Bepdjo Mekrãgnotire estaba recogiendo nueces de Brasil cerca de su aldea, en el territorio indígena Baú, el año pasado, cuando unas explosiones lejanas rompieron la quietud de la selva. Así se enteró de que, a pocos kilómetros de su tierra, en la selva amazónica, la empresa minera británica Serabi Gold estaba abriendo túneles de 4,5 metros de ancho para extraer oro. «El ruido nos asustó», explica Mekrãgnotire, del pueblo Kayapó y colaboradora de la ONG Instituto Kabu. «La empresa debería habernos consultado primero. Tenemos derecho a que nos escuchen».

Serabi también está cavando sin autorización del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), el organismo gubernamental titular de las tierras, según ha revelado una investigación de Unearthed, la unidad de investigación de Greenpeace en el Reino Unido. Un tribunal superior dictaminó en 2021 que no se debían seguir concediendo hasta que se hubiera completado la consulta indígena. Aun así, el año pasado dos organismos gubernamentales, la Agencia Nacional de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Estado de Pará, las renovaron de todos modos.

En una región vulnerable, marcada por la tensión entre la extracción de minerales y madera y la conservación de la selva, una maraña de resoluciones contradictorias de diferentes organismos gubernamentales ha suscitado dudas sobre si la mina debería cerrarse. La empresa minera Serabi Gold declaró a Unearthed que se siente «muy cómoda con [su] posición legal», cumple el marco jurídico brasileño en materia de minería y dispone de todos los permisos necesarios para Coringa. Pero otros no están de acuerdo. «Todo lo relacionado con este proyecto está mal», afirma Ana Carolina Alfinito, asesora jurídica de Amazon Watch, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la selva tropical y a los pueblos indígenas.

Serabi Gold —que cotiza tanto en el mercado alternativo de inversiones de la Bolsa de Londres como en la Bolsa de Toronto— adquirió en 2017 la empresa canadiense Chapleau, titular del proyecto minero Coringa. En 2022, la empresa británica comenzó a transportar mineral en camiones para procesarlo en una mina hermana a 200 kilómetros más al norte. Pero Coringa está situada dentro de un asentamiento de la reforma agraria, el Terra Nossa, un proyecto de desarrollo sostenible (PDS) en la selva amazónica que gestiona el Incra. Y el Incra afirma que nunca ha autorizado actividades mineras o de prospección en el asentamiento. «Es una región de gran tensión debido al robo de tierras públicas [grilagem], marcada por la deforestación y la violencia contra los pequeños agricultores y las poblaciones tradicionales», resume Alfinito.

Estos asentamientos pretenden aliviar la pobreza rural y, a la vez, proteger la Amazonia del avance de la agroindustria predatoria. Pero esta región del estado de Pará es conocida por la violencia vinculada a las disputas por la tierra y el medio ambiente. El asentamiento Terra Nossa no es diferente: la zona ha sido blanco de los ladrones de tierras públicas (grileiros), que ya han conseguido transformar algunas franjas del asentamiento en plantaciones de soja. Al menos 5 personas han sido asesinadas en el lugar desde 2011.

Creado en 2006, el PDS Terra Nossa tenía como objetivo proporcionar pequeñas explotaciones a mil familias en una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados, pero solo se ha podido asentar a 300 por la negativa de muchos grileiros a abandonar la zona.

El Incra afirma que, de hecho, fue uno de estos supuestos grileiros quien negoció la presencia de la empresa británica en esos terrenos: los documentos oficiales muestran que Chapleau, una empresa canadiense que ahora pertenece en su totalidad a Serabi, firmó contratos con un individuo llamado Benedito Gonçalves Neto, que, según el Incra, se habría apoderado de 68 kilómetros cuadrados del asentamiento de forma fraudulenta.

Según Antônio José Ferreira da Silva, un funcionario del Incra que escribió informe en 2017 sobre la minería no autorizada, Neto fue uno de los 80 individuos identificados que se apropiaron fraudulentamente de grandes porciones de tierra. «Benedito simplemente se apropió de la tierra y dijo que era suya», afirmó Silva a Unearthed. «[Tanto es así, que] tenemos un proceso administrativo [en curso] en el Incra para recuperar esas áreas».

