En noviembre de 2023, el ganadero Leide Gerônimo envió un video a un grupo de WhatsApp formado por vecinos de la ciudad y de comunidades de Portel, en el interior de Pará, en el que se ve a una persona caída, muy ensangrentada y ya sin movimientos, a quien están apuñalando y arrancándole la piel. Después de la reacción de espanto de los participantes del grupo se borró el video.

La publicación tuvo lugar en un momento en que los habitantes de las comunidades de dos asentamientos agroextractivistas de la zona, Acangatá y Alto Camarapi, vivían bajo extrema tensión. El gobierno de Pará investiga al hacendado por invasión de tierras en el archipiélago de Marajó, del que forma parte el municipio de Portel.

Por si fuera poco, un ex policía militar de São Paulo, que se presentaba en nombre de inversores de los Emiratos Árabes Unidos, entraba y salía de esos territorios tradicionales. Bruno Tavares da Silva intentaba hacer valer los intereses de estos inversores que, en esa época, no podían entrar más en conflicto con los intereses de las comunidades.

Además, a esta historia se le suma un empresario británico, pero no un empresario cualquiera. Kevin Tremain es hijo de un condenado por uno de los crímenes más famosos de la historia de Inglaterra: el robo de 26 millones de libras en oro y diamantes (unos 33 millones de dólares en valores actuales), seguido del asesinato de un detective. Y también él, Tremain, está involucrado en un reciente escándalo en la Amazonia.

Lo que une a estos tres personajes aparentemente distantes son los proyectos de carbono firmados con al menos cinco comunidades rurales del interior de la Amazonia, en Pará.

Desde 2021, cuando las empresas Pará Redd y Redda+, a las que están vinculados, contactaron a las comunidades y firmaron contratos con algunas de ellas, la historia originó por lo menos siete procesos en los tribunales brasileños, miles de páginas de documentos, amenazas e intercambios de acusaciones. Pero ningún crédito de carbono.

Redda+ y Pará Redd son dos empresas con registros distintos, pero en la práctica trabajan juntas y están vinculadas a los mismos inversores. Actúan en el llamado mercado voluntario de créditos de carbono, un mercado no regulado por los gobiernos. En la Amazonia, los proyectos de este mercado se basan en un mecanismo conocido como REDD+, sigla de Reducción Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. La idea inicial del mecanismo, que surgió en las Naciones Unidas, era recompensar a los países que preservaran sus bosques y usar ese carbono almacenado en los árboles —que había dejado de emitirse a la atmósfera por la deforestación o las quemadas— como un crédito para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de los países que más contaminan, pero se terminó trasladando al mercado privado, que vende el crédito a empresas que quieren compensar sus emisiones de los gases que causan los cambios climáticos. En teoría, el crédito de carbono solo puede generarse si el proyecto prueba que preserva más el bosque —y, por lo tanto, evita más emisiones derivadas de la deforestación— que si este proyecto no existiera.

Los contratos a largo plazo, la incertidumbre sobre los pagos y la inviabilización de los modos de vida tradicionales son el paquete básico de las denuncias que llegan al Ministerio Público, a la Defensoría Pública y a los organismos de promoción de los derechos de los pueblos tradicionales relacionados con esta fiebre del carbono en la Amazonia. En esta suerte de minería ilegal del aire, no faltan historias de contratos con cláusulas abusivas. Hasta el momento no hay ningún relato de éxito en un proyecto de este tipo en territorios de uso colectivo, es decir, en tierras que no tienen un único dueño, como las reservas extractivistas, los asentamientos, los territorios Quilombolas y las Tierras Indígenas. Pero los casos relacionados a Redda+ llaman la atención por los personajes involucrados y el nivel de tensión.

el archipiélago del marajó y las comunidades bajo presión. Infografía: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

La página de Redda+ nos cuenta que “a través de una mirada responsable y humana”, la empresa actúa en el ciclo completo del mercado de créditos de carbono, “empoderando a las personas que cuidan el planeta”. Sin embargo, la empresa no presenta ni un solo proyecto de carbono que esté en operación.

En “Nuestro equipo“ tampoco dice quién trabaja allí. En LinkedIn, Redda+ dice que se encuentra entre las empresas que tienen entre 50 y 200 empleados, pero solo ocho aparecen conectados al perfil y ninguno es el propietario.

Oficialmente, la comercializadora de carbono forma parte de tres iniciativas que la convertirían en una empresa confiable: el Pacto Global de la ONU – Red Brasil; la Coalición Brasil por el Clima, los Bosques y la Agricultura; y la Alianza Brasil NBS (una alianza de decenas de empresas de carbono que operan en el país). En su página, la Alianza afirma que “la creación de directrices y buenas prácticas para promover la integridad del sector está en el centro de las actividades de la organización”.

