Un domingo de agosto de 2023, siete meses después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) declarara la emergencia sanitaria, los profesionales de la salud que trabajaban en la región de Awaris, en la Tierra Indígena Yanomami, vieron llegar por un sendero a un hombre exhausto y hambriento, que cargaba varias cestas de paja hechas por su comunidad para ofrecer a cambio de alimentos. Había caminado todo un día por la selva buscando ayuda. Sus parientes se estaban muriendo, enfermos. Y tenían hambre. Mucha.

En su aldea, Koraimatiu, y en al menos otras tres de los alrededores, decenas de niños, jóvenes, adultos y ancianos padecían malaria, fiebre, diarrea, dolores de estómago y, entre las mujeres, pérdidas de sangre, contó. No había ningún médico ni enfermera cerca, ni tampoco una radio para pedir ayuda. Por esa razón, aunque estaba débil, caminó por la selva, esperando que el helicóptero del equipo de rescate estuviera disponible. Cada segundo sin ayuda podría costar una vida. Pero el hombre tenía la mirada resignada de quien ya había hecho esa peregrinación muchas veces. Y, en todos los casos, había recibido excusas. Muchas.

Esa tarde les dictó a los profesionales de la salud una lista de 13 de sus parientes fallecidos en los últimos dos meses, entre adultos y niños, en las aldeas de Momoipu (4), Silipi (6) y Katanã (3). A la mañana siguiente emprendió el camino de vuelta. “Cuando me desperté ya no estaba”, cuenta uno de los profesionales que acompañó el caso y que se emociona al recordarlo. “Lo único que tenía eran sus artesanías. Seguramente alguien le había dado algo, un par de kilos de arroz, y se había ido con dos kilos de arroz y hambre”. El helicóptero tardaría semanas en llegar.

La región de Awaris presenta una de las situaciones más graves del territorio. Fue de allí que vinieron parte de las fotos que conmovieron al país en enero de 2023, cuando SUMAÚMA reveló que 570 niños Yanomami de menos de 5 años habían muerto durante los cuatro años de gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro (del Partido Liberal) por falta de asistencia médica básica. Después de la publicación del reportaje, Lula decretó situación de emergencia de salud pública en la Tierra Indígena. Desde entonces, el gobierno del Partido de los Trabajadores ha invertido más de 220 millones de dólares en las acciones de emergencia, de los cuales cerca de 44 millones de dólares son para reestructurar el acceso a la salud Yanomami: un 122% más que el gobierno anterior, según el Ministerio de Salud. También movilizó a casi 2.000 profesionales de la salud y amplió de 9 a 28 el número de médicos permanentes disponibles en la región, con el Programa Más Médicos del gobierno federal.

Algo, sin embargo, no funcionó como debía. Así lo demuestran los testimonios de personas escuchadas por SUMAÚMA que actuaron en el área y también las estadísticas de 2023, que todavía están incompletas, sin los datos de diciembre. En 2023, el primer año del gobierno de Lula y de la declaración de emergencia sanitaria, 308 Yanomami murieron en los primeros 11 meses, 104 de los cuales tenían menos de 1 año. Una cifra cercana a las 343 muertes de todo el año 2022, el último del gobierno de Jair Bolsonaro.

Los indicadores difundidos por el gobierno muestran una mejora en algunos de los índices de salud en el territorio y la reanudación de servicios que se habían interrumpido debido a la actividad de la minería ilegal. Pero señalan que durante este primer año no se solucionó la explosión de casos de malaria. Según el Sistema de Información de la Vigilancia Epidemiológica de la Malaria, hasta finales de noviembre se registraron 26.641 casos en la zona en la que viven poco más de 31.000 indígenas. La cifra es un 70% superior a la de todo el año de 2022 (15.561) e incluso superior a la registrada en 2020, hasta entonces récord de casos de la enfermedad desde, al menos, 2014, con 21.883 infectados.

El gobierno afirma que el aumento de casos se debe a que se realiza un número superior de tests mediante búsqueda activa, lo que no se hacía durante el gobierno anterior. Pero los datos obtenidos por SUMAÚMA a través de la Ley de Acceso a la Información muestran que, mientras que en el pico de casos en 2020 la malaria mató a tres niños Yanomami de menos de 5 años, en 2023 hubo 15 víctimas fatales de esta edad, una cifra cinco veces más alta. En 2022 murieron cinco niños.

La malaria se transmite por la picadura de un mosquito que prolifera en aguas estancadas, como los charcos provocados por la extracción de la minería ilegal. Se trata de una enfermedad altamente incapacitante, que requiere medicación continua y, por lo tanto, un equipo de salud cualificado para atender de cerca a los pacientes durante todo el tratamiento. Además, puede hacer que empeoren muchos otros indicadores de salud. En los cuerpos debilitados, cualquier otra enfermedad, como un virus que causa gripe o diarrea, puede volverse letal rápidamente, lo que exige socorro inmediato.

En 2023, hasta comienzos de octubre, se registraron en el territorio 9.550 casos de enfermedades diarreicas agudas, cifra que sobrepasa los 5.902 de todo el año anterior. Hubo 20.524 registros de síndrome gripal, frente a 3.203 en 2022. Según datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, en los primeros 11 meses del gobierno de Lula, 14 niños menores de 5 años murieron por desnutrición (fueron 9 en 2022), 30 por neumonía (56 en 2022) y 9 por diarrea (17 en 2022). Por más que haya habido baja notificación durante los años del gobierno de Bolsonaro, lo que imposibilita que se haga una comparación más precisa entre 2022 y 2023, es indiscutible que, ante la envergadura de la inversión en este primer año del gobierno de Lula, era de esperar que los indicadores fueran mejores.

El gobierno de Lula invirtió, sin duda, en recursos y en cantidad de personas, lo que demuestra una voluntad política efectiva para enfrentar el genocidio Yanomami. ¿Entonces qué pasó? SUMAÚMA escuchó a trabajadores de la salud y líderes indígenas de distintas partes del territorio para poder entender cómo el gobierno gastó 200 millones de dólares y movilizó a casi 2.000 profesionales de la salud y, aun así, fracasó. La mayoría de ellos pidieron no ser identificados por temor a que se los retire de la asistencia a los Yanomami.

