Cuando le sonó el celular, Jair Schmitt estaba de bermudas y chanclas y esperaba una mesa al aire libre en un restaurante de Vila Planalto, en Brasilia. A 4 kilómetros de la modernista Plaza de los Tres Poderes, el barrio que nació como uno de los campamentos de los constructores de Brasilia parece un lugar inverosímil, con calles estrechas, casas pequeñas y chalés. Era el 6 de enero de 2023, el primer viernes del año, un día de sol y de algunas sobras de festejos por la ciudad, todavía repleta de simpatizantes del Partido de los Trabajadores que habían ido a prestigiar la tercera investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de la República.

La llamada del celular era de Rodrigo Agostinho, un diputado federal del Partido Socialista Brasileño de São Paulo, también excoordinador del Frente Parlamentario Ambientalista, que había sido elegido por la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, para presidir el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). Agostinho le pidió a Jair Schmitt, funcionario del organismo desde 2002, que fuera a su gabinete.

Jair Schmitt se tragó apresuradamente la feijoada, corrió a su casa para ponerse traje y corbata y se dirigió al Anexo IV de la Cámara, un edificio de diez pisos con fachada cubierta de cortinas amarillas que alberga la mayoría de los gabinetes de los 513 diputados federales. Después de dos horas de conversación, salió con una invitación para presidir la Dirección de Protección Ambiental del Ibama. Aceptó la invitación en ese mismo momento.

Cuando asumió el puesto, los primeros días de enero, Schmitt ya sabía lo que iba a hacer. Puso en práctica un plan que, en lugar de traer novedades, buscaba rescatar estrategias exitosas y replicarlas a gran escala. Lo dividió en cinco ejes: 1) ir a campo para prevenir la acción de los deforestadores; 2) confiscar el ganado criado en áreas donde la selva se tendría que estar regenerando; 3) usar la tecnología para detener la devastación en tierras públicas y privadas; 4) eliminar del mercado los créditos ilegales de madera; y 5) combatir la minería ilegal en tierras indígenas.

Un año después, personas como el científico del clima Carlos Nobre, la ex presidenta del organismo y especialista en políticas públicas Suely Araújo y el periodista especializado en medio ambiente y crisis climática Claudio Angelo, señalan que el trabajo llevado a cabo por el organismo ambiental es el gran responsable de la reducción del 50% en la deforestación de la Amazonia Legal en 2023, en comparación con el año anterior. Datos del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter) del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que emite alertas casi en tiempo real, señalan una pérdida de 5.151 kilómetros cuadrados de la selva Amazónica el año pasado. En 2022, último año de la gestión del extremista de derecha Jair Bolsonaro (Partido Liberal), se talaron 10.277 kilómetros cuadrados de selva en la Amazonia Legal.

Los datos del sistema Deter son menos precisos que los del Programa de Cálculo de la Deforestación de la Amazonia (Prodes), también producidos por el Instituto de Investigaciones Espaciales. Cerrado anualmente en julio, el programa ya había señalado la tendencia de caída de la deforestación en la selva tropical más grande del mundo, que juega un rol fundamental en el cada vez más frágil equilibrio climático del planeta. El Prodes registró una caída del 22% en la pérdida de cobertura vegetal de la Amazonia entre agosto de 2022 y julio de 2023, último semestre del gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y primero de la gestión de Lula, que empezó en 2023.

La reducción de la deforestación es notable, sobre todo teniendo en cuenta que el crimen se disparó en los últimos seis meses del gobierno de extrema derecha. “Conozco la fuerza del personal del Instituto de Medio Ambiente, tenía esperanzas de que lograrían buenos resultados”, dice Suely Araújo. Doctora en ciencias políticas, con una tesis que analizó la política ambiental brasileña entre 1992 y 2012, presidió el organismo ambiental entre mediados de 2016 y principios de 2019, durante el gobierno interino de Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño), el vicepresidente que asumió la presidencia después del impeachment a la titular, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores). En un principio recibida con desconfianza, Suely Araújo se ganó el respeto de funcionarios y ambientalistas. “El secreto de este buen resultado es la posibilidad de realizar distintos tipos de operaciones. Es algo que Jair Schmitt siempre ha defendido. Él es un gran estratega, lo conocen en el Instituto por eso”.

Carlos Nobre, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo y una de las voces más respetadas del mundo en lo que respecta al rol de la selva Amazónica en el equilibrio climático del planeta, enfatiza que el “momento político es favorable para reducir la deforestación”. “Creo que el próximo cálculo de la deforestación de la Amazonia [que se difundirá en el segundo semestre de 2024] indicará una reducción superior al 50%”, apuesta.

“Las alertas de deforestación del Sistema Deter en el último semestre de 2022 estaban aumentando en un 54%”, recuerda Claudio Angelo, coordinador de comunicación y política climática del Observatorio del Clima, una coalición de organizaciones de la sociedad civil brasileña fundada en 2002. “Si alguien me pidiera que apostara a principios del año pasado cuál iba a ser la tendencia de la deforestación en 2023, me jugaría a que iba a aumentar. La tala de la selva se estaba produciendo a un ritmo muy fuerte, tanto que me parecía difícil que el gobierno pudiera revertirlo en seis meses. Pero lo logró”.

