La concesionaria Norte Energia ya le solicitó al IBAMA la renovación de la licencia de operación de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, inaugurada en 2016 por Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores). Sin embargo, sigue negándose a cumplir una exigencia impuesta un año antes, en 2015, para que Belo Monte pudiera funcionar: compensar los impactos indirectos que la represa del río Xingú causó a los pescadores que viven en tres Reservas Extractivistas (Resex) de la región de Terra do Meio, en el estado de Pará.
Las Resex Río Iriri, Riozinho do Anfrísio y Río Xingu son el hogar de aproximadamente 1.500 personas. Forman parte de un conjunto de unidades de conservación, la mayor de las cuales es la Estación Ecológica de Terra do Meio. Las Resex son territorios en los que las poblaciones tradicionales pueden mantener sus formas de vida y tradiciones culturales. En Terra do Meio, ubicada en la selva amazónica del estado de Pará, estas poblaciones son ribereñas –o Beiradeiras, como se las denomina en la zona– y tenían la pesca como base de su alimentación y principal fuente de ingresos.
O la tenían hasta que la construcción de Belo Monte, iniciada en 2011, empezó a represar el río Xingú 150 kilómetros río abajo. “Hay días que mi marido va a pescar y regresa sin nada. Cada año es peor que el anterior”, le cuenta a SUMAÚMA la profesora Maiam Quelli Portugal. Maiam es directora de las escuelas de la Resex Río Iriri y vive en la zona desde 2008. “Conozco el antes y el después de Belo Monte. Todo ha cambiado. El río nunca se secaba tanto, y no hablo solo de [la sequía] de ahora [2023]. Cuando la central entró en funcionamiento, el Xingú se secó como nunca antes. Y las inundaciones son peores que nunca. Con todo esto los peces desaparecen”.
La profesora Maiam Quelli cuenta que cuando la hidroeléctrica empezó a operar el río Xingú se secó como nunca antes. Foto: Soll/SUMAÚMA
Las Resex de Terra do Meio están ubicadas en el Área de Influencia Indirecta de Belo Monte, según el Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la construcción de la hidroeléctrica. En 2015, al sentir los efectos de las obras sobre su forma de vida tradicional, los habitantes se organizaron y llevaron el caso al Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que se encarga de administrar las reservas extractivistas federales.
El ICMBio envió técnicos a la zona. El estudio que realizaron constató una reducción de la cantidad de peces en los ríos Iriri, Xingú y Anfrísio, además de registrar que el pescado era un elemento básico de los ingresos –representaba hasta el 70% de los ingresos familiares– y de la dieta de los Beiradeiros, pues está presente en el 57% de las comidas de las comunidades.
Por ende, el instituto reconoció, en 2015, que Belo Monte había causado “impactos negativos en el modo de vida de las comunidades”, que incluyen “una disminución de los ingresos y la pérdida de la soberanía alimentaria, debido a la reducción de la pesca”. El documento elaborado por el equipo técnico también citó como consecuencia de la hidroeléctrica el “incremento de los conflictos en el territorio”. La población de la zona aumentó, los precios subieron. Y grupos que recibieron medidas compensatorias de Belo Monte y, por lo tanto, que tuvieron acceso a mejores equipos de pesca, empezaron a disputar –con ventaja– los peces con los Beiradeiros.
Por todas estas razones, el ICMBio pidió que hubiera apoyo para la práctica de manejo sostenible de las poblaciones de peces y otros animales de los ríos y para la diversificación de las actividades que puedan proveer de nuevos ingresos a las comunidades de Terra do Meio. En noviembre de 2015, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), responsable de las licencias de instalación y operación de proyectos como las centrales hidroeléctricas, aceptó la solicitud. Compensar los daños que se les había causado a los Beiradeiros de la Terra do Meio se convirtió en una de las condiciones –es decir, en un requisito– para que Belo Monte pudiera operar.
Lo que parecía una solución, sin embargo, fue el principio de una larga agonía para la gente de la Terra do Meio. Norte Energia –un consorcio de empresas entre cuyos accionistas se encuentran la recientemente privatizada Eletrobras, la compañía Vale, los fondos de jubilación de los funcionarios de Caixa y Petrobras y la operadora privada NeoEnergia– se niega a cumplir la condición. Por eso, el IBAMA le puso una multa equivalente a 20.000 dólares en 2017. La empresa apeló y pidió la impugnación de este requisito, lo que fue negado por el IBAMA. Pero no se rindió: en 2020 presentó un dictamen en el que intentaba negar los impactos a los Beiradeiros de la Terra do Meio. Incluso el ICMBio del gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro consideró que los argumentos tenían un “carácter dilatorio”, es decir, eran una táctica de Norte Energia para posponer la resolución del problema que había provocado.
