Cuando le informaron que la tierra donde había criado a su familia era territorio indígena, el ribereño Josamir Bacabeira no se lo creyó. No había encontrado rastros de habitantes anteriores cuando plantó su primer castaño en Maribel, una comunidad de pescadores y extractivistas a orillas del río Irirí, en el estado de Pará. «Estábamos convencidos de que eran noticias falsas. Algo que se había inventado sin necesidad, que el tiempo había inventado», recuerda, refiriéndose al año 1985, cuando el gobierno federal publicó una ordenanza que prohibía que nadie se estableciera en el área, para la futura demarcación de la Tierra Indígena Cachoeira Seca. Y, en su interior, quedaba la comunidad donde su familia vivía desde la década de 1940. Aunque la delimitación era el primer paso para garantizar los derechos del pueblo Arara, podría generar la expulsión de una comunidad tradicional de más de 55 familias. «Para los ribereños, no hay tierra sin río. ¿Se imaginan a los peces viviendo fuera del agua?», añade Josamir, un hombre de 55 años con rasgos del pueblo indígena Canela, piel quemada por el sol y padre del autor de este reportaje, sobre el temor de tener que abandonar el territorio donde nació y creció.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el gobierno brasileño incentivó al abuelo de Josamir a dejar el semiárido sertón del interior del estado de Ceará e irse a vivir a esta región de Pará. Fue uno de los convocados a formar parte del proyecto que se conoció como los «soldados del caucho»: trabajadores que salieron de las zonas más pobres del nordeste de Brasil y se instalaron en la Amazonia para trabajar en la extracción de caucho con el objetivo de enviar látex para los autos y tanques de Estados Unidos y los aliados. En la mayor selva tropical del planeta, el antepasado Bacabeira echó raíces: plantó cultivos, construyó una casa y formó una familia.

Los Arara, a quienes Josamir conoció más tarde, realizaron su primer contacto con no indígenas hacia 1850. Según la publicación Povos Indígenas no Brasil (Pueblos Indígenas en Brasil), del Instituto Socioambiental, en 1853 ya aparecen en los registros oficiales y en 1896 el viajero Henri Coudreau mencionó uno de sus subgrupos cuando emprendió una expedición por el río Xingú.

En 1940, cuando los antepasados del ribereño se asentaron en el poblado que se llamaría Maribel, se creía que los Arara se habían extinguido y, tal vez por eso, Josamir Bacabeira desconocía su existencia. Dejaron de verse tras las batallas que libraron contra otros pueblos originarios, como los Kayapó y los Juruna (Yudjá), y, sobre todo, tras las masacres que perpetraron los caucheros. Pero reaparecieron durante la violenta construcción de la carretera Transamazónica, en la dictadura militar-empresarial (1964-1985). El grupo que habita la Tierra Indígena Cachoeira Seca solo fue contactado a finales de la década de 1980 y es víctima de una serie de vulneraciones, que culminaron con la imposición de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que generó un gran impacto en su forma de vida.

No cabe duda de que el pueblo Arara habita desde hace siglos el territorio tardíamente demarcado. Pero cuando Josamir Bacabeira nació en el poblado ribereño, los indígenas ya habían sufrido múltiples masacres y se habían vuelto invisibles para salvar la vida. Así, en 2016, con varias generaciones ya asentadas en la tierra, la familia se quedó de piedra al confirmarse que la noticia de 1985 no era falsa: Maribel estaba realmente dentro de una tierra indígena.

En aquel momento, la entonces presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, 2011-2016) acababa de homologar la Tierra Indígena Cachoeira Seca, el último paso para crear el área destinada al pueblo Arara, dejando a los habitantes de Maribel en un auténtico limbo: una comunidad tradicional de Brasil que está dentro de una Tierra Indígena y que, por ley, debería abandonar su territorio. Además del fantasma de la expulsión, los beiradeiros, como a los ribereños del Medio Xingú les gusta llamarse, se enfrentan a la falta de políticas públicas y al abandono por parte del gobierno federal. Como son habitantes no indígenas de un territorio indígena, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y los demás organismos federales se van pasando la pelota.