La reducción de la deforestación de la Amazonia es el resultado más expresivo que Lula pudo presentar al final del primer año de su tercer mandato. Es una victoria personal para la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva. Incluso enfrentando resistencia dentro del gobierno y en el Congreso Nacional –también dentro de la base que se supone aliada–, la ministra pudo garantizar el apoyo político necesario para que se reanudara la fiscalización de crímenes ambientales. De vuelta al gobierno federal desde que perdió una disputa contra el desarrollismo entonces encarnado por Dilma Rousseff –quien empezó en el primer mandato de Lula como ministra de Minas y Energía y en 2008, en una demostración de prestigio, fue elevada a jefa de la Casa Civil–, Marina Silva tiene hoy más fuerzas para hacerse escuchar en una gestión que dice estar comprometida con el enfrentamiento de la crisis climática. Más de 15 años después de terminar su primera gestión como ministra, el contexto actual señala una preocupación interna y externa mucho mayor por la crisis climática y sus catastróficos efectos sociales y económicos.

La presencia de Marina Silva es también un triunfo internacional para un gobierno que suele oscilar en sus compromisos socioambientales, como cuando defiende la apertura de un nuevo frente de explotación de petróleo en la Amazonia. Por otro lado, los adversarios de la ministra nunca han estado tan fuertes: solo hay que seguir la aplanadora liderada por la bancada de la soja, del ganado, de la invasión de tierras, de los pesticidas y de los ultraprocesados en el Congreso mientras destruyen la legislación que protege la naturaleza y a los pueblos indígenas a una velocidad espantosa.

La victoria contra la deforestación –incluso en un año en el que los incendios, muchos de ellos criminales, estallaron en la selva– es el resultado del esfuerzo de los funcionarios de uno de los organismos de la administración federal más maltratados en los últimos años. A principios de enero de este año pararon las actividades de campo para forzar que Lula les restituyera al menos parte de las pérdidas salariales que habían acumulado durante años sin reconocimiento. En enero, el primer mes de la huelga, hubo una caída del 69% en las multas ambientales en todo Brasil. En la Amazonia la caída fue del 88%. Lula ya dio aumentos a la Policía Federal y a la Policía Nacional de Carreteras, lo que, en opinión de los funcionarios, demuestra un desequilibrio entre las prioridades de un presidente que se lanzó como líder ecológico mundial. Después de la reanudación de las negociaciones, el 1 de febrero, la entidad que representa a los funcionarios del área ambiental afirmó en un comunicado que “no hay conexión entre eso que [los funcionarios reivindican] y lo que propone el gobierno”.

No hace falta saber el apellido de Jair Schmitt para identificar su ascendencia germana. Alto y delgado, tiene la piel muy clara, el pelo y la barba entre rubio y pelirrojo, con algunas canas que se asoman. Nació en Porto União, una ciudad del estado de Santa Catarina que surgió a orillas del tramo inicial del río Iguazú en la frontera con el estado de Paraná. Hijo de pequeños agricultores, siendo adolescente ya vendía paletas heladas por las calles de la ciudad. Trabajaba en una oficina de contabilidad cuando aprobó el examen de ingreso para estudiar matemática en una facultad local. Al tercer año, descontento, abandonó la carrera. Persiguiendo su sueño de ser biólogo, dejó la casa familiar y la ciudad y se fue a estudiar a Ponta Grossa, a 200 kilómetros al norte, en Paraná.

Se licenció en 1999. En 2002 avanzó otros 560 kilómetros para hacer su maestría en São Carlos, en el interior del estado de São Paulo. Fue entonces cuando se enteró de que habían abierto un concurso público en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (el primero en la historia del Ibama). Se presentó y fue aprobado. Al año siguiente partió hacia la Amazonia, donde empezó a actuar como inspector ambiental.

“Rápidamente me sentí angustiado, pensaba cuál era la lógica, cuál sería el resultado de la fiscalización”, explica. Tanto es así que años después, ya en el Planalto Central, se postuló para una plaza de doctorado en la Universidad de Brasilia. En la investigación desarrolló un modelo matemático, basado en la Teoría Económica del Crimen, para medir hasta qué punto la fiscalización ambiental era capaz de disuadir a los criminales ambientales y evitar la deforestación en la Amazonia. El resultado fue desalentador: devastar la selva le costaba poco más de 7 dólares de multa por hectárea a quien fuera descubierto. Cinco años después, cada hectárea deforestada generaba una ganancia de alrededor de 540 dólares, más de 70 veces el valor de la multa.

Schmitt propuso entonces cambios en la forma de realizar la fiscalización con el uso intensivo de sistemas de monitoreo vía satélite. Su tesis, titulada “Crimen sin castigo: la efectividad de la fiscalización ambiental para controlar la deforestación ilegal en la Amazonia”, ganó el prestigioso Premio Capes en 2016 al mejor trabajo de doctorado en el área de ciencias ambientales de todo Brasil. La Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes) es una fundación vinculada al Ministerio de Educación que evalúa y fomenta cursos de posgrado en el país.

En el organismo ambiental, Schmitt y algunos colegas empezaron a desarrollar un proceso para usar sistemas como el Deter y el Registro Ambiental Rural, en los que los ruralistas informan voluntariamente la ubicación precisa de las áreas que dicen poseer, aunque se superpongan a unidades de conservación o tierras indígenas. El uso de forma integrada permitió que el organismo realizara la fiscalización ambiental a distancia. Con la incorporación de los datos de autorizaciones de tala (supresión de vegetación, en términos técnicos) emitidas por los gobiernos de los estados se cerró la ecuación que permite identificar el crimen ambiental y denunciarlo a distancia. Suely Araújo, entonces presidenta del Ibama, abrazó la idea. Surgía el embrión de la Operación Control Remoto.

