La escena histórica en la que el cacique Raoni Metuktire, del pueblo Kayapó, sube la rampa del Palacio del Planalto el 1 de enero de 2023 despertó la esperanza de los indigenistas de Brasil: los continuos actos del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), que culminarían con la acusación de genocidio de los pueblos originarios, llegaban a su fin. Para la médica Deise Alves Francisco, el simbolismo de la presencia de Raoni en la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, en la que juró el cargo de presidente para un tercer mandato, catalizó otra serie de emociones: en 1989, cuando el cacique recorrió con Sting los escenarios de Europa, Estados Unidos y Japón en defensa de los derechos indígenas, la entonces recién licenciada tomó una decisión que cambiaría su vida y su carrera. «Era finales de los 80 y yo estaba en España, entre Madrid y Barcelona. Quería hacer un posgrado en acupuntura. Cuando vi a Raoni, pensé: no, tengo que volver a Brasil y trabajar con salud indígena. Y volví». El médico Cláudio Esteves de Oliveira descubrió claramente su vocación años antes, durante un viaje al nordeste de Brasil, en el que llevó en su equipaje un ejemplar de Quarup, el libro clásico de Antonio Callado. Tras abandonar su carrera de ingeniero y ser aprobado en una licitación para trabajar en el servicio de aduanas de Río de Janeiro, fue la literatura la que guio sus pasos por un camino insólito: «Me gustaba mucho viajar, era mochilero, y cuando leí Quarup me empeñé en conocer a los indígenas. Y la forma de conocerlos sería haciendo Medicina, que les sería útil en esa época. Sería médico para trabajar con los indígenas. Y por eso hice Medicina».

Es imposible hablar de la salud indígena en Brasil sin hablar de Deise y Cláudio. O, mejor dicho, sin hablar de los proyectos sanitarios que llevaron a cabo en la Tierra Indígena Yanomami la Comisión Pro-Yanomami (CCPY) y, más tarde, en los años 90 y 2000, Urihi-Salud Yanomami. En 2023, en las actuales rondas de conversaciones entre líderes indígenas y la Fuerza Nacional del Sistema de Salud, que actúa de emergencia para intentar frenar el genocidio Yanomami provocado por el avance de la minería ilegal avalada por Bolsonaro, es común escuchar que «hay que volver a implantar en las aldeas el modelo Urihi». Para los Yanomami, Urihi es la selva y, cuando invocan esa época en la que existía Urihi, utilizan un simbolismo casi mítico, de cuando no había enfermedades, no existía el mal, cuando todo era bueno.

La organización no gubernamental Urihi-Salud Yanomami se creó en 1999 para extender en la región un modelo de atención médica revolucionario y exitoso que había iniciado la CCPY. Ese modelo acabó con las muertes por malaria, disminuyó drásticamente la mortalidad infantil y permitió que se reanudara el crecimiento demográfico de los Yanomami, impidiendo el exterminio de esta población milenaria en los 90.

El francés Bruce Albert, referencia internacional de la antropología contemporánea, que fue compañero de los médicos en estos dos proyectos, define el significado del trabajo que gestionaron ambos médicos en Urihi cuando asumieron la atención sanitaria del 50% de las aldeas indígenas de la Tierra Yanomami: «Fue una revolución copernicana». Nicolás Copérnico demostró que eran la Tierra y los planetas los que giraban alrededor del Sol, y no al revés. Deise y Cláudio demostraron, a lo largo de los casi 15 años que pasaron con los Yanomami en su tierra, que son los profesionales de la salud quienes deben ir a las aldeas indígenas y tratarlos, y no al revés.

Pero la revolución copernicana de los años 90 y principios de los 2000 y el reconocimiento más importante —el de los propios Yanomami— al modelo sanitario innovador, autónomo, respetuoso y ético, no libraron a los dos médicos de un proceso kafkiano. Como personajes de los libros del escritor checo Franz Kafka, Cláudio y Deise se convirtieron en el blanco de un proceso que combina absurdo y surrealismo, realidad y ficción, y socavó los 15 años que dedicaron a los Yanomami, arrebatándoles la posibilidad de trabajar como médicos indigenistas y ejercer la profesión que habían elegido por vocación.

En octubre de 2018, Cláudio Esteves, como presidente de Urihi, fue condenado por el Tribunal de Cuentas de Brasil a reembolsar al fisco, es decir, a indemnizar al gobierno federal por el uso de recursos públicos. Más de 10 años después de la extinción del convenio y de la ONG —que fue en 2004—, el tribunal condenó al médico, que era el presidente de Urihi, y a la ONG a devolver parte del dinero que se le había transferido a través de la Fundación Nacional de Salud (Funasa) para atender a los Yanomami. En el proceso, Urihi y Claudio fueron los únicos condenados. El Tribunal de Cuentas absolvió a todos los exdirectores y expresidentes de la Funasa citados.

Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

El 8 de marzo de 2022, Cláudio Esteves recibió una llamada telefónica de la cuidadora de su madre, ya fallecida, que le dijo que había llegado a su casa una carta de ejecución fiscal, dirigida a él, cuyo remitente era el Tribunal Regional Federal de la Primera Región, Sección Judicial de Roraima. Preocupado, el médico le pidió que la abriera y la fotografiara, ya que él había regresado a Brasil hacía unos meses y estaba intentando empezar de nuevo, otra vez, ahora en Pernambuco. El mensaje de la carta lo dejó en estado de shock: Cláudio tenía 5 días para saldar la deuda de 84.557.776,49 reales (más de 15 millones de dólares). O debía hacer una lista de bienes a embargar. Cláudio no tiene ningún bien que poner en la lista, salvo un vehículo Renault Kwid 1.0 del año 2021 que no ha terminado de pagar. La deuda millonaria con el Estado brasileño se generó oficialmente a finales de diciembre de 2019. Unos días antes, el 11 de diciembre de ese mismo año, la deuda de Cláudio Esteves se había registrado como deuda activa del Estado.

No se trata solo de un proceso. Sino de un laberinto de procesos y procedimientos administrativos que se extiende a lo largo de 19 años. Al igual que Joseph K., el personaje de Kafka, los médicos que crearon Urihi aún no consiguen comprender las razones de la condena, y mucho menos aceptarla. No pudieron defenderse, no tuvieron acceso a los autos, no conocían muchos de los documentos que fundamentaban el proceso. Les asombró aún más la exorbitante cifra, que ninguno de los dos considera deber al Estado. En un largo proceso administrativo y judicial, que incluye auditorías internas de Funasa, procesos de investigación, contabilidad especial, declaración de impago, revisión de dictámenes técnicos y financieros de convenios, auditorías del Tribunal de Cuentas y hasta un casi proceso penal, la supuesta deuda de Urihi con el Estado pasó de 22.900 reales (4.300 dólares) a casi 85 millones (16 millones de dólares). En los primeros años de esta cruzada legal, Cláudio y Deise respondieron a Funasa todas las dudas de la administración pública que surgieron con relación a aspectos del convenio y algunos de los materiales adquiridos. También formularon una respuesta formal al Tribunal de Cuentas en agosto de 2006, dando detalles del trabajo de Urihi y de las particularidades de la atención sanitaria indígena en el vasto territorio Yanomami. Tuvieron que defenderse en la segunda Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las ONG en el Senado Federal, en 2007 —la primera fue en 2001—, después de que Urihi apareciera en los titulares de los periódicos como una organización que desviaba millones de la salud indígena, sin preocuparse lo más mínimo por investigar el trabajo que, de hecho, se había realizado en la Tierra Indígena Yanomami. Cláudio y Deise también fueron juzgados y castigados por la prensa, y la mayoría de las veces sin derecho a defenderse.

Durante los años siguientes, sin recursos para conseguir asistencia jurídica y con sus carreras difamadas, los dos afirman que les venció el cansancio. Desde el norte, emigraron al sur, como si la distancia de la tierra indígena pudiera aliviar su sufrimiento. Agotados y sin perspectivas profesionales interesantes, buscaron una nueva vida fuera de Brasil, donde vivieron durante casi una década. Pero la historia de Urihi nunca se quedó atrás. Hoy los dos lamentan haber sido tan ingenuos y creer que el proceso no seguiría adelante, ya que todo lo que habían hecho en la Tierra Yanomami estaba documentado. Además, transpiran un profundo resentimiento. «Sí, me arrepiento todos los días de haber sido ingenuo. Cuando vimos que nadie nos ayudaba [con la defensa], que tendríamos que utilizar nuestro propio dinero [para pagar a un abogado], pensé que era absurdo… Fue el Estado el que nos propuso firmar el convenio [en 1999]. Siempre hemos vivido de un sueldo. Era dinero [para los gastos diarios] de mis hijas. Nunca imaginamos que nadie nos defendería. Nadie».

Diecinueve años después del final de Urihi, Cláudio y Deise han decidido contar, por primera vez y en exclusiva a SUMAÚMA, la historia de cómo sus vidas fueron aniquiladas a pesar de su obra. Ambos consideran que lo que le ocurrió a Urihi es un reflejo del proyecto económico que desde hace décadas pretende ocupar el Territorio Indígena Yanomami y destruir a los indígenas para poder explotar sin trabas el oro y la casiterita. Los creadores de Urihi y los activistas de la causa Yanomami que conocieron a los médicos y los proyectos que coordinaron también creen que Urihi ha sufrido una persecución política, ya que a lo largo de los años la ONG denunció intereses políticos locales en favor de la minería. También criticó abiertamente el nuevo modelo de salud indígena que comenzaría a probarse a partir de 2004, señalando los riesgos que comportaba para la salud de los Yanomami: irregularidades, desviaciones, posibles focos de corrupción, que luego se demostrarían.