«Vivimos atemorizados. Si el gobierno federal tiene en cuenta nuestros orígenes, no abandonaremos esta tierra, porque somos los fundadores de estas áreas. Ya les he dicho a los de la Funai que, para arrancarnos de aquí, tienen que arrancar también la tierra fallecida, donde están enterrados mi madre y mis familiares», afirma Josamir. Piloto, extractivista y beiradeiro, nació y creció en la región del río Irirí, afluente del Xingú, donde aprendió a sobrevivir de la caza, la pesca y el extractivismo. Cuenta que desde los 12 años pilota barcos en los ríos Xingú, Irirí y Riozinho do Anfrísio. La madre del ribereño, que, según Josamir, era indígena, nació en el Irirí. Cuando sus ancestros llegaron a aquellas tierras, su madre ya estaba allí. Murió a los 98 años y está enterrada en la comunidad de Maribel, junto con otros parientes de Josamir.

El mayor temor del ribereño es que le quiten la tierra que cultiva. «Cuando sacas a un pez de una laguna y lo echas a la tierra, se muere. Un pez, si lo echas a la tierra seca, se muere de sed. Y nosotros, si nos echan a otra parte, fuera del río, también nos moriremos de sed. Si nos sacan de la ribera y nos echan en medio de la vegetación, muchas familias se enfermarán, sus hijos morirán, los mayores morirán de tristeza», afirma Josamir, uno de los mejores conocedores de los ríos de la región. Su gran sueño es criar a sus hijos y nietos en la misma tierra donde lo criaron sus padres, pero lamenta poder morirse sin saber si eso va a suceder.

Los beiradeiros de Mirabel llevan lidiando con el fantasma de la expulsión desde la década de 1980, pero la situación empeoró el año pasado. El 25 de septiembre de 2023, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial una ordenanza que sumió a la comunidad en la desesperación. El documento autorizaba el uso de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para apoyar a la Funai en la Tierra Indígena Cachoeira Seca «en los servicios imprescindibles para preservar el orden público».

Los beiradeiros interpretaron este documento como una acción de «desintrusión», un instrumento jurídico brasileño que permite desalojar a los ocupantes ilegales de las tierras indígenas. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Extractivistas del Río Irirí-Maribel, Melania Gonçalves, buscó información sobre el documento y tranquilizó a los ribereños: un funcionario de la Funai en Altamira le había informado que la convocatoria de la Fuerza Nacional no estaba relacionada con la desintrusión, sino con la construcción de una base en el territorio. Esta base —una de las condiciones exigidas por la Funai como contrapartida a la construcción de Belo Monte, la central hidroeléctrica que se inauguró en 2016— tiene como objetivo proteger el territorio del pueblo Arara, una de las tierras indígenas más deforestadas de Brasil. Los habitantes de Maribel respiraron aliviados, pero no por mucho tiempo, porque el fantasma de la expulsión sigue ahí.

SUMAÚMA entró en contacto con la Funai, que afirmó que en 2023 «solicitó una partida para pagar indemnizaciones a los no indígenas afectados por la demarcación de la Tierra Indígena Cachoeira Seca» en el ámbito de los Presupuestos Anuales de 2024. El organismo, no obstante, no confirmó si el Congreso había aprobado la partida. La fundación también dijo que había realizado estudios en la región entre 2011 y 2016, en los que «se identificaron 1.173 ocupaciones no indígenas con mejoras susceptibles de ser indemnizadas», y que había enviado una carta al ICMBio «para fortalecer el diálogo interinstitucional, con miras a reubicar a estas personas en otra reserva extractivista». Lo mismo se está haciendo con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria para reasentar a los beneficiarios de la reforma agraria. En una nota enviada a SUMAÚMA, la Funai destacó que los «Arara de la Tierra Indígena Cachoeira Seca son considerados indígenas recién contactados y, por lo tanto, son especialmente vulnerables».