El abogado André Lima aterrizó en Brasilia a última hora de la tarde del 8 de enero de 2023, un domingo. La ciudad era un campo de batalla: bajo la mirada complaciente de la Policía Militar del Distrito Federal, hordas de bolsonaristas invadían y depredaban el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y –sobre todo– la Corte Suprema. Buscaban una manera de derrocar al recién iniciado gobierno de Lula.

La tensión y la perplejidad que siguieron al frustrado intento de golpe de Estado todavía eran palpables en la Esplanada de los Ministerios el miércoles 11, cuando llegó al Bloque B, sede del recién rebautizado Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. “Ya estuvimos aquí, pero ahora el reto es mucho más grande. Pero ya sabemos lo que hay que hacer”, le dijo Marina Silva. André Lima aceptó la invitación para ser secretario extraordinario de Control de la Deforestación y Ordenamiento Ambiental Territorial.

“Me iba muy bien en el interior”, se ríe André Lima al comienzo de la entrevista de más de una hora con SUMAÚMA en su gabinete. A pesar de haber nacido en Araraquara y vivido en Piracicaba, ciudades del interior del estado de São Paulo, nunca perdió el acento de quien creció en Pinheiros, un barrio de clase media alta de São Paulo capital. Abogado egresado de la Facultad de Derecho del Largo São Francisco, se mudó a Brasilia en 1999 para trabajar en el Instituto Socioambiental, una de las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación de la biodiversidad y los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de Brasil. De 2015 a 2017 fue secretario de Medio Ambiente del Distrito Federal. También ayudó a fundar y estructurar el partido Red Sostenibilidad, fue quien registró, en 2013, el estatuto del partido fundado por Marina Silva.

Con la deforestación fuera de control durante los años de Bolsonaro, sabía que no había tiempo que perder. “El primer semestre se hizo una actuación de emergencia”, cuenta. “Fuimos muy incisivos sobre la importancia de que se rescataran las operaciones de fiscalización remota”.

En 2016 se había iniciado la Operación Control Remoto como un proyecto piloto. En 2019 fue abandonada por el gobierno de Bolsonaro. En 2023, con Lula en la presidencia, los funcionarios del organismo ambiental volvieron a cruzar informaciones del sistema Deter y, cuando estaban disponibles, de los propietarios de las áreas inspeccionadas y de los procesos de autorización de tala de vegetación, algo poco frecuente en la Amazonia, donde un 94% de la deforestación se produce fuera de la ley. Cuando se constatan crímenes, se emiten multas y declaraciones de embargo de las áreas. Todo a distancia. Cuando la tierra tiene un dueño identificado en el Registro Ambiental Rural la multa y el aviso de embargo se envían por correo tradicional.

“Lo importante de la operación Control Remoto es el embargo, no la multa. Es una declaración pública de que esa área no puede usarse para ningún fin. Quien compre cualquier producto oriundo de esa área puede ser punido”, explica Jair Schmitt. “De esta manera se transfiere la carga de la deforestación a toda la cadena productiva, lo que genera un riesgo económico y de reputación a quienes se relacionan con el infractor”.

Por más que el área deforestada no tenga Registro Ambiental Rural –ni, por lo tanto, ninguna inscripción fiscal de un responsable– se la puede embargar. “El embargo no es una sanción contra la persona que deforestó, sino una orden que informa que no se puede usar esa área y hay que desocuparla para que la naturaleza pueda regenerarse”, define André Lima.

La información sobre el embargo se transmite a las municipalidades y los organismos públicos que se ocupan de cuestiones territoriales, como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y los institutos de tierras de los estados. Y, muy importante, al Banco Central. De esta manera el sistema bancario se ve obligado a negar financiamiento a cualquiera que pretenda invertir en esa área, incluso los fondos del Plan Safra, el principal instrumento de crédito para propiedades rurales del país, que ofrecerá cerca de 72.800 millones de dólares hasta junio de 2024. “Muchas veces ni siquiera el propietario sabe que hay un embargo en su área”, afirma André Lima. Solo lo descubrirá cuando se dirija a una sucursal bancaria en busca de crédito para financiar la cría de ganado o el cultivo de soja en el área que deforestó irregularmente.

En enero de 2024 entró en vigor una decisión del Consejo Monetario Nacional que les hizo la vida más difícil a los deforestadores. Los embargos emitidos por agencias ambientales de los estados –ya no solo los del organismo nacional– empezaron a bloquear el acceso a financiamiento. La medida puso fin a un artilugio: como una determinada área solo puede tener un embargo, los deforestadores incentivaban la acción de los gobiernos de los estados para liberarse del embargo federal, que tenía consecuencias más duras. Sin poder embargar lo que ya estaba embargado por los estados, el organismo nacional se veía impedido de actuar y el camino del crédito quedaba libre. “El embargo de los estados se convertía en un salvoconducto. [Pero] Eso se acabó”, resumió André Lima.

En 2023 el organismo ambiental embargó cerca de 350 mil hectáreas –o 3.500 kilómetros cuadrados– de tierras con deforestación ilegal en la Amazonia. Equivale a más de la mitad de todo lo que se deforestó en el bioma el año pasado o más del doble de la superficie de São Paulo, el municipio más poblado de América y de todo el hemisferio sur. “Es un trabajo rápido, barato y de alto impacto”, defiende Jair Schmitt.