Según el informe del Incra, Chapleau firmó acuerdos con Neto y su familia en 2007, 2013 y 2016, en los que se le permitía explorar y excavar en tres propiedades reivindicadas por la familia de Neto. Pero el Incra concluye que estos contratos estaban «basados en documentación precaria» proporcionada por personas que el Incra no reconoce como «ocupantes legítimos del proyecto [PDS Terra Nossa]».

El último acuerdo, de julio de 2016, establecía que Chapleau haría a los «propietarios de la tierra» un pago inicial de 21.428 reales (4.200 dólares), además de pagos mensuales de 1.428 reales (280 dólares) y de cánones del mineral extraído. A cambio, la empresa podía hacer lo que quisiera en la zona, incluso explorar y extraer mineral, deforestar, recoger agua, construir balsas de residuos, edificios y una planta de procesamiento. «Desde la firma de los contratos, Chapleau controló efectivamente las áreas y actuó como un enclave en el proyecto de asentamiento», afirmó el Incra en el informe de 2017.

El código minero de Brasil permite que las empresas firmen acuerdos con quien sea el «poseedor» de la tierra durante el período experimental (es decir, antes de otorgar la concesión de explotación minera) y le paguen cánones. Según Unearthed, Chapleau pagó los cánones a Neto y sus socios, pero Serabi suspendió esos pagos cuando se hizo cargo de la mina.

Por lo tanto, parece que la empresa británica está extrayendo oro de la Amazonia sin la aprobación del Incra, sin una consulta previa a los pueblos indígenas cercanos y sin pagar cánones ni al Incra ni a quienes reclaman la propiedad.

Después de que Unearthed se pusiera en contacto con Serabi, esta emitió un comunicado a los inversores en el que reconocía que las tierras de Coringa «han sido objeto de diversos desafíos a lo largo de los años». El comunicado no mencionaba el acuerdo y afirmaba que el Incra aún tenía que «determinar el titular legítimo». Decía que «el pago se hará al titular apropiado cuando se confirme formalmente».

El socio de Neto, Antonio Carlos Machado Matias, dijo que habían solicitado los títulos oficiales al Incra tres veces y que el instituto se los había denegado todas las veces, debido al asentamiento. Tanto Neto como Matias viven en el estado de Bahía, a 2.800 kilómetros de la zona de Coringa.

Serabi no es la única empresa que crea enclaves dentro de asentamientos en Pará. En 2021, el Incra hizo un trato de 1,3 millones de reales (256.000 dólares) con la empresa minera canadiense Belo Sun para permitirle abrir una mina de oro a cielo abierto en un asentamiento donde viven 600 familias. Unas semanas más tarde, el expresidente Jair Bolsonaro aprobó una normativa que permitía al organismo vender áreas en asentamientos a empresas mineras.

Según los informes, Serabi ahora cita esta normativa para solicitar al Incra que apruebe el proyecto de Coringa. El Incra afirmó a Unearthed que está analizando la solicitud, pero en un correo electrónico confirmó que «hasta la fecha, el Incra no ha autorizado las operaciones de exploración y extracción en el PDS Terra Nossa». Serabi asegura que está en «contacto regular con el Incra desde que adquirió el Proyecto en 2017». «Chapleau reconoce como propietario del área a un tipo que se apoderó de unas tierras públicas de forma fraudulenta», afirmó Silva, funcionario del Incra. «Quiere el consentimiento del Incra, pero se niega a reconocer el asentamiento».

La apropiación ilegal de tierras no es la única polémica relacionada con la mina Coringa de Serabi. Según constató el Ministerio Público Federal, la empresa británica no consultó adecuadamente a la comunidad Kayapó Mekrãgnoti, que vive en el territorio indígena Baú, a 11 kilómetros de distancia, antes de comenzar las prospecciones, por lo que en 2017 inició un proceso judicial para detener la mina, alegando el riesgo de contaminación que supone para el río Curuá, que atraviesa la Tierra Indígena Baú. Para los Kayapó, el río proporciona «una gran biodiversidad acuática, de la que los indígenas dependen para sobrevivir, además del uso que hacen del manantial para todo su ciclo vital tradicional», alegó el Ministerio Público.