Un detalle nada irrelevante es que en el momento en que empezaron las negociaciones ninguna de las dos empresas tenía inscripción fiscal registrada en Brasil, lo que se hizo apenas en vísperas de la firma de los contratos con por lo menos cinco asociaciones del oeste de Pará.

Para entender por qué la isla de Marajó entró en la ruta del carbono hay que contar sobre el contexto de esta región. Así como Portel, Gurupá —otro municipio del archipiélago de Marajó— integra un área bien conservada de la Amazonia. A pesar de que fue ocupada por colonizadores portugueses en el siglo XVII y de que sufrió intentos de explotación de la Amazonia, la ciudad no tuvo ningún ciclo económico importante vinculado a la deforestación. Nada que se compare con el avance de la ganadería y la soja en la parte este del estado.

Con un poco de suerte, el viaje en ferry por el Río Amazonas entre Macapá (estado de Amapá) y Gurupá (estado de Pará) dura doce horas. Para los que vienen de Belém tarda el doble de tiempo. Al llegar, hay que tomarse un auto y viajar sacudiéndose por el camino de tierra durante una hora hasta ver las aguas negras del Río Pucuruí, donde toca tomarse un barquito a motor que hace el último tramo a Camutá desde Pucuruí, la primera comunidad de Pará que se reconoció en ese estado como asentamiento extractivista, en 2009. El lugar está dentro de un área de conservación del estado de Pará donde solo pueden vivir personas autorizadas por el poder público y únicamente las comunidades pueden desarrollar actividades sostenibles.

Nada de esto desalentó a una empresa que comercializa créditos de carbono, la Pará Redd Projects Limited, que, desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, vislumbró una oportunidad de negocio en los árboles de Marajó. El confinamiento impuesto por la pandemia tampoco le impidió el contacto con los vecinos de la comunidad.

“Tuvimos cuatro reuniones con ellos aquí”, cuenta José Cândido Gomes da Silva, a quien llaman Mapará, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Rurales de Camutá do Pucuruí. Los encuentros se realizaron entre 2020 y 2021. “Lo que más se discutía era la planilla de costos, pero el contrato, no. Firmamos. Cuando nos dimos cuenta, muchas cosas que habíamos pedido que sacaran terminaron apareciendo en el contrato”.

Durante el viaje en la lancha pasamos por algunas casas Ribereñas donde los niños jugaban en el agua y por un área recientemente quemada, castigada por el fuego que trajo la sequía que azotó la región el invierno pasado. En el camino también nos cruzamos con algunos búfalos pastando. Al entrar al arroyo la vegetación se pone más espesa, hasta que atracamos en un lindo pueblito.

Es la comunidad de Nossa Senhora de Fátima, todavía en el municipio de Gurupá, donde viven 34 familias en un área de 17.800 hectáreas. Se acerca una señora con un paraguas en la mano para protegerse del sol mientras, al fondo, se escucha el silbido de una olla a presión. El calor es intenso y el sol ilumina las casas bien cuidadas, con jardines de flores y hierba rastrera. Vamos a conocer la casa de harina de yuca de la comunidad, donde los vecinos, entusiasmados, pelan yuca del lado de afuera. Adentro, otros la tuestan en el horno.

Debajo del galpón del centro comunitario, un vecino anuncia: “El carbono es el oro de la Amazonia”. Una frase que escuchamos otras veces. El “oro” finalmente llegó a esas comunidades que desde hace siglos cuidan la selva. En teoría, cuanto más preservado, más valioso es un lugar para las empresas que negocian entre las comunidades y las corporaciones que necesitan comprar carbono por una cuestión de exigencia legal —lo que no es el caso de las compañías con sede en Brasil, donde todavía no hay un mercado de carbono regulado—, o, más a menudo, por marketing o presión de los accionistas.

Entre 2020 y 2021 algunas empresas de carbono llegaron a los pueblos de la región. La propuesta de Redda+ y de Pará Redd parecía mejor a ojos de los dirigentes de la asociación de Camutá do Pucuruí.

Le preguntamos a Mapará si Redda+ les explicó cómo funciona técnicamente un mercado de carbono. “No. Hasta hoy lo estamos tratando de descubrir. Les pedíamos que lo tradujeran porque nos decían que tenían que cumplir una norma internacional. Yo no sabía de qué norma se trataba. Tenían que traducirlo para que pudiéramos entender si era verdad o no. Esa norma nunca apareció”.

Paralelamente, la empresa negociaba con las comunidades de Portel, un municipio vecino. El resultado fue el Proyecto Marajó Redd, firmado el 23 de octubre de 2021. Los planes iban viento en popa para la empresa.