Bruno Barbosa se sentía molesto por lo que se repetía en las operaciones de campo que el organismo ambiental realizaba en la Amazonia. Corría el año 2008 y los trabajos de fiscalización se trababan en lo que más tarde llamaría la “fábrica de testaferros”. “Cada vez que iban a campo nuestros agentes eran abordados por personas que se decían propietarias de las áreas que estábamos embargando. Sabíamos que no era verdad”, cuenta.

Como en esa época todavía no existía el Registro Ambiental Rural, era difícil detectar la estafa. Por lo tanto, se ponía la multa a nombre de alguien que no tenía nada que ver con el crimen y los deforestadores escapaban inmunes. “Se convirtió en una válvula de escape para los infractores”, señala, con un acento que revela su origen del estado de Minas Gerais. Licenciado en derecho, Bruno Brabosa gesticula mucho mientras habla con voz incisiva. Entró al organismo ambiental en el mismo concurso que Jair Schmitt, en 2003, y actualmente cursa un doctorado en biopiratería, lo que le permitió crear en el Ibama un sector dedicado a combatir crímenes de este tipo en Brasil.

Con la ayuda de unas gafas de lentes gruesas, Bruno Barbosa había leído y quedado impresionado con De la guerra, un libro de memorias del general prusiano Carl Von Clausewitz. Publicada en 1832, la obra sigue siendo, después de casi dos siglos, un influyente tratado sobre estrategia. Introduce, entre otros, el concepto de “niebla de la guerra”, según el cual uno de los lados de un combate nunca tiene una idea precisa de las capacidades del enemigo. En el caso del organismo, el “enemigo” son los criminales ambientales.

Con Clausewitz en mente, Bruno Barbosa propuso una acción inédita hasta entonces: confiscar el ganado que se encontraba en áreas deforestadas. “De esta manera podríamos llegar a quienes realmente ganan dinero con los crímenes ambientales”, dice. “Pero lo más importante es la doctrina de la disuasión: el antagonista puede incluso tener más fuerza que uno. Pero desafiarte le va a costar mucho. No hace falta que tengas las condiciones de derrotar al infractor. Solo tienes que demostrarle que perderá mucho si decide enfrentarte”.

De esta idea surgiría, ya en 2008, la Operación Boi Pirata 1 (buey pirata), realizada en una unidad de conservación en Terra do Meio, en el estado de Pará. “Había una orden judicial para que retiraran de allí 3.000 cabezas de ganado. Dio muchísimo trabajo. Nos llevó seis meses llevar todo el ganado”, recuerda. Un año después, Bruno Barbosa, que había sido ascendido a coordinador de fiscalización del Ibama, dio un paso más: montó un operativo de incautación de ganado incluso sin orden judicial, pero con evidencias de crimen ambiental, en la región de la Floresta Nacional Jamanxim, en Novo Progresso, también en Pará, en ese entonces municipio líder en deforestación en la Amazonia. Fue otro éxito. “La operación Boi Pirata 2 fue la única que logró reducir la deforestación en Novo Progresso”, afirma el periodista Claudio Angelo.

Para hacer frente al aislamiento forzoso durante la pandemia de COVID-19, Jair Schmitt desarrolló el hábito de llamar a amigos o compañeros mientras preparaba el almuerzo. Bruno Barbosa, que se presentó al mismo concurso que él en el organismo ambiental en 2002 y lo dirigió entre 2008 y 2009, fue uno de sus interlocutores. En 2022, cuando el gobierno de Bolsonaro estaba llegando a su fin, las conversaciones entre ellos empezaron a tratar sobre el futuro cercano. Entusiasta del operativo Buey Pirata, Bruno defendía el regreso de la operación como una marca de la vuelta del organismo ambiental a campo después de los años de farra de los deforestadores autorizados por el entonces presidente Bolsonaro. “En el 87% de las áreas que el Ibama había embargado, no se cumplía la orden de permitir la regeneración de la selva”, explicó Jair Schmidt. “En el 81% de estos casos la causa era la cría de ganado bovino”. En abril de 2023, con Bruno Barbosa al mando, el organismo lanzó la Operación Retomada. En pocos días, 3.000 animales fueron incautados en Pacajá, en Pará, y en Lábrea y Manicoré en el estado de Amazonas.

La idea que mueve operaciones como Retomada es la misma que la de Boi Pirata. Hay más de 100 millones de cabezas de ganado en la Amazonia y una parte considerable pastan en áreas embargadas. Sin embargo, es inviable –en términos prácticos y políticos– confiscar todos los animales que sus dueños pusieron en situación irregular. “Buscamos realizar incautaciones emblemáticas con el objetivo estratégico de disuadir el avance de los crímenes ambientales”, explica Barbosa. “Elegimos regiones críticas de deforestación y notificamos a quienes tienen ganado en áreas embargadas para que puedan sacarlo”.

