», dice Christoffoli. Por supuesto, eso no funciona en una única dirección. Los políticos también llevan al IPA las cuestiones de sus bases electorales. Y, de vez en cuando, hay discrepancias con lo que desean las entidades empresariales.

Hábil negociador, João Henrique Hummel solía ser crucial para tejer el consenso entre las entidades, y entre estas y los parlamentarios. Sin embargo, abandonó el IPA en 2021 tras algunas divergencias con Nilson Leitão. Se llevó consigo a parte del equipo y creó su propia empresa de cabildeo, además de dirigir otros dos frentes parlamentarios: el de Emprendimiento y el de Biodiésel. Desde entonces, el frente del Emprendimiento también celebra almuerzos semanales en Brasilia, y también los martes.

A Leitão, por otro lado, los parlamentarios lo tratan con reservas precisamente porque también es político. Según un observador, el instituto ha perdido parte de su capacidad para controlar el debate en el Congreso. La bancada ruralista se emperra en hacer oposición a Lula, mientras que a algunas de las entidades reunidas en el IPA les gustaría tener una relación más amistosa con el gobierno. El presidente de una de ellas, sin embargo, no está de acuerdo. «Hummel es un gran articulador, pero incluso para él era difícil gestionar los intereses de casi 60 asociaciones. Y fue el propio FPA el que decidió ser reactivo al gobierno. Ni siquiera Hummel podría cambiar eso», afirmó, con la condición de permanecer en el anonimato.

El auge de la extrema derecha ha hecho explícitas algunas posiciones. Dos dirigentes de la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso, una entidad que inició el movimiento que dio lugar a la creación del IPA, fueron investigados por la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación por su participación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023: Antonio Galván, que la presidió entre 2018 y 2020, y Lucas Costa Beber, vicepresidente entre 2021 y 2023. El informe final de la comisión de investigación pide la inculpación de ambos. Aun así, Beber fue elegido presidente de la entidad para el período 2024-2026.

«Muchas de estas entidades se han politizado mucho. Hablar de medio ambiente se ha convertido en algo comunista, algo impuesto desde fuera para frenar el desarrollo de Brasil. Esto es muy fuerte, sobre todo en las regiones fronterizas, que ven en el sector agropecuario la única oportunidad que van a tener», afirma un ejecutivo de una de las pocas asociaciones que forman parte del IPA y que intentan —por interés comercial, pero sin éxito— modernizar la visión del sector en cuestiones como el clima y la conservación del medio ambiente.

El actual presidente del FPA, Pedro Lupion, defiende a Jair Bolsonaro y dice que trabajará para conseguir que lo amnistíen y pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. El frente también cuenta entre sus miembros con algunos de los nombres más ruidosos de la extrema derecha del Congreso, como Evair de Melo. No parece, sin embargo, que esto moleste realmente a las entidades reunidas en el IPA, ya que el FPA, después de todo, sigue dando resultados: consiguió una rebaja fiscal en la compra de pesticidas, mantuvo los alimentos ultraprocesados fuera de la lista de productos que pagarán el Impuesto Selectivo (apodado el «impuesto del pecado») en la reforma fiscal e incluyó la carne en la canasta básica de alimentos exenta de impuestos. Los dos últimos puntos aún debe ratificarlos el Senado.

Tras la victoria sobre el Código Forestal, el Instituto Pensar Agropecuária dirigió su atención a las Tierras Indígenas. La sentencia que determinaba la demarcación continua de Raposa Serra do Sol, en Roraima, hogar de los pueblos Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang y Wapichana, tras un largo juicio en la Corte Suprema de Brasil, puso en alerta a terratenientes y corporaciones.

Las asociaciones miembros del IPA incluyeron esta cuestión entre sus prioridades. En documentos entregados a los candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales de 2014, la Asociación Brasileña de la Agroindustria pidió «un nuevo marco normativo para la demarcación de las tierras indígenas, mediante una enmienda constitucional». Por su parte, Confederación de Agricultura y Ganadería señalaba que era «urgente y definitivo detener las acciones de demarcación, y [que] el gobierno debe adoptar mecanismos de adquisición de tierras para atender cualquier demanda de nuevas áreas para las comunidades».