Es unánime en los testimonios que hubo un problema de gestión. Y la gestión, en una emergencia, es la diferencia entre la vida y la muerte de quienes están en riesgo. Es también la gestión que se encarga de la logística, el corazón de la emergencia. Testimonios y datos recopilados por SUMAÚMA revelan que el gobierno no actuó de la manera adecuada según lo demanda una situación de emergencia y el territorio todavía está en un estado de calamidad. “Fue una gestión amateur. Con muchos títulos académicos, pero poca o ninguna experiencia de campo”, dijo un profesional de la salud. “Terminó siendo como un dinero de ficción, de apariencia. Porque lo que importa no es cuántos agentes de la salud con su chaleco podamos llevar al territorio, sino a cuántas personas de verdad cuidamos.”

Entre las razones citadas se encuentran acciones descoordinadas organizadas a las apuradas y sin conocimiento de la realidad del territorio; poca apertura para adoptar protocolos exitosos de organizaciones no gubernamentales con amplia experiencia en emergencias; escasa disponibilidad para escuchar y trabajar en colaboración con antropólogos, geógrafos y otros indigenistas que actúan con los Yanomami desde hace décadas, así como con líderes de los pueblos afectados; ausencia de un trabajo fijo de asistencia básica dentro de las aldeas; dificultad para expulsar la minería ilegal de algunas áreas y de mantener alejados a los criminales que salieron de otras, con una evidente falta de cooperación de las Fuerzas Armadas.

Hasta ahora, por ejemplo, el gobierno no ha actuado para reabrir el polo de salud de Kayanau, una comunidad degradada por la presencia de la minería ilegal, en la que hay relatos de abuso sexual, prostitución infantil, narcotráfico y presencia de armas pesadas que impactan la vida y la salud de los indígenas, como demostró SUMAÚMA en un reportaje de febrero de 2023. Allí solo se realizaron misiones sanitarias puntuales, pero fueron interrumpidas por la minería ilegal; lo mismo sucedió en la región de Xitei, que tiene un polo de salud, pero en el que los criminales están impidiendo las misiones.

Ante los cuestionamientos de los profesionales de la salud sobre la ida al lugar, la Fuerza Nacional de Seguridad les contesta que no puede garantizar la seguridad del equipo. Mientras el Estado no cumple su obligación legal de hacer que la zona sea segura para reanudar el trabajo, los Yanomami de allí siguen muriendo a la sombra de las estadísticas, ya que no hay nadie que registre las muertes. Otros polos base de salud en el territorio, que también habían sido cerrados durante el gobierno de Bolsonaro por amenazas de criminales, fueron reabiertos en marzo (Haxiu), junio (Kataroa), julio (Parafuri) y octubre (Hakoma). En dos de estos centros, las unidades de salud están en áreas improvisadas con lonas, construidas con la ayuda de los indígenas.

Según revela un informe producido este mes por la Secretaría de Salud Indígena, obtenido por SUMAÚMA, tres polos reabiertos corren el riesgo de cerrar debido al aumento de las invasiones criminales en los alrededores. Actualmente, por cuestiones de seguridad, ya funcionan, pero solo parcialmente. En este documento la secretaría pedía el apoyo de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública.

“La situación es complicada porque la malaria continúa. Seguimos perdiendo a nuestros hijos. Este mes murieron dos en la [aldea] Õkiola, afirma Mateus Sanöma, líder de la región de Awaris. Asimismo, subraya que el mayor número de muertes y enfermedades se produce en comunidades donde no hay centros de salud ni pistas de aterrizaje y, por lo tanto, solo se puede llegar en helicóptero, una dificultad estructural crónica que el gobierno todavía no ha resuelto. “Los niños siguen teniendo diarrea. Los parásitos también están aumentando. Es muy preocupante, mi pueblo todavía está allí sufriendo”.

Líderes de regiones más al centro del territorio también relatan que la situación en sus comunidades es grave. “Todavía no ha mejorado. Siguen las enfermedades, malaria, diarrea, neumonía. Parientes empezaron a morir mucho, otra vez. Mi familia, mi pueblo Yanomami, sigue muriendo hasta hoy. Estoy muy enojado. Lula diciendo que iba a mejorar nuestra salud y todavía no ha mejorado. Faltan muchas cosas”, dice una líder Yanomami de Papiu. “Sigue la minería ilegal, el río está contaminado de nuevo, hay mucha xawara [enfermedades y epidemias]. Malaria, diarrea, vómitos, parásitos”, cuenta otro líder de Palimiu.

La malaria también favorece la situación de inseguridad alimentaria. Como el cuerpo se debilita, eso impide que los Yanomami cultiven en el momento adecuado o salgan a cazar. Fragilizados, los padres y las madres no consiguen comer ni alimentar a sus hijos. Con la fuerza de tareas, el gobierno empezó a usar aeronaves para lanzar paquetes de canastas básicas en las aldeas, en un intento de minimizar la situación de inseguridad alimentaria. Pero la estrategia no garantizó la distribución entre quienes más la necesitaban dentro de cada comunidad, según relatos de dos profesionales de la salud. “Vi cuando las canastas llegaron a una comunidad y quedaron allí, cerca del centro de salud. Quienes estaban más lejos no las recibieron”, cuenta uno de ellos.

La distribución también se topó con la ineficiencia –deliberada o no– de las Fuerzas Armadas. El organismo de defensa del gobierno brasileño, que afirma haber entregado 36.600 canastas de alimentos durante este período –lo que, en promedio, no llega ni a dos unidades por cada uno de los 31.000 habitantes del territorio durante todo el año– no brindó todas las horas de vuelo necesarias para que la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas distribuyera los alimentos comprados, lo que perjudicó la llegada de la comida a las aldeas. “El gobierno mandó las canastas básicas, pero dejó de hacerlo hace ya dos meses. Nuestros cultivos todavía son pequeños. Esa desnutrición continúa”, relata Mateus Sanöma. Según reportaje del programa Fantástico de la TV Globo, mientras los indígenas pasan hambre en la selva, actualmente hay 28.000 canastas básicas esperando su distribución en Boa Vista, capital del estado de Roraima, donde se ubica una gran parte del territorio Yanomami.

La misma estrategia de lanzar paquetes de alimentos desde el cielo –lo que muchas veces los hace explotar al chocar contra el suelo– fue adoptada en varias áreas del territorio, incluso en las más estructuradas, como el polo de salud de Surucucu, que se convirtió en la tarjeta postal del trabajo del gobierno porque cuenta con un hospital de referencia. En enero de 2023, la pista de aterrizaje de Surucucu estaba prácticamente destruida, lo que impedía que los aviones más grandes del Ejército, que transportan las canastas básicas, como el C-195 Amazonas (CASA), pudieran bajar. La renovación de la pista estaría a cargo del Ejército y, en febrero del año pasado, la Ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmó que existía el compromiso de iniciar la obra. Hasta la fecha, un año después, la pista solo ha recibido algunas reparaciones y todavía no es apta para las aeronaves más grandes.