«Esta es la primera oportunidad que tenemos de hablar de nuestra experiencia después de todo lo que ocurrió. Es el primer momento de reconciliación con toda esta historia, porque afectó mucho nuestra carrera, nuestra vida profesional y personal. Poder hablar ahora es un rescate», dice Deise mientras le saltan las lágrimas, represadas durante más de una década.

El caso de Urihi es emblemático, y no solo por su significado histórico y porque comprendió los retos y especificidades de la atención sanitaria indígena, especialmente en la zona Yanomami, un territorio de casi 9,7 millones de hectáreas que atraviesa los estados de Roraima y Amazonas, en el norte de Brasil, y que equivale al tamaño de Portugal y supera con creces la superficie de países como Suiza y Bélgica. La condena final de Urihi es un catálogo de males brasileños entrelazados: expone el lado nefasto del reparto político en el presidencialismo de coalición, los equívocos ideológicos sobre el papel y la actuación del Estado, la vulneración cíclica de los derechos de los pueblos originarios, la codicia política que destruye la selva y la vida, la ineficacia y lentitud de la burocracia pública, la lentitud del poder judicial, el descuido y la irresponsabilidad de la prensa, los análisis muchas veces equivocados de los órganos de control, la difícil y delicada situación entre el tercer sector y la política, los obstáculos para acceder a la justicia en Brasil y, por último, la facilidad con que se pueden destruir reputaciones y vidas.

Davi Kopenawa Yanomami, máximo líder de su pueblo, lleva décadas intentando explicar a los napëpë (no indígenas) el significado de Hutukara, el mundo-universo, y de Urihi, la tierra-selva. Testigo del trabajo de Urihi-Salud Yanomami, habló con SUMAÚMA, por teléfono, sobre esta «larguísima historia» que garantizó la supervivencia de sus familiares y frenó el avance de la minería. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso pensó que el trabajo de la CCPY en la zona «era hermoso», dice, y les ofreció dinero «para cuidar de los Yanomami». Davi refuerza que el dinero era para su pueblo, «bajo mi responsabilidad». «En aquella época», recuerda, la Fundación Nacional de Salud destinaba ríos de dinero a la salud indígena, pero sin eficacia. «No conseguía curarlos y seguía trayendo a los Yanomami a morir aquí, a la ciudad. No me gustaba. Y Urihi fue a tratar allí, en la comunidad, en la Tierra Yanomami. Así funcionaba Urihi». El trabajo de la ONG, atestigua Davi, era organizado, beneficioso, acabó con la malaria y otras enfermedades utilizando un volumen bajo de recursos públicos, pero con eficacia, con profesionales «que aman al pueblo Yanomami». El chamán añade: «El doctor Cláudio y la doctora Deise ya trabajaban con la CCPY. Ellos coordinaron [Urihi], asumieron la responsabilidad. No son políticos. Esa pareja no son políticos. ¿Sabes? Por eso la salud era buena, para salvar al pueblo Yanomami». Salvar es un verbo recurrente en la memoria del chamán: «Así es como Urihi-Salud Yanomami salvó a mi pueblo Yanomami, a mis hijitos, a mis hijos, de la Amazonia y de Roraima. Estoy intentando que vuelva ese sistema. Pero es difícil. La sanidad pública no quiere ayudar. Lo que queremos es mejorar la salud de los Yanomami este año».

«Urihi salvó al pueblo Yanomami», reitera Junior Hekurari, ahora presidente de la Asociación Urihi Yanomami. A los 14 años, Urihi-Salud Yanomami lo alfabetizó. Los ancianos de la aldea, dice Junior a SUMAÚMA, guardan el recuerdo de aquella época y quieren que profesionales como Deise y Cláudio vuelvan a «salvar» al pueblo Yanomami. De adolescente fue guía de los equipos sanitarios de la antigua Urihi en la región de Surucucu, las tierras altas de la zona Yanomami, de muy difícil acceso. Gracias a ese proyecto, Junior Hekurari se ha convertido hoy en un importante líder Yanomami de la nueva generación, cuyas acciones fueron esenciales para denunciar el genocidio Yanomami durante el gobierno de Bolsonaro. La asociación que creó ahora lleva el mismo nombre que la antigua, pero no por la ONG Urihi, sino por el significado sagrado de la palabra. «¿Quién vive en Urihi? El pueblo Yanomami. ¿Quién defiende a Urihi? El pueblo Yanomami. ¿Quién trae nuestros recursos? Urihi. Por eso pusimos ese nombre, en octubre de 2022, a nuestra asociación. Urihi es la selva en la lengua Yanomami. Para que Urihi no muriera, pusimos ese nombre».

Cuando Deise regresó a Brasil en 1989, la entonces Fundación Nacional del Indio (Funai) estaba organizando equipos sanitarios móviles para tratar urgencias en la zona Yanomami. En aquella época, la CCPY era una de las organizaciones que colaboraba con la Funai. La Comisión Pro-Yanomami había sido creada en 1978 —en defensa de los derechos territoriales, culturales y civiles de los indígenas— por la fotógrafa Claudia Andujar, el antropólogo Bruce Albert, el misionero católico Carlo Zacquini y otros nombres que se convirtieron en referencia mundial en la lucha por la demarcación de la Tierra Indígena Yanomami. A sus 85 años, Carlo está en contacto con los Yanomami desde los años 60. Fue él quien acompañó a Andujar en numerosas misiones al territorio habitado por un pueblo hasta entonces desconocido para los no indígenas. Desde principios de los 80, Davi Kopenawa Yanomami empezó a colaborar con la CCPY en proyectos que fueron fundamentales para asegurar la demarcación de la zona. Y también para poner en marcha un proyecto de educación bilingüe para los indígenas, que fue crucial para que, años después, ellos mismos denunciaran a los no indígenas la continua violación de sus derechos en su territorio. La ayuda del chamán también sería decisiva para el funcionamiento de la ONG Urihi.

En 1991, por primera vez fuera de Brasil, Davi Kopenawa habló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU sobre el genocidio de los pueblos indígenas, con el avance de la minería y las enfermedades. Incluso después de la demarcación y homologación de la Tierra Indígena Yanomami, en 1992, por el entonces presidente Fernando Collor, la lucha de la CCPY continuó. Y era ardua: «Yo era uno de los médicos que contrató la CCPY [en la asociación con la Funai]. Hice dos viajes de un mes, dos meses, en los que me quedaba en la zona. Y la segunda vez llegué a la conclusión de que tenía que haber una situación más permanente de asistencia en la zona Yanomami, porque esos equipos itinerantes puntuales no resolverían el problema. A la vez, se desarrollaba el debate sobre la demarcación, en 1991, 1992», recuerda Deise.

A principios de los años 90 la situación era tensa. Habían comenzado las primeras inspecciones de la «Operación Selva Libre», organizada por la Policía Federal, la Funai y el Ministerio Público, para expulsar a los mineros de la Tierra Yanomami. Hubo una fuerte presión internacional, especialmente tras la conferencia mundial sobre medio ambiente Eco 92, celebrada en Río de Janeiro. Las noticias indicaban la existencia de hasta 40.000 garimpeiros [mineros] en la zona. El punto álgido de la operación de expulsión se produjo en 1993, cuando un suceso conmocionó al mundo: la masacre de Haximu. Doce indígenas —adultos, adolescentes, niños y un bebé— fueron asesinados por garimpeiros a tiros y machetazos. En los archivos del Ministerio Público Federal, el origen del caso se define así: «El conflicto comenzó cuando los garimpeiros que explotaban ilegalmente la región incumplieron las promesas que habían hecho a los indígenas locales. El 15 de junio, 7 garimpeiros invitaron a 6 indígenas a ir de caza y durante la caminata mataron a 4 de ellos. En represalia, los indígenas asesinaron a uno de los garimpeiros. Este fue el detonante de la masacre que se produciría días después». En total, 16 indígenas fueron asesinados.

En este contexto de tensión, Deise y Cláudio se instalaron en Roraima. Se conocieron en el trabajo y poco después se enamoraron y formaron una familia. «Al inicio de esa expulsión de mineros me fui a vivir a Roraima. Entonces le propuse a la CCPY un proyecto de asistencia permanente. La CCPY trabajaba en una zona donde había el 10% de la población Yanomami», explica Deise. A ella le tocó organizar, a partir de 1991, el programa de salud indígena de la CCPY, que contó con financiación internacional, en particular de Survival International. «Es interesante notar que, en ese momento, el Ministerio de Justicia informaba que el área sería demarcada y homologada, y Bolsonaro, meses después, lanzó un proyecto de decreto legislativo para revocar la ordenanza de demarcación. Es un proyecto personal suyo desde hace mucho tiempo, el de permitir la minería en la zona [indígena]», subraya Deise. El Proyecto de Decreto Legislativo 365, del entonces diputado Jair Bolsonaro, fue presentado en septiembre de 1993 para «dejar sin efecto el Decreto del 25 de mayo de 1992, que homologa la demarcación administrativa de la Tierra Indígena Yanomami en los estados de Roraima y Amazonas». La propuesta fue archivada y desarchivada en numerosas ocasiones. En 2003, Bolsonaro intentó reanudar el proceso. El archivo definitivo no se produjo hasta 2007.

