El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se desplazó el sábado por la mañana hasta el estado de Roraima para evaluar la situación sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami, donde 570 niños menores de 5 años han muerto por falta de atención médica en los últimos 4 años, según reveló SUMAÚMA. El Ministerio de Salud ha publicado una ordenanza en la que declara una emergencia de salud pública de importancia nacional en el territorio Yanomami, medida que se adopta en situaciones similares a las epidemias, como la de la covid-19. Habrá una sala de situación con especialistas y se enviará a la región la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud (FN-SUS) —programa de cooperación destinado a implementar medidas de prevención, asistencia y represión de situaciones epidemiológicas, catástrofes o desasistencia a la población cuando se agota la capacidad de respuesta del estado o municipio—, con médicos y enfermeros.

SUMAÚMA publicó fotos y reportajes que retratan la tragedia humanitaria en el territorio: niños y ancianos en los huesos, apenas capaces de tenerse en pie, en varias aldeas de la tierra indígena. Un expediente médico al que SUMAÚMA tuvo acceso arroja luz sobre el horror: un niño de 3 años al que atendieron pesaba 3,6 kilos, lo mismo que un recién nacido. «Esta semana he tenido acceso a unas fotos que efectivamente me han estremecido. No podemos entender que un país que tiene las condiciones que tiene Brasil deje a nuestros indígenas abandonados como están aquí», afirmó el presidente en Boa Vista. «Si alguien me dijera que aquí, en Roraima, hay personas que reciben un trato tan inhumano como el que he visto que reciben los Yanomami, no me lo creería». El viernes por la tarde, tras la publicación del reportaje, el presidente ya se había manifestado sobre la situación de los Yanomami. «Tomaremos medidas para garantizar la vida de los niños Yanomami», afirmó en Twitter.

Lula llegó a Boa Vista, capital del estado que comparte la Tierra Indígena Yanomami con el de Amazonas, a última hora de la mañana. Lo acompañaban la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, la ministra de Salud, Nísia Trindade Lima, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias, y el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida . La importancia y el peso político de los miembros de la comitiva era un mensaje contundente, como si parte del Gobierno se hubiera desplazado desde Brasilia para estar presente donde más se le necesita.

La delegación visitó la Casa de Salud Indígena (Casai), donde se alojan los indígenas que están enfermos que son trasladados a la capital para recibir tratamiento médico. La precariedad y el hacinamiento son evidentes. Debido a la falta de vuelos, los indígenas, tras curarse, a veces se pasan meses esperando para volver a sus aldeas y a menudo acaban contrayendo otras enfermedades.

En Boa Vista, el presidente también se reunió con Davi Kopenawa, el principal líder Yanomami, que lleva años denunciando la invasión de garimpeiros (mineros ilegales) en el territorio de su pueblo. Junto con la destrucción de las estructuras sanitarias, la minería es una de las causas determinantes de la emergencia sanitaria: los delincuentes propagan la malaria por las aldeas e impiden el trabajo de los equipos médicos, llegando incluso a quemar los puestos de salud. «Vamos a tomarnos muy en serio esta historia de acabar con la minería ilegal», declaró Lula a la prensa tras la visita. 

En la ordenanza que declara la emergencia de salud pública también se determina la creación de un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública para coordinar la respuesta a la crisis humanitaria. Estará bajo la responsabilidad de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) y contará con el apoyo técnico del Departamento de Emergencias de Salud Pública. El Centro de Operaciones de Emergencia permite ampliar los equipos sanitarios, incluso mediante la contratación de personal temporal, así como la adquisición de bienes y servicios.

«Ayer el presidente Lula tomó la decisión de promulgar un decreto que define este problema como crisis humanitaria y designó a algunos ministros para que trabajen en la búsqueda de soluciones. En el Ministerio de Salud hemos definido esta situación como una emergencia sanitaria, una emergencia nacional similar a una epidemia. Así podremos actuar más rápidamente ante la situación», declaró la ministra de Salud, Nísia Trindade Lima. Un grupo de trabajo ya está desde el 16 de enero en las aldeas más afectadas para atender los casos más urgentes y hacer un diagnóstico de la situación. Este grupo también evaluará si los datos sanitarios que constan en el sistema oficial del Gobierno, el DataSUS, son correctos o están infrarregistrados. Hay relatos de muertes que ni siquiera se han contabilizado.

La situación en el territorio Yanomami se ha agravado en los últimos años, durante el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. El expresidente, que siempre se pronunció a favor de la minería en las tierras indígenas, debilitó los órganos de supervisión y de ayuda a los indígenas, como la Funai, lo que permitió que miles de mineros invadieran la zona protegida. En algunas de las 350 aldeas del territorio, donde viven casi 30.000 indígenas, las actividades delictivas se acercan a las zonas donde viven, lo que ha afectado a su soberanía alimentaria. Los animales de caza han huido y los peces, así como el agua, están contaminados con mercurio y otros productos tóxicos que utilizan los mineros para separar el oro de la roca. Con la llegada de la multitud de delincuentes, la malaria, transmitida por mosquitos que se infectan al picar a personas infectadas, se disparó en la región: los casos pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021, según reveló SUMAÚMA en un reportaje el pasado septiembre. Más de la mitad de los niños Yanomami menores de 5 años están desnutridos, algunos en situación muy grave.

En algunas regiones del territorio, los garimpeiros también dominaron los puestos de salud donde los indígenas recibían atención y expulsaron a médicos y enfermeros. En el reportaje de septiembre contamos que, desde julio de 2020, los puestos de salud que hay dentro del territorio Yanomami se habían cerrado 13 veces por las acciones de los criminales, dejando a los indígenas sin atención médica. Todo esto ha llevado a un alarmante aumento del 29% en las muertes de niños menores de 5 años debido a lo que se denomina «causas prevenibles» en los 4 años de Bolsonaro. Fueron 570 los niños que dejaron de existir por no recibir asistencia básica, un derecho recogido en la Constitución Federal brasileña.