“Secar el hielo” es una expresión usada por más de un profesional de la salud al definir el trabajo que realizan bajo el comando del Centro de Operaciones de Emergencia, el gran cerebro de la operación en la TI Yanomami. Con décadas de experiencia en asistencias de emergencia, uno de ellos quedó horrorizado cuando, un mes después de formado el centro, asistió a una reunión interna y se encontró ante una desorganización enorme. “Ni siquiera existía un mapeo de la situación real de emergencia que había que atender, algo que en estas situaciones hay que hacer en hasta 72 horas. Era como si todo el mundo fuera principiante, pero con una autoestima exacerbada”, afirma. “No había un anclaje científico, no había un anclaje en la práctica, ni siquiera en la vida cotidiana. Esto para mí es grave. ¿Cómo creo que podrían haberlo resuelto? Poniendo gente con experiencia en campo, con experiencia en emergencias. No dos o tres experiencias, sino muchas. Y estas personas existen. No solo existen, sino que fueron rechazadas. Todas las personas que alertaron sobre los errores que se estaban cometiendo, que estaban en contra, fueron rechazadas”, afirma.

Quien presidía la mesa de decisiones del Centro de Operaciones de Emergencia hasta julio del año pasado era Ana Lúcia Pontes, una profesional académica ejemplar que vino de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), un centro de excelencia en investigación con una larga trayectoria de servicios prestados al público en el área de la salud. A pesar de que el tema del doctorado de Ana Lúcia es sobre Política de Salud Indígena y de que ella está vinculada al grupo de investigación “Salud, Epidemiología y Antropología de los Pueblos Indígenas”, sus críticos alegan que no tiene experiencia consolidada en la asistencia directa a las poblaciones indígenas ni en situaciones de emergencia.

“Por lo general, en una urgencia, una emergencia, el tomador de decisiones es la persona con más experiencia en campo. Sin embargo, esto no era así en la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia”, afirma otro profesional de la salud. “Así que se producía desde el principio un error muy grave: elegir a un investigador o a alguien de la academia para un lugar de tomador de decisiones en una emergencia. ¿Por qué esto es grave? Porque tienes poco tiempo. Si realmente quieres salvar gente y hacer algo efectivo, tienes que saber articular la logística, que es el corazón de una estructura humanitaria. Es esa persona la que tomará las decisiones sobre qué perfil es más adecuado para ese tipo de desastre y, a partir de ahí, se van a desarrollar los demás puestos”, resalta. “Pero en vez de elegir al logístico, al administrador, a personas con experiencia en desastres o en emergencias de salud pública, eligieron a otros investigadores. Fue una gestión de aficionados, pero aficionados con muchos títulos académicos, que no admitían que se los objetara”.

Contactada por SUMAÚMA, Ana Lúcia Pontes afirmó que desde el principio de su carrera trabajó con comunidades indígenas y que era la persona de referencia en la Fundación Osvaldo Cruz en el contexto de la salud indígena durante la pandemia. También trabajó en la construcción y articulación del plan de emergencia de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) en el contexto de la pandemia de COVID-19. “Entré a comandar el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública porque fui un referente técnico de Apib en los últimos años. Y me llamaron debido a esta confianza de los movimientos indígenas”, dice. “¿Quién es la persona ideal? No va a existir esa persona con todas las experiencias necesarias, lo que hicimos fue articular áreas técnicas del Ministerio de Salud e instituciones, como la Fundación Osvaldo Cruz y la Organización Panamericana de la Salud, con experiencias diversas y en emergencias de salud pública”.

Asimismo, afirma que desde el principio había personas en el Centro de Operaciones que actuaban en campo en las áreas de atención necesarias, como la malaria. Y cita la presencia del médico Marcos Antonio Pellegrini, quien actuó en la región de Surucucu en las décadas de 1980 y 1990. Pellegrini está a cargo del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami. La coordinadora del Centro de Operaciones entre enero y julio de 2023 también dice que desde el principio llamó a todas las entidades que operan en la región y a los líderes a participar en los trabajos. Afirma que la solución para la situación pasa por enfrentar dificultades sistémicas de un servicio de salud desestructurado desde hace años.

Sin embargo, según la visión de las personas escuchadas por SUMAÚMA, la falta de una evaluación correcta de la situación y de profesionales que conocieran el trabajo de emergencia y la tierra indígena habría llevado a decisiones equivocadas, que no tenían en cuenta las especificidades del contexto Yanomami, que requiere conocimientos culturales, sociosanitarios y geográficos complejos.
“Una emergencia está compuesta de detalles. Por eso a una emergencia solo acuden los especialistas, porque hay que entender mucho sobre un determinado tema para poder ser rápido, preciso. Ser muy quirúrgico en lo que se va a hacer. Cuando alguien no tiene experiencia con emergencias, usa la métrica que tiene en su vida, la de rutina. Esto no sirve para una emergencia. Por eso, el principal error inicial que cometieron fue el de enviar a personas que solo habían trabajado dentro de una rutina a una emergencia de salud pública. Su forma de trabajar seguía siendo la de la rutina”, analiza el profesional. “Sin un Centro de Operaciones de Emergencia [eficiente], no tenía sentido mandar a cientos de miles de trabajadores porque sería como secar el hielo”.

A principios de febrero, equipos de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud (SUS), profesionales de salud voluntarios de todo el país, fueron enviados al territorio Yanomami. Llegaban a Boa Vista, se quedaban en alojamientos con varias camas y después se los enviaba a la zona indígena. Antes de ir, les hacían tests de COVID, pero no había cuarentena. Como se los mandaba a distintas partes del territorio, corrían el riesgo de dar positivo en campo y diseminar el COVID entre una población ya de por sí muy fragilizada. Varios regresaron de trabajar en el territorio con COVID-19, lo que demuestra que pudo haberse producido una contaminación. Además, los profesionales escuchados por el reportaje afirman que muchos no tenían ninguna experiencia en las áreas necesarias de asistencia. Tampoco entendían sobre la realidad Yanomami. Se los preparaba durante uno o dos días en total. Su participación duraba alrededor de 15 días, desde la salida de sus lugares de origen hasta que regresaban a su casa. A veces los vuelos se demoraban y hubo grupos que se quedaron en campo solo una semana.

