El niño Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un recién nacido. Tres años y 3,6 kilos. El número traduce lo que muestran una serie de fotografías recientes que ha recibido SUMAÚMA: cuerpos de niños y ancianos cuya piel solo recubre huesos, tan fragilizados que casi no se tienen en pie. Las costillas que parecen perforar los cuerpos minúsculos contrastan con las barrigas enormes, pobladas de lombrices. Los datos que ha obtenido SUMAÚMA indican que, durante los 4 años del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), 570 niños menores de 5 años murieron en el territorio Yanomami debido a lo que las estadísticas denominan «causas evitables». Eso significa que 570 niños ahora podrían estar jugando si hubieran recibido la atención sanitaria adecuada o se hubieran tomado medidas de prevención. Pero eso no sucedió. El número oficial ya es un 29% mayor que en los 4 años anteriores, durante el gobierno de Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores) y, tras el impeachment, de Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño). Como el territorio sufrió un apagón estadístico durante el mismo período, las cifras podrían ser todavía más aterradoras. Este es el legado de Bolsonaro. 

Las imágenes de este reportaje las han tomado indígenas y profesionales de la salud que han conseguido cruzar la barrera de la minería ilegal y han podido llegar a la Tierra Indígena Yanomami en los últimos meses. Para publicarlas, SUMAÚMA ha pedido autorización a los líderes de la etnia. Algunas de las imágenes más estremecedoras no verán la luz porque ofenderían la cultura de la etnia o pondrían en riesgo la vida del autor de las fotos. La divulgación de imágenes es un tema difícil para los Yanomami. Los líderes solo han aceptado que SUMAÚMA las publique porque están desesperados. Una de las imágenes se tomó a petición del propio líder, para que el mundo la viera. Esta actitud, tan rara en un Yanomami, muestra el tamaño del horror de ver cómo los niños y los ancianos mueren día tras día.

«No conseguimos ni contar los cuerpos», afirma una de las 8 personas a las que SUMAÚMA ha escuchado en los últimos días. Todas relatan un escenario de catástrofe en la mayor tierra indígena demarcada de Brasil. En este territorio situado entre los estados de Roraima y Amazonas, en el que viven casi 30.000 indígenas, el hambre se propaga en una tierra con comida abundante. Fragilizados, ancianos y niños sucumben a enfermedades que tienen tratamiento, pero que a menudo no llega. La desatención es una sentencia de muerte.  

A todo ello hay que sumarle el desmantelamiento de la sanidad indígena durante los 4 años del Gobierno de Bolsonaro, que ha llevado a varias aldeas al colapso sanitario. Con poco acceso a la atención primaria y falta de medicamentos, niños y ancianos mueren de desnutrición y enfermedades tratables, como lombrices, neumonía y diarrea. «Hay muchos garimpeiros [mineros ilegales], mucha malaria. Si agarras malaria, no aguantas trabajar la tierra», afirma Mateus Sanöma. 

Su pueblo, un grupo de la etnia Yanomami, vive en la región de Auaris, en el límite de Brasil con Venezuela, donde los garimpeiros actúan libremente a los dos lados de la frontera. La inseguridad alimentaria siempre ha sido una cuestión crítica en la región. Situada en las tierras altas del territorio Yanomami, siempre hay menos comida al alcance. Con la minería ilegal y la explosión de la malaria, el problema se ha convertido en caos. Varios hombres de la etnia se han mudado a los campamentos mineros al otro lado de la frontera, en Venezuela, dejando que las mujeres cuiden ellas solas de los niños, la tierra y la pesca en una región escasa, y desequilibrando así todo el modo de vida. Como son los hombres quienes cazan, con su ausencia la proteína es lo que más falta. «En mi aldea, todos se están muriendo de hambre. Ya han muerto 30 Sanöma y morirán más. Están muriendo rápido. No quiero que se mueran todos. Necesitamos apoyo para que no muera todo mi pueblo», se desespera el líder Sanöma.

En los últimos dos años (2021 y 2022), la región de Auaris, donde viven 896 familias, hubo 2.868 casos de malaria. Los datos que ha obtenido SUMAÚMA indican que, solo en 2022, 6 niños menores de 1 año murieron por causas que se habrían evitado fácilmente si hubieran tenido acceso a servicios de salud o medicamentos. En la región, 6 de cada 10 niños presentan déficit nutricional, es decir, tienen un peso considerado inadecuado para su edad, y la mayoría ya sufre desnutrición severa. En Maloca Paapiu, otra región del territorio Yanomami, sucede lo mismo: 6 de cada 10 niños están desnutridos. De allí nos llega una lista, hecha a mano por una persona de la aldea, con las muertes que se produjeron entre diciembre y los primeros días de enero: 4 niños, hijos de Catiusa, Beadriz, Geovana y Briscila. Y también 4 ancianos. «Ocho parientes míos han muerto», dice el mensaje. 