Los criterios que diferencian entre ocupantes de «mala fe» y «buena fe» fueron establecidos por la Funai en 2012. La única diferencia es que, mientras que los de «buena fe» reciben una indemnización por las mejoras realizadas en el territorio, los de «mala fe» simplemente deben abandonarlo. El documento también establece que un ocupante de «mala fe» es aquel que «sabía o podía haber sabido que era tierra indígena» y, aun así, ocupó el territorio; aquel que cometió violencia en el acto de invasión o aquel que causa degradación ambiental.

«El amor que sentimos por este territorio en el que vivimos no lo paga ningún valor financiero», afirma Melania, de 56 años, que nació a orillas del río Irirí y se dedica a defender los derechos de los beiradeiros. «Aquí tenemos la historia de nuestra vida, los recuerdos de nuestra infancia, nuestros familiares que ya murieron aquí, muchos están enterrados aquí. A veces oímos el canto de un pájaro, recordamos cuando paseábamos por el camino de caucho con nuestro padre, con nuestra madre… no es una cantidad X de dinero que va a borrarlo todo, no va a pagar, no va a superar todo el amor, toda la vivencia que tenemos con este territorio. Este territorio es mucho más que dinero para nosotros», explica la líder, cuyo padre también vino de Ceará a la Amazonia como soldado del caucho, como la mayoría de los demás habitantes de Maribel.

Con ojos tristes, Melania dice que, si se lleva a cabo la desintrusión, será difícil no solo para los habitantes de Maribel, sino también para los demás pueblos de Terra do Meio y para los propios indígenas de Cachoeira Seca. Esto se debe a que la comunidad, creada inicialmente por dos familias de soldados del caucho, los Bacabeira y los Sembereba, en la década de 1940, es la única de la región que da acceso por carretera al municipio de Uruará, situado en la margen de la carretera Transamazónica. Desde Uruará se puede llegar por tierra a grandes ciudades como Altamira y Santarém.

En invierno, los habitantes que viven por encima de Maribel dependen de los ríos Irirí y Xingú para su subsistencia y transporte. En el verano amazónico, el período con menos lluvias entre junio y diciembre, el nivel del río baja mucho, lo que impide que las embarcaciones accedan a Altamira. Maribel tiene mucho movimiento en esta época del año, e incluso se utiliza para atender a pacientes que necesitan servicios médicos. También es la única vía por la que las comunidades pueden llevar a vender sus productos, como pescado, castañas, babasú y bálsamo de copaiba. Sin embargo, la carretera también sirve para las actividades ilegales de los madereros, los jefes de la minería ilegal y los ladrones de tierras públicas.

Melania cuenta que muchas veces la han despertado en medio de la noche para ayudar a los ribereños de otras comunidades, e incluso a los indígenas de la Tierra Indígena Cachoeira Seca. «Si esos indígenas dependieran de la Funai para sobrevivir, ya habrían muerto. Una noche, tuve que llevar de urgencia a un indígena al hospital de Uruará. Gracias a Dios, no se murió».

Por estar dentro de una tierra indígena sin ser considerados indígenas, los beiradeiros de Maribel no tienen acceso a las políticas públicas dirigidas a las poblaciones tradicionales. Ni el ICMBio, organismo del gobierno federal responsable de las unidades de conservación, ni la Funai, organismo responsable de los pueblos indígenas, suelen atender a los habitantes de la comunidad. Quienes siguen prestándoles algún tipo de asistencia son organizaciones no gubernamentales como el Instituto Socioambiental y las asociaciones comunitarias de Terra do Meio, una zona entre los ríos Xingú e Irirí formada por varios territorios protegidos.