Las notificaciones ponen en marcha una reacción de los criminales ambientales que contactan a los políticos de la zona para que presionen, en Brasilia, por el fin de la operación. En la Amazonia existe una íntima relación entre el éxito en las urnas y la invasión ilegal de tierras que devasta la selva. Ya sea el caso de personas como Jaime Bagatoli (del Partido Liberal de Rondonia), que es agropecuarista, como el de Zequinha Marinho (del Partido Podemos de Pará), funcionario del Banco de la Amazonia, pastor de la iglesia pentecostal Asamblea de Dios y defensor intransigente de los invasores de Tierras Indígenas. “Poco después de que empezáramos la operación Retomada hubo un día en que Rodrigo [Agostinho] recibió a más de 40 políticos de Rondonia aquí en el Ibama, en el auditorio PrevFogo. Había concejales, diputados de los estados, diputados federales, senadores, todos se quejaban del trabajo que estábamos haciendo. Una señal de que está siendo eficaz”, recuerda Jair Schmitt. La presión política –hasta ahora– no ha llevado a nada.

El siguiente paso de la estrategia de los infractores era intentar obtener más tiempo de los agentes del organismo ambiental para cumplir las notificaciones de retirada del ganado. “No es una tarea sencilla desplazar ganado en la Amazonia. Hay que alquilar camiones y, a menudo, incluso vacunar animales criados sin los cuidados sanitarios necesarios”, explica Bruno Barbosa. Y no siempre hay tierra sin embargo adonde llevar el ganado. Una oferta grande e inesperada también hace bajar el precio de los animales. Entre el riesgo de una incautación y los precios bajos que ofrecen los frigoríficos, los dueños del ganado ilegal se dan cuenta de que sufrirán pérdidas. “Al precio habitual, un buey de 35 arrobas [aproximadamente 500 kilos] vale alrededor de 1.600 dólares”, dice Schmitt. “La incautación genera una sensación de pérdida inmediata. Los infractores entran en pánico”.

Los agentes del Ibama convocan entonces una reunión, abierta a la comunidad, con los criadores de ganado, sindicalistas rurales y líderes políticos de la zona. Los infractores lo ven como una oportunidad para imponer sus intereses y se presentan en masa. “Se convierte en un acontecimiento, todo el mundo viene solidario con el dueño del ganado incautado”, dice Bruno. “Y entonces escuchan el mensaje de que, si se detiene la deforestación, el organismo se irá a regiones que todavía son críticas y, por ahora, no habrá nuevas incautaciones. El tipo termina siendo abandonado”.

En definitiva, cada uno intenta salvar su propio pellejo. Esto transmite el mensaje de que es el momento de apagar las motosierras. “Todo el mundo quiere que nos vayamos. Pero dejamos claro que eso lo determinarán las próximas imágenes de satélite [del Deter] dentro de 15 días. Entonces los mismos infractores empiezan un proceso frenético de contener la deforestación para que no les incauten más ganado”, dice Bruno. “Saben que si la deforestación vuelve a aumentar serán los próximos objetivos, pues tienen ganado ocupando áreas embargadas. Mientras tanto, podemos trasladar a los equipos de fiscalización a otros lugares críticos. Como en el aikido [arte marcial japonés en el que se usa la violencia del oponente como arma], nuestra debilidad se convierte en nuestra fuerza”.

Una tierra indígena del estado de Pará es, desde agosto pasado, objetivo de una operación de este tipo denominada Eraha Tapiro, que SUMAÚMA acompañó durante tres días. Ya se han retirado dos mil animales de la Tierra Indígena Ituna/Itatá, una de las más deforestadas de Brasil, pero por lo menos la misma cantidad todavía sigue allí.

En el plan diseñado por Jair Schmitt, la Operación Retomada debería haber sido la primera acción de impacto del organismo ambiental en 2023. Eso empezó a cambiar el 23 de diciembre de 2022. Ese día se encontraba aislado en su casa con COVID-19 cuando algunos compañeros, que sabían que estaba en el Grupo de Trabajo del Medio Ambiente del gobierno de transición, le pidieron una conversación urgente. Aún con fiebre, con una taza de café en la mano, se sentó frente a la computadora para escuchar, en una reunión virtual, un relato sobre la situación en la Tierra Indígena Yanomami (como publicaría SUMAÚMA unos días después había una crisis sanitaria devastadora en curso). Al final les dio su mensaje: “Prepárense, dejen un plan estratégico armado. Si tenemos la oportunidad, lo vamos a usar”.

La oportunidad se impuso como una emergencia. Eran los primeros días de febrero de 2023 y el Ministerio de Defensa andaba con rodeos: el ministro José Múcio Monteiro pedía “tiempo para hacer un diagnóstico” sobre la situación de los Yanomami. Subordinado a Múcio, el Ejército tiene dos pelotones de frontera dentro de la tierra indígena. La Policía Federal también parecía dispuesta a esperar. En el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, el plan del Ibama estaba sobre la mesa. Quirúrgico, preveía el envío inicial de 12 agentes del Grupo Especializado de Fiscalización, una especie de unidad de elite del organismo, formado por personal capacitado para misiones de alto riesgo. La ministra Marina Silva y su equipo dieron el visto bueno.

El lunes 6 de febrero el Grupo Especializado de Fiscalización, flanqueado por funcionarios de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas y agentes de la Fuerza Nacional, entró a la Tierra Yanomami. En dos días ya había destruido un helicóptero, un avión, un tractor oruga y estructuras de apoyo logístico de la minería ilegal, además de haber incautado dos armas, tres barcos y 5 mil litros de combustible. Los días siguientes las Fuerzas Armadas y la Policía Federal se sumarían al esfuerzo.