También se envió a profesionales a algunos lugares sin una evaluación previa de seguridad. “Trabajamos bajo mucha presión. Todo el mundo quedó conmocionado”, relató un trabajador enviado a uno de los polos justo al principio. En algunos casos, el equipo de coordinación transmitía información incorrecta: les decía que en un lugar había malaria, pero no era así. O decía que un lugar no tenía malaria, pero sí la había. Guiados por la información inicial, los agentes entraban sin tests ni medicamentos suficientes para combatir la enfermedad donde era necesario. Y volvían con los medicamentos y los tests de lugares donde no había malaria.

“Ya sabíamos de esta crisis desde hace casi dos años”, dice Ricardo Affonso Ferreira, presidente y fundador de la ONG brasileña Expedicionarios de la Salud. El médico de voz firme y directa administra una institución que montó un hospital de campaña durante seis meses después del terremoto de 2010 en Haití, asistió a especializaciones en catástrofes en Ginebra y Oslo, instaló 260 enfermerías de campaña en comunidades indígenas durante la pandemia de COVID-19 y ya ha promovido numerosas campañas de cirugías en áreas indígenas brasileñas. Durante la inercia criminal de la administración de Bolsonaro en la TI Yanomami, la ONG realizó tres expediciones al territorio en 2022 y actuó en un esquema casi de guerrilla para intentar salvar las vidas ignoradas por el gobierno.

“Mandamos infectólogos y pediatras para que se ocuparan de todo lo que estaba pasando, del hambre, de la malaria, porque la anterior administración del Distrito Especial Sanitario Indígena Yanomami era muy difícil”, recuerda. Para hacer que los medicamentos comprados por la institución llegaran a las aldeas donde eran necesarios y no se perdieran en la administración burocrática en Boa Vista, la ONG se los entregaba directamente a los médicos que iban a las comunidades. “Empezamos a armar mochilas especiales de rescate y entregárselas a los profesionales de área”, dice Márcia Abdala, directora general de la institución. La ONG también distribuyó generadores, paneles solares y llevó médicos de aldea en aldea para brindar asistencia. En ese momento de crisis, la organización fue una de las pocas ayudas efectivas para los Yanomami, que se enfrentaban a un cuadro agudo de falta de asistencia.

No es de extrañar, por lo tanto, que el Centro de Operaciones de Emergencia se acercara a ellos desde el principio de la implementación de la fuerza de tareas para que los empleados recientemente enviados por el gobierno Lula pudieran entender las características del trabajo en el territorio. La organización se ofreció para crear el centro de emergencia en Surucucu para desempeñarse como ya lo había hecho en otros lugares, usando la experiencia acumulada a lo largo de los años. “Pero no lo aceptaron”, dice Ricardo. “Teníamos un centro quirúrgico, estábamos acostumbrados a actuar en la zona. La primera expedición quirúrgica que realizamos en Surucucu fue hace 10 años. Conocíamos toda la zona, a los líderes”, dice Márcia.

La excusa dada por el Centro de Operaciones, afirman, fue que sería una acción del gobierno y que las Fuerzas Armadas instalarían un hospital de campaña en Surucucu, además de otro dentro de la Casa de Salud Indígena. La unidad es un lugar de apoyo en Boa Vista al que son llevados los Yanomami después de salir del hospital de la capital hasta que se recuperen por completo. Pero eso en teoría. En la práctica, a menudo terminan quedándose durante meses después de ser dados de alta porque no hay vuelos de regreso a sus aldeas. Durante esta larga espera terminan contaminándose con otras enfermedades o incluso sufren violencia sexual, en el caso de las mujeres. Fue allí donde estuvo el presidente Lula en enero de 2023. Después de la visita, dejó el lugar horrorizado por el hacinamiento: había allí 700 indígenas en un espacio hecho para la mitad de esa cantidad. Hoy todavía hay más personas de las que el espacio podría albergar con alguna dignidad.

Sin embargo, pasaron 15 días antes de que contactaran a la ONG Expedicionarios de la Salud otra vez. Al tener solo el hospital de campaña de la Casa de Salud Indígena en funcionamiento, el gobierno ahora pedía ayuda. El 12 de febrero de 2023, el equipo de logística de la ONG estaba en Surucucu para revisar las instalaciones de una enfermería que ellos mismos habían reformado hacía 10 años con el apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. “Llegamos allí y no había agua, ni alcantarillado, ni alojamiento, cocina o baño. El lugar de los pacientes era un asco, todo estaba abandonado, destruido”, recuerdan. Sin lo mínimo como para mantener a ningún equipo sería imposible montar el hospital. Por eso, la ONG empezó la reforma de la estructura. “Al principio pedimos apoyo al Ejército, a la Fuerza Aérea, porque teníamos que llevar materiales, piedra, cemento, madera. Pero no lo logramos. El único que nos ayudó al principio fue el equipo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) que estaba haciendo el Censo y nos encajaba en los vuelos cuando había espacio, hasta que el Centro de Operaciones de Emergencia se organizara para fletar un avión y ayudarnos a llevar el resto del material allí, unos 45 días después”, dice Márcia.

A finales de marzo ya habían reformado el área del polo para que un equipo entrara y pudiera trabajar. Entonces se pudo montar otra estructura al lado, en tiendas de campaña, que pasó a funcionar como hospital, con ambulatorio, sala de emergencia, laboratorio, y que fue llamada por el gobierno Centro de Referencia en Salud Indígena. Los pacientes de las aldeas circundantes que necesitaban hospitalización ahora eran llevados allí, sin que hiciera falta trasladarlos a los hospitales de Boa Vista, lo que también ayudó a reducir el flujo de los enfermos Yanomami que terminaban en la Casa de Salud Indígena.

“Así que empezamos a llevar nuestros equipos de salud a Surucucu: pediatras, clínicos, infectólogos, todo lo que nos parecía que era necesario para atender estas emergencias más graves. Pero pasó que todo fue muy confuso”, cuenta Márcia. “No había una coordinación que acogiera a todos estos profesionales y les dijera: ustedes van a las comunidades, ustedes se quedan aquí. Tenía que haber una línea de trabajo”, dice la directora de la ONG Expedicionarios de la Salud. “Tenía que haber algo así como un hospital: primero hacer el triaje, los exámenes, aislar a quienes tenían sospecha de tuberculosis, de COVID, ponerles una pulserita. Y eso no se hizo”, resalta. Un día, pusieron a un paciente con síntomas parecidos a los de la gripe en el mismo ambiente que una serie de otros enfermos debilitados, sin que se le hiciera el test de COVID. Tenía la enfermedad y contaminó a los demás enfermos, cuentan los médicos.