Desde que comenzó la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en 2011, se han producido al menos dos situaciones en que los habitantes de Maribel se han visto excluidos. Una está relacionada con el condicionante de pesca que estableció el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) en el proceso de concesión de la licencia de funcionamiento de la central en 2015. Este condicionante estipula que las familias de Terra do Meio serán indemnizadas y compensadas por la reducción de peces en la región, causada por la construcción de la hidroeléctrica. Antes de 2022, los beiradeiros de Maribel participaban en las negociaciones sobre el condicionante de pesca. Pero ese año el ICMBio se hizo cargo del proceso y ya no pudieron acceder a la información. Maribel había sido eliminada de la última lista de futuros beneficiarios precisamente por encontrarse en una tierra indígena.

Francinaldo Lima, biólogo y asesor de las asociaciones de Terra do Meio, afirma que siempre ha incluido en la lista de futuros beneficiarios a los habitantes de Maribel, a los de la Estación Ecológica de Terra do Meio y a los del Parque Nacional de Serra do Pardo. Pero cuando el ICMBio volvió a asumir el protagonismo en el debate, en 2022, determinó que el condicionante solo se aplicaría a las familias de Riozinho, Xingú e Irirí, reservas extractivistas creadas por decreto federal. Naldo lamenta la decisión. «Me encontraba en una situación muy delicada porque, directa o indirectamente, parecía que yo era “cómplice” en la exclusión de una comunidad que sé que es una comunidad tradicional», afirma, subrayando que ahora tiene las «manos atadas». Hay 330 familias en la lista que deberían recibir indemnizaciones, pero Norte Energia, la concesionaria de Belo Monte, aún no les ha pagado.

Los pescadores de Maribel cuentan que antes de Belo Monte no tenían que alejarse mucho de sus comunidades para pescar, por lo que gastaban menos combustible. Sienten que la llegada del «desarrollo» los ha perjudicado. El señor Damásio, un hombre bajo, de mirada firme y honesta, conoce los ríos y los puntos de pesca de la región desde la infancia. Dice que, antes, de Maribel salían toneladas y toneladas de pescado. Pero después de la represa, los pescadores tuvieron que ir más lejos para conseguir su alimento básico. Muchos empezaron a dedicarse a actividades ilegales y, según sus palabras, «con el paso del tiempo, nuestro río se fue volviendo negro». Las aguas dejaron de ser cristalinas y ya no se ve el fondo.

«Antes [de la central de Belo Monte], todo era más fácil para nosotros. Pero hubo este gran cambio, este impacto, y no se nos reconoció como pescadores. Tengo licencia de pesca desde 2013, pero nunca he cobrado ningún seguro», cuenta Damásio. «Todo el tiempo lo fueron postergando y nunca recibimos nada. Y las cosas se fueron complicando».

Natália Assunção, una beiradeira que monitorea diariamente a los pescadores para saber cuánto han pescado, también habla de los problemas. «Los pescadores, además de tener que ir cada vez más lejos para pescar, también tienen la dificultad de que el pescado no se valora, tienen la cuestión del precio. Según ellos, el valor del pescado sigue siendo el mismo y los gastos aumentan cada día», explica.

SUMAÚMA entró en contacto con el Ibama, que afirmó que «la comunidad de Maribel, ubicada aguas arriba del embalse principal de la central, no sufre la influencia del embalse». Con relación a los habitantes de las reservas extractivistas de Terra do Meio, el instituto declaró que no hay consenso sobre los impactos de la central entre Norte Energia y los organismos ambientales, pero que las discusiones están avanzando. «El ICMBio consideró que hubo impacto en el modo de vida y la actividad pesquera de los habitantes de las reservas extractivistas debido a la implantación y el funcionamiento de la hidroeléctrica de Belo Monte; sin embargo, Norte Energia afirma que tales impactos no pueden atribuirse a la central». Ante este callejón sin salida, la concesionaria presentó un recurso, que el Ibama rechazó en 2020. A partir de entonces, se reanudaron las negociaciones.

SUMAÚMA entró en contacto con Norte Energia, que, por correo electrónico, dijo que «no se manifestará».

