Lula coquetea con la devastación

El mayor robo que pueda cometerse a los más pobres es la pérdida de agua limpia, aire fresco, suelo fértil, una Naturaleza abundante y un clima estable.

Ese debería ser el mantra de cualquier líder del siglo 21 que diga que se preocupa por la justicia social. También era lo que se esperaba del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuando ganó sus terceras elecciones en 2022 con las promesas de atender a los desfavorecidos, intensificar la acción por el clima y proteger la selva tropical y los demás biomas del país.

Pero a finales de mayo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) traicionó esas promesas al rendirse de forma abyecta a los negocios extractivistas y a un Congreso controlado por los intereses de la agroindustria. Su gobierno pasó por encima de la ciencia al autorizar un paso decisivo para que Petrobras pueda explorar petróleo frente a la costa de la Amazonia.

Esta capitulación será perjudicial para el clima y posiblemente devastadora para la Naturaleza. Pero aún podría ser peor si el Congreso se sale con la suya y consigue aprobar una nueva ley que, de seguir como está, destruiría el licenciamiento ambiental en Brasil.

Como mostramos en esta edición de SUMAÚMA, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) ha decidido ignorar las preocupaciones que despierta la perforación en el bloque 59, situado en la cuenca de la desembocadura del Río Amazonas, que podría amenazar la región de Oiapoque, en el estado de Amapá, una zona de gran sensibilidad medioambiental. El presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho, le allanó el camino a Petrobras en contra del dictamen de 29 técnicos, que habían recomendado que se le denegara la licencia a la petrolera estatal porque no disponía de un plan viable de protección de la fauna salvaje en caso de derrame. Pero Agostinho pasó por alto a los técnicos y se curvó a las presiones de Lula y de los senadores de la región, especialmente Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, presidente del Senado y aliado clave de Lula en un Congreso muy hostil, y Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso, que por el petróleo rompió con el partido de Marina Silva, Red de Sostenibilidad, y se unió al PT.

Ahora la solicitud para perforar está a solo un obstáculo de su aprobación. Si sigue adelante, Brasil también estará desoyendo los consejos de la Agencia Internacional de la Energía y de las Naciones Unidas, que afirman que las nuevas prospecciones de combustibles fósiles no son compatibles con los compromisos internacionales de mantener el calentamiento global en un nivel relativamente manejable de 1,5 grados centígrados. La quema de petróleo, carbón y gas natural representa más del 75% de las emisiones que sobrecalientan el planeta.

Y el bloque 59 sería solo el principio. El objetivo del gobierno es estimular el interés en la subasta de otros 47 bloques petrolíferos situados en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, que tendrá lugar el próximo 17 de junio.

El momento no podría ser más crítico, porque coincide con la publicación de un nuevo informe que revela que el año pasado hubo más incendios forestales en Brasil que en los peores momentos de la era Bolsonaro. Según la organización Global Forest Watch, en Brasil se produjo el 42% de la pérdida de selva primaria en los trópicos de 2024, una extensión de más de 25.000 kilómetros cuadrados, principalmente como consecuencia de una sequía récord que, a su vez, se vio agravada por la crisis climática. Por primera vez, los incendios provocados destruyeron más superficie de selva que la deforestación. Esto supone una amenaza directa para la selva y sus pueblos.

Pero en el horizonte se vislumbra algo mucho peor. El Senado ha aprobado el Proyecto de Ley 2159 sobre la concesión de licencias ambientales, que amenaza todos los biomas de Brasil: la Amazonia, el Pantanal, el Cerrado, el Bosque atlántico, la Caatinga y los Pampas. Apodado como «PL de la Devastación«, el texto propone que carreteras, presas, plantaciones de soja, explotaciones ganaderas y otros grandes proyectos puedan llevarse a cabo siguiendo una normativa simplificada que permita autoconcederse licencias o incluso no necesitarlas.