Cláudio llegó a la Tierra Yanomami en 1991, justo después de Deise. Tras licenciarse en Medicina, decidió hacer una residencia de medicina clínica en la Universidad Federal de Río de Janeiro. La Fundación Nacional de Salud (FNS), que más tarde se convertiría en Funasa, le propuso a la médica sanitarista Stella Lobo, que coordinaba la residencia, hacer un trabajo itinerante en la región. Conociendo el interés de Cláudio por los indígenas, invitó al joven médico a unirse al equipo. Parte de este trabajo daría lugar, más tarde, al Distrito Sanitario Yanomami (DSY), que inspiró el modelo de Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) que existe en la actualidad. En estos momentos hay 34 DSEI en Brasil. El DSY fue el primero en crearse.

En su primer viaje a la zona, en la región de Auaris, Cláudio acompañó durante dos meses a un técnico microscopista para detectar casos de malaria. «Encontramos una situación muy parecida a la actual. Un alto porcentaje de malaria, indígenas muy debilitados, incapaces de luchar por su subsistencia, cazar, pescar o trabajar en el campo. Y hambre. Al cabo de dos o tres meses en esta situación, están esqueléticos y deambulan de acá para allá. Iban a los campamentos mineros a pedir comida, iban a los antiguos puestos de salud, todavía muy rudimentarios, a pedir medicinas. Deambulaban por los senderos y nos encontrábamos filas y filas de Yanomami». Un día, un indígena que había caminado más de 10 horas desde Tukuxim llegó al puesto donde trabajaba Cláudio, suplicando ayuda para sus familiares. «No sé cómo llegó vivo. Conseguimos un helicóptero de la FAB [Fuerza Aérea Brasileña], que nos dejó en una pista de aterrizaje que había explotado. Allí encontramos a más de 300 indígenas en estado muy grave, con malaria y desnutrición».

Este viaje fue un hito en la vida de Cláudio. El día que tenía que volver el helicóptero, el piloto de la FAB no se presentó a rescatar al equipo médico. «Simplemente nos dejaron allí. No había comunicación por radio, nada de nada en esa época, y nos quedamos 11 días más de los previstos. Nos quedamos sin comida un día después de cuando tenían que venir a recogernos, los indígenas tampoco tenían prácticamente comida. Estuvimos 10 días casi sin comer, solo lo que nos daban los indígenas. Los tratamos a todos. Un buen día oímos el ruido del helicóptero y salimos corriendo, porque estaban a punto de aterrizar y ya no estábamos en la pista. Perdí 11 kilos. Después me dio malaria». Este momento fue tan transformador y definió tanto su carrera que poco después, seguro de su elección, Cláudio se convirtió en el director clínico de la Casa del Indígena de Boa Vista. Al igual que Deise, tenía claro que la política sanitaria no tendría éxito si no ofrecía asistencia permanente a los indígenas en sus casas colectivas. Sería imposible erradicar la malaria fuera de las aldeas. Fue entonces cuando la CCPY le propuso ser médico de campo en el proyecto que coordinaba Deise. Descontento con la estructura y la visión de la Fundación Nacional de Salud, aceptó unirse al proyecto. «Después de aquello, me dio malaria unas 10 veces», bromea el médico, ahora jubilado.

Durante los primeros años del proyecto de atención a la salud indígena que diseñó y coordinaba Deise, la CCPY se ocupaba de 3 zonas —Tootototobi, Demini y Balawaú—, que equivalían al 10% del territorio Yanomami, y los equipos trabajaban permanentemente en las aldeas. Dentro del movimiento indígena hubo cierta resistencia al modelo, ya que se temía que los indígenas que vivían cerca de las áreas de atención médica se «volvieran sedentarios» y también que hubiera una injerencia indebida en su cultura, algo que nunca ocurrió. Se temía que «el contacto alterara la cultura y eso sería malo para ellos», explica Deise. Esta visión se superó en la CCPY y Urihi gracias a la cuidadosa mirada antropológica de Bruce Albert. La idea principal del proyecto era crear pequeñas infraestructuras de atención médica, pero repartidas por toda la zona, con bases y subbases.

La lógica era la atención descentralizada. Desde las bases, el equipo sanitario iba hasta los Yanomami, y no al revés. «Este fue el gran aporte metodológico de nuestra experiencia con la CCPY, que luego se amplió con Urihi. Porque el problema de la asistencia permanente anterior era que se fijaba en un punto y los indígenas tenían que ir hasta el puesto. Nosotros queríamos que los puestos solo fueran un punto de referencia para organizar los equipos, para desplazarnos hasta las malocas», dice Deise.

El proyecto de la CCPY exigía que los equipos buscaran activamente la malaria en todas las comunidades. Además, tenía programas permanentes de salud de la mujer, salud infantil, atención prenatal, vacunación, pesaje y salud bucal, con visitas regulares y programadas. Los equipos tenían que cumplir unos objetivos. «Introdujimos el control social [que realizaban los Yanomami], porque si un empleado no iba a la maloca, los indígenas se quejaban. Siempre les preguntábamos a ellos si el equipo, de hecho, hacía las visitas periódicamente. Llevábamos de todo, hasta microscopios, para diagnosticar la malaria en las malocas», recuerda Cláudio.

«Ahora parece obvio, pero se consideraba una utopía tratar a los Yanomami en plena selva amazónica y que tuvieran su propio sistema sanitario. Todo esto era muy nuevo, pero luego resultó ser asequible», asegura Deise. Los resultados fueron espectaculares y los indicadores epidemiológicos de las tres zonas que atendía la CCPY, en comparación con el resto del Territorio Indígena Yanomami, eran discrepantes. «En ese momento, atendíamos al 10% del territorio. La Fundación Nacional de Salud (FNS) se encargaba del otro 90% y era un fracaso total: no había proyecto, no había método a seguir, no había nada, no había programa común para la zona ni para la gente. Porque el gran problema del Distrito Sanitario Yanomami, y de toda la sanidad indígena, siempre han sido los recursos humanos. [En la FNS] solo había colaboradores ocasionales», cuenta Deise. El secreto [de la buena atención médica en una zona muy difícil] era garantizar buenas condiciones de trabajo a los profesionales para que el sistema siguiera funcionando, añade la creadora del modelo. «La CCPY tenía buenos resultados, una asistencia permanente, personal fijo, con derechos laborales. La Fundación Nacional de Salud tenía 120 funcionarios y 90 trabajadores temporales. Y solo tenían a 30 personas trabajando en la zona. Toda esta precaria estructura hizo fracasar la ejecución directa de la FNS [que más tarde se convertiría en Funasa]».

A la presión de los malos indicadores en la mayor parte del área indígena se sumó el compromiso internacional del gobierno brasileño de erradicar la oncocercosis. «El área Yanomami es el único lugar de Brasil que tiene una enfermedad llamada oncocercosis, conocida en África como ceguera de los ríos, y llegó precisamente con los esclavos. Si se forman nódulos en la piel, que son los gusanos adultos, estos se reproducen, y los gusanos no adultos migran a través de la piel, causan picor y finalmente van al ojo, a la córnea, la retina y acaban causando ceguera. No había ningún caso de ceguera en la zona Yanomami por oncocercosis, pero Brasil es uno de los países de América que tenía la enfermedad», explica Cláudio.

Con un problema entre manos y la mirada atenta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) puesta en la erradicación, la FNS se acercó a la CCPY y le propuso una colaboración. «Nos propusieron hacer el proyecto [de salud indígena] con ellos, que nuestro convenio fuera exclusivamente con el propio gobierno brasileño y que, en vez de utilizar recursos propios para este experimento, lo hiciéramos con recursos federales», explica Deise. «Y así estuvimos hasta 1999».

El proyecto iba mucho más allá de la asistencia sanitaria. También incluía programas de educación, con alfabetización de los indígenas en las lenguas Yanomami y formación de microscopistas, que más tarde se convertirían en los primeros agentes indígenas de salud. Esta idea, según el antropólogo Bruce Albert, también se reproduciría en la ONG Urihi años más tarde, con la ampliación del proyecto. «La base del modelo era formar a los Yanomami para que participaran en la atención médica. El control social que realizarían los Yanomami sería permanente y efectivo, se favorecían al máximo las lenguas Yanomami y tuvimos en cuenta la cultura y la sociedad Yanomami en la construcción del modelo. Por ejemplo: toda la concesión Yanomami del intercambio de objetos, los intercambios económicos, las cuestiones relacionadas con la muerte y el respeto a los muertos, favorecíamos todo lo posible el respeto a los remedios tradicionales y la investigación sobre ellos. Era una atención muy orientada a los Yanomami».

Deise recuerda que la acción política de Davi Kopenawa siempre fue muy activa, lo cual incentivaba el control social permanente que hacían los propios indígenas. El modelo funcionaba, incluso con desafíos improbables, como el de construir una pista de aterrizaje en Balawaú —que llevó 2 años—, ya que antes el transporte de medicamentos y de personal sanitario solo se hacía mediante larguísimas caminatas de 12 horas a través de selva cerrada. La experiencia del misionero Carlo Zacquini, dice Deise, fue fundamental en aquella época. «Carlo era nuestra persona de referencia». En esa región, los médicos eran los primeros no indígenas con los que tenían contacto los Yanomami más jóvenes. «Los niños corrían cuando nos veían, tenían miedo, nos pasaban la mano por la piel, por el pelo. Esa primera experiencia de contacto fue personalmente muy impactante. Fue un trabajo muy intenso. Pasábamos mucho tiempo en la zona. Y, personalmente, quizá fue la época más feliz de mi vida, porque allí nacieron nuestras hijas. Tenemos dos niñas, una nació en 1994 y la otra en 1996», cuenta Deise.