La otra situación en la que se excluyó a los residentes de Maribel fue el programa Luz Para Todos. En un proceso similar al del condicionante de pesca, en 2017 el ICMBio recopiló datos para llevar energía a las comunidades. «Pero como el instituto se limita a las unidades de conservación, que son de su responsabilidad, los datos solo procedían de estas áreas», explica el asesor Francinaldo. De nuevo, Maribel se quedó fuera. El programa prevé la instalación de paneles solares en las reservas extractivistas Xingú, Irirí y Riozinho do Anfrísio. Al igual que el anterior, este proyecto aún no se ha implantado.

El Ministerio de Minas y Energía afirmó, en una nota enviada a SUMAÚMA, que, por ley, el servicio a las comunidades ubicadas en tierras indígenas requiere autorización previa de la Funai.

La empresa responsable del suministro de energía, Equatorial Pará, afirmó que «para que la comunidad Maribel pueda incluirse en el proyecto, el Ministerio de Minas y Energía tiene que darle prioridad» y que, en caso de que esas familias sean consideradas beneficiarias, sería necesario «obtener el permiso del Ibama y de la Funai para realizar las obras, ya que las futuras conexiones están en tierras indígenas».

SUMAÚMA entró en contacto con el ICMBio 11 veces por correo electrónico y teléfono, pero el organismo no respondió.

Además del condicionante de pesca y de los paneles solares, los habitantes de Maribel dicen que también han quedado al margen de otras políticas públicas. «El otro día vi pasar a un equipo sanitario por mi puerto. Estaban haciendo un registro, «mostrador de la ciudadanía» lo llaman, pero a nosotros no nos preguntaron, solo a la gente de las reservas. No tenemos ni derecho a vacunas, siempre nos dicen que el programa no nos atiende, a veces nos quedamos con los restos», critica doña Lúcia Helena, que trabaja con remedios medicinales de la selva, refiriéndose a la localidad de Solidade, que forma parte de Maribel. Los ojos tristes de doña Lúcia Helena, una mujer fuerte y sabia de 66 años, revelan el abandono del poder público. «¿Acaso la Funai cree que somos ladrones de tierras? A veces ni siquiera sé quiénes somos, porque son tantas cosas…», se lamenta. Suele definir a los habitantes de Maribel como «ni invasores ni indígenas».

La presidenta de la asociación de extractivistas, Melania Gonçalves, se muestra inconforme: «Me indigna ver como se violan nuestros derechos, sabiendo que hoy la única luz que tenemos es la de las linternas o los quinqués», se queja. «Esto es como una «televisión para perros» [como se denomina en Brasil popularmente un asador de pollos eléctrico], el pollo da vueltas en el espetón, pero [el perro hambriento] no puede comerlo, así son las políticas del gobierno para nosotros», concluye la líder.

Maurício Torres, profesor de la Universidad Federal de Pará, trabajó con la comunidad de Maribel de 2007 a 2014. Torres está en contra de la reducción de las tierras indígenas en Brasil, pero, por otro lado, comprende que la comunidad Maribel se encuentra en una situación única. «Hoy, tanto ustedes [los extractivistas de Maribel] como los ladrones de tierras públicas son todos tratados como invasores, pero ustedes no lo son. Son víctimas de la inacción del Estado. El Estado no actúa y los deja en el peor de los mundos: ni los reubica ni les permite quedarse en la tierra», afirma el investigador, que defiende que los habitantes de Maribel sean reubicados y reciban una indemnización por todo el tiempo que han vivido en el territorio y las mejoras que han realizado. Pero los beiradeiros con los que ha hablado SUMAÚMA no quieren ni lo uno ni lo otro.

El investigador también hace hincapié en los derechos de los beiradeiros de Maribel: «Ustedes tienen derechos. En primer lugar, a no ser tratados como invasores. En segundo lugar, a que se regularice su situación», afirma. Una alternativa, dice Torres, sería llegar a un acuerdo con el gobierno que garantice a la comunidad un documento provisional sobre la tierra hasta que se reubique e indemnice a sus habitantes.