El proyecto vuelve ahora a la Cámara de los Diputados y, si se aprueba, se enviará al presidente Lula, que aún puede vetarlo total o parcialmente. Pero ¿tendrá el valor de hacerlo, después de haber antepuesto las prospecciones de petróleo a la selva y sus pueblos? En cualquier caso, el veto sería simbólico, porque el Congreso tiene votos suficientes para anularlo. Si Lula realmente quisiera detener el avance del proyecto, habría actuado antes de que se votara en el Senado.

Además, el margen de maniobra del presidente se está reduciendo junto con su base política. Dominado por los intereses de la agroindustria y la minería, el Congreso nunca había sido tan fuerte ni tan depredador como ahora. Incluso los que están en el bando de Lula, como el senador Randolfe Rodrigues, defienden los beneficios económicos que supuestamente vendrían con los nuevos yacimientos petrolíferos —que, en la experiencia brasileña, no se traducen en avances en las condiciones de vida de la mayoría de la población—. La economía brasileña depende cada vez más de las exportaciones de petróleo y productos agrícolas.

Mientras tanto, la comunidad mundial sigue fracturada por el ascenso de líderes nacionalistas como Trump y Putin, que dan la espalda a los acuerdos multilaterales sobre el clima. El orden mundial dominado por Estados Unidos desde hace 80 años está agonizando. Y todavía tiene que nacer uno nuevo. Brasil acogerá en julio, en Río de Janeiro, una cumbre de los BRICS que reunirá a China, India, Rusia, Sudáfrica y otras naciones, pero no está nada claro que las cuestiones medioambientales vayan a ocupar un lugar destacado en la agenda.

Lula parece estar interpretando un viejo papel. Antiguo dirigente sindical de los trabajadores del acero, sigue sintiéndose más cómodo hablando de empleo e ingresos que de emisiones y ecosistemas. En sus primeros mandatos como presidente, dependía de los empleados de Petrobras para hinchar sus mítines y equilibrar el balance de la economía nacional. Hace más de una década, abandonó a su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, porque al cumplir su función de cuidar la naturaleza, se convirtió en un obstáculo para sus planes de desarrollo económico. Ahora, una vez más, ha vuelto a dejarla aislada y vulnerable.

Esta actitud tendrá un coste para la reputación internacional del presidente y de Brasil. Tras ganar sus terceras elecciones, fue aclamado mundialmente por sus compromisos climáticos, su promesa de alcanzar la deforestación cero para 2030 y por poner a Sonia Guajajara al frente del recién creado Ministerio de los Pueblos Indígenas. La postura de Lula con relación al medioambiente fue positiva para el país: acabó con el estatus de paria heredado de los años de Bolsonaro y ayudó a Brasil a asegurarse el derecho a acoger la COP30 en Belém, la primera cumbre del clima de la ONU en la Amazonia. Debería haber sido una oportunidad para mostrar liderazgo en la escena mundial.

Pero si Lula cree que la estrategia de sus primeros mandatos también puede funcionarle ahora es que ignora los impactos de la crisis climática en su base: la clase trabajadora, las comunidades periféricas y las organizaciones sociales serán las primeras y más afectadas por las inundaciones y las sequías, la falta de agua, la desaparición de los polinizadores y la contaminación del pescado por mercurio o petróleo. No se trata de una amenaza futura. Ya está ocurriendo, como vimos en las inundaciones que devastaron el estado de Río Grande del Sur en 2024 y en las sequías récord que secaron ríos y vastas zonas de la Selva amazónica. Extraer más petróleo solo empeorará el problema.

El nuevo Proyecto de Ley de Licenciamiento Ambiental, más conocido como PL de la Devastación, representa la mayor transferencia de poder de las manos del Estado a las del mundo empresarial desde la redemocratización del país. Los últimos vestigios de la Naturaleza quedarían expuestos a la explotación y la mercantilización. Lo que queda de estos bienes comunes mundiales pasarían a manos del sector privado. La población tendría un clima y una democracia menos estables. Y la captura del Estado se completaría durante el mandato de un hombre que en su día fue la gran esperanza de demócratas y progresistas. ¿Qué legado dejaría entonces Lula?