El gobierno federal decidió reestructurar la sanidad indígena en 1999, con un modelo descentralizado. Fue entonces cuando surgieron los DSEI. El cuadro epidemiológico seguía siendo malo en la mayoría de las zonas Yanomami. La FNS se convertiría oficialmente en Funasa. En este contexto, el propio gobierno le propuso a la CCPY dar un paso audaz: asumir la atención médica del 50% de la zona Yanomami. El contexto político también había cambiado, con la aprobación de la Ley Arouca (Ley 9.836) en el Congreso Nacional, que llevaba el nombre del sanitarista y diputado Sérgio Arouca, quien ayudó a formular y aprobar la ley en Brasilia. El gobierno estaba presidido por Fernando Henrique Cardoso, cuya visión sociológica y académica ayudó a comprender la realidad indígena.

La investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) Luiza Garnelo, especialista en salud indígena, explica el contexto político que permitió que el gobierno federal, en aquella época, buscara la ayuda de ONGs para prestar asistencia sanitaria a esas poblaciones. «Reconocer que el modo de vida indígena tiene singularidades que deben respetarse y que el SUS [sistema de salud público] no tenía la preparación adecuada para atenderlas propició la aparición de la propuesta de organizar un sistema de salud específico para los pueblos indígenas (…). La propuesta de crear un subsistema del SUS tuvo éxito, y se garantizó un vínculo jerárquico entre estas instancias», detalla Garnelo en el libro Saúde indígena: introdução ao tema (Salud indígena: introducción al tema), publicado en 2012. Con la promulgación de la Ley Arouca, Funasa pasó a ser responsable de todas las acciones de salud indígena. Pero no tenía personal ni experiencia. Contratar a ONG que ya trabajaban con indígenas se convirtió en una opción, como explica Garnelo.

Fue entonces cuando Funasa se dirigió a la CCPY. La decisión fue difícil y la Comisión Pro-Yanomami se dividió. Una parte del grupo consideró que sería un paso importante, porque por fin se podría ampliar el modelo de atención, y con la responsabilidad del Estado. Cláudio y Deise estaban en este lado. Otra parte de la comisión consideraba que la entrada masiva de recursos gubernamentales en la organización le restaría autonomía e independencia para denunciar las vulneraciones de los derechos indígenas. En este lado estaba, sobre todo, la fotógrafa Claudia Andújar.

«Lo debatimos internamente, y la CCPY decidió que era un proyecto muy grande que implicaba fondos públicos. Claudia Andújar decía que eso desfiguraba la organización. Una cosa era tener un proyecto en una zona pequeña y otra muy distinta era asumir un proyecto con financiación gubernamental, ajeno al interés de la organización y a la independencia necesaria para criticar al gobierno. La CCPY pensó que lo mejor era que se creara una segunda organización con las personas de la propia CCPY que apoyaran esa decisión y que tuvieran más afinidad con el área de salud. Éramos yo, Cláudio, Carlo Zacquini, Bruce Albert y Alcida Ramos, antropóloga de la Universidad de Brasilia. Creamos esta organización y elaboramos un proyecto que preveía una fase preparatoria de 3 meses», recuerda Deise.

Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

Bruce Albert afirma que la propuesta de Funasa era «irrechazable». «Nos pasamos muchos años, décadas, trabajando en el tema de la salud a microescala para hacer un proyecto ejemplar de cómo se podría tratar la salud de los Yanomami. Y cuando llega la propuesta [federal] de hacerlo a gran escala, ¿vamos a decir que no? Eso era imposible. Así que se nos ocurrió la solución de crear una asociación que fuera una emanación de la CCPY, pero con un marco jurídico y administrativo totalmente distinto, una organización sanitaria». Había conocimiento de sobra, señala Albert. «Yo empecé en 1975, Claudia en 1974, Carlo en 1968, Alcida también en los años 60. Así que, en la década de 2000, ya teníamos muchas horas de vuelo, lo que realmente nos daba legitimidad. Hablábamos el idioma, estábamos siempre consultando a los Yanomami. Lo digo para dar una idea de esta revolución en la asistencia. Tomamos en serio a los Yanomami, que exigían asistencia médica en las aldeas, a diferencia de esa historia de que no hay que quedarse allí». Cláudio, dice el antropólogo, hacía que el sistema funcionara y también se ocupaba de las relaciones institucionales y políticas. Deise «era el cerebro epidemiológico de Urihi». «Ella inventó todo el sistema de manejo de datos de Urihi, hasta tal punto de precisión que me impresionó mucho aquella época. El sistema estaba tan bien hecho que, por ejemplo, si tenías un auxiliar de enfermería que no iba a las malocas y se inventaba los datos, el sistema de gestión de datos que Deise había inventado detectaba inmediatamente una incoherencia. Era un filtro delicado. Estaba muy bien organizado y muy bien pensado. Siento una gran admiración por ambos. Era extraordinario».

La antropóloga Alcida Ramos, profesora jubilada de la Universidad de Brasilia, considera Urihi un «desarrollo natural de la experiencia de la CCPY». «Con acciones, aunque puntuales, en el campo de la salud, la CCPY contribuyó a ampliar nuestro conocimiento de las dimensiones y condiciones de la Tierra Yanomami. Urihi, con su actuación extremadamente profesional, no hizo sino reforzar la importancia de la CCPY. No escatimo elogios a la labor de Urihi». Alcida destaca la gestión administrativa que permitió derrotar la malaria. El modelo, según ella, «debería convertirse en un manual para otras zonas de Brasil y del mundo, como, por ejemplo, África». «Soy testigo del trabajo que se llevó a cabo, porque participé, como intérprete, en equipos médicos en el valle del río Auaris. Urihi logró la hazaña de “limpiar” gran parte de la Tierra Indígena Yanomami del terror de la malaria en solo 4 años. Convirtió un riesgo para la salud en salud sin riesgo».

La labor de alfabetización y formación de indígenas llevó a cabo Urihi, dentro de un proyecto de salud, «fue hercúlea», recuerda el ecólogo y geógrafo Maurice Seiji Tomioka Nilsson, que trabajó en la ONG. «Se trataba de empezar con personas que no dominaban la escritura, enseñarles a leer y escribir en la lengua Yanomami, enseñarles matemáticas, y todo ello utilizando las herramientas conceptuales de nuestra sociedad. Leer una lámina y encontrar las formas de los gametos, las formas en que aparece la malaria en la sangre, todo eso». Maurice llegó a la Tierra Indígena Yanomami en diciembre de 2000. «En 2001 prácticamente ya no había malaria, ni muertes por malaria. Por primera vez pasábamos de la asistencia de urgencia a la asistencia completa permanente. Había puestos de salud muy bien establecidos, generalmente de ladrillo, con alojamiento, farmacia y espacio para atender. Y estos puestos siempre estaban vinculados a una pista de aterrizaje, es decir, a un acceso. Cuando llegaba allí un técnico de enfermería, se instalaba y salía a pasear por las aldeas, que no siempre estaban al lado de la pista de aterrizaje». Uno de los trabajos de Maurice en Urihi consistía en convertir toda la información y los datos epidemiológicos en mapas.

Amigo de Cláudio y Deise desde hace 28 años, el médico Joan Tubau conoce a ambos desde que trabajaba con Médicos Sin Fronteras en la zona Yanomami en la época de la CCPY. Él y Cláudio estuvieron juntos en una misión en Venezuela en los años 90. El objetivo era estudiar los casos de malaria entre los indígenas de ese país, que afectaba al control en el lado brasileño. En 2002, a Tubau le propusieron formar parte del consejo de Urihi. El efecto del trabajo de la ONG, dice, fue «maravilloso». «Se aseguraban de que el personal estuviera en los puestos, iban a pie a las malocas, respetaban a los pacientes Yanomami. Que los trabajadores empezaran a comprender lo increíblemente afortunados que eran al tener contacto con la cultura y con un pueblo de esta riqueza. No estamos hablando de enfermedades complejas. Es estar ahí, cuidar con afecto, con constancia, con preocupación, con ética. Eso es lo que hizo Urihi». Para Tubau, que actualmente ha vuelto a Médicos Sin Fronteras, en Barcelona, Urihi introdujo la telemedicina en la selva amazónica. «El auxiliar de enfermería podía llamar a Cláudio por radio las 24 horas del día. Era un sistema muy eficaz, ético y cuidadoso».

Con la creación de Urihi, todo se redimensionó: la logística, los recursos humanos, la capacitación y formación, los lugares de funcionamiento. El proyecto de la ONG amplió considerablemente la asistencia médica en la Tierra Indígena Yanomami, pero como Deise y Cláudio tenían mucha experiencia atendiendo a los indígenas, el reto no parecía tan complejo. Funasa concedió plena autonomía a Urihi. Al principio, los médicos temían responsabilizarse también de la contratación de horas de vuelo, pues sabían que eso era un avispero en Roraima. Todos los pilotos, sin excepción, habían trabajado para la minería ilegal en algún momento. Pero el Ministerio de Salud exigía que fuera un paquete completo, como hacía antes la CCPY.