Otros expertos con los que ha hablado SUMAÚMA también defienden la idea del acuerdo. El antropólogo Márnio Teixeira-Pinto lleva estudiando al pueblo Arara desde la década de 1980 y participó en el proceso de demarcación de la Tierra Indígena Cachoeira Seca en 1994. Pasó meses en la región, hablando con lugareños e indígenas, y comenta que siempre imaginó que los habitantes de Maribel podrían llegar a un acuerdo para quedarse allí: «¿Qué se ha pensado siempre allí? Que estas comunidades podrían tener derecho a permanecer, por ejemplo, con acuerdos de ajuste de conducta, siempre que su modo de vida fuera tradicional. Y eso significa impedir que siga habiendo esas carreteras vecinales [y, concretamente, la Transirirí, que une Maribel con el municipio de Uruará]». El antropólogo, que actualmente es investigador y profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, cuenta que siempre se pretendió que las dos tierras indígenas, Arara y Cachoeira Seca, fueran continuas. En la actualidad, la Transirirí, que sale de Maribel, divide los dos territorios y, según Teixeira-Pinto, dificulta los desplazamientos de los Arara entre las dos áreas protegidas. «La Transirirí siempre ha sido una amenaza ambiental y social para la vida indígena a largo plazo», opina el investigador.

El especialista recuerda las innumerables dificultades que ha vivido el pueblo Arara, tanto antes como después de su primer contacto con los no indígenas, que se consolidó entre 1981 y 1987. «Todavía viven en un entorno de gran conflictividad, amenazados por diferentes oleadas de invasión, robo de tierras y de madera. En la aldea Laranjal hay indígenas con balazos en la espalda», cuenta. Hoy en día aún hay invasores ilegales que destruyen la selva que hay en la tierra indígena: Cachoeira Seca fue la más deforestada de Brasil en 2015, 2016, 2018 y 2020, según datos del Instituto Socioambiental basados en el Proyecto de Monitoreo de la Deforestación en la Amazonia Legal por Satélite, un proyecto del Instituto Nacional de Estudios Espaciales. Este proceso de destrucción ambiental se agravó con la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte.

Actualmente, la carretera que menciona Teixeira-Pinto es objeto de una disputa narrativa y política. En época de elecciones, hay quien aprovecha la cuestión de la tierra para defender el marco temporal (hito temporal en español), una tesis que reconoce el derecho a la tierra solo a los indígenas que estaban en el territorio en 1988, año de promulgación de la Constitución brasileña. También hay quienes están a favor de reducir la tierra indígena utilizando a los ocupantes de buena fe como argumento para respaldar esta narrativa. Es el caso del senador Zequinha Marinho y del concejal de Uruará Matheus Sousa, que el pasado 10 de febrero estuvieron en el kilómetro 185 sur de la Transirirí, dentro de la Tierra Indígena Cachoeira Seca. En un vídeo publicado en sus redes sociales tras la visita, el senador defendió que se elaborara un nuevo informe antropológico «para constatar que no hay vestigios de indios [sic] que vivieran aquí ni en el presente ni en el pasado remoto». El discurso busca complacer a quienes viven a lo largo de la Transirirí y a quienes quieren que se reduzcan las tierras indígenas, una narrativa defendida por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y sus partidarios.

El senador Zequinha Marinho declaró a SUMAÚMA que «lucha por las familias de Pará amenazadas de perder sus tierras. Los agricultores rurales de esa región ocupan la zona desde hace décadas». Durante tres días, SUMAÚMA telefoneó, envió mensajes de WhatsApp y correos electrónicos al concejal Matheus Sousa, tanto a los canales de comunicación de la municipalidad de Uruará como a su número particular. El concejal no respondió a las solicitudes de entrevista.

SUMAÚMA entró en contacto con representantes del pueblo Arara pero, por razones de seguridad, prefirieron no hacer comentarios.