Oficialmente, el Proyecto Marajó Redd era osado y ambicioso. La conservación de 130.000 hectáreas involucraría a cuatro comunidades tradicionales de Portel y evitaría la emisión de casi 12 millones de toneladas de carbono. Iban a ser tres comunidades extractivistas: Alto Camarapi, Acangatá e Ilha Grande do Pacajaí, y una comunidad Quilombola: São Tomé Tauçú.

Todos los componentes del proyecto estaban clasificados como estándar oro: el clima, la comunidad y la biodiversidad. Si todo hubiera salido bien, habría sido el mayor proyecto involucrando territorios colectivos de Brasil, que cubriría un área más grande que la de la capital, Belém.

“Decían que rendiría entre 7 y 15 millones de dólares [para la comunidad] durante 40 años”, contó bajo condición de anonimato una persona de una de las comunidades que acompañó el proyecto. “Pero en el transcurso, después de firmar el contrato, no hicieron todo lo que habían prometido. Decían los valores, pero cada mes los rebajaban. Los rebajaron a la mitad. Después los redujeron más todavía”.

Estos montos corresponderían a un pago inicial que se realizaría mientras el proyecto estaba siendo tramitado por la certificadora —organizaciones especializadas en verificar si el proyecto de carbono de hecho evita emisiones de gases de efecto invernadero—, período en el que todavía no se podrían emitir ni vender los créditos de carbono. Otras dos personas, de otras localidades, confirman la reducción de los valores, documentada también en un intercambio de mensajes entre los inversores, que Joio obtuvo en una acción judicial, como veremos a continuación.

La versión que nos contaron en Gurupá es similar. En este caso, el contrato se firmó a finales de noviembre de 2021 y es prácticamente igual a los vínculos que se firmaron con las asociaciones de Portel, según los cuales Pará Redd se convierte en titular del 100% de los créditos de carbono —en general, las empresas que realizan proyectos de carbono se quedan con un porcentaje de los créditos que los propietarios, ya sean privados o colectivos, de las tierras—. El documento no prevé cómo se realizaría el pago. Por lo tanto, como titular integral de los créditos, las empresas podrían duplicar, triplicar, cuadruplicar las ventas sin que eso representara ninguna transferencia adicional para los habitantes de las comunidades.

En el caso de Camutá do Pucuruí, en Gurupá, el documento solo dice que Pará Redd “pretende efectuar pagos a la asociación, como proveedora de servicios ambientales, en la modalidad de pago directo, monetario y, también, realizando mejoras sociales a las comunidades rurales y urbanas”.

Además, los habitantes no serían responsables de la ejecución de los recursos, que estarían a cargo de Redda+, “considerando las necesidades específicas y más relevantes de las comunidades locales”. El reajuste de los valores dependería del “compromiso de las comunidades”.

“Comentaron que iban a pagar un subsidio Redda”, dice Antônio Gomes Pimentel, secretario de la asociación de Camutá do Pucuruí. “Era de verdad un valor muy bajo. Unos 31 dólares al mes. Y cuando nos dimos cuenta eran ellos quienes iban a administrar los recursos”.

Adjunto al documento, registrado en un proceso en los tribunales del estado de Pará, consta una planilla de los valores que se transferirían los primeros tres años. De hecho, el monto es incluso inferior al que relató Antônio: 24 dólares al mes por familia. Además, se invertirían 2.000 dólares al mes en la comunidad, que se destinarían especialmente a mejoras: construcción o reforma de escuelas y hospitales e instalación de paneles solares y pozos artesianos.

Les hicieron la misma promesa a las comunidades del municipio de Portel. Conversamos con vecinos de Alto Camarapi y Acangatá, quienes prefirieron no identificarse por motivos de seguridad. Cuentan que el primer contacto lo hizo Bruno Tavares da Silva, que se presentaba como el dueño de Redda+ y empezó a ir personalmente a varias comunidades del municipio.

“Se presentó diciendo que era una empresa muy seria que quería hacer proyectos de carbono. Era la primera vez que oía hablar de créditos de carbono, lo que me produjo cierta desconfianza”, dice una persona que estuvo en las discusiones.

El contrato firmado con la asociación Alto Camarapi definía que, durante 40 años, las empresas podrían ingresar a cualquier parte del territorio, cuando y cuanto quisieran. Los vecinos no iban a poder firmar contratos con organizaciones o empresas sin el consentimiento del responsable del proyecto de carbono. Además, les cedían todos los derechos de autor respecto a la creación, desarrollo y ejecución del proyecto.

El contrato en Gurupá tampoco define las reglas para un plan de uso del territorio: “El principio básico de la alianza es la conservación de la selva, como patrimonio material y cultural inmaterial, la protección contra la deforestación y las quemadas ilegales, el incentivo al manejo sostenible y las actividades agrosilvopastoriles, de uso alternativo del suelo, de forma remunerada”, describe el documento.