La cabildera Alinne Christoffoli, que trabajó para Asociación de Productores de Soja y Maíz en el IPA, afirmó que «todas las entidades querían» el hito temporal, que solo permite la demarcación de los territorios que los Indígenas ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución en vigor. «Nosotros se lo pedimos [a los parlamentarios]. La demarcación de las Tierras Indígenas es una cuestión prioritaria para toda la cadena [de la agroindustria]. No lo es solo para los productores rurales. Si no, las empresas de celulosa, los forestales, no habrían estado allí. Porque ellos tampoco quieren invasiones. Nadie quiere que le invadan las tierras el MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra], los indios (sic) o los Quilombolas. Inseguridad jurídica, ¿no? En Brasil, ya hay demasiada».

A mediados de 2023, el Supremo estaba a punto de reanudar un juicio sobre la constitucionalidad del hito temporal. En cuestión de semanas el Frente Parlamentario Agropecuario pasó el tractor. Uno de sus miembros, el diputado Arthur Oliveira Maia, de Unión Brasil, rescató un proyecto de ley que Homero Pereira presentó en 2007 y produjo lo que el Movimiento Indígena llamaría el «Proyecto de Ley del Apocalipsis». Con el beneplácito del presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, del partido Progresistas, el texto se aprobó con carácter de urgencia. Días después de que el Supremo dictaminara que la Constitución no permite un hito temporal, el proyecto se aprobó en el Senado.

En aquellas semanas, ayudantes del frente circulaban con carpetas producidas especialmente para esa votación, lo que demostraba la importancia de la cuestión para la pandilla de la mansión de Lago Sul. En la parte interna de la carpeta había una viñeta en la que un Indígena expropia a un pequeño agricultor de la tierra que heredó de su abuelo. «¿Y ahora me quedo sin nada?», se pregunta el chico. Una hoja con argumentos para posibles debates incluía puntos como «la necesidad de garantizar la paz y la tranquilidad del país con relación a las tierras» y afirmaba que «los Territorios Indígenas en Brasil representan la superficie combinada de Francia, España, Suiza, Portugal y Austria». Solo olvidaba mencionar que todo el territorio del país era posesión Indígena antes de la invasión de los europeos en 1500.

Actualmente, las Tierras Indígenas ocupan algo menos del 14% del territorio brasileño. En total, suman 117 millones de hectáreas. A título comparativo, los monocultivos de soja ocupan casi 46 millones de hectáreas en la cosecha de 2023-24, una vez y media la superficie de Italia, que cuenta con algo más de 30 millones de hectáreas. Las Tierras Indígenas desempeñan un papel crucial en la conservación de la Naturaleza: según MapBiomas, entre 1985 y 2023 solo perderán el 1% de su vegetación original. En el mismo período, las tierras privadas —como las de los latifundistas de soja— perdieron el 20% de su cobertura forestal.

La presión ruralista sobre el tema continúa. Y es tan fuerte que el Supremo se negó a confirmar lo que ya había decidido sobre el hito temporal: por orden del magistrado Gilmar Mendes, se formó una comisión de «conciliación» sobre el tema. Pero en la segunda reunión la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil se levantó de la mesa. Mendes, vinculado al ruralismo, ordenó que la «conciliación» siguiera adelante de todos modos.

Miércoles, 4 de septiembre. Es otra mañana en la que Brasilia amanece cubierta por el humo de los incendios que destruyen la Amazonia, el Pantanal y el Cerrado. La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, está sentada en la mesa principal de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Ha sido convocada para hablar de los incendios. «Desde que era senadora he dicho que esto pasaría», afirma la ministra, abriendo su discurso. A continuación, desgrana datos aterradores: aunque el 27% de las zonas quemadas en la Amazonia se destinan a actividades agropecuarias, el 32% estaban cubiertas por vegetación autóctona. «Eso significa que estamos sufriendo un grave proceso de cambio climático, con la selva en proceso de pérdida de humedad», explica de forma didáctica. Nadie parece escucharla.

