Hace un año, SUMAÚMA reveló al mundo que 570 niños menores de 5 años murieron por causas prevenibles durante los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022. También mostró que había un genocidio en curso. Al día siguiente, Luiz Inácio Lula da Silva se desplazó hasta Boa Vista, capital del estado de Roraima, con una comitiva de ministros para ver de cerca la situación y demostrar, con su gesto, que había un gobierno, que estaba presente y se preocupaba por la población indígena. Era el primer mes de un presidente realmente demócrata en el poder, tras cuatro años con un extremista de derecha manejando una máquina de odio para dividir a la población y fomentando que los mineros, madereros y ladrones de tierras —a los que maliciosamente llamaba «hacendados, productores rurales, hombres de bien»— invadieran tierras indígenas y unidades de conservación. Bolsonaro, como demuestran los hechos y las estadísticas, acercó la Amazonia al punto sin retorno y elevó la crítica situación sanitaria de la población Yanomami, ya evidente en gobiernos anteriores, al nivel de genocidio. Lula declaró la emergencia sanitaria y Brasil y el mundo respiraron.

Sin embargo, un año después, con gran dolor y tras una rigurosa investigación, SUMAÚMA debe afirmar: a pesar de gastar al menos mil millones de reales y enviar casi a 2.000 profesionales de la salud a la Tierra Indígena Yanomami en 2023, lo que demuestra una clara voluntad política de resolver el problema, el gobierno de Lula ha fracasado en expulsar definitivamente a los mineros ilegales, algunos vinculados al crimen organizado, y ha fracasado en reducir —significativamente— el número de enfermos y muertos. Lula reconoció esta realidad con su gesto de convocar a sus ministros el 9 de enero para afirmar: «Vamos a decidir tratar la cuestión de Roraima y la cuestión indígena y la cuestión Yanomami como una cuestión de Estado. […] Esta reunión es para definir de una vez por todas qué va a hacer nuestro gobierno para evitar que los indígenas brasileños sigan siendo víctimas de masacres».

Es importante que un presidente se mueva y refuerce principios y compromisos. Pero la sensación inquietante es que volvemos un año en el tiempo, porque todo esto ya se había dicho y prometido. Los Yanomami —y todos los pueblos indígenas— son cuestiones de Estado, por determinación constitucional. No es algo que pueda «decidirse». Y que un año después el gobierno se reúna para definir «de una vez por todas» qué va a hacer ante una catástrofe sanitaria en la que muere gente es éticamente complicado.

Lula atribuyó claramente el fracaso a una guerra muy difícil, el mismo camino que sigue la comunicación del gobierno para suavizar ante la prensa y la opinión pública el peso de no haber logrado hacer frente a un genocidio. En ningún momento el gobierno ha reconocido y evaluado —al menos públicamente— los errores que ha cometido la gestión de la operación sanitaria en el territorio, empezando por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria Yanomami, creado a principios del año pasado. La población merece entender, con transparencia, lo ocurrido. Sin reconocer y revisar los errores y dificultades que han costado —y siguen costando— vidas, es imposible garantizar la eficacia en los días venideros.

Tampoco se ha abordado la responsabilidad evidente de las Fuerzas Armadas en el fracaso de la expulsión de los mineros ilegales. Es como si el gobierno fuera rehén de los uniformados: es ilustrativo el hecho de que los mandos militares no hayan tenido que rendir cuentas por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. O las Fuerzas Armadas cumplen su papel constitucional, en el que están subordinadas al gobierno, o Brasil seguirá en estado de golpe. En el caso de los Yanomami, las Fuerzas Armadas han demostrado poseer una peligrosa autonomía al desempeñar un papel decisivo tanto en la permanencia de los mineros que nunca abandonaron el territorio como en el regreso de los que salieron o fueron expulsados por las operaciones del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Es importante reconocer que el organismo ambiental —con menos recursos humanos, materiales y estructurales de los necesarios— desempeñó sus funciones con competencia.

Cuando, de nuevo, los ministros acudieron al estado de Roraima para comprobar la crítica situación de los Yanomami, las ausencias de la ministra de Salud, Nísia Trindade, y del ministro de Defensa, Múcio Monteiro, fueron elocuentes. La atención sanitaria para garantizar el fin de la desnutrición, las enfermedades evitables y las muertes está visceralmente ligada al fin de la minería ilegal en la tierra indígena.

En el reportaje de esta edición, SUMAÚMA escuchó a líderes indígenas y profesionales de la salud que trabajaron en la Tierra Indígena Yanomami durante la operación del gobierno, para contar al público por qué fracasó el grupo de trabajo que montó, a pesar de sus evidentes buenas intenciones. El panorama que se dibuja de los testimonios de personas con reconocida competencia en sus campos apunta, por un lado, a un desconocimiento de cómo actuar sobre el terreno en una emergencia sanitaria, un tipo de trabajo que requiere mucha especialización y experiencia previa en situaciones reales. Por otro lado, los relatos muestran que al gobierno le resultó extremadamente difícil escuchar a quienes habían acumulado experiencia tanto con la población Yanomami como en la realización de operaciones de emergencia.