En diciembre de 2021, el Tribunal Regional Federal de Brasilia dictaminó que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Pará (Semas) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), debían «abstenerse de conceder cualquier licencia o autorización» al proyecto Coringa hasta que la empresa concluyera una consulta a la población indígena. No obstante, ambos organismos renovaron las licencias de Coringa el pasado agosto. La ANM explicó que «su licencia se renovaba automáticamente», pero que expiró el 7 de febrero y no se había vuelto a renovar después de esa fecha, debido a la decisión judicial: «No hay una autorización vigente para explotar estas zonas».

En el reciente comunicado de Serabi a los inversores, la empresa declaró que había encargado un Estudio del Componente Indígena a principios de 2022 y que presentaría el informe final «en las próximas semanas». «Aunque los avances han sido más lentos de lo que nos hicieron creer en un principio, se espera que el informe final esté disponible para presentarlo a las autoridades en las próximas semanas», declaró el director general, Mike Hodgson.

La empresa también afirmó que tenía previsto seguir procesando el mineral en otro lugar y que había decidido que cualquier futuro almacenamiento de residuos en Coringa sería «seco», lo que debería «minimizar cualquier preocupación de las comunidades que dependen del río Curuá con relación al potencial de contaminación».

El Ministerio Público Federal aseguró a Unearthed que la renovación de las licencias suponía una «violación directa de la decisión judicial» y afirmó que emprendería acciones legales para cerrar las operaciones de Serabi en la mina de Coringa. Si el Tribunal Regional Federal concluye que la ANM y Semas desobedecieron su decisión, los organismos podrían enfrentarse a una multa de 50.000 reales (10.000 dólares) por día de incumplimiento.

Felício Pontes Junior, el fiscal asignado al caso, declaró: «Espero que haya un castigo ejemplar para esta empresa y que sirva de ejemplo a las demás empresas mineras, especialmente las extranjeras, que hoy se instalan en la Amazonia sin respetar los derechos básicos de las poblaciones tradicionales».

Pero parece que Serabi no muestra signos de desaceleración. Según los informes públicos de la empresa, en 2022 se extrajeron 28,7 kilos de oro de la mina de Coringa. Una vez en pleno funcionamiento, la empresa espera alcanzar más de una tonelada anual, un valor equivalente a 70 millones de dólares. Junto con otras instalaciones, la empresa minera duplicaría la actual producción anual total.

Sin embargo, Serabi afirma que, según la legislación brasileña, las licencias se prorrogan automáticamente siempre que se hayan presentado las solicitudes de renovación. En una actualización publicada el mes pasado, afirmaba: «La empresa confirma que las solicitudes de renovación se han presentado dentro de los plazos estipulados y que no ha recibido ninguna notificación de las autoridades emisoras de que no se aprobará la renovación. En consecuencia, estas licencias, cuya fecha de expiración inicial era el 8 de agosto de 2022, siguen siendo válidas». Serabi también afirma que han estado en contacto regular con el Incra en relación con la expedición de permisos para ocupar el terreno.

La compañía parece optimista sobre las perspectivas de la mina, aunque en una entrevista en noviembre del año pasado, Hodgson declaró que la industria minera estaba «un poco decepcionada» con la derrota electoral de Bolsonaro. Elogió al expresidente, que ha sido ampliamente condenado por fomentar la explotación minera y agrícola de la Amazonia: «Independientemente de lo que la gente piense de él fuera de Brasil, [Bolsonaro] ha sido excelente para la infraestructura y la industria minera en su conjunto».

En un correo electrónico, Serabi afirmó que «actúa siguiendo el marco legal minero brasileño, tiene todos los permisos requeridos para la operación de exploración en Coringa y está muy cómoda con su posición legal y comportamiento con relación a la actual disputa sobre la propiedad de la tierra en la que se encuentra Coringa. Serabi opera en el estado de Pará desde hace más de 20 años y mantiene su compromiso de trabajar con todas las partes interesadas, apoyando a las comunidades locales y operando de forma respetuosa con el medio ambiente».

*Este reportaje ha sido realizado por Unearthed, la unidad de investigación de Greenpeace en el Reino Unido, en colaboración con SUMAÚMA y The Guardian.