“Durante dos meses nuestra principal operación fue esa”, explicó Jair Schmitt. El combate a la minería ilegal no provoca una reducción drástica de la deforestación, ya que la actividad requiere la tala de poca selva en comparación con la ganadería, por ejemplo. La emergencia sanitaria fue el factor decisivo para poner la entrada en el territorio Yanomami en el primer lugar de la lista de prioridades del Ibama y del ministerio. Hasta el punto de que Marina Silva decidió hacer en la tierra indígena, no en una reunión de trabajo previamente prevista en Belém, su primera aparición pública en la Amazonia en su regreso al cargo de ministra.

La operación terminó marcando la vuelta del Estado brasileño al combate de los crímenes ambientales. “La imagen del organismo ambiental trabajando, con el presidente de la República y la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático dejando claro que combatirían la minería ilegal y la deforestación, fue importante para crear la percepción de que las cosas habían cambiado”, evaluó Jair Schmitt.

Edevar Sovete sospechó que algo andaba mal cuando vio en la pantalla de su computadora que empresas con sede en los estados de Pernambuco, Paraíba, Bahía y el Distrito Federal estaban transfiriendo créditos virtuales para el corte de madera a establecimientos de Rondonia. El crédito virtual es un documento emitido por el Sistema Nacional de Control de Productos Forestales para atestiguar su procedencia lícita. No era habitual que la madera saliera de centros que eran generalmente consumidores y se dirigiera a un estado que tradicionalmente la explotaba.

Nacido en Cacoal, en el estado de Rondonia, se había licenciado en matemática y era profesor en una escuela pública cuando un amigo biólogo le comentó sobre un concurso abierto en el Ibama. Su reacción inicial fue decir que “no tenía nada que ver con ese organismo”. Sin embargo, cuando leyó la convocatoria se dio cuenta de que no era cierto. Hizo el examen y fue aprobado; pero su amigo no. Desde 2005 en el organismo ambiental, se especializó en examinar enormes hojas de cálculo de datos en busca de operaciones sospechosas. En ese final de 2022 creía haberse encontrado con algo grande.

Sovete y su equipo de seis funcionarios revelaron un esquema en el que empresas del Nordeste y del Distrito Federal inicialmente compraban madera con registro. Así ingresaban créditos virtuales en el sistema, una información que permite que la madera legal circule por todo el país. Pero las ventas de esta madera no se registraban debidamente en el Sistema Nacional de Control de Productos Forestales: los créditos entraban, pero no se registraba su salida. De esta manera, las empresas se quedaban con los créditos, que después se los vendían a madereras de Rondonia. Allí los usaban para dar apariencia de legalidad a la madera extraída de unidades de conservación y tierras indígenas y también a la deforestación ilegal en áreas privadas y tierras públicas sin asignación. Principales objetivos de la invasión ilegal (robo de tierras públicas), las tierras sin asignación pertenecen a los gobiernos, pero todavía no tienen un uso definido y pueden transformarse en áreas protegidas o asentamientos agrarios.

“Los créditos eran de especies como lapacho, cumarú, cedro rosado, todas maderas de alto valor comercial y muchas de ellas típicas de la Amazonia”, explicó a SUMAÚMA. El destino eran empresas que operaban cerca de tierras indígenas y unidades de conservación donde las alertas de deforestación eran altas, como en las regiones de Cujubim y Ponta do Abunã, en el estado de Rondonia.

Como vive en Brasilia, Edevar Sovete le tocó la puerta a uno de los sospechosos de generar los créditos fraudulentos. Cuando llegó a la dirección, encontró una tienda de artículos de jardinería, donde escuchó que allí nunca había existido comercio de madera. “La empresa que generaba los créditos no existía fuera del sistema”, resume. “En Pernambuco, una de las empresas había informado que tenía medio millón de metros cúbicos en créditos virtuales. Para que esto cupiera en el área que ocupa haría falta formar una pila de madera de 400 metros de altura”. El Empire State Building, el rascacielos más emblemático de Nueva York, tiene 381 metros de altura y 102 pisos.

El peine fino en el Sistema Nacional de Control de Productos Forestales (Sinaflor), una operación rutinaria del organismo ambiental, cobró fuerza con el fin del gobierno de Bolsonaro y dio lugar, en abril de 2023, a la Operación Metaverso, que mapeó el camino de los créditos virtuales que salían de ciudades como Cajazeiras en Paraíba o Prado en Bahía y llegaban a las madereras de Ji-Paraná, Nova Mamoré, Ariquemes, Vilhena y Porto Velho, en Rondonia.

La operación Metaverso inspeccionó 201 empresas de madera. Llegó a todos los estados de Brasil y al Distrito Federal. También investiga los planes de manejo –es decir, el corte legal de madera– que suministrarían los créditos virtuales generados por el fraude, entre los que ya embargaron diez, y los trabajos siguen adelante en 2024. En total, la operación retiró del Sistema Nacional 2,3 millones de metros cúbicos de madera en créditos virtuales. Eso equivale, grosso modo, a unos 230 millones de dólares en negocios criminales interrumpidos si se considera el valor promedio de 100 dólares por crédito. Los 2,3 millones de metros cúbicos llenarían más de 100 mil camiones con madera, lo equivalente a 2 mil kilómetros en línea recta o el doble de la distancia por carretera entre Brasilia y São Paulo. Producir tanta madera requeriría la deforestación de aproximadamente 65.000 hectáreas de selva, un área del tamaño del parque Três Picos, el más grande de Río de Janeiro, que protege la región Serra do Mar.