En una entrevista publicada en esta edición, el médico Claudio Esteves de Oliveira, coideador y cogestor de la experiencia demostradamente de mayor éxito en territorio Yanomami, llevada a cabo entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, resume en una frase la combinación explosiva que parece haber provocado el fracaso del gobierno en el ámbito de la salud: «La arrogancia es la madre de la ignorancia: el gobierno despreció la experiencia acumulada sobre los Yanomami». En otro artículo, el geógrafo Estevão Benfica Senra, que trabaja con la población Yanomami desde hace más de una década, hace una radiografía precisa de las razones de los fallos: «Confío en que el presidente Lula, después de lo que vio en Roraima [a principios de 2023], esté realmente sensibilizado con la penuria de los Yanomami. Pero, como sabemos, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No basta con querer cambiar una realidad sin antes estar dispuesto, al menos, a conocerla. Especialmente una realidad tan compleja como la de la Tierra Indígena Yanomami».

Cabe recordar también que Lula y el Partido de los Trabajadores han tenido una relación complicada con las organizaciones no gubernamentales de salud indígena desde su primer mandato. Su gobierno desmanteló una atención sanitaria que funcionaba bien en el territorio Yanomami a principios de la década de 2000 para poner la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en respuesta a las presiones de políticos de dudosa ética que querían controlar los recursos sanitarios y tener libre acceso a un territorio protegido con yacimientos de oro en el subsuelo. Para justificar lo injustificable, lanzó sospechas sobre algunas ONG, como Urihi-Salud Yanomami. Para que nuestras lectoras y lectores puedan comprender plenamente este vergonzoso capítulo de la historia, volvemos a publicar aquí el reportaje especial que realizó SUMAÚMA el primer semestre de 2023. Desde ese cambio en el sistema, la asistencia sanitaria a los Yanomami se fue deteriorando. Cuando Bolsonaro asumió la presidencia, con su plan de permitir la explotación depredadora en las tierras protegidas de la Amazonia para el lucro privado, solo tuvo que abandonar la asistencia poco más que precaria que se prestaba, a pesar del compromiso casi heroico de los profesionales de la salud que trabajaban sobre el terreno luchando contra la falta de condiciones y recursos. Con el estímulo del extremista de derecha a la invasión minera, se configuró el genocidio.

Hacer periodismo con independencia, rigor y precisión no suele gustar a nadie. En un país muy polarizado, como Brasil y la mayoría de las naciones del mundo hoy en día, a la gente solo le gusta el periodismo de calidad cuando expone los problemas del bando contrario. O cuando concuerda con sus opiniones. SUMAÚMA hace frente a este sentido común. Trabajamos con el peso de la responsabilidad de quienes entienden que la prensa es crucial en una democracia y debe estar comprometida con la búsqueda de los hechos y el restablecimiento de la verdad, independientemente de quién esté en el poder y de nuestras opciones políticas personales.

El periodismo es esencial para el control social de los gobiernos, y sin control social no hay democracia. Un gobierno efectivamente democrático lo entiende, porque le ayuda a mejorar su actuación y gobernar bien es el principal objetivo —o debería serlo— de quienes están en el poder. Lo mismo ocurre con un pueblo efectivamente comprometido con la democracia, cuyas pasiones personales no le impiden ver los hechos y moverse a partir de la verdad. Hago este paréntesis porque está claro, por las respuestas agresivas que recibimos —que a veces llegan a ser peligrosas porque SUMAÚMA tiene su sede en una región de alto riesgo—, que la búsqueda de la verdad es incómoda para todo el espectro ideológico.

Al manifestarse en Roraima este enero, junto con otros ministros de la delegación, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, subrayó el compromiso del gobierno con la realidad y la transparencia, y sin autoengaños. Es un compromiso fundamental, que debería extenderse transversalmente a todo el gobierno e inspirar a la militancia.

Como se afirma en el manifiesto fundacional de SUMAÚMA, seguiremos haciendo el mejor periodismo para contribuir a mejorar y ampliar la democracia y proteger la naturaleza y sus pueblos. Contamos con la valoración crítica de nuestras lectoras y lectores para mantenernos en el mejor camino. Esperamos que esta primera edición de 2024 demuestre de forma inequívoca la profundidad de nuestro compromiso.

Los 308 Yanomami que murieron en 11 meses, más de la mitad de los cuales eran niños menores de cinco años, no son números. Tenían sueños, deseos, seres queridos, risas… vidas. Su pérdida es irrecuperable. En su nombre debemos tener los ojos bien abiertos para que el gobierno acierte este año, ya que ahora solo queda asumir las muertes, entender los errores cometidos y tomar todas las precauciones para no volver a equivocarse. Ni un Yanomami menos debe ser el compromiso de toda la sociedad mundial, que tiene una deuda impagable con las poblaciones originarias.

Que sea una lectura honesta. Y que lo hagamos mejor en 2024.