Otra falla que se presentó en ese momento de asistencia fue la ausencia de un trabajo sistematizado dentro de las aldeas, señalan los médicos. “Había que entrar a las comunidades, llevar al equipo a ver cómo estaba la malaria en el lugar, tratar la malaria allí. Pero esto se hizo poquísimo. Quedaba en eso de secar el hielo”, destaca Ricardo. “Queríamos ir, pero nos decían que solo podía entrar el equipo del Distrito Especial Sanitario”, afirma.

En junio, la coordinación del polo les informó que Surucucu no necesitaba médicos especialistas, como los pediatras e infectólogos que habían llevado, sino socorristas. “Así que no teníamos nada más que hacer allí. Éramos todos especialistas. Nos fuimos”, recuerda la directora de la ONG. La institución retiró a sus médicos del territorio, pero dejó allí el hospital de campaña. También se quedaron hasta finales de agosto un equipo de mantenimiento y un técnico de laboratorio. Después, afirman, no hubo más mantenimiento por parte del gobierno y la estructura empezó a deteriorarse, lo que la hizo peligrosa y la tuvieron que desarmar.

A finales de octubre, el Centro de Referencia en Salud Indígena, orgullosamente inaugurado por el gobierno federal a principios de año, dejó de funcionar. Hasta la fecha no la han reemplazado. La Casa de Salud Indígena volvió a recibir un flujo más alto de personas, relata un profesional que trabajó allí en el segundo semestre de 2023.

Las imágenes que conmocionaron a Brasil en enero del año pasado revelaron un cuadro gravísimo de salud nutricional. Los datos enviados a SUMAÚMA a principios de ese año por el Ministerio de Salud del mismo gobierno Lula mostraban que, en 2022, de los 4.367 niños menores de 5 años monitoreados por los equipos de salud en el territorio, la mitad estaban por debajo del peso, entre los cuales 1.239 presentaban una condición severa de desnutrición. SUMAÚMA solicitó a la oficina de prensa del Ministerio de Salud la actualización de estos datos, pero no fueron enviados. En el último boletín difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia, la información es que hasta el momento 416 niños fueron tratados por desnutrición y recibieron el alta. A fines de noviembre, 56 estarían en seguimiento, 34 de los cuales con desnutrición grave.

La falta de datos impide realizar un análisis comparativo real de cómo evolucionó la situación de desnutrición durante el primer año de la fuerza de tareas. Pero imágenes difundidas por la plataforma de noticias G1 la semana pasada mostraron niños que todavía eran piel y huesos rescatados por equipos de salud en el polo de Awaris. Tres de los profesionales escuchados por SUMAÚMA para este reportaje cuentan que la estrategia de combate a la desnutrición adoptada por el gobierno también puede haber atrasado la recuperación de los pequeños Yanomami, una vez más por falta de conocimiento inicial de la cultura local.

En febrero, el Ministerio de Salud pasó a distribuir entre los niños leche terapéutica compuesta de leche en polvo, aceite, azúcar y micronutrientes con vitaminas. Una forma rápida y sencilla de aumentar la ingesta calórica. Sin embargo, parte de los Yanomami no están acostumbrados a consumir leche que no sea la materna y los indígenas no aceptaron bien la sustancia. Por lo tanto, el equipo de nutrición del Centro de Operaciones de Emergencia añadió a la fórmula banana y asaí, alimentos que forman parte de la cultura local, para intentar incrementar su consumo. Pero la aceptación sigue siendo difícil y el número de veces que hay que administrar la sustancia es un desafío, especialmente en las aldeas.

Tres profesionales escuchados por SUMAÚMA afirman que la distribución de la leche y la insistencia del gobierno en la estrategia causaron malestar con la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) que, como la EDS, también fue llamada por el Centro de Operaciones de Emergencia para actuar en el territorio. La ONG, que tiene experiencia en la recuperación de niños desnutridos en escenarios graves del África subsahariana, por ejemplo, quería introducir el llamado Alimento Terapéutico Listo para Consumir (ATLC) –una sustancia pastosa o sólida a base de maní o garbanzos que viene en forma de sobre– que podría tener más aceptación y sería más práctica para uso en áreas remotas, especialmente porque no depende del uso de agua, lo que reduce el riesgo de contaminación. En pocos días, dice un profesional que ha trabajado en casos graves de desnutrición, los niños ganan peso. Hasta ahora la propuesta está estancada en la Coordinación General de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, generando algunos roces.

Al ser contactado, Médicos Sin Fronteras afirmó que sus portavoces no tenían agenda para conceder una entrevista. Pero, una noticia de 2006 publicada en su página web, cuenta sobre la experiencia exitosa de usar estos alimentos preparados en regiones de Níger. “Hace algunos años, todas las personas con desnutrición aguda severa eran internadas en centros nutricionales terapéuticos. La base del tratamiento nutricional consistía en leche terapéutica en polvo [distinta a la que se usa en la TI Yanomami] y el tiempo promedio de internación era de 30 días. Este sistema presentaba algunos problemas, como tasas más altas de abandono, menor cobertura, necesidad de más recursos humanos y más riesgo de contagio de enfermedades asociadas a la desnutrición”, decía la entidad.

Según un profesional que acompañó el trabajo de asistencia a los desnutridos en campo, este escenario se repite en la TI Yanomami. “Se realiza un triaje en la comunidad, los niños desnutridos van al centro de salud y de allí son trasladados [en avión] al polo base, donde se hace la recuperación nutricional [con la leche]. Es una recuperación muy incierta, demorada, cara, que requiere muchos empleados y, una vez más, está centralizada en un polo base [lejos de las aldeas y comunidades de origen]. Esto no está dando respuestas de hecho significativas”, afirma.

Según noticias de Médicos Sin Fronteras de 2006, el uso de Alimento Terapéuticos Listo para Consumir permitía tratar a la mayoría de los niños en sus propias comunidades con atención médica convencional, minimizando las hospitalizaciones. “Es lo que se utiliza en las emergencias nutricionales en todo el mundo, pero decidieron que aquí en Brasil no se haría”, se indigna uno de los profesionales. Actualmente se está probando la Mezcla de la Selva, que incluye harina de babasú, nueces de Brasil, cacao, leche y azúcar mascabo, muchos de estos ingredientes provenientes de la agricultura indígena y familiar.

Los años de abandono deliberado del Estado brasileño durante el gobierno de Bolsonaro permitieron que la minería ilegal clavara sus tentáculos de manera profunda y peligrosa en el territorio, con la presencia de hombres altamente armados y miembros de facciones criminales. Esto aumentó la dificultad de retirar los grupos. Pero la falta de un plan efectivo para atacar el problema por parte del nuevo gobierno también contribuyó a que no todos los criminales dejaran el territorio y, a muchos de los lugares de donde salieron, empezaron a volver a partir del segundo semestre.