No fue sencillo contratar personal. Se publicaban las convocatorias y, en general, los médicos interesados procedían, en su mayoría, del Sureste; los enfermeros, del Nordeste; los técnicos de enfermería, de la propia región Norte. Antes de firmar el convenio, la coordinación de Funasa permitió que las licitaciones se adaptaran a las especificidades de la zona Yanomami. Mientras realizaba su proyecto de investigación de la maestría y del doctorado en la Tierra Indígena Yanomami, el antropólogo Rogério Duarte do Pateo estableció una colaboración informal con Urihi. «Tenía esta relación de apoyo logístico a cambio de información. Se comprometieron a atender una región enorme y los datos estaban todos mal. No había forma de saber quién tenía que vacunarse y quién no. Tuvimos que rehacer todo el censo, entender la relación entre las aldeas, contar todos los lugares. Había lugares que ni siquiera estaban en la lista. Lugares donde hacía años que no aparecía nadie para dar medicamentos. Así empezó esta rutina. Crearon las bases y las subbases, instalaciones más pequeñas cuando las malocas estaban demasiado lejos. Se preocupaban por ofrecer un mínimo de comodidad a los trabajadores. Las subbases siempre tenían radio».

Con este sistema «todos los enfermos desaparecieron», dice el antropólogo de la Universidad Federal de Minas Gerais, que ahora participa en un proyecto en Egipto. «Y las aldeas empezaron a llenarse de niños. Fue increíble verlo. Yo fui en 2000 y me quedé 3 meses. Cuando volví un año después, los pueblos estaban llenos de niños, era una felicidad generalizada. Siempre hay algunas enfermedades, claro, pero se produjo un baby boom. Las personas dejaron de morir. La mortalidad infantil descendió drásticamente en su época [un 65% según los registros de Urihi], por lo que recuerdo, la tasa de mortalidad por malaria llegó a cero en algunas regiones».

Rogério recuerda los «artilugios» que creaba Cláudio, como un aparato de rayos X móvil que se llevaban a las aldeas para ayudar a diagnosticar la tuberculosis. También cita el manual para microscopistas, escrito en tres lenguas Yanomami con la supervisión de Bruce Albert. «Había, además, un control radical de la caducidad de los medicamentos. Los vuelos transportaban medicamentos entre una base y otra. Si sabían que en un sitio sobraban medicamentos que no estaban caducados y en otro sitio había medicamentos que se estaban acabando, o estaban a punto de caducar, los llevaban para que no caducaran sin que se utilizaran… La parte logística de Urihi era impresionante. Era una estrategia para sacar a los indígenas de la selva lo menos posible y optimizar los procedimientos para gastar menos dinero público y ser más eficientes».

La propia formación sanitaria de los Yanomami fue lo que permitió erradicar la malaria. «Empecé a trabajar como microscopista en 1999, en la época de Urihi. Hice el curso y luego empecé a hacer un seguimiento de la salud Yanomami. Cuando Urihi llegó en 2000, la salud mejoró mucho, porque caminaban, mandaban al personal a trabajar, no les decían que se quedaran en el puesto. Los mandaban a trabajar a las comunidades, se quedaban a dormir ahí. Las personas caminaban mucho. Se acabó la malaria, todo mejoró, los Yanomami estaban sanos, a todos les gustaba su trabajo. Yo iba mucho con ellos, conozco el trabajo de Urihi-Salud Yanomami. En aquella época, la región de Surucucu era una zona conflictiva. Los que coordinaban la salud, el doctor Cláudio y la doctora Deise, iban a la selva, no se quedaban en la ciudad. Ellos mismos cuidaban de los Yanomami. Urihi formó a muchos agentes de salud Yanomami, microscopistas, para luchar contra la malaria. Fue entonces cuando todo mejoró para los Yanomami», cuenta Morzaniel Ɨramari Yanomami, que fue profesor en Surucucu, en los proyectos de alfabetización de la CCPY, y luego pasó a dedicarse a proyectos de salud con Urihi y se formó como agente indígena de salud.

Los indígenas, que recibieron la propuesta de Urihi de trabajar en la organización y recibieron formación como microscopistas y agentes de salud, al principio no cobraban en metálico. Culturalmente, no tenía sentido para ellos. Los trabajos se remuneraban mediante trueque. En yanomami, la práctica se conoce como matihipë, como los indígenas llaman a los objetos que quieren poseer: utensilios agrícolas, machetes, pantalones cortos, chanclas, instrumentos que ayudaran en la pesca, la caza o que aportaran más comodidad a la vida cotidiana. «A unos pocos conseguimos pagarles en efectivo, con documentación, pero todo era en trueque. Teníamos un almacén que no te puedes imaginar la cantidad de artículos que había… Así que no podíamos hacer una gran licitación de anzuelos, por ejemplo, con un número específico», explica Cláudio.

Cada tres meses, Urihi hacía un informe físico-financiero y lo enviaba a Funasa. También había informes de objetivos. «Teníamos un sector administrativo, un administrador, un auxiliar administrativo. Nosotros éramos quienes ordenábamos los gastos. Lo firmábamos todo», cuenta Cláudio. «Nunca nadie nos cuestionó nuestro procedimiento de licitación. Nunca. Urihi firmó 4 convenios [con el gobierno]. Para recibir la siguiente partida, había que tener la rendición de cuentas al día. Todo eso se aprobó. Y nunca se cuestionó», añade Deise. Urihi tenía 120 empleados. El 60% de los recursos del convenio se destinaban a pagar al personal, señala la médica. La relación de la ONG con la coordinación nacional de Funasa en Brasilia era fluida y directa. «Pero con el paso del tiempo, empezamos a ver resistencia por parte de la Funasa local, de Roraima. Los coordinadores eran nombramientos políticos y empezó a haber una hostilidad constante en las reuniones del Consejo de Distrito. Ya eran personas claramente antindígenas», afirma Deise.

Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

Los boletines epidemiológicos que elaboraba Urihi y posteriormente catalogaba Funasa muestran que la incidencia de la malaria descendió un 99%. De 2001 a 2004, no se registró ninguna muerte por la malaria en las aldeas donde Urihi ofrecía asistencia sanitaria. La ONG formó a 33 jóvenes Yanomami como microscopistas. La mortalidad infantil en ese período se redujo un 65%. La tuberculosis empezó a diagnosticarse y tratarse en las malocas, siempre que era posible. Los niños Yanomami estaban vacunados según el calendario del Ministerio de Salud. Ya no había casos de desnutrición. «Realmente hicieron un trabajo único, ejemplar. No solo las cifras lo demuestran, sino que los Yanomami hablan de esa época, la época de la salud, en la que vivían bien, no tenían que preocuparse por las enfermedades, podían vivir su vida», resume el indigenista Marcos Wesley de Oliveira, que trabajó en la CCPY entre 1997 y 2008.

En ese período, hubo un crecimiento demográfico del 4% anual. «Davi [Kopenawa] solía decir, en su aldea, en Demini, que estos son los hijos de Urihi. Porque la mortalidad infantil era altísima. Entonces los niños dejaron de morir», recuerda Cláudio.

La principal demanda de los líderes indígenas era tener un papel protagonista a la hora de definir las políticas públicas de salud. Siempre había sido una reivindicación del movimiento indígena poder contar con un departamento vinculado al Ministerio de Salud que se ocupara directamente de la asistencia indígena, minimizando las interferencias políticas locales. Pero eso no ocurriría hasta 2010, con la creación de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai). No fue hasta 2023 que un indígena, Ricardo Weber Tapeba, asumió el cargo. Décadas antes, el funcionamiento de Urihi fue desafiante para el diseño de políticas públicas en áreas indígenas, especialmente en territorio Yanomami.

Tapeba, que está en primera línea de la actual crisis Yanomami, no conocía el trabajo de Urihi. Según él, la Sesai «tiene muchas deficiencias» y el territorio «de casi 10 millones de hectáreas, más de 350 comunidades indígenas y con una población de más de 30.000 indígenas» impone numerosos retos, especialmente en cuestión de acceso. «Como no estoy familiarizado con el modelo de Urihi, no puedo decir aquí que pueda reproducirse en la actualidad». Subraya que la actual dirección y el propio presidente Lula se comprometieron a que «los principales espacios gubernamentales dedicados a la política indígena brasileña los ocuparían indígenas». «Cuanto menos influencia política partidaria haya en estas instancias, mejor será para los pueblos indígenas. En el caso Yanomami, nos encontramos incluso que el Distrito Sanitario Especial Indígena ha sido totalmente tomado por grupos políticos del estado de Roraima, lo cual ha propiciado la crisis sanitaria que existe en ese territorio».

Davi Kopenawa afirma que está «luchando» para que el gobierno federal entienda que es necesario traer de vuelta la metodología de Urihi. «Estamos intentando hacer funcionar un modelo como el de Urihi, pero dentro de la Sesai, aquí en Boa Vista, hay mucha gente [que apoya] a Bolsonaro. Así que es difícil hacerlo funcionar. Pero lo estamos intentando, estamos luchando. Sería mucho mejor, mucho mejor».