La primera senadora en intervenir, Rosana Martinelli, del Partido Liberal de Mato Grosso, quiere saber si el Ministerio de los Pueblos Indígenas «está concienciando a nuestros indios (sic) para que no incendien sus tierras». Y se justifica: «es una cuestión cultural». Pertenece a la bancada ruralista, para la que los Indígenas son siempre un chivo expiatorio conveniente. También está siendo investigada por el Supremo sobre los atentados golpistas del 8 de enero. Es la exalcaldesa de Sinop, ciudad del norte del estado que también dirigió Nilson Leitão, del IPA.

«[El Ministerio de los Pueblos Indígenas] está haciendo mucho», responde Marina Silva. «En primer lugar, porque es el ministerio de un pueblo que nunca ha deforestado. [Eso ya] es una contribución inimaginable. Las mejores brigadas [contra incendios] son las Indígenas. Saben trabajar de noche y soportan las altas temperaturas y la baja humedad. Podemos [crear] un programa para educar a los no Indígenas para que no utilicen el fuego como lo están haciendo. Ellos [los Indígenas] tienen que educarnos».

Jaime Bagattoli, miembro del Partido Liberal de Rondonia, presenta una solución peculiar: premiar a quienes invadan, deforesten y luego incendien terrenos públicos para hacer sitio para nuevos pastos. «Resolveremos el problema de la deforestación cuando demos títulos [de propiedad] a los productores», defiende. Bagattoli nació en el interior de Santa Catarina y, en 1974, «llegó a Rondonia para explorar la región norte del país». Participó en lo que el documentalista británico Adrian Cowell, que pasó diez años en la región, denominó «la Década de la Destrucción». Rondonia es el estado más deforestado de la Amazonia: el 40% de su cobertura forestal ya se ha convertido en madera o humo.  «Quienquiera que esté haciendo esto [los incendios] tiene un interés», reacciona Marina Silva. «Prende fuego, luego echa semillas para pasto y después viene a esta casa a pedir la regularización de las tierras ha destruido criminalmente. Eso es robo de patrimonio público», se exaspera.

La sesión se alarga con numerosos intentos de exonerar a la agroindustria de toda culpa por los incendios, de avergonzar a la ministra y con pocas manifestaciones de comprensión por la complejidad y gravedad del problema. Al final, la presidenta de la comisión, Leila Barros, exjugadora de voleibol, medallista olímpica y panamericana y elegida senadora por el Partido Democrático Laborista del Distrito Federal, se emociona. Ante un pleno ya abandonado por los ruralistas, se dirige a la ministra con voz empañada. «Hace años que dice que íbamos a llegar a este punto, y así ha sido. Eso me hace reflexionar sobre la ignorancia que hemos visto [en la sesión]. Lo que más me duele es que no se entienda la gravedad de lo que estamos viviendo. No tenemos un plan B. Qué falta de compromiso con el futuro». Marina Silva, visiblemente emocionada, se levanta y le da un abrazo.

Aquella noche, la comunicación del FPA distribuyó un comunicado de prensa en el que destacaba los discursos de Bagattoli y Martinelli. No se incluyó ninguna intervención de Marina Silva.

Miércoles, 11 de septiembre. Gracias al humo producido por los incendios forestales, São Paulo amanece por tercer día consecutivo como la metrópolis con la peor calidad del aire del mundo. No es ningún problema si te alojas en el Rosewood São Paulo, el hotel de seis estrellas que se describe a sí mismo como «un oasis metropolitano que ocupa uno de los pocos edificios históricos que quedan en la zona y también una impresionante torre con un jardín vertical diseñada por el arquitecto Jean Nouvel, ganador del Premio Pritzker, ambos con un diseño interior creado por el visionario Philippe Starck». Al Bradesco BBI Agro Summit solo han sido invitados los peces gordos de la agroindustria y de la Faria Lima, el centro financiero de la ciudad.

Es un público compuesto casi exclusivamente por hombres, casi todos blancos y con traje, la mayoría sin corbata. El economista jefe de Bradesco, Fernando Honorato, sube a la tarima. Sonriente, utiliza un micrófono pegado a la oreja, al estilo de Madonna, para anunciar la atracción del almuerzo: una conversación con el diputado federal Pedro Lupion, presidente del Frente Parlamentario Agropecuario, y Mauro Mendes, gobernador de Mato Grosso, afiliado al partido Unión Brasil.