Operaciones como Metaverso tienen como objetivo la extracción selectiva de vegetación, una deforestación puntual que tala ilegalmente solo árboles cuya madera tiene un alto valor comercial, degradando la selva. Es distinta de la tala rasa, cuando se tala una extensión completa de selva para dejar espacio a la ganadería o al monocultivo de commodities (mercancías) como la soja.

El Instituto Ambiental también aplicó una estrategia para combatir la deforestación en las áreas donde la tala rasa había avanzado más en 2022. A partir de enero se instalaron bases, algunas permanentes, en seis localidades entre el este del estado de Pará y el sur del estado de Amazonas, donde datos de un sistema de satélites llamado Brasil Mais (Brasil Más) indicaban que la deforestación había sido más intensa en 2022. “La elección de los lugares se basó en el tamaño de las áreas que se estaban deforestando”, explicó Hugo Loss.

En el Ibama desde 2013, Hugo se convirtió en el objetivo favorito del gobierno de Bolsonaro porque dirigía operaciones contra mineros y madereros ilegales en la Amazonia. Llegaron a destituirlo del cargo de jefe que ocupaba en abril de 2020 después de que un reportaje del programa Fantástico, de TV Globo, lo mostrara en campo. Fue espiado por la Agencia Brasileña de Inteligencia, en un esquema que –según sospecha la Policía Federal– pudo haberse creado para usar la estructura del Estado a favor de los intereses de la familia Bolsonaro. “La existencia de este otro núcleo, argumenta la autoridad policial, se hizo visible en el monitoreo ilegal, con fines políticos, del funcionario Hugo Loss (responsable de las operaciones de fiscalización ambiental del organismo ambiental), posteriormente destituido de su función en posible represalia por las acciones de combate a los crímenes ambientales”, escribió el ministro Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, en una decisión que autorizó una operación que tenía como objetivo al concejal Carlos Bolsonaro (Partido Republicanos de Río de Janeiro), uno de los hijos del expresidente de extrema derecha.

“Fui vigilado durante todo el gobierno de Bolsonaro. Mi celular fue monitoreado, mi residencia fue monitoreada”, cuenta Hugo Loss, un hombre bajo y fuerte nacido en Curitiba, de piel clara y ya poco pelo oscuro, una barba larga y mirada desconfiada, durante un café con SUMAÚMA en Brasilia. Con una maestría en antropología social de la Universidad de Brasilia, se lo considera uno de los inspectores del Ibama con más experiencia en campo, pero pasó la mayor parte de los últimos cuatro años “en la nevera”, como él mismo lo describe. En febrero de 2023 lo nombraron coordinador de fiscalización de flora del organismo ambiental.

A lo largo del año, Hugo Loss ayudó a montar una operación que instaló bases en Novo Progresso, Uruará, Santarém, Pacajá y São Félix do Xingu en Pará, Apuí y Lábrea en el estado de Amazonas y Porto Velho en Rondonia. “Las acciones de fiscalización se limitaron a un radio de 150 kilómetros a partir de cada base”, explica. La idea era mantener a los equipos en las bases de forma permanente. “Las experiencias anteriores nos mostraron que cambiar constantemente de posición era menos efectivo, ya que los deforestadores volvían a actuar”, afirma.

La estrategia era eficaz, pero la falta de estructura del Ibama la afectó. Actualmente, el número de inspectores ambientales aptos para ir a campo en todo el país no llega a 800. Pero el 60% de ellos acumula actividades administrativas, lo que dificulta la movilidad, y el 46% tiene más de 50 años. En total, casi la mitad de todos los puestos de trabajo están vacantes por falta de personal. Por eso solo dos de las bases (las de Apuí y Extrema, en la región entre Porto Velho y Lábrea) operaron de hecho durante todo el año. En total, 267 inspectores participaron en el trabajo coordinado por Hugo Loss.

Aun así, los resultados fueron expresivos. La deforestación verificada en 2023 se redujo en un 68% en el área de operación de las bases en comparación con el año anterior, según el Brasil Mais, un sistema de monitoreo por satélites de la Amazonia comprado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública durante el gobierno de Bolsonaro. En las regiones de las bases fijas de Apuí y Extrema la caída fue superior: del 70%.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) empezó el 2023 en huelga. Más de 1.700 funcionarios del organismo firmaron una carta en la que anunciaron su intención de suspender las operaciones de campo hasta que el Ministerio de Gestión e Innovación reanudara los diálogos sobre un reajuste salarial; las negociaciones empezaron a lo largo de 2023, pero fueron interrumpidas en octubre. Después de que empezó la huelga, el Ministerio de Gestión anunció que se reanudarían en febrero. El salario inicial de los analistas ambientales, cargo que requiere estudios de nivel superior, es de 1.700 dólares al mes. Este es el cargo de profesionales como Jair Schmitt, Bruno Barbosa, Edevar Sovete y Hugo Loss.

Por otro lado, algunos de los inspectores que ocupan puestos de nivel medio ganan mucho menos: el salario inicial de los técnicos ambientales es de 780 dólares al mes. Este es el caso de Ana Luiza de Assunção, licenciada en administración de empresas y posgraduada en derecho ambiental. Nacida en Pará, vivía en el estado de Bahía cuando ingresó al Ibama en 2016. Actualmente, regresó a su estado natal y participó en algunas de las operaciones más riesgosas del organismo ambiental en 2023.