Como señala la investigadora Luiza Garnelo, en la Amazonia, entre 1999 y 2004, un total de 26 asociaciones indígenas firmaron convenios con Funasa para llevar a cabo proyectos de salud en los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) de la Amazonia. Estas entidades se vieron obligadas a realizar «profundas reestructuraciones en su modelo institucional e incluso en sus objetivos políticos, para responder adecuadamente a un nuevo papel, el de proveedor de servicios sanitarios públicos», explica. El desafío no era solo contar con personal técnico calificado, sino manejar «volúmenes presupuestarios muy superiores a los que manejaban anteriormente las entidades, lo cual era un gran reto para las asociaciones indígenas», señala Garnelo, en una publicación que aborda los parámetros de la salud indígena.

Urihi, según los informes de Cláudio y Deise, pasó por este proceso de adaptación y sus profesionales se sintieron amparados gracias a un diálogo transparente y directo con Funasa y el Ministerio de Salud, en Brasilia. Sin embargo, la relación con los políticos locales nunca fue armoniosa, subrayan ambos. En opinión de los médicos, Urihi, al prestar asistencia permanente en las zonas indígenas, también se convirtió en un obstáculo para los intereses de la explotación minera en la Tierra Yanomami.
En 2003, con el cambio de gobierno, los dirigentes de Urihi empezaron a sentir que la relación con la élite política y económica local era aún más hostil. Años antes, en 2001, el Senado ya había creado la primera Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las ONG. En aquella ocasión, las asociaciones indígenas ya advertían de los riesgos de analizar la cooperación del tercer sector con el Estado de forma genérica, especialmente en las zonas indígenas. Uno de los creadores de la comisión, el entonces senador Mozarildo Cavalcanti era considerado un político alineado a los intereses económicos del sector minero. En un reportaje de Folha de S.Paulo publicado en 2001, Cláudio Esteves afirmaba que la comisión ayudaría si se hiciera de forma honesta.

Además del golpe de la comisión, lo que destrozó definitivamente la relación de las asociaciones que trabajaban en áreas indígenas junto con el gobierno federal fue una nueva concepción de gestión, que se hizo evidente a partir de 2004. «En 2004, ya con el gobierno del Partido de los Trabajadores, los gestores de Funasa tomaron la decisión, abrupta y unilateral, de revisar sus prioridades al buscar colaboraciones», explica Garnelo en su libro. Dos ordenanzas, la 69/2004 y la 70/2004, redefinieron la gestión, centralizando en Funasa todas las compras de material y equipos necesarios para el desarrollo de las acciones de salud indígena. «La medida, en la práctica, les quitó toda la autonomía a las empresas contratadas a la hora de llevar a cabo las rutinas sanitarias que estaban bajo su responsabilidad, restringiéndolas a la mera posición de contratistas de personal para los DSEI».

Antes de esas dos ordenanzas, firmadas por el entonces ministro de Salud, Humberto Costa, las ONG, como era el caso de Urihi, tenían autonomía para definir sus propias acciones y realizar procesos de contratación ágiles y adaptar las compras a la realidad de la atención médica. A partir de la fecha de las nuevas ordenanzas, las entidades ya no tendrían el control de la gestión de los programas de asistencia en tierras indígenas. Básicamente se encargarían de la contratación de recursos humanos. SUMAÚMA entró en contacto con el exministro y ahora senador Humberto Costa para que explicara las razones del cambio de gestión en la salud indígena, pero no respondió. Según su asesoría, el senador no recordaba las razones que llevaron a la reestructuración de la salud indígena y sugirió que se consultara al ex director nacional de Salud Indígena de Funasa, Alexandre Padilha.

«Cuando asumí la dirección de salud indígena de Funasa, durante el período de aproximadamente un año, desde mediados de 2004 hasta mediados de 2005, estas dos ordenanzas (69 y 70) ya estaban publicadas, ya estaban en funcionamiento. Yo no participé en su elaboración. Surgieron en un momento en que era importante contar con mecanismos de supervisión, a través de Funasa, del trabajo que realizaban las organizaciones no gubernamentales», explicó Alexandre Padilha a SUMAÚMA por escrito. Padilha es actualmente ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales del gobierno de Lula.

El ministro destaca que, cuando se hizo el cambio de gestión, «las acciones de la CGU [Contraloría General del Estado] y las investigaciones que realizaron los órganos de control también mostraron desvío de recursos a través de ONG, mala gestión de los recursos, baja calidad de la actuación en varios lugares». Padilha reconoce que el conocimiento de la realidad local es importante en estas colaboraciones, «pero no era suficiente para garantizar la buena gestión de los recursos». Y afirma que la intención de las nuevas ordenanzas era crear mecanismos de control y supervisión por parte del Ministerio de Salud. «Ese modelo se mejoró y superó con creces cuando creamos, años después, una Secretaría Especial de Salud Indígena, que incorporó la salud indígena al Ministerio de Salud, que se amplió y fortaleció en mi gestión como ministro de Salud».

Padilha no respondió a las preguntas sobre la ONG Urihi, no dijo si llegó a conocer el trabajo de los médicos indigenistas en la Tierra Indígena Yanomami, ni si estaba al corriente de las demandas y de la actual condena contra ellos. En 2007, la CCPY reprodujo en su página web unas declaraciones de Padilha, que también es médico, sobre el trabajo de Urihi: «El convenio de Funasa con Urihi consiguió buenos resultados en la reducción de la mortalidad infantil y el control de la malaria en las regiones en las que trabajó entre los Yanomami de los estados de Roraima y Amazonas».

Padilha confirmó a SUMAÚMA que Funasa no se recreará en el actual gobierno. «El territorio indígena tiene muchas peculiaridades y la combinación de las estructuras públicas del Estado brasileño con las experiencias de las organizaciones locales es fundamental. La mejor experiencia fue en 2011, con esta combinación, también a través del programa Más Médicos, de colaboraciones con organizaciones locales y entidades, o con universidades. El gobierno de Bolsonaro lo desmanteló todo y hoy tenemos el gran desafío de reconstruir la atención a la población indígena». Padilha ha prometido que el gobierno volverá a invertir en la formación de médicos, agentes de salud, enfermeros y técnicos de enfermería indígenas.

El fin de los Urihi comenzó, según Cláudio y Deise, cuando los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, vinculados directamente a Funasa, se convirtieron en blanco de una fuerte interferencia política y económica local antindígena. La ONG perdió la autonomía para dialogar directamente con Funasa, en Brasilia, y se convirtió en blanco constante de la hostilidad regional. «Tenía que pasar por la coordinación regional y esta hostilidad era total y absoluta. Cuestionaban todo lo que hacíamos [a partir de 2003, especialmente]. Estábamos muy cansados de tanto papeleo, tanto trabajo administrativo, de rendir cuentas, y sentíamos que ya no hacíamos nada. Nos presionaban para que nos limitáramos a rellenar papeles, a rendir cuentas de cosas absurdas», recuerda Deise.

Los médicos no estaban de acuerdo con las dos ordenanzas del Ministerio de Salud y se dieron cuenta de que el cerco político se estaba estrechando. Además de enfrentarse a los líderes políticos locales, Cláudio también expresó claramente su preocupación por el hecho de que Funasa estuviera controlada por figuras del entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño, como el exsenador Romero Jucá, que siempre habían dejado clara su postura favorable a la minería en la zona indígena. Jucá presentó un proyecto sobre esta cuestión en 1995, mucho antes de que Bolsonaro convirtiera esa idea en una directriz de su gobierno.

«Cuando redujeron efectivamente los acuerdos para contratar personal, en 2004, quisimos irnos». Deise dejó la Tierra Indígena Yanomami, tras años de trabajo incansable, con una sensación de derrota. «Es tan surrealista, porque sabía que era una derrota política. El hecho de que no utilizaran nuestra experiencia para construir lo que vendría después suponía una ruptura. Y eso era muy sintomático de que las cosas no iban bien. Para los Yanomami no irían bien». Funasa rechazó incluso la propuesta de Urihi de establecer un período de transición para intercambiar experiencias con los nuevos gestores sanitarios de la zona indígena. «Fue una derrota, porque no habría continuidad. Estábamos allí denunciando que el poder político local iba a tomar las ONG», reitera la médica.

Cláudio dejó Boa Vista con tristeza, pero con una visión política diferente. «Siempre pensé que lo que hicimos allí nunca podría destruirse. Que ese proyecto había tenido tanto éxito que era indestructible. Deise siempre ha sido mucho más inteligente que yo y tiene más conocimientos políticos. Yo pensaba que podría haber algún retroceso, pero no que lograrían eliminarnos, destruirnos por completo. Nunca nos perdonaron que denunciáramos la presencia de los mineros. Lo hacíamos sistemáticamente». Los informes de enfermería de Urihi, señala Deise, también eran informes de vigilancia del territorio. Además de los datos epidemiológicos, adjuntaban información sobre las aeronaves que aparecían en la zona, con sus respectivas matrículas. «Nosotros, como sistema sanitario, inspeccionábamos el espacio aéreo, la zona minera. Nunca descuidamos este lado».