«Creo que me voy a divertir con estas dos figuras públicas, que desempeñan un papel muy representativo en la economía brasileña», alaba Honorato, mientras los camareros empiezan a circular con botellas de lo que parece agua y bandejas cubiertas de latas de refrescos. «Mato Grosso es hoy el estado más importante de la producción agropecuaria. Pedro Lupion, uno de los parlamentarios más respetados de nuestro país, lidera el FPA, que cumple un papel en defensa del sector agropecuario, de nuestros productores».

Pero hasta ahí había llegado el humo. «No puedo evitar hablar un poco de los incendios», abre la conversación Honorato, dirigiéndose a Mendes. Pese a reconocer que se trata de «uno de los reflejos del cambio climático» y que se deben «a la acción humana», el gobernador apunta a un conocido chivo expiatorio. «En mi estado tenemos algunos registros de delitos y también un gran número de incidentes que comienzan dentro de las reservas Indígenas. Porque es un poco la cultura de los indios quemar, utilizar mal el fuego. Y cuando sale de la reserva, adquiere proporciones gigantescas». Es mentira. Según los datos que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático presentó una semana antes en el Senado, el 85% de los incendios de Mato Grosso se iniciaron en zonas privadas. Solo el 10% de los focos se producen en Tierras Indígenas.

Cuando se le da la palabra, Lupion jura que «estamos apoyando una legislación más punitiva para estos incendiarios». Sin embargo, uno de los proyectos de ley más recientes que ha presentado es el 1497/2024, que obliga al Estado a ofrecer la oportunidad de regularizar las tierras a cualquier invasor de terrenos públicos. «Si hay alguien ocupando una zona que, tras ser analizada, resulta ser propiedad del Estado, es imperativo regularizar la ocupación antes de cualquier otro acto», dice la justificación del texto. Dos consultores legislativos entrevistados por SUMAÚMA no tienen dudas: se trata de un evidente incentivo a que haya más robos de tierras públicas y más incendios en la Amazonia.

«La lucha en la que estamos inmersos no es [por la] cuestión ambiental», afirma Lupion. «Esto es mentira, es lo que vende periódicos, [hace] ganar dinero a las ONG. Nuestra lucha es competitiva», afirma, repitiendo la mentira de que la defensa de la Amazonia la llevan a cabo personas interesadas en perjudicar a la agroindustria brasileña.

Entretenidos, los invitados del banco almuerzan y beben vino.

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Martes, 17 de septiembre. Un incendio arrasa el Parque Nacional de Brasilia desde el domingo. Hace 147 días que no llueve. El aire que se respira en la ciudad se considera peligroso para ancianos, niños y personas con problemas respiratorios. En el Palacio del Planalto, Lula reúne a los presidentes de los tres poderes del Estado para discutir medidas contra el impresionante avance de los incendios. A la salida, el presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, intenta frenar la posibilidad de aumentar las penas por provocar incendios forestales. Al fin y al cabo, afirma, la legislación ambiental brasileña es «la más estricta, dura y fuerte del mundo», y «hemos intentado votar asuntos que fortalezcan esta cuestión ambiental, incluso con mucho énfasis en los últimos años». Con Lira al mando, la Cámara aprobó el hito temporal y facilitó el uso de pesticidas, entre otros atentados contra la calidad de vida de las nuevas generaciones.

Tres semanas antes, el Frente Parlamentario Agropecuario había anunciado una «acción coordinada» para aumentar las penas a los incendiarios. Pero ninguno de sus líderes parece criticar públicamente las palabras de Lira. Días después, cuando el gobierno federal anunció un decreto que aumenta las penas a los infractores ambientales, el diputado Pedro Lupion reaccionó en un video: «El decreto es extremadamente preocupante, es muy nefasto». El FPA publicó un comunicado en el que, tras alabar la medida, dedicaba un espacio considerable a recordar que hay que «evitar que los productores rurales sean castigados injustamente». La Asociación Brasileña de Productores de Soja fue más directa: repudió el decreto y exigió que el Congreso tomara «medidas urgentes para revertir estos absurdos». Es decir, cuando se multe al primer hacendado por provocar incendios, la reacción será dura.

El «agro» no es pop, como reza el anuncio. El «agro» es fuego. Y, como él, está fuera de control en Brasil.