“El plan del gobierno se dividía en dos etapas. La primera tiene como objetivo la desintrusión [expulsión] de los mineros ilegales y la garantía de su no retorno al territorio”, explica el fiscal del Estado Alisson Marugal, titular de la oficina de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las minorías, en Boa Vista, capital del estado de Roraima. Fue desde su gabinete que, en los últimos años, salieron una serie de pedidos de explicaciones al gobierno brasileño sobre la situación de abandono de los indígenas en el territorio. Durante el último año, también siguió de cerca el trabajo del gobierno de Lula. “La segunda etapa del trabajo”, añade, “se inició junto con la primera, pero se completaría con la salida total de los mineros ilegales y el restablecimiento de las condiciones de seguridad pública en el territorio para la reanudación de los servicios públicos, como los de salud y educación”, dice. “Pero nunca se restableció la seguridad pública en el territorio para garantizar la eficiencia del servicio público de salud”, afirma.

Entre los ejemplos, el fiscal cita la situación del polo de salud de Kayanau. “El de Kayanau, con toda la tragedia que implica la minería ilegal, nunca fue reabierto. Y ahora la unidad de salud de allí, como protesta de los Indígenas, fue incendiada . Kayanau sigue siendo una tragedia. El gobierno dice que brinda asistencia, pero lo que hace allí es la retirada de emergencia de enfermos, que es lo mismo que hacía el gobierno de Bolsonaro”.

Entre febrero y diciembre de 2023, el sistema de la Policía Federal que monitorea las nuevas áreas de deforestación mostró una reducción del 81% en estas alertas. En ese mismo período de 2022, el último año de Bolsonaro, fueron 2.137. En 2023, 400. La reducción es significativa en una zona donde el nivel de deforestación crecía. Pero los datos no son capaces de mostrar el regreso de los mineros clandestinos a las mismas áreas que ocupaban antes, cuyos claros quedaron abiertos y abandonados en la selva. En estos casos no tienen que abrir una nueva área de la selva, lo que generaría una alteración que el sistema captaría para emitir la alerta. “Si bien ha habido una reducción de las alertas [de deforestación] en el territorio, el hecho es que todavía hay algunos lugares donde los mineros siguen operando. O no salieron, o se fueron y regresaron muy rápido”, resalta Marugal. Relatos de líderes indígenas también señalan que los mineros que se quedaron en las áreas empezaron a usar estrategias para evitar que los descubran en las inspecciones, como trabajar de noche o instalar estructuras debajo de los árboles.

En junio de 2023, el decreto presidencial firmado por Lula en enero, que determinaba las medidas para llevar a cabo el enfrentamiento de la minería ilegal en el territorio, pasó por una alteración. La nueva redacción autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar acciones preventivas y represivas contra los crímenes en el territorio, con acciones de patrullaje, registro de personas, embarcaciones y aeronaves y detenciones flagrantes. “El decreto atribuyó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de actuar directamente en las incursiones contra la minería ilegal, lo que antes no podían hacer porque se limitaban a brindar apoyo logístico”, explica el fiscal. “A partir de entonces hubo cierto consenso de que las Fuerzas Armadas se harían cargo del operativo. Y la Policía Federal y el Instituto del Medio Ambiente monitorearían [solo] las acciones de destrucción de maquinaria, que estarían bajo su responsabilidad. Pero el tema es que no funcionó porque, en un momento dado, por octubre, las Fuerzas Armadas empiezan a bajarse del operativo”, destaca Madrugal. Según relata, el organismo de defensa empezó la retirada de su efectivo, argumentando que carecía de recursos. “Esto paulatinamente fue creando un ambiente que alentaba el regreso de la minería ilegal al territorio Yanomami y, a partir de entonces, también empezamos a recibir mucha información de que los mineros estaban volviendo a las comunidades”.

Asimismo, el fiscal enfatiza que la entrada de las Fuerzas Armadas en el operativo provocó que el Instituto del Medio Ambiente transfiriera sus recursos a otras regiones de Brasil. “Recién ahora en diciembre el Instituto empezó a volver”, afirma.

En vísperas del primer aniversario del escándalo que expuso al mundo el genocidio Yanomami, el presidente Lula sintió la presión por el tiempo desperdiciado en el territorio. Como hizo el 20 de enero de 2023, ante la persistencia de las muertes, volvió a convocar a su primer escalón. Lula le demandó al equipo un plan más efectivo. “Decidiremos tratar la cuestión de Roraima, la cuestión indígena y la cuestión Yanomami como una cuestión de Estado. No es posible que se pueda perder una guerra por culpa de la minería ilegal”, dijo el 9 de enero. “Y esta reunión es para definir de una vez por todas lo que nuestro gobierno va a hacer para evitar que los indígenas brasileños sigan siendo víctimas de una masacre”.

Al día siguiente, 10 de enero, algunos ministros volvieron al territorio Yanomami para analizar la situación. Entre ellos, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, y el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida. También estuvo presente la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, Joenia Wapichana, que es de Roraima. En la delegación no estaban la ministra de Salud, Nísia Trindade Lima, ni el ministro de Defensa, José Múcio. Marina Silva afirmó que el gobierno quiere “transparencia” y “realidad”, no “autoengaño”.

Para los profesionales involucrados en el área de la salud, el discurso presidencial sonó como un regreso al mismo lugar que hace un año. “Parece el Día de la Marmota, me siento como si estuviera viviendo el mismo día de hace un año”, dijo uno de ellos, en referencia a la popular película de Hollywood en la que el personaje de Bill Murray se despierta siempre el mismo día hasta que logra perfeccionarse y convertirse finalmente en una persona mejor. En definitiva, los Yanomami siempre han sido un tema de Estado según la Constitución y resolver la situación era la promesa de enero de 2023. Lula tampoco mencionó los problemas más que evidentes de la operación de emergencia sanitaria, transfiriendo toda la responsabilidad del fracaso del operativo de salud a la dificultad para expulsar a los mineros ilegales.

El presidente anunció una inversión de cerca de 240 millones de dólares para el año 2024 en la región y la instalación de una “Casa de Gobierno”, que reunirá a los organismos federales involucrados. “En 2024 vamos a migrar de un conjunto de acciones de emergencia a acciones estructurales. Incluso en el área de control territorial y seguridad pública”, afirmó públicamente el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, quien coordina las acciones. Según él, el cerco contra los invasores ya no será a través de operativos, como el año pasado, sino una acción permanente, con nuevas estructuras de inspección, algo que reclamaban los especialistas, incluso del órgano ambiental, desde la administración de Bolsonaro. El nuevo plan de acción retira de las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la logística de distribución de las canastas básicas a partir de abril.