Dejaron Boa Vista el 17 de julio de 2004. El último convenio de Urihi con Funasa había finalizado el 7 de julio de ese mismo año. Los médicos decidieron volver a empezar en Florianópolis. Un amigo les había dicho que la alcaldía había convocado oposiciones para contratar médicos. Incluso antes de mudarse, Cláudio se presentó a los exámenes y fue seleccionado. La adaptación no fue fácil. Y pronto se hizo evidente la dificultad de conseguir trabajo. La reputación de los médicos de Urihi ya se había visto empañada desde la primera Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las ONG, en 2001, con los primeros reportajes. En 2007, al crearse otra para debatir la misma cuestión —los convenios del gobierno federal con el tercer sector—, Cláudio y Deise cedieron espontáneamente su derecho al secreto bancario y fiscal a los parlamentarios para intentar impedir que sus respectivos nombres se asociaran a la malversación de fondos públicos. Ese mismo año estalló la Operación Metástasis, en la que fueron detenidas 35 personas, entre empleados de Funasa y empresarios, acusados de fraude en licitaciones, formación de banda criminal, malversación, corrupción activa y pasiva, blanqueo de capitales y delitos contra el régimen económico y fiscal. Los convenios que había firmado Funasa tras el cierre de Urihi estaban siendo investigados. Sin embargo, en política es complejo separar la paja del trigo. O, a menudo, es intencionado no hacerlo.

El ayuntamiento de Florianópolis solo le dio la plaza a Cláudio 2 años después de haberse mudado. Se vio obligado a hacer guardias en ciudades cercanas para sobrevivir y también firmó contratos temporales. Deise no conseguía trabajo. «Fui a trabajar como médica para Cassi [Caja de Asistencia de los empleados del Banco do Brasil). Leían mi currículum, me entrevistaban y nunca me aceptaban. Mi experiencia era muy específica, pero tenía 15 años de experiencia como médica, trabajando todos los días».

Deise es una persona discreta, tranquila y organizada. Durante los días que habló con SUMAÚMA, hubo dos momentos en los que lloró. Uno fue cuando recordó un episodio con sus hijas: «Incluso nuestras hijas a veces volvían a casa del colegio y decían: “Nos han dicho que trabajabas con indígenas y que hay acusaciones contra ti”. [La gente] quería saber dónde vivíamos, cómo era nuestra casa. Aquello fue muy doloroso. Mucho. Nunca me habría imaginado que, después de haber hecho ese trabajo, no pudiéramos sobrevivir, no consiguiéramos un empleo y encima tuviéramos que dar explicaciones sobre el único período de la historia de la salud Yanomami en el que funcionó».

Cláudio y Deise siguieron adelante con sus vidas, pero fueron perdiendo energía y alegría. Durante el encuentro con SUMAÚMA para recordar la historia de Urihi, afloraron algunos sentimientos. A veces hablaban con entusiasmo sobre la medicina y la vida con los Yanomami, otras les invadía una profunda tristeza e indignación. El hecho de que nunca más se les haya reconocido como médicos cualificados y que su imagen se asociara al robo de dinero público dejó cicatrices profundas no solo en sus almas, sino también en sus cuerpos. Cláudio admite que «la desilusión total» le llevó a la depresión, «que solo empeora con la edad». Las crisis de ansiedad y el insomnio también se hicieron constantes. Los sentimientos de rabia e indignación los acompañan desde que dejaron Roraima. Y lo peor de todo, según los dos, es ver que los Yanomami han vuelto a morir y están siendo masacrados.

En Florianópolis, intentando dejar atrás el pasado, los médicos se ocupaban de los perros que encontraban por la calle sin dueño. Pero la historia de Urihi seguía en sus entrañas. Para complementar sus ingresos, Cláudio también se presentó en procesos de selección para ser médico del estado de Santa Catarina. Algunas notificaciones de Funasa seguían llegando a Florianópolis, pero al cabo de un tiempo desistieron de seguir el desarrollo del proceso. «Después de que me diagnosticaran una cardiopatía grave, en junio de 2014 me jubilé como médico del estado de Santa Catarina. Por el mismo motivo de salud, la pensión de la Seguridad Social, por el trabajo que hice en el CEPON [Centro de Investigación Oncológica], salió [oficialmente] en febrero de 2017, después de varias renovaciones semestrales de la baja médica», dice Cláudio. Después de que le dieran la primera pensión, y todavía bastante desilusionados, la pareja de médicos decidió irse a vivir a Portugal con sus hijas.

«Nos mudamos porque estábamos cansados de estar en Brasil. Después de todo lo que había pasado, no veíamos muchas perspectivas profesionales. También éramos funcionarios, pero la vida era un poco diferente, cada día igual, y estábamos acostumbrados a un poco más de aventura. Queríamos un poco más de vida. Yo tenía la nacionalidad portuguesa, mis hijas también, y dijimos: ¿por qué no?», cuenta Deise.

De 2014 a 2021, Cláudio y Deise vivieron en Portugal con sus hijas. Se llevaron 8 perros que nadie había adoptado en la capital de Santa Catarina. Dejaron de pagar el dominio de la página web de Urihi y ya no tenían las direcciones de correo electrónico de la antigua ONG. No volvieron a tener noticias del proceso. La vida en Portugal tampoco fue fácil. Cláudio, jubilado, no podía trabajar. Deise consiguió contratos temporales. Durante la pandemia de covid-19, trabajó mucho y en primera línea. Hizo un doctorado en Sostenibilidad, pero no consiguió orientación para su tesis. Para la médica, incluso en el ámbito académico sufrió las consecuencias de la difamación por la demanda de Urihi en Brasil. Agotados de nuevo, regresaron a Brasil en 2021, durante el gobierno de Bolsonaro, y decidieron vivir en Porto de Galinhas, en el estado de Pernambuco. La propuesta era olvidarse definitivamente de la medicina y coordinar una posada sostenible. Dos años después, han reconocido que no tienen vocación empresarial y ahora buscan un nuevo rumbo.

Hasta junio de 2004, cuando Urihi puso fin a su relación contractual con Funasa, el poder público nunca había cuestionado la rendición de cuentas de la entidad. Como explicó Deise, una enorme burocracia precedía a la autorización de las partidas. Aunque no son especialistas en administración pública, Cláudio y Deise saben que nunca habrían podido mantener en funcionamiento el sistema Urihi si hubieran tenido que seguir las estrictas reglas de licitación establecidas en la Ley 8.666. Y el Ministerio de Sanidad también era consciente de ello, hasta el punto de que una Instrucción Normativa de 1997 estipulaba que las prácticas fueran análogas a la 8.666, pero obviamente no idénticas. Urihi siempre tomó decisiones, argumentan ambos, guiada por las buenas prácticas y el celo por el dinero público.

«Comprábamos lo más barato a los provedores, buscando los objetivos de la administración pública, la economía, la eficacia y la impersonalidad. Igual que hacíamos con el dinero que llegaba de las organizaciones internacionales para la CCPY: solo querían saber si se gastaba bien. Tanto es así que, después de que Urihi cerrara, el presupuesto del Distrito Sanitario Yanomami se triplicó para las áreas donde estábamos», cuenta Cláudio.

Algunas de las experiencias en medio de la selva eran realmente difíciles de entender para un burócrata. Por ejemplo, no podían comprar un microscopio cualquiera. Había un modelo y una marca específicos cuyo espejo funcionaba con el reflejo de la luz del sol durante el día en las aldeas y que no se rompía durante el transporte hasta las malocas. No tenía sentido comprar una marca más barata —como había hecho Funasa años antes—, que se estropeaba rápidamente y se convertía en chatarra desperdigada por las salas de la institución.

También es difícil explicar a los órganos de control cómo Cláudio y Deise consiguieron detener el cártel de las compañías de aerotaxi. «Llamamos al coordinador regional de Funasa de aquella época para que viniera a la subasta, con 4 empresas. Solo podían presentar ofertas en sobres. El día anterior, uno de los empresarios vino a hablar con nosotros y nos dijo que le estaban presionando para hacer un cártel, para aumentar mucho el precio». De hecho, la empresa que ganó subió bastante el precio de la hora de vuelo. Al final del proceso, delante del coordinador de Funasa y de los empresarios, Cláudio dijo que sabía que todos se habían confabulado. La lógica del cártel era la siguiente: en cuanto los médicos dejaban las cargas de Urihi (medicamentos y equipos) en la pista, la empresa ganadora las dividía para que también las transportaran otras empresas. Es decir, se repartirían el dinero y las horas voladas, lo que abarataría el costo para todos. Pero Cláudio y Deise advirtieron a la empresa ganadora de que dejarían la carga y solo saldrían del aeropuerto después de que él despegara, lo que haría imposible que la carga se repartiera entre las otras empresas. Al verse sin dinero, las demás empresas hicieron contraofertas más bajas a Urihi, y la hora de vuelo bajó un 28% en pocas semanas. Al Tribunal de Cuentas le pareció extraña la brusca caída de los precios. Cláudio tuvo que contar toda la historia al tribunal en una carta.

Quizá tampoco fuera fácil entender por qué Urihi necesitaba tantas baterías de radio y placas fotovoltaicas de energía solar. Pero era la telemedicina revolucionaria que citó Joan Tubau, que permitió examinar y tratar a los indígenas en su propia casa. Uno de los mayores costos de la asistencia de emergencia a los Yanomami es el traslado de los indígenas de las aldeas a la ciudad. Es mucho más caro y solo de emergencia: no resuelve el problema central, ya que la malaria sigue transmitiéndose sin un aislamiento adecuado en las propias aldeas y sin que haya un control de los infectados.

En la larga trayectoria de casi 2 décadas que culminó con la condena de Urihi y de Cláudio Esteves como representante legal de la ONG, el médico nunca cuestionó la obligación de rendir cuentas ante los poderes públicos. «En las cartas que envié a Funasa y al Tribunal de Cuentas digo que me parece natural que hagan preguntas, al fin y al cabo se trata de dinero público y no nos puede parecer extraño tener que responder a preguntas. Y explico esas peculiaridades, que no pueden entenderse bien fuera de contexto, como la historia del cártel de los aerotaxis, por ejemplo».

