Brindemos y demos gracias al pueblo de Ecuador, que ha votado a favor de la vida, de otras especies y de las generaciones futuras en un referéndum que obligará a la petrolera estatal a suspender la extracción de crudo en el Parque Nacional Yasuní, una zona de gran diversidad étnica y biológica de la Amazonia ecuatoriana.

Este voto esperanzador y con visión de futuro desafía la presión económica, el poder de los combustibles fósiles y las súplicas del presidente saliente de Ecuador, Guillermo Lasso, que insistió en que la explotación de petróleo en esta región amazónica era esencial para la economía del país.

También debería ser una lección para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes regionales que veneran los combustibles fósiles, ya que el Estado ecuatoriano se quedará ahora con miles de millones de dólares en activos bloqueados, que se invirtieron imprudentemente en un proyecto que ignoró a la población local, la naturaleza y la emergencia climática.

Casi el 60% de los ecuatorianos votaron en contra de la explotación de petróleo en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), dentro del Parque Nacional Yasuní, una zona de gran diversidad biológica habitada por dos grupos indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri y los Taromenane. Yasuní está reconocida por la Unesco como reserva mundial de la biosfera. Alberga al menos 1.300 especies de árboles autóctonos y más de 100.000 tipos de insectos por hectárea.

Cuando lo visité en 2012, escribí: «En su primera hora en la selva amazónica de Yasunt, muchas personas verán más criaturas de las que han visto en toda su vida, incluidas algunas que la ciencia aún no ha documentado. Remar por el arroyo Ayango, que, desde el tráfico y la contaminación del río Napo se adentra en la región más biodiversa de la Tierra, es encontrarse con un muro de ruido, frecuentes estallidos de color e inimaginables combinaciones de vida».

La Constitución ecuatoriana lo defiende, ya que reconoce los derechos de la naturaleza y promete proteger los ecosistemas sensibles de «actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales».

Pero el descubrimiento de una reserva de petróleo de 7.200 millones de dólares en el interior del parque suscitó un acalorado debate. En 2007, el entonces presidente Rafael Correa propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas que dejaría bajo tierra los combustibles fósiles que había en el campo Ishpingo-Tambococha-Taputing, dentro del Yasuní, si la comunidad internacional le proporcionaba la país la mitad de esa cantidad. La iniciativa Yasuní-ITT, como se conoció su propuesta, pronto fracasó por falta de donaciones.

La explotación de petróleo comenzó en 2016 y el proyecto ITT cuenta ahora con 12 plataformas de perforación y 225 pozos que producen 54.800 barriles al día. El impacto sobre la población local y el medio ambiente comparte similitudes con la extracción ilegal de oro en la Amazonia brasileña. Los vertidos contaminan la tierra y el agua, se abren carreteras para llevar equipos (lo que también abre camino a madereros y cazadores furtivos), hay más tráfico y contaminación en los ríos, el ruido y la luz perturban la vida salvaje y las comunidades indígenas locales se dividen entre los que trabajan en las explotaciones y los que optan por mantener su forma de vida tradicional. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina, en Yasuní se han deforestado 689 hectáreas, la mayoría de mano de la industria petrolera.

La votación debería poner fin a esta situación, lo que deja al gobierno ecuatoriano en un aprieto. Las exportaciones de petróleo representan el 10% del PIB y aportan un tercio de los ingresos del Estado. Petroecuador prevé pérdidas de 16.500 millones de dólares en los próximos 20 años como consecuencia del referéndum, ya que no solo dejará de tener beneficios, sino que tendrá que pagar el bloqueo de los pozos y el desmantelamiento de toda la estructura.