En la selva, los Yanomami, acostumbrados a las promesas desde que se vieron obligados al contacto con los napepë (no indígenas), sueñan con una vida libre, sin xawara (enfermedades y epidemias) ni violencia. Así lo resume, bajo el pseudónimo Inoque Irana, un líder de la región de Papiu e importante portavoz de la resistencia desde la primera invasión de los mineros en la década de 1990:

“Queremos volver a vivir solo nosotros. No queremos a los mineros. Antes vivíamos solo nosotros aquí, es nuestra tierra. No aceptamos que destruyan siempre nuestra tierra. Esta es la tierra que fue puesta por Omama, nuestro creador. No fue el gobierno el que creó esta tierra-selva, no fueron los mineros quienes crearon esta tierra-selva. Ellos no tienen a sus esposas ni a sus hijos aquí, no tienen a sus madres ni a sus padres ni a sus suegros aquí. Solo nosotros, los Yanomami, vivimos aquí.

Vivimos donde la selva está entera. ¿Por qué los napëpë siguen regresando siempre y haciéndonos sufrir? Si quedara solo la [equipo de] salud, los medicamentos, será bueno, si solo hay vacunas es lo que queremos. Queremos profesionales de la salud que sepan curarnos, que trabajen con microscopios. En tiempos pasados ya desaparecimos, pero esta vez ya no vamos a desaparecer.
Si [los mineros ilegales] siguen viniendo siempre a la selva, nuestros niños van a sufrir de hambre. La selva empezó a quedar completamente invadida por las máquinas. Ya no tenemos más el perfume de la selva, ya no siento más el olor de las flores. Todo se volvió olor a gasolina y por eso los animales de caza huyeron. Ahora tenemos mucha hambre”.

Sin embargo, para que los Yanomami puedan volver a vivir en “la selva entera”, hace falta que el gobierno venza no solo las fuerzas al otro lado de la trinchera, sino también los graves problemas del lado de adentro, que costaron vidas que jamás se podrán recuperar. Y esto solo puede hacerse con transparencia, realidad y sin autoengaño.

El Ministerio de Salud afirma que “ha retomado las políticas de salud y de cuidado después de la falta de asistencia y el abandono que causaron graves daños a la salud de la población indígena los últimos años”. Destaca que la acción elaborada por el gobierno federal incrementó el efectivo de profesionales, duplicó la inversión en acciones de salud y trabajó para garantizar la asistencia y combatir las principales enfermedades, como la malaria y la desnutrición, en el territorio Yanomami.

“Para enfrentar la situación de emergencia se elaboró inmediatamente una acción interministerial de logística y operación compleja ante la situación en el territorio indígena a principios del año pasado. Bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública Yanomami se movilizaron enfermeros, pediatras, nutricionistas, médicos de emergencia y clínicos, además de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud (SUS) y de profesionales capacitados, con reconocimiento de los líderes locales y con conocimiento técnico y experiencia en salud indígena”, afirma en nota.

El organismo también dice que el papel del Centro de Operaciones es el de organización, planificación y monitoreo, además de la articulación con otras entidades, como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que fueron invitadas a contribuir con las acciones del Gobierno Federal. “En cuanto a la alianza con ONGs y especialistas de la región, cabe destacar que el equipo de la Secretaría de Salud Indígena mantuvo reuniones con Médicos Sin Fronteras, Unicef, Expedicionarios de la Salud, el Instituto Socioambiental, además de contactar a profesionales involucrados en la creación del Distrito de Salud Yanomami”. La nota del ministerio destaca que las ONGs y los especialistas fueron invitados a formar el Centro de Operaciones y pudieron participar en las reuniones desde el principio. Y que también se consultó a los líderes Yanomami.

La Casa Civil de la Presidencia de la República, que se encarga de las articulaciones interministeriales, incluyendo la de emergencia Yanomami, informó, a través de una nota, que desde enero de 2023 ha invertido más de 200 millones de dólares en la tarea, tanto en recursos del presupuesto ordinario como en crédito extraordinario (no previsto inicialmente en el presupuesto).

“En 2023 se invirtió en salud una suma un 122% más alta que en 2022. También hubo un aumento del 40% en el personal efectivo de la salud, que saltó de 690 a 960 profesionales. Como uno de los resultados, a lo largo del año se recuperaron 307 niños diagnosticados con desnutrición grave o moderada y se brindaron más de 21 mil consultas médicas”. El órgano también destaca que se realizó una búsqueda activa para detectar malaria, con 140.042 tests.

El departamento, así como el Ministerio de Salud, enfatizó que el número de defunciones en el territorio se actualiza constantemente porque requiere investigación de las notificaciones. “Por lo tanto, considerando que hay una baja de notificaciones hasta 2023, esto podría llevar a un número todavía más alto de defunciones hasta 2022, después de la consolidación de los datos”, señaló la Casa Civil.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas afirmó que “la crisis del territorio Yanomami es compleja y ha empeorado los últimos años, cuando las políticas públicas de protección de los Indígenas se han visto gravemente afectadas”. Destacó que el año pasado se realizaron 400 operativos en el área indígena Yanomami, en las que se incautaron cerca de 120 millones de dólares vinculados a bienes y recursos financieros de grupos ilegales. Asimismo, subrayó que la Policía Federal realizó 13 operativos a lo largo de 2023, que resultaron en 114 órdenes de búsqueda y captura y 175 detenciones flagrantes. “Hay 387 investigaciones en curso, incluyendo las que se concentran en los principales patrocinadores del comercio ilegal de oro, con el objetivo de averiguar la responsabilidad criminal de los principales financiadores [de las minas ilegales]”.

MINERÍA ILEGAL

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) afirmó al reportaje que, después de retirar a la mayoría de los mineros ilegales en la Tierra Indígena, los inspectores del órgano constataron que algunos grupos regresaron y empezaron a operar de noche, en zonas más alejadas y cerca de la frontera con Venezuela, en un intento de eludir la inspección. Aun así, asegura que hubo una reducción del 85% de las áreas usadas para la minería ilegal entre febrero –cuando comenzó el grupo de trabajo– y diciembre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior. “La reducción coincide con los lugares en los que el Instituto Ambiental actuó para destruir equipos y campamentos de mineros”.