La sucesión de apelaciones y estudios de la empresa terminó frenando el cumplimiento de la condición. En 2021 el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública Federal cuestionaron esta demora. En noviembre de 2022, el ICMBio finalmente reorganizó el Grupo de Trabajo integrado por técnicos del organismo, asociaciones de los vecinos de las Resex e investigadores de universidades. Le correspondió a este grupo revisar una propuesta, que ya estaba hecha desde 2018, para que Norte Energia reparara los daños causados a los Beiradeiros.
Elaborada a partir de asambleas realizadas con habitantes de las comunidades de Terra do Meio, la propuesta se divide en seis ejes. Para empezar, determina una indemnización de aproximadamente 6.000 dólares a cada una de las 330 familias, en un solo pago, “debido a la falta de implementación de medidas de mitigación (reducción) de impactos”, pues, en definitiva, ya han pasado ocho años desde que Belo Monte bloqueó el río Xingú y recibió una licencia para operar después de que hubiera compensado los impactos a los Beiradeiros. La propuesta también estipula el monitoreo de la pesca, la instalación de generadores de energía solar y refrigeradores “para asegurar la continuidad del pescado en la dieta tradicional y la generación de ingresos”, además de inversiones en otras cadenas productivas, como la venta de productos recolectados de la selva y la cría de animales de pequeño porte que compensen la escasez de peces. Asimismo, prevé la contratación de personal técnico y administrativo para asesorar a las comunidades.
La calidad del agua recibió especial atención en la propuesta. “Considerando que Belo Monte alteró la dinámica de los ríos y también el uso y ocupación del suelo en la zona, además de haber modificado el estándar de consumo y la composición de las especies acuáticas consumidas y provocado un aumento significativo de la población, [hay] informes de aumento del surgimiento de enfermedades y problemas de salud relacionados con el agua de los ríos. Se propone monitorear parámetros que puedan indicar contaminación e instalar pozos en lugares estratégicos”, dice el documento elaborado por el Grupo de Trabajo.
‘Es una falta de respeto’
El 22 de agosto de 2023, casi ocho años después de la imposición de la condición por parte del IBAMA, algunos Beiradeiros de Terra do Meio fueron a Brasilia para una reunión en la que el Grupo de Trabajo les presentaría a los dirigentes de ICMBio, del IBAMA y de Norte Energia la propuesta revisada. La concesionaria de Belo Monte estuvo representada por la superintendente de Sostenibilidad Silvia Cabral, el asesor socioambiental Bruno Bahiana y Claudia Dias da Silva, una consultora de Río de Janeiro que asesora a grandes empresas del sector de infraestructura. En ese momento, SUMAÚMA solicitó asistir al encuentro, pero su participación fue vetada por el ICMBio con la excusa de que la reunión no estaría abierta a la prensa.
La reunión, que contó con la presencia de Mauro Pires, presidente del ICMBio, duró tres horas. El acta, enviada a SUMAÚMA por los asesores del instituto, muestra que la coordinadora del Grupo de Trabajo, Andréa Pimenta Ambrozevicius, funcionaria de carrera del ICMBio, presentó detalladamente la propuesta actualizada para que se cumpliera la condición. Al final, la superintendente de Norte Energia tomó la palabra y dijo que no estaba allí para discutir los impactos de Belo Monte, sino solo para escuchar lo que se proponía y que la respuesta se entregaría por escrito. Por lo tanto, la superintendente Silvia y sus compañeros salieron de la reunión con la propuesta y un plazo de 30 días para presentar su respuesta.
El documento de Belo Monte llegó al ICMBio exactamente en el límite del plazo previsto, el 21 de septiembre. No contaba con un cronograma para el cumplimiento de la condición ni tampoco con una contrapropuesta. Con 15 páginas y firmado por Paulo Roberto Ribeiro Pinto, director general de Norte Energia, además de tres anexos, se dedica a reafirmar que Belo Monte no causó ningún impacto en las comunidades de Terra do Meio y que sus otras iniciativas ya cumplen con lo que exigen los Beiradeiros. “La actual propuesta presentada por el ICMBio sobrepasa los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, concluye el texto, que SUMAÚMA recibió a través de la Ley de Acceso a la Información.
