El sonido de los cientos de maracas que agitan los Indígenas en la Plaza de los Tres Poderes se multiplica al reverberar en las ventanas del Palacio del Planalto, sede de la presidencia de la República de Brasil. El edificio modernista diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer está a menos de 50 metros, pero una valla y decenas de policías les impiden acercarse. Allí, a última hora de la tarde del jueves 25 de abril, tuvo lugar una reunión entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y 40 líderes de los pueblos originarios de Brasil.

Es un escenario muy diferente al de hace un año. En 2023, Lula participó en la ceremonia de clausura de la mayor asamblea de pueblos Indígenas de Brasil, el Campamento Tierra Libre, y firmó la demarcación de seis tierras. Aunque los líderes y los miles de presentes esperaban 14 demarcaciones, aplaudieron y corearon el nombre de Lula. Pero este año la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil no le invitó a subir al escenario de su evento anual en Brasilia y le exigió que recibiera a los líderes Indígenas en el Palacio del Planalto. Querían forzar a Lula a anunciar avances. Pero el presidente prefirió una reunión lejos de los ojos, oídos y bocas de los más de 8.000 Indígenas que se desplazaron hasta la capital.

La edición del 20.º aniversario del Campamento de Tierra Libre, que finalizó el viernes 26 de abril, estuvo marcada por extremos. Nunca había sido tan numeroso ni había reunido a tantos pueblos diferentes: más de 200 de los 305 que existen en Brasil, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Debatieron políticas públicas, denunciaron ataques y violencia contra sus territorios, interpelaron a las autoridades, cantaron, bailaron y mostraron un poco de la exuberante diversidad de lenguas y culturas que Brasil se empeña en ignorar.

Por otro lado, dejaron la capital frustrados por un nuevo retraso en la demarcación de los territorios tradicionales, una obligación impuesta por la Constitución brasileña que debería haber concluido en 1993, lo que supone un retraso de al menos 30 años. También se dieron cuenta de que pueden perder una batalla que ya se consideraba ganada en el Tribunal Supremo: la del hito temporal (marco temporal en portugués), tesis según la cual los Indígenas solo pueden reclamar la demarcación de tierras que ocupaban o disputaban el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución brasileña. Eso impide que los pueblos originarios tengan derecho a los territorios de los que fueron expulsados entre la invasión portuguesa del territorio que pasaría a llamarse Brasil, en 1500, y 1988.

El propio Supremo ya sentenció que el hito temporal es una afrenta a la Constitución. Pero el lunes 22 de abril, Día de la Madre Tierra e inauguración del Campamento de Tierra Libre, una decisión individual del magistrado Gilmar Mendes volvió a poner la cuestión sobre la mesa. Junto con otra amenaza: la autorización de la actividad minera en Tierras Indígenas.

La taimada maniobra señala un posible retroceso del Supremo brasileño. Esencial para frenar el golpismo de Bolsonaro, la corte y algunos de sus magistrados vienen siendo atacados con fuerza por el Congreso, ya que los proyectos que aprueba el Legislativo acaban perdiendo validez en el Poder Judicial por ser claramente inconstitucionales. En las últimas semanas, el supermillonario Elon Musk se ha sumado a los ataques, fortaleciendo y amplificando el discurso de «censura» y recorte de «libertades» de la ultraderecha brasileña y mundial. Musk ha apoyado a Jair Bolsonaro y a los implicados en la intentona golpista del 8 de enero de 2023 en la red social X, utilizándola para realizar ataques personales contra el tribunal y al menos uno de sus magistrados.

Cuando creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas al inicio de su tercer mandato como presidente, Lula despertó la esperanza de los Indígenas de ver por fin atendidas sus demandas en Brasilia. Pero la cartera aún debe fortalecerse mucho si quiere marcar la diferencia para las poblaciones originarias que luchan por justicia desde hace siglos. La mera existencia del ministerio encendió los ánimos de los enemigos de los Indígenas, representados en el Congreso brasileño por el poderosísimo Frente Parlamentario Agropecuario, lobista de intereses como los de fabricantes de pesticidas y productos ultraprocesados, latifundistas exportadores de soja, maíz y algodón, y criadores de bueyes y vacas para el consumo de carne.

Se trata de personas que también dirigen ministerios en el gobierno de Lula y tienen fácil acceso a la mayoría de los despachos de los magistrados del Supremo. Frente a la fuerza de sus enemigos, los Indígenas parecen encontrarse en un callejón sin salida: la situación con Lula y en el gobierno es mala, pero sería mucho peor si no estuvieran. Es difícil imaginar que la agenda Indígena pueda avanzar realmente sin el apoyo y la implicación de la parte de la sociedad brasileña que se preocupa por la emergencia climática y la necesidad urgente de conservar lo que aún queda de los biomas naturales brasileños.

Para entender este callejón sin salida, hay que retroceder unos días.

La irritación de los líderes era palpable al finalizar la primera reunión del Consejo Nacional de Política Indigenista de 2024. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil esperaba que Lula homologara —es decir, que firmara el documento que finaliza el proceso de demarcación— seis tierras. Forman parte del lote de 14 territorios que ya el pasado 1 de enero de 2023 solo tenían pendientes la firma presidencial. Lula se había comprometido a despacharlos en los primeros 100 días de su tercer mandato. Pero en 2023 solo firmó ocho. Faltaban seis.