«La semana que estuve allí murieron 3 niños, todos de neumonía. Otro se salvó, se lo llevaron [al hospital de Boa Vista]», cuenta un profesional del censo que estuvo en la región de Xitei en diciembre. Los datos muestran que, en 2022, 13 niños Xitei menores de 5 años murieron por causas tratables: 6 de neumonía, 4 de diarrea y 2 de desnutrición.

Las estadísticas oficiales deberían reflejar la tragedia humanitaria que vive la etnia y que relatan las personas que viven o trabajan en el territorio. Pero no lo hacen. Según ellos, los datos reales son mucho mayores. Muchas de las muertes que ocurren en las aldeas ni siquiera se notifican a los servicios médicos. En algunas de las regiones más afectadas por la minería ilegal, los equipos sanitarios fueron expulsados y no pueden atender ni contar los muertos. Es lo que sucedió en la región de Homoxi, donde los garimpeiros tomaron el puesto de salud, lo convirtieron en depósito de combustible y lo incendiaron en diciembre, en represalia por una operación de la Policía Federal para combatir la actividad ilegal. Según las estadísticas, allí no hay ningún niño desnutrido, lo que no se corresponde con la realidad. Como los equipos sanitarios no pueden hacer el seguimiento de la población, tampoco hay datos. Los niños que pasan hambre, enferman y a menudo mueren también han sido borrados del sistema. El apagón estadístico es una forma más de promover la muerte.

El helicóptero que se utiliza para llevarse a los enfermos de las áreas remotas, donde las aeronaves mayores no llegan, estuvo averiado durante 10 días, del 24 de diciembre al 4 de enero. Tardaron en reemplazarlo. Durante ese período, según los líderes y los profesionales a los que SUMAÚMA ha escuchado, al menos 8 personas murieron, 4 en la región de Surucucu y 4 entre los Sanöma. En las estadísticas oficiales, sin embargo, solo aparecen 3 niños muertos entre el 24 y el 27 de diciembre. Por lo tanto, cinco muertes se han borrado de las estadísticas.

«En Koraimatiu me han dicho que el helicóptero sirvió de ayuda, pero quedaron 4 cuerpos», avisa el mensaje de un profesional de la salud que nos llega a principios de enero, justo después de que volviera el helicóptero. Describía un escenario de guerra. La aldea ni siquiera podía hacer la ceremonia de cremación de los muertos, ya que no había personas sanas suficientes para prepararla. «En Porapë murieron 4 personas. Me he enterado ahora de que ha muerto otro niño. El tuxaua [líder] también ha muerto. Tenemos que llegar a los que están más lejos de las pistas de aterrizaje», continúa la misma fuente en el mensaje que pide socorro.

SUMAÚMA entró en contacto con el Ministerio de Salud el 6 de enero para cuestionar sobre la situación en el territorio Yanomami. La respuesta con los datos oficiales solo llegó el día 18. La semana pasada, el gobierno de Lula, que ha heredado años de desatención deliberada del gobierno de Bolsonaro, montó a toda prisa un grupo de trabajo, con especialistas de Brasilia y Boa Vista, para poder evaluar la situación en el territorio. Desde comienzos de esta semana, están visitando las regiones más afectadas para montar un plan de acción e intentar evitar más muertes. Habrá una sala de situación —como la que se monta en las guerras o las crisis, como la de la covid-19— que asesorará a los equipos sanitarios. También se evaluará en qué medida los datos que constan en el sistema del Ministerio de Salud se corresponden con la realidad. El desafío de reconstruir el sistema sanitario, no obstante, no será fácil. En el territorio donde el crimen ha campado suelto en los últimos años, las estructuras están destruidas. 

«La alimentación que los centros de salud pueden dar a los Yanomami enfermos es solo arroz, no hay nada nutritivo», contó otro profesional, que el año pasado estuvo varias veces en el territorio. «No había medicamentos, ni siquiera analgésicos, no llegaba nada. Los niños echaban lombrices por la boca. Habrá que empezar de cero. A los Yanomami los han dejado a su propia suerte».

Otro trabajador del censo, que había trabajado en el territorio durante décadas y volvió el año pasado, cuenta que la «situación es desoladora». «Los profesionales de la salud trabajan en condiciones infrahumanas. Los puestos de salud tienen goteras, no tienen agua ni luz. Los profesionales tienen que caminar a veces más de 300 metros para ir a buscar agua con un balde. Faltan medicamentos básicos», cuenta. «La gente pasa mucha hambre, todos están muy delgados. Hasta hacer el trabajo del IBGE [Instituto Brasileño de Geografía y Estadística] era difícil. Cuando teníamos que pasar la noche allí, a la hora de la cena, el equipo había llevado comida, pero toda la aldea, muerta de hambre, nos rodeaba, y repartíamos lo poco que habíamos llevado. Ya no se puede esperar más».