Paulo Roberto Ribeiro Pinto, director presidente de Norte Energia, niega desde hace años los efectos de Belo Monte sobre Terra do Meio. Foto: Marco Santos/Ag. Pará (2019)
Para las comunidades fue una respuesta desalentadora, pero no sorprendente. “Hasta la fecha no hemos visto una respuesta de Norte Energía que realmente dialogara con la propuesta de la comunidad. Lo que hacen, reiteradamente, es cuestionar la legitimidad de la condición”, lamenta Roberto Sanches Rezende, doctor en Antropología Social por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) e integrante –como representante del Instituto Socioambiental– del Grupo de Trabajo coordinado por ICMBio. “Es una falta de respeto a las poblaciones de la Terra do Meio”, resume el biólogo Francinaldo Lima, que tiene una maestría en Gestión de Áreas Protegidas en la Amazonia y es asesor de las asociaciones de vecinos de las Resex, en su intento de negociar con Norte Energia.
En respuesta, el Grupo de Trabajo preparó un nuevo documento en el que objeta, punto por punto, las alegaciones de la concesionaria, entregado en octubre al ICMBio. “No vislumbramos una disposición para el diálogo ni para una construcción conjunta […]. [Norte Energia] no presenta una contrapropuesta para que se cumpla la condición y se mitiguen los impactos. Mientras tanto, las familias de la zona siguen padeciendo la pérdida de su calidad de vida y la soberanía alimentaria”, lamenta el Grupo de Trabajo.
El 16 de octubre, Mauro Pires, presidente del ICMBio, envió una carta a su colega Rodrigo Agostinho, quien comanda el IBAMA, en la que dice que hay que obligar a que Norte Energia indemnice a los Beiradeiros de Terra do Meio por los daños que les causó Belo Monte. Y sugiere una multa “en el caso de que no haya un compromiso inmediato de cumplir la propuesta”.
Cabe recordar que Norte Energia ya había sido multada en 2017 por no cumplir esta misma condición. Seis años después de la multa de 20.000 dólares, la concesionaria nunca pagó la sanción y todavía puede apelar. El valor es insignificante para Norte Energia. En 2022, la venta de energía producida por Belo Monte aportó al consorcio 1.114 millones de dólares netos.
Contactado, el IBAMA informó que en julio de 2021 recibió la solicitud de renovación de la licencia de operación de la Central de Belo Monte. Como la solicitud fue realizada dentro del plazo que estipula la ley, la hidroeléctrica puede seguir operando incluso después de que haya vencido la autorización –lo que sucedió en noviembre de ese año–, hasta que el organismo ambiental tome su decisión. “La complejidad de Belo Monte y todos los conflictos sociales, económicos y ambientales derivados de su implementación le significan al IBAMA una responsabilidad muy grande”, dijo a SUMAÚMA Rodrigo Agostinho, presidente del organismo. “Incluye comprobar todas las condiciones, no solo esta. Ya hemos realizado varias inspecciones en campo, tenemos un equipo en Altamira dedicado a este emprendimiento”.
Como SUMAÚMA publicó en diciembre de 2023, el IBAMA ya documentó que Belo Monte provocó una elevada mortalidad de árboles, la desestructuración del modo de vida de tres pueblos indígenas y de comunidades ribereñas, el riesgo de extinción de técnicas de pesca tradicionales, nuevos obstáculos para la navegación en el Xingú, la inviabilidad de la reproducción de los peces y la sedimentación provocada del río.
El reportaje envió una serie de preguntas a Norte Energia sobre el incumplimiento deliberado de las condiciones de pesca en las Resex de Terra do Meio. La oficina de prensa de la concesionaria, a cargo de FSB Comunicação, una de las mayores agencias de relaciones públicas corporativas de Brasil, informó por escrito, sin más explicaciones, que no darían ninguna respuesta.
Desde la comunidad São Francisco, duramente castigada por la sequía de 2023, la profesora Maiam Portugal envió un mensaje vía SUMAÚMA dirigido a Paulo Roberto Pinto, presidente de Norte Energia, que actúa en Brasilia. “Que venga a pasar unos días aquí con nosotros. Está invitado a comer el pescado que comemos, a beber el agua que bebemos. No podrá traer agua mineral de la ciudad. Si no siente nada, entonces sí me estará probando que Belo Monte no produjo ningún impacto en nuestras vidas”.
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquiria della Pozza
Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo
Traducción al inglés: Sarah J. Johnson
Edición de fotografía: Lela Beltrão
Montaje de página y finalización: Érica Saboya
Editoras: Malu Delgado (responsable de reportaje y contenido), Viviane Zandonadi (flujo y estilo) y Talita Bedinelli (coordinación)
Dirección: Eliane Brum
La comunidad São Francisco, en la Resex Rio Iriri, a decenas de kilómetros de Belo Monte, fue afectada por la obra que bloqueó el río Xingú. Foto: Soll/SUMAÚMA