Ana se especializó en operar drones que se usan en campo para recopilar imágenes y monitorear a los criminales ambientales. Entre abril y mayo estuvo en la Tierra Indígena Yanomami. Acampada en la base de Palimiú, a orillas del río Uraricoera, vigiló a mineros ilegales que intentaban romper un cable de acero de 240 metros de longitud que, tendido entre una orilla y otra, servía de barrera para el avance de los criminales.

Durante uno de los turnos de la madrugada, captó con el dron un barco que avanzaba río arriba. “Esa noche retrocedieron, pero la siguiente aprovecharon un cambio de turno del personal de vigilancia, esquivaron el cable y pasaron”, recuerda. Algunos días después, ya en mayo, mineros ilegales atacaron a tiros la base del Ibama y destruyeron definitivamente la barrera. Ana acababa de regresar a casa. Además del riesgo cotidiano de los disparos, existía otro: la malaria. Para intentar escapar de la enfermedad que ha estado matando a cientos de Yanomami a lo largo de los últimos años, los inspectores evitaban la orilla del río, repleta de mosquitos, a última hora de la tarde.

Meses después, en agosto, Ana estaba en la Tierra Indígena Ituna/Itatá. Allí tuvo que lidiar con invasores de tierras que criaban ganado ilegal. Los criminales destruyeron puentes e incendiaron kilómetros de pastizales en un intento de impedir la incautación de sus cabezas de ganado. Como en la tierra Yanomami, Ana trabajaba diariamente con un chaleco antibalas. Se acostumbró a escuchar amenazas de criminales ambientales. Para proteger la naturaleza arriesgando su vida, la funcionaria federal cobra un salario mensual neto inferior a 1.000 dólares.

Los salarios bajos ayudan a que se vacíe la plantilla del Ibama. Muchos de los que aprueban los concursos ni siquiera llegan a ocupar sus puestos, desalentados por la pésima remuneración. Otros ingresan, pero siguen buscando mejores oportunidades: uno de cada cinco de los que ingresaron en el último concurso ya ha dejado el organismo. Se planea un nuevo concurso público para contratar más inspectores, pero solo deberá concretarse después de que terminen las negociaciones.

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático se solidariza con las reivindicaciones de los funcionarios. “Pero el problema de la deforestación en Brasil no se arregla solo con inspectores en campo”, reflexiona André Lima. “Los datos muestran que la inspección reduce significativamente la deforestación por encima de las 100 hectáreas. Si aumenta la inspección, el porcentaje de áreas de más de 100 hectáreas con deforestación ilegal se reduce, pero el porcentaje de eventos pequeños y medianos de deforestación puede estar aumentando”.

De hecho, la pulverización de los focos críticos de deforestación, como efecto colateral de una inspección más estricta, es una situación que enfrentaron los equipos de Hugo Loss en la Amazonia en 2023, según un artículo que sus compañeros y él escribieron sobre la experiencia. ¿Pero cuál es la salida? Para el ministerio y el organismo ambiental la respuesta está en la tecnología y en políticas públicas que fomenten la conservación de la selva en pie. “Tenemos que implantar un sistema de inspección y sanción remoto, como ya se usa para el tráfico. ¿Cuántos autos circulan en Brasil por hora? ¿Hay alguien que si pasa un semáforo en rojo en un cruce grande no recibe una multa? ¿Por qué no funciona así con la deforestación?”, interroga André Lima.

El Ibama ya presentó al gobierno federal un proyecto para automatizar los embargos y las multas a partir de datos de sistemas como el Registro Ambiental Rural y el Programa de Cálculo de la Deforestación de la Amazonia (Prodes). Hoy, incluso operaciones como Control Remoto requieren que los inspectores hagan los cruces.

El proyecto debe costar aproximadamente 10 millones de dólares, dinero que debería provenir del Fondo Amazonia. “Bases de datos como las del Registro Ambiental Rural, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, de las tierras indígenas, del Prodes, del Deter y del Sinaflor todavía no dialogan como deberían. Y están los datos de los gobiernos de los estados que tienen que dialogar con los federales y viceversa”, dice André. “Todavía estamos en esta etapa de integración entre ellos, que es nuestro gran desafío”.

En otro frente está el favorito del secretario, un programa llamado Unión con los Municipios, que prevé 120 millones de dólares del Fondo Amazonia, hasta 2026, para que los municipios amazónicos que más reduzcan la deforestación puedan invertir en iniciativas de regularización ambiental y territorial. André Lima cuenta que les preguntó a casi 70 alcaldes y secretarios de los municipios líderes en deforestación: “¿Qué prefieren, el organismo ambiental o el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social? Entonces ayúdenos a reducir la deforestación”.

Al menos 27 municipios, según el secretario, ya han informado que se sumarán al programa; los demás deben contestar hasta finales de febrero. Si tiene éxito, el programa puede ayudar a que en la región se reconozca el valor de la selva en pie. “El Estado siempre ha llegado a estos municipios ofreciendo dinero para la deforestación”, dice. Basta recordar que, hasta hace unos meses, por ejemplo, se podía conseguir dinero de los bancos públicos para financiar la ganadería o la siembra de soja en tierras embargadas por organismos ambientales debido a la deforestación. “Hoy el Estado tiene la obligación de presentar propuestas que puedan cambiar las reglas del juego”, defiende André Lima.

Del próximo capítulo de esta historia –una de los pocas exitosas del actual gobierno– depende el futuro cercano de la Amazonia y también el de las nuevas generaciones.