El organismo destaca que bloqueó el flujo de suministros, como combustible, alimentos y repuestos para la minería ilegal, y que realizó 310 acciones de inspección, en las que se incautaron o destruyeron 362 campamentos y 151 estructuras logísticas y puertos de apoyo, 34 aeronaves, 32 balsas, 43 barcos, tres tractores, seis vehículos y 45 motosierras. También se hicieron 205 inspecciones en pistas de aterrizaje en la Tierra Indígena y sus alrededores y 209 fueron monitoreadas. El órgano ambiental también resalta que sus inspectores fueron atacados con armas de fuego dentro de la TI al menos diez veces.

Cuestionado, el Ministerio de Defensa no contestó por qué las fuerzas de seguridad brasileñas hasta ahora no han logrado expulsar completamente a los criminales del territorio protegido ni por qué no han actuado para recuperar los edificios de las unidades de salud, estructuras estatales cerradas por los mineros, como la de Kayanau.

INSPECCIÓN

Respecto al debilitamiento de las acciones de combate a la minería ilegal después del decreto de Lula, en junio, que autorizó a las Fuerzas Armadas a actuar en la represión de crímenes en el territorio, el Comando Militar de la Amazonia contestó que el decreto “establece que el Ministerio de Defensa, por medio del Comando Conjunto Ágata, tiene la responsabilidad de ejecutar acciones preventivas y represivas contra delitos transfronterizos y ambientales”. Y sigue: “Sin embargo, es importante resaltar que el texto del decreto no menciona explícitamente acciones de expulsión de los mineros”. “A pesar de eso”, dice, “realizó, con otros órganos gubernamentales, acciones importantes en la región, lo que resultó en una reducción del 90% de los vuelos ilícitos y del 80% de la presencia de mineros”.

DESNUTRICIÓN

El Ministerio de Salud informó que creó, al principio de las operaciones, un Centro de Recuperación Nutricional para tratar a niños con desnutrición en la Casa de Salud Indígena en Boa Vista, lo que redujo el número de defunciones de niños por desnutrición de 44, en 2022, a 29 hasta noviembre de 2023 (los datos difieren de los que obtuvo SUMAÚMA a través de la Ley de Acceso a la Información).

“Cabe resaltar que al principio de la emergencia el protocolo del Ministerio de Salud para la desnutrición grave recomendaba la asistencia hospitalaria, que era necesaria debido a la gravedad de los casos encontrados. En este sentido, el equipo del Ministerio de Salud estableció criterios y procedimientos para identificar a los niños en riesgo nutricional grave, implementando un plan de tratamiento y criterios de evolución basados en las directrices del ministerio. La fórmula que se suministraba era compatible con la alimentación natural del pueblo Yanomami, compuesta, por ejemplo, de banana y asaí, distintas a las fórmulas sugeridas por otras instituciones”, destacó.

KAYANAU

Respecto a no haber abierto el Polo Base de salud de Kayanau, el Ministerio de Salud asegura que esto sucedió como resultado de las actividades de la minería ilegal en ese lugar El ministerio dice que ha abierto siete Polos Base y que otros tres solo funcionan parcialmente, durante el día, debido a la inseguridad provocada por las actividades criminales a los profesionales de la salud: Awaris, Surucucu y Xitei.

“En los lugares a los que la asistencia médica puede entrar con seguridad, se les puede brindar a los Indígenas la atención de emergencia y seguimiento de salud que necesitan. Para garantizar el acceso a los lugares donde no hay seguridad, el Ministerio de Salud sigue trabajando en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Pública”, destacó el ministerio.

CANASTAS BÁSICAS Y APOYO MILITAR

El Ministerio de Defensa contestó, a través de su oficina de prensa, que “desde el inicio de la fuerza de tareas del gobierno federal, en enero de 2023, el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en ayuda a los Yanomami resultó en la distribución de alrededor de 766 toneladas de alimentos y materiales transportados, que sobrepasó la marca de 36.600 canastas de alimentos distribuidas. Además, se realizaron 3.029 consultas médicas y 205 evacuaciones aeromédicas”. También afirmó que los militares, en operativos para combatir la minería ilegal, detuvieron a 165 sospechosos. “Para las acciones se emplearon aproximadamente 1.400 militares de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. El esfuerzo aéreo sumó alrededor de 7.400 horas de vuelo, lo que equivale a más de 40 vueltas alrededor de la Tierra”.

SURUCUCU

En la pista de aterrizaje del Polo Base de Surucucu, que tendría que haber sido renovada por el Ejército, el Comando Militar de la Amazonia contestó que es propiedad de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), con responsabilidad de mantenimiento compartida con la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero). Sin embargo, “ante la urgencia de la misión de apoyo a las comunidades indígenas en la Tierra Indígena Yanomami”, sus militares trabajaron desde diciembre de 2022 hasta julio de 2023 en el mantenimiento de emergencia de la pista, posibilitando que actualmente “aterricen y despeguen aeronaves de porte pequeño y mediano”. “Hay que destacar que la falta de acceso fluvial o terrestre por carretera, sumada a las condiciones climáticas características de la Amazonia Occidental, hace que los trabajos sean bastante restringidos en cuanto a los materiales e insumos empleados en la operación”, concluyó. También afirmó que no hay registro de solicitudes formales de la ONG Expedicionarios de la Salud al Ejército Brasileño de préstamo de aeronaves para transportar materiales de construcción para la implementación del hospital en Surucucu.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas afirmó que, junto con la Funai, destinó recursos de crédito extraordinarios para un acuerdo de cooperación con Infraero para renovar las pistas de aterrizaje dentro de la Tierra Indígena Yanomami. “El equipo de Infraero ya está en Roraima iniciando los trabajos. Hubo un pequeño retraso con la movilización del equipo, pero las actividades ya están en marcha”.

PRÓXIMAS ACCIONES

El Ministerio de los Pueblos Indígenas destacó que, entre las acciones estructurantes para 2024 en la región, se destinarán 240 millones de dólares a inversiones. Habrá una “Casa de Gobierno” en Roraima, integrada por representantes de diversos órganos, que realizará acciones como incentivar la reanudación del modo de vida para restablecer la pesca y el cultivo y garantizar, de manera permanente, que la seguridad alimentaria no dependa de la llegada de las canastas básicas.

“Hasta que esto suceda, el programa de distribución de canastas básicas seguirá activo”, dice. El organismo destaca también que la Cámara acelerará las acciones, incluidas las de expulsión de los mineros ilegales del territorio, con la presencia permanente de las fuerzas de seguridad. El gobierno también anunció los planes para construir el primer hospital indígena de Brasil en Boa Vista.