La relación amistosa entre los indígenas de Cachoeira Seca y los beiradeiros de Maribel marca una historia reciente de respeto, dicen los líderes ribereños. La cuestión de la tierra hasta ahora no los ha separado. «No veo a los Arara como enemigos. Entre nosotros no hay ninguna disputa, ningún conflicto, ningún problema. Al contrario, estamos muy unidos. Les tenemos un gran respeto. Y ellos también a nosotros. La cuestión de la tierra no ha conseguido separar esta amistad y este respeto que nos tenemos», comenta Melania, presidenta de la asociación de extractivistas.

Mientras no se hace nada y los organismos gubernamentales siguen pasándose la pelota unos a otros, los jóvenes de Maribel viven con la angustia y la ansiedad de no saber si permanecerán en el territorio donde tanto han aprendido. Gisele Cardonha es activista, nieta de indígena, hija de cauchero y nacida y criada en Maribel. Esta joven de piel clara, madre de gemelos y hacedora de selva, estudia Etnodesarrollo en la Universidad Federal de Pará. Lleva en el corazón la esperanza de poder transmitir a sus hijas la misma infancia que sus antepasados le transmitieron a ella. SUMAÚMA le pidió a Gisele una entrevista, y ella respondió en forma de poesía:

¿Y si tengo que salir de aquí?
Vivo en la comunidad Maribel,
en el río Irirí, y a veces me sorprendo pensando
¿y si tengo que salir de aquí?

Aquí tenemos nuestro lindo río,
donde podemos nadar y pescar,
nos divierte y nos alimenta.
A cualquier hora del día,
podemos salir a remar.

¿Ya imaginaste que equilibrarte
en una canoa es todo un arte?
No lo hace cualquiera,
pero esta arte un ribereño la sabe dominar.

¿Y si tengo que salir de aquí?
¿Y los amigos y parientes que tengo aquí?
¿Acaso vamos a estar juntos
o también nos van a separar?

El condicionante nos condicionó,
condicionó la incertidumbre,
incertidumbre de perder el suelo que me crio
y el río en el que tal vez mis hijos no puedan nadar.
Por el ribazo de mi barro blanco
no se podrán deslizar.

Ah, infancia, una pena,
esta inseguridad de no ver que un nuevo ciclo se vuelve a completar.
¿Y si tengo que salir de aquí?
¿Acaso otro Irirí me podrán dar?
¿Y si tengo que salir de aquí? ¿Y si tengo que salir de aquí?

Joelmir Silva es bisnieto de un «soldado del caucho», nieto de una indígena e hijo de un cauchero. Nació y creció en Maribel, una comunidad tradicional de la Amazonia que se encuentra dentro de una tierra indígena y, por este motivo, está amenazada de que la expulsen del territorio. Maribel, que hoy cuenta con 55 familias, se formó en la década de 1940 con migrantes del nordeste de Brasil, que el gobierno llevó a la mayor selva del planeta para trabajar como «soldados del caucho», como se conocía a quienes extraían látex para los autos y tanques de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 2016, el gobierno brasileño demarcó la Tierra Indígena Cachoeira Seca, del pueblo Arara, y, como resultado, la comunidad quedó dentro del territorio protegido, lo que no está permitido por ley.

Joelmir fue alfabetizado a los 17 años y ahora es uno de los miembros de Micelio, el programa de coformación de periodistas-selva de SUMAÚMA. Es profesor de primaria en Terra do Meio y estudia Etnodesarrollo en la Universidad Federal de Pará, en el campus de Altamira. Beiradeiro, como a los ribereños del Medio Xingú les gusta llamarse, fundó el colectivo de comunicación Vozes do Xingu, en el que comunicadores-selva llevan la realidad y los desafíos de la Amazonia al resto de Brasil. El grupo está compuesto por indígenas y beiradeiros que se comunican a través de diversas plataformas de comunicación: podcasts, vídeos, fotos y radioaficionados, con el objetivo de mostrar al mundo las formas de vida de las diversas Amazonias y la relación de los pueblos tradicionales con la selva y los ríos. Por defender la Amazonia y mantener un modo de vida tradicional, en armonía con la naturaleza, Joelmir se considera un hacedor de selvas. Al igual que los Yanomami, cree que su pueblo también sostiene el cielo.

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