En septiembre de 2004, la Secretaría de Patrimonio de Funasa envió una carta a Cláudio, a la dirección de Florianópolis. Informó que algunos equipos que Urihi había adquirido no se habían localizado. El médico respondió el mismo mes, dando las fechas de entrega de los equipos, y dijo que los empleados de Funasa siguieron la devolución. Cláudio explicó a SUMAÚMA que hubo complicaciones en el procedimiento de entrega, porque la mayoría de los equipos estaban en las aldeas, y Funasa tuvo que enviar a empleados para comprobar que estaban allí, lo que no siempre ocurrió. Aun así, como explica en su respuesta a Funasa, Urihi hizo un inventario de todos los bienes adquiridos durante el convenio y realizó la entrega oficial, «debidamente documentada». La respuesta no fue satisfactoria y el responsable del almacén de Funasa contradijo a Cláudio. Ante las discrepancias, la dirección regional decidió abrir una investigación. Pero no lo hizo hasta 196 días después. Al final, hubo 2 investigaciones.

No fue hasta mayo de 2006 cuando Funasa decidió iniciar un proceso administrativo contra Urihi, alegando que existía una deuda de 22.929,85 reales (4.300 dólares), referente a equipos que no habían sido debidamente localizados. En junio de 2006, el Departamento Administrativo de Funasa solicitó que Urihi, que hasta entonces aparecía como «cumplidor», fuera considerado «moroso» en el registro. La deuda, en ese momento, ya había pasado a ser de 36.400 reales (7.000 dólares). Cuando Cláudio fue notificado por correo, una nueva corrección: 59.100 reales (11.000 dólares). Pero Cláudio había cambiado de domicilio en Florianópolis, no recibió la carta y la notificación se hizo por edicto.

En 2007, en un proceso de auditoría interna de Funasa, se llegó a la conclusión de que los nombres de Cláudio y Urihi no podían incluirse en el registro de morosos sin adjuntar los informes financieros de los convenios, «mostrando los valores aprobados y no aprobados», para después introducir los datos en el Siafi (Sistema Integrado de Administración Financiera). Funasa solicitó entonces un nuevo dictamen jurídico-financiero, años después. Entre idas y venidas y el paso por la Contraloría General del Estado, Funasa llevó a cabo finalmente 3 procesos administrativos contra Urihi, uno por cada convenio.

En 2013, las piezas llegaron al Tribunal de Cuentas, unidas en un único proceso. En esa ocasión, casi 10 años después del fin del convenio, la deuda de Cláudio con Hacienda había pasado de miles a millones de reales. El informe físico-financiero, realizado en 2010, señalaba que, además de los equipos no encontrados, Urihi tampoco había cumplido los objetivos globales. El resultado final: tendría que devolver 33,4 millones de reales (6,3 millones de dólares). En 2014, la Contraloría rectificó el importe, que pasó a 48,6 millones de reales (9,2 millones de dólares).

Finalmente, en octubre de 2018, la Sala Segunda del Tribunal de Cuentas condenó a Cláudio a pagar la deuda. El tribunal señaló que correspondería a Urihi probar cómo se aplicaron los recursos. «La ausencia de elementos suficientes que demuestren la correcta y regular aplicación de los recursos federales transferidos, especialmente ante la inexistencia del nexo causal necesario entre los recursos federales aportados y los supuestos gastos realizados en los ajustes, da lugar a la presunción legal de daño al erario ante la evidencia de desvío de montos federales, resultando adecuada la propuesta de la unidad técnica de condenar a los aludidos responsables a pagar la deuda», dice el extracto final de la sentencia.

Como no hubo recurso, la decisión se convirtió en sentencia firme el 6 de febrero de 2019, explicó la asesoría del Tribunal de Cuentas a SUMAÚMA. Cláudio fue juzgado en rebeldía. Como no presentó defensa, el tribunal concluyó que Urihi no había probado la buena fe en el uso del dinero público. En este vaivén jurídico, Cláudio intentó pedir ayuda a algunos abogados que le recomendaron unos amigos. Un abogado de renombre les informó que el valor de la causa era, por aquel entonces, de 120.000 reales (23.000 dólares), pero Cláudio y Deise no podían pagar el costo del proceso. Nunca consiguieron un abogado gratuito, a pesar de las numerosas peticiones e intentos.

Mientras este proceso administrativo estaba en curso, Cláudio era objeto de un proceso penal en el 4º Juzgado Federal de Roraima. En este caso, él y Deise contaron con la defensa de la abogada Ana Paula Caldeira Souto Maior, que, en ese momento, en 2016, era empleada del Instituto Socioambiental y había trabajado con los médicos en Urihi. Esta vez, Cláudio estaba acusado de malversación de fondos. «En este caso, la jueza no recibió la denuncia que inició el proceso penal y la investigación se archivó, sin entrar en el mérito de la causa, porque ya había transcurrido el plazo para que el Estado sancionara», explicó la abogada. En otras palabras, el médico nunca llegó a ser acusado. «Ojalá hubieran juzgado el mérito de la causa», lamenta Cláudio.

En la defensa, Ana Paula argumentó que el acuerdo de Urihi con Funasa tenía exigencias estrictas, que se prestaron todas las cuentas y nunca se cuestionaron, y que había documentos legales que probaban la integridad y honestidad de la ONG, además de informes técnicos (físico-financieros). Todas las rendiciones de cuentas que Funasa aprobó en su día también se adjuntan al proceso del Tribunal de Cuentas y uno de los antiguos directores de Funasa señala, en defensa del médico, que dictámenes anteriores habían aprobado las cuentas de Urihi.

«El error de Cláudio, como gerente y presidente de Urihi, fue demostrar que era posible atender dignamente a los Yanomami, reduciendo la malaria y la mortalidad infantil por desnutrición. Es una cuestión central. Las consecuencias que sufrió son por este motivo. Urihi construyó los mejores puestos de salud. La situación de los puestos de salud actualmente, dentro del área indígena Yanomami, es deprimente», afirma la abogada. Ana Paula afirma que técnicamente no podía defender a Urihi en el Tribunal de Cuentas, ya que no era su especialidad.

SUMAÚMA preguntó a dos abogados especializados en derecho público si todavía era posible recurrir. Ambos consideran que los médicos tienen posibilidades, pero para ello sería necesario realizar un análisis detallado y extenso del proceso. Como solo hicieron una valoración superficial de la sentencia que condenó a Urihi, no se citarán sus nombres. Uno cree que se puede solicitar una revisión del proceso al propio Tribunal de Cuentas. Otro ve otras dos vías posibles: presentar un recurso de amparo de derechos fundamentales al Supremo Tribunal Federal o una acción ordinaria a la Justicia Federal. El camino será arduo, y cualquier compensación no borra lo que han vivido los médicos. Aún sin abogado, ambos albergan pocas esperanzas. Pero han decidido contar esta historia en defensa del pueblo Yanomami.

Todavía viven en Pernambuco. Cláudio, de 61 años, y Deise, de 60, han abandonado el negocio de la posada y aún no saben qué rumbo tomar. Con la salud debilitada y jubilado, Cláudio ya no piensa en volver a la medicina. Deise quiere volver a trabajar como médica, pero teme lo que pueda depararles el proceso. A la pregunta de si podrían ayudar a los Yanomami en la crisis actual, los dos se muestran reticentes. «Nos hemos convertido en personas tóxicas», dice Cláudio, claramente disgustado y entristecido.

Para Deise, con la historia de Urihi no se ha pretendido perseguir a una persona. Se ha perseguido una idea que obstaculizaba y aún obstaculiza los planes económicos de la minería, lo que significa una amenaza constante para los indígenas. «No se darán por vencidos. Irán hasta el final. Con nosotros o con cualquiera que pueda desbaratarles los planes. Siempre he intentado afrontarlo así, para no sentirme tan afectada personalmente». Pero a Cláudio le cuesta mucho más racionalizar lo que destruyó su reputación y su salud. «Deise es una persona inquebrantable. Yo he tocado fondo. No tengo ganas de hacer nada más».

Todos los documentos de Urihi —facturas, rendición de cuentas, dictámenes aprobados, datos epidemiológicos, planes de trabajo, mapas, censos demográficos y metodología utilizada en la atención a la salud indígena— están guardados en el barrio de Kalungá, en Boa Vista, en la Diócesis de Roraima. El misionero Carlo Zacquini es el guardián de los papeles y la memoria de Urihi. «Lamentablemente, una parte se la han comido las polillas». Algunos documentos, explica en un intercambio de mensajes, fueron retirados a petición de Cláudio y Deise para que pudieran «responder a las embestidas de los censores que los torturaron durante años y años». Zacquini considera el proceso contra los médicos algo «absurdo e indecente que ha arruinado la vida de personas que para los Yanomami eran héroes». Quiere que los documentos formen parte del Centro Cultural Indígena que está creando en Boa Vista.

Urihi a kuo tëhë. En el tiempo en que existía Urihi. La expresión, recuerda Bruce Albert, se ha convertido en un hito temporal e histórico para los Yanomami: la época en que todo funcionaba, las muertes cesaron y no existía el mal. La tragedia actual de los Yanomami demuestra que esta época ha quedado atrás.