Los contratos a los que tuvimos acceso y los documentos registrados por Redda+ ante el organismo de certificación no delimitan el área que quedaría congelada para el uso del territorio ni aclaran si los habitantes podrían seguir usándolo para la extracción de madera, la caza y la agricultura. En un documento de abril de 2022, Redda+ reafirma su intención de emitir créditos sobre todas las 17.900 hectáreas de Camutá do Pucuruí, sin explicar cuál sería el plan de uso del área.

“Estaba ahí en el contrato”, recuerda Débora Coutinho Pimentel, vecina de Camutá do Pucuruí. “Cuando [los directores de la asociación] trajeron el documento para leérnoslo, para explicarnos cómo era la situación, ya estaba hecho. El daño fue absurdo. Así que fue algo que nos espantó mucho a todos”.

Los vecinos cuentan que los representantes de Redda+ decían que tenían inversores de Dubái. “No participé en las primeras reuniones, pero después de un tiempo empecé a participar. El representante de la empresa no nos dejaba hablar mucho. Hablaba más alto, con una especie de arrogancia. Y empezamos a sospechar”, cuenta Selma França Marques, vecina de Camutá do Pucuruí.

El representante de la empresa era el ex policía militar Bruno Tavares. Entre las fuentes escuchadas en Portel y Gurupá también es común el relato de que después de la firma del contrato las relaciones cambiaron. Ya no los atendía fácilmente. Y las presiones por parte de la empresa aumentaron.

“Simplemente desaparecieron del mapa. Empezamos a sospechar, contratamos un abogado, nos pusimos a estudiar y los errores realmente estaban ahí”, explica Débora. “Vienen con esa labia. Sabían que teníamos mucha riqueza y querían engañarnos. Así que hablaban maravillosamente bien. Y entonces la gente empezó a creerles”.

El presidente de la asociación de Camutá, Mapará, dice que, preocupados por el contenido del contrato, se tomaron una lancha a Gurupá y, de allí, 24 horas en un barco hasta Belém, donde Bruno tiene una oficina de Redda+. “Pero nos recibió muy mal”, recuerda. Entramos en contacto con Bruno, pero no contestó los planteamientos de Joio.

Después de que los mismos vecinos las expulsaran varias veces, las empresas madereras empezaron, a principios del siglo XXI, a firmar contratos para el manejo legal de madera en Gurupá, algunos de los cuales terminaron poco antes de que llegaran las empresas de carbono.

“La madera dio estabilidad a la vida de la comunidad”, destaca Gilberto Gomes da Silva, que fue presidente de la asociación de Camutá do Pucuruí. “Es cierto que tuvimos pérdidas, porque cada uno cobra y hace lo que puede. Pero fuimos mejorando. Casa, luz, internet”.

Si hay un aspecto sobre el que no hay consenso es en cuanto al legado del proyecto de la madera. Según los vecinos, hubo cuatro etapas de extracción autorizada. Débora cuenta que se opuso a la idea de que renovaran el proyecto constantemente. “Creo que fue algo bueno porque mucha gente construyó cosas con este proyecto. Pero es un daño para la Naturaleza. Y hoy estamos sintiendo el impacto: la bajada del agua, la sequedad. Pienso mucho en el medio ambiente”, dice.

“Tengo la intención de dejárselo a mi hijo. Lo que tenemos hoy es lo que nuestros antepasados nos dejaron para que usufructuemos. Si hubieran aceptado que una empresa viniera aquí, ¿crees que habría lo que hay hoy?”.

Al final de un ciclo maderero, cobrar por la selva que quedaba en pie parecía una excelente idea. “Esperábamos una cantidad de dinero equivalente al de la madera”, cuenta Antônio.

Pimentel, secretario de la asociación. Según relatos de varios vecinos, los valores mensuales de la extracción de madera solían estar entre los 370 y 550 dólares por familia.

BRUNO TAVARES, EXPOLICÍA Y REPRESENTANTE DE REDDA+ EN PORTEL Y GURUPÁ, DEJÓ DE CONTESTAR LLAMADAS DESPUÉS DE FIRMAR EL CONTRATO, SEGÚN LOS VECINOS. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

Es en torno a la madera que le empieza a ir mal al Proyecto Marajó Redd, de Portel. A la asociación de Alto Camarapi le reconocieron su denominación en 2019 y a continuación presentó una solicitud ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad del gobierno de Pará para poder hacer extracción legal de madera.

“Le planteamos esto a Redda+. ¿El proyecto de créditos de carbono no implicará que ya no podamos hacer el manejo? Nos dijeron que no, que la metodología que proponían no iba a impactar, era distinta. Por eso nos pareció una buena propuesta. Que la vida solo iba a mejorar”, contó un vecino que prefirió no identificarse.