Unas horas antes, los coordinadores de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil supieron que solo se homologarían dos. «Sé que ustedes están un poco aprensivos, porque pensaban que tendrían la noticia de la firma de seis Tierras Indígenas», admitió Lula. E intentó justificarse. «Tenemos un problema. Algunas tierras las ocupan hacendados. Otros, gente corriente, posiblemente tan pobres como nosotros. Algunos gobernadores han pedido tiempo para averiguar cómo sacar a estas personas. Y vamos a darles este tiempo».

En cuanto terminó el acto, los líderes celebraron una reunión de emergencia. «Nos preocupa la interferencia de los gobernadores. Nos encontramos con otra barrera política a la demarcación de territorios», afirmó el abogado Indígena Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.

«Prefiero tener un enemigo que no me dé palmaditas en la espalda a uno que me las dé, pero no haga nada por mí», afirma Kretã Kaingang ante unos pocos periodistas en una de las tiendas del campamento. Kretã es un hombre bajo, robusto y de expresión severa.
«En la lucha por la tierra, el 70% de los que están bajo las lonas son niños. Son ellos los que están en primera línea», continúa Kretã.

Como la de muchos Indígenas, su vida está marcada por sucesivas tragedias familiares. Su padre, ngelo Kretã, fue el primer Indígena elegido para un cargo público en Brasil. Murió en 1980, durante la dictadura militar-empresarial que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, en un accidente de auto provocado por una emboscada que le habían tendido unos madereros. Una de sus hijas, Angélica, que le acompañaba en marchas y acampadas, luchando por las demarcaciones, murió por causas no reveladas en febrero de este año.

A Kretã le indigna que se haya vuelto a retrasar la homologación de dos Tierras Indígenas en Santa Catarina, estado del sur de Brasil que le dio el 76% de sus votos al extremista de derecha Jair Bolsonaro en 2018 y que ahora gobierna un aliado incondicional del expresidente. «Queremos estas demarcaciones porque este es un estado racista, fascista, contrario a los pueblos Indígenas. Es una cuestión de honor», afirma el líder.

En respuesta a las declaraciones de Lula unos días antes, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil adelantó la divulgación de su carta de reivindicaciones: «Mientras se discuten los hitos temporales y se da más tiempo a los políticos, nuestras tierras y territorios continúan amenazados, nuestras vidas y culturas en peligro y nuestras comunidades en una lucha constante por la supervivencia».

Esa noche, sin embargo, el ataque vendría de otro edificio de la Plaza de los Tres Poderes.

En una decisión firmada la tarde del 22 de abril, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes suspendió tres demandas que pedían la inconstitucionalidad de la Ley 14.701, con la que el Congreso brasileño estableció un hito temporal para las demarcaciones incluso después de que el Supremo considerara que la tesis viola la Constitución.

Mendes admitió que «aparentemente, varias de sus disposiciones [de la Ley 14.701] pueden leerse en sentido contrario al entendimiento que alcanzó el Pleno de esta Corte [en el juicio sobre el hito temporal]». Aun así, no la suspendió. Y sumó su decisión a otro proceso en el que el partido conservador Progresistas pide al Tribunal Supremo que interprete un artículo de la Constitución que podría autorizar la minería en Tierras Indígenas. Progresistas es el partido de políticos de derechas como el poderoso presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, y el líder del Frente Parlamentario Agropecuario, Pedro Lupion.

En la práctica, el magistrado metió con calzador la cuestión de la minería en Tierras Indígenas en el debate sobre el hito temporal. También ordenó la creación de una cámara de «conciliación» para negociar un acuerdo sobre ambos temas. Así, se ha abierto la posibilidad de que una actividad de alto impacto ambiental invada los territorios de los pueblos originarios, lo que elevaría a niveles aún más alarmantes el riesgo de que la Amazonia alcance el punto sin retorno en los próximos años.

El abogado Mauricio Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, señala la contaminación que existe entre la política y la justicia. «La acción del Progresistas no se refiere al hito temporal. La conexión [entre los dos temas] no existe. Es un juicio político travestido de tesis jurídicas».

Terena continúa: «Nuestro desafío es entender qué está ocurriendo. Los Indígenas no almuerzan con los jueces del Supremo. Y a veces parece que las decisiones se toman en estos almuerzos. Nosotros ya empezamos la negociación en desventaja».

Cuando consiguieron llegar a los magistrados, los Indígenas recibieron señales preocupantes. A primera hora de la tarde del martes 23, el presidente del Supremo, el magistrado Luís Roberto Barroso, se reunió con el coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y una comitiva de líderes. «Barroso indicó al movimiento Indígena que el Supremo ya no entrará en disputa con el Congreso en temas de minorías», dice Terena.

A SUMAÚMA, Barroso declaró que la decisión de septiembre de 2023 sobre el hito temporal no se tomó en el juicio «con un entendimiento abstracto y general». «Eso solo se hará cuando se juzguen las acciones directas sobre