Pero fue entonces cuando las asociaciones descubrieron que la empresa introdujo una nueva metodología que las obligaba a deshacerse de proyectos de manejo forestal sin consultarlas. Sin embargo, todavía había margen para empeorar. En septiembre de 2023, según este vecino, llamaron a la comunidad a firmar un documento de cambio de metodología. “Quien tuviera un proyecto de manejo lo tendría que cancelar. No iba a poder cultivar. No iba a poder hacer subsistencia. Iba a interferir directamente con nuestra forma de vida. No lo aceptamos”.

La tensión creció hasta que, dos meses más tarde, Leide Gerônimo envió el vídeo amenazador por WhatsApp. Días después, Wilton y Weldes Gerônimo, sus hijos, participaron en reuniones en Alto Camarapi, junto a representantes de Redda+. El detalle es que el encuentro se produjo sin la autorización de la asociación de vecinos.

¿Pero por qué se reunirían personas sospechosas de grilagem (invasión de tierras) y empleados de las empresas de carbono? Redda+ quería el apoyo de los habitantes de la comunidad después de que las asociaciones presentaron una demanda en los tribunales del estado de Pará que pedía la anulación del contrato de carbono. Y la familia Gerônimo tiene constantes conflictos con la asociación Alto Camarapi, ya que crían ganado en una zona prohibida, según inspecciones del estado de Pará. Un encuentro de intereses entre quienes promueven públicamente la preservación de la Amazonia y quienes la destruyen.

En la ocasión, con la presencia de alrededor de 20 vecinos de la comunidad, uno de los empleados de Redda+, Reginaldo Lima, dijo: “Ningún presidente tiene el poder de sacarnos de aquí [a la empresa de los territorios]”, en referencia al presidente de la asociación, Francisco Rodrigues de Melo. El discurso quedó registrado en un vídeo al que tuvimos acceso.

Las asociaciones alegan que la discusión debería haberse realizado de manera colectiva, pero Redda+ habría insistido en mantener la metodología y en participar en reuniones internas de la comunidad. Fue entonces cuando los vecinos decidieron suspender las actividades de la alianza.

La agresividad de la empresa llevó a dos de las cuatro asociaciones, la de Alto Camarapi y la de Acangatá, a intentar romper el contrato. “Los vecinos empezaron a convivir con amenazas diarias. Los miembros y la dirección empezaron a ser amenazados desde dentro y desde fuera de los territorios, pues ya había conflictos y presiones por la deforestación en las áreas”, afirma el abogado Guilherme Sobral, en una demanda interpuesta por la asociación de Alto Camarapi en la que se pide que se prohíba el ingreso de los representantes de Redda+ a la reserva extractivista.

En la petición, el abogado afirma que, en vez de proteger la Naturaleza en alianza con las comunidades, la empresa se ha convertido en “un agente de violencia más”, promoviendo “un verdadero caos dentro de los territorios”. Según el documento, “después de que la asociación rechazara el contrato, la empresa empezó a perseguir, intimidar y amenazar a líderes y profesionales de las asociaciones para que aceptaran sus ilegalidades y actos de violaciones de los derechos territoriales y de autogobernanza”. Bruno Tavares, de Redda+, no contestó las solicitudes de entrevista y de posicionamiento de Joio.

Quedaba por entender quién era Bruno Tavares da Silva y si tenía experiencia en el área ambiental. No tiene. Nacido en 1981, Bruno dejó la Policía Militar de São Paulo a los 40 años. Su último rango fue el de capitán.

Esto se produjo apenas algunas semanas después de la firma de los contratos en Portel y Gurupá y cuatro meses después de la inscripción fiscal de Redda+. Paralelamente, se registró la inscripción fiscal de Pará Redd y de una tercera empresa, la Tav Company Participações Sociedade Unipessoal Ltda., con sede en la Avenida Paulista, en São Paulo, y que luego figuraría como parte en los contratos firmados con las comunidades.

También hay un cuarto registro empresarial a nombre de Bruno. La empresa ETS Gerenciamento de Risco Ltda se abrió un año antes y representó, para nosotros, una mosca detrás de la oreja. Está vinculada a una empresa de gestión de riesgos con sede en el Reino Unido y tiene como socio a Darren John Aldrich, que en Linkedin se presenta como un exmiembro de las Fuerzas Armadas británicas, orgulloso de “sus 19 años de experiencia internacional y clandestina” como explicación para garantizar un “abordaje pragmático”.

Pero eso todavía no lo explicaba todo. El 26 de octubre de 2021 el empresario británico Naro Nesta Zimmerman firmó el poder que otorgaba al brasileño Bruno el derecho de representar legalmente a Redda+. En la época de la firma, Zimmerman era jefe de Servicios para Clientes Privados en Dubái, en JTC Group, una corporación de la industria fiduciaria, es decir, especializada en la administración de activos financieros.

También es quien figura como representante de Pará Redd en el contrato con una de las asociaciones involucradas en el Proyecto Marajó Redd.

En los informes financieros de JTC Group no se mencionan las actividades de la empresa en los mercados de carbono y en los últimos años ni siquiera hay movimiento de dinero en Brasil.

Cuando lo contactamos, Naro Zimmerman contestó por correo electrónico. “Quiero aclarar que el contrato que mencionó fue terminado de común acuerdo en junio de 2023. Como resultado, no se inició ningún proyecto de carbono en esta área en particular. No haremos ningún comentario y nos reservamos todos los derechos”, dijo, sin aclarar en nombre de quién hablaba.

En la lista de socios de Redda+, que está disponible para consulta en el Ministerio de Hacienda, figuran como socios Pará Redd y TAV Company. Ambas empresas tienen a Bruno como socio.

Durante algunos días buscamos el hilo que nos llevara a los verdaderos propietarios. Las pistas empezaron a calentarse durante la lectura de una demanda presentada en los tribunales del estado de Pará. En un documento adjunto, quien aparece como único propietario de Pará Redd es Andrew Harvey Fox. En las Islas Mauricio, donde se firmó el poder a nombre de Bruno, Fox figura como propietario de once empresas, ninguna de las cuales es Redda+.

Pasaron algunas semanas antes de que apareciera una nueva aguja en el pajar. Fue a través de una demanda laboral interpuesta en Pará que encontramos una amplia documentación que no deja dudas sobre los verdaderos propietarios de Redda+ y de Pará Redd.

Si no fuera por un desacuerdo con un empleado de confianza, Bruno Tavares quizás seguiría apareciendo públicamente como el único propietario de empresas que dicen muy poco.

Dos fuentes confirmaron que, en 2020, Bruno había trabajado como guardia de seguridad del empresario inglés Kevin Tremain, en la empresa Avoided Deforestation Project (Manaus) Limited (ADPML), con sede en la isla británica de Guernsey.

A las 10:35 del 25 de septiembre de 2023, Kevin Tremain le envió un correo electrónico lleno de malas noticias a Bruno, el presunto propietario de Redda+: “Debido a la situación inestable y a las preocupaciones planteadas, me veo obligado a tomar medidas para proteger mis intereses e inversiones (…). Le informamos que enviaríamos 400.000 dólares para gastos hasta finales de 2023, pero solo enviaremos a Redda+ gastos de 150.000 dólares”. Este es el momento en que las comunidades vieron que menguaban los recursos.

Tremain estaba preocupado por las noticias que le traía este exempleado de confianza, que había informado a los inversores sobre un sinfín de problemas: comunidades amenazadas por Redda+, proyectos de carbono que no despegaban, el comportamiento truculento de Bruno hacia los representantes de las asociaciones de pueblos tradicionales. Copiados en el correo electrónico adjunto al proceso al que tuvimos acceso figuraban los otros dos socios: Andrew Harvey Fox y Tahsin Choudhury. Choudhury es dueño de NET Zero Sustainability Limited, también una empresa de carbono, que abrió en 2020.

Mientras lidiaba internamente con los problemas que involucraban a Bruno, a Kevin Tremain le tocó un dolor de cabeza mucho peor. El 3 de octubre de 2023 la prensa brasileña anunció que la Defensoría Pública de Pará estaba interponiendo una acción en contra de cuatro empresas que actuaban en proyectos de carbono en Portel, entre las que se encontraba ADPML de Tremain.

La acusación es un caso clásico de «grilagem de carbono»: las empresas emitían los créditos aprovechándose de los Registros Ambientales Rurales (CAR) registrados sobre tierras de campesinos. La lista de las compradoras de los créditos demuestra la magnitud del problema que surge en torno a los mercados de carbono: Boeing, Delta Airlines, Air France, Amazon, Repsol, Samsung, Toshiba, Kingston y el club de fútbol Liverpool, de Inglaterra.

Una de las responsables de los proyectos era ADPML, rebautizada Amazon Forest People. Su sugerente nombre, Personas de la Selva Amazónica, no dejaba ver que la empresa está en Essex, Inglaterra, y es propiedad de Tremain. Tres semanas más tarde, el periódico británico The Mirror reveló que el registro está en una dirección que se usa como residencia de Kenneth Noye, el padre de Tremain.

No sería nada del otro mundo excepto por el hecho de que Noye fue uno de los personajes de uno de los mayores robos de la historia del Reino Unido. El llamado Brinks-Mat Robbery tuvo lugar en noviembre de 1983. En esa ocasión se robaron 26 millones de libras en oro y diamantes que estaban almacenados en una caja fuerte cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres. Durante las investigaciones, Noye mató a un detective. Fue juzgado y condenado.

Cuestionado por The Mirror, Tremain dijo que era solo un consultor y alegó que su padre no tenía ninguna conexión con el proyecto de carbono. Alegó que desconocía a los verdaderos dueños de la empresa, pero el registro que obtuvimos muestra que el dueño es él. En un material de Amazon Forest People Andrew Harvey Fox figura como representante de la empresa.

“Cuando salieron los reportajes pudimos ver que eran el mismo grupo”, cuenta un Ribereño involucrado en las negociaciones del Proyecto Marajó Redd. “Caímos en una trampa. Solo cambiaron el nombre de la empresa. Fue entonces cuando entendimos que ellos son los verdaderos dueños de Redda+”.

“Las comunidades creen que Redda+ las intimida y que tiene el apoyo de la Policía Federal”, escribe Fox en un correo electrónico enviado a Bruno el 16 de octubre de 2023. A esa altura los representantes de las asociaciones mantenían, sin la intermediación de Bruno, contacto con los verdaderos inversores de los proyectos de carbono.

Bruno contestó unas horas más tarde: “Tenemos a un expolicía que trabajó en Portel desde que empezamos. Ellos [los empleados de Redda+] fueron a la casa de (nombre omitido por razones de seguridad) para hablar, como lo hacemos normalmente. Ahora llaman eso ‘intimidación’, pero no es cierto”.

“Los militares y yo somos los principales blancos porque no aceptamos la corrupción y endurecí mi discurso con ellos [los comunitarios]”, se defiende Bruno, en octubre de 2023, ante los planteamientos de los inversores. “Para reflexionar, estamos atravesando la peor crisis. Recortamos gastos y beneficios; los únicos que siguen conmigo, trabajando todos los días y luchando por la validación y contra las mentiras son los que hoy están allí. Los parientes, los militares o los empleados son todos capaces y honestos”.

Entre los empleados de la empresa se encontraban otros policías militares, como Reginaldo Lima; el hermano de Bruno, Tiago Tavares da Silva, y su esposa Giovana Latorre Tavares. Los dos últimos, adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Policía Militar de São Paulo, solicitaron, en agosto de 2022, una licencia de un año a la corporación, para ocuparse de temas privados.

El 6 de marzo de 2024 la Fiscalía General del estado de Pará presentó una demanda pidiendo la anulación de los contratos firmados por Redda+ en el ámbito del Proyecto Marajó Redd. La interpretación del entonces fiscal Ibraim José das Mercês Rocha es que la empresa había promovido un intento de posesión irregular al operar en terrenos públicos sin el consentimiento de los órganos responsables. Peor aún, simulando el consentimiento de estos organismos: el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (Ideflor-Bio).

“Cabe señalar que el presente caso es de aquellos en que la reprimenda debe ser ejemplar”, escribe Rocha. Asimismo, señala que es fácil entender que hubo una violación de la ley.

En el documento presentado ante la certificadora, Redda+ decía que contaba con el aval de los organismos públicos, pero al menos uno de ellos, el Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Estado de Pará, negó, en un documento enviado a la Fiscalía General de la República el 17 de diciembre de 2023, que lo hubieran consultado. La Fiscalía pide la nulidad del contrato firmado con dos de las cuatro asociaciones y una indemnización de cerca de 800.000 dólares al estado por daños materiales y morales.

Según el entendimiento del fiscal, aunque el contrato es privado, el hecho de que se firme sobre una tierra pública requiere la consulta y la participación de los organismos estatales.

“Por lo tanto, además de que no se trata de un área de propiedad privada, sino de dominio público, y de que no hubo consulta a los organismos responsables, y aunque las comunidades tradicionales no tengan que someterse a un proceso de licitación para obtener concesión sobre los bosques públicos de los estados, evidentemente solo puede explotar y contratar sobre lo que se le garantizó efectiva y expresamente, que no es el caso de las transacciones de créditos de carbono”.

Esta acción fue rechazada porque el juez a cargo del caso, André Luiz Filo-Creão da Fonseca, interpreta que las asociaciones, no la fiscalía, debían ser las demandantes.

La historia se repite

Se podría decir que los vecinos de Camutá do Pucuruí tuvieron “suerte”. Inicialmente, hablaron con la empresa para intentar romper el contrato. En un documento enviado a los abogados de la asociación en abril de 2022, Redda+ se niega a revisar los métodos de cálculo de las transferencias y alega que, incluso, sufrirá pérdidas con el proyecto realizado en Gurupá si acepta destinar el 40% a la asociación, como se le solicitaba.

“Como Redda+ tiene un sistema de cálculo de costos ajustado, la definición de un porcentaje relativo al beneficio neto de la venta de los créditos de carbono es muy superior a la de cualquier competidor. Y Redda+, consciente de este sistema de recaudación de fondos y presentación de resultados, elaboró la propuesta que resultó en el contrato firmado con la asociación”, dice el documento. Según la empresa, el proyecto generaría alrededor de 1,7 millones de dólares al año.

Al fracasar la negociación, la asociación apeló el 21 de marzo de 2023 ante los tribunales de Pará. “El error está inequívocamente presente debido a que la demandada aprovechó el desconocimiento técnico y específico de las minucias del negocio, por parte de la demandante y sus asociados, para insertar cláusulas claramente abusivas y leoninas, en un auténtico contrato de adhesión que no fue negociado ni discutido, sino impuesto unilateralmente”, alega la petición inicial, firmada por el abogado Ismael Moraes.

Por ley, los proyectos sobre tierras de uso colectivo en Brasil tienen que someterse a un protocolo de consulta previa establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este proyecto, lo que la empresa llama un documento de consulta es, en realidad, una carta firmada por las dos partes, como si Redda+ también participara en esta etapa.

“El asentamiento no tiene un protocolo de consulta propio”, alega la empresa. “De esta manera, Redda+, de común acuerdo entre las partes interesadas, organizó la consulta de las comunidades junto con los líderes y la participación de aliados” —la empresa menciona el Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Estado de Pará (Ideflor-Bio) y la Universidad Estadual de Pará—. A pesar de la participación de organizaciones externas, la consulta excluyó al organismo legalmente responsable de los asentamientos, el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa).

En cuanto a Camutá do Pucuruí, el tribunal decidió revocar el contrato el 12 de julio de 2023. Pero se equivoca quien piensa que la minería de carbono ha llegado a su fin.

El actual presidente de la asociación, Mapará, sonríe cuando dice que firmar un nuevo contrato de carbono es inevitable. “Hoy estamos libres en el mercado. Por todo lo que pasó, estamos estudiando para ver la manera correcta de hacerlo. Algunas empresas ya se han acercado a nosotros”.

Nos comunicamos con Bruno Tavares, Kevin Tremain, Andrew Harvey Fox y Tahsin Choudhury por correo electrónico y WhatsApp. Tavares, Tremain y Fox no contestaron.

En un correo electrónico, Tahsin Choudhury negó ser uno de los dueños de Redda+. “Estás equivocada, no soy dueño de Redda+ y, por lo tanto, en este contexto, tus preguntas ya no son relevantes”, escribió. Le enviamos intercambios de mensajes entre los inversores de la empresa, incluido el propio Tahsin. Nunca más nos contestó.

Intentamos ponernos en contacto con Leide Gerônimo y sus hijos, Weldes y Wilton. No hubo respuesta.

También nos pusimos en contacto con las articulaciones Pacto Global de la ONU – Red Brasil, la Coalición Brasil por el Clima, los Bosques y la Agricultura y la Alianza Brasil NBS. Las respuestas completas se pueden leer aquí.

La Coalición Brasil por el Clima, los Bosques y la Agricultura afirmó que no tuvo conocimiento de las denuncias contra la empresa Redda+ por canales formales. “Evaluaremos el caso y lo llevaremos a instancias internas para decidir el procedimiento a seguir y la respuesta adecuada. Cabe señalar que, en su Declaración de Adhesión al movimiento, los miembros de la Coalición se comprometen a actuar ‘dentro de los parámetros éticos exigidos por la sociedad brasileña’, dijo la empresa a través de su oficina de prensa.

Por otro lado, Alianza Brasil SBN escribió que “La promoción de las buenas prácticas y la integridad está en el centro de nuestra actuación y nos tomamos en serio las denuncias que surgen tanto en el sector como con respecto a los miembros de la Alianza. Intentaremos estudiar y entender el caso. Incluso, si lo provocan, nuestro Comité de Ética puede actuar”.

En su respuesta, el Pacto Mundial de la ONU – Red Brasil dice: “Estamos firmemente en contra de cualquier acción que viole los principios de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Anticorrupción. Ante las recientes informaciones sobre denuncias relativas a la empresa Redda+, de las que tuvimos conocimiento a través de la prensa, el Pacto Global de la ONU – Red Brasil empezó a discutir el caso dentro de las instancias competentes de la iniciativa y activó las medidas de integridad previstas en su reglamento”.

Este reportaje fue realizado por el equipo del vehículo periodístico O Joio e O Trigo, que investiga alimentación, salud y poder, y fue republicado en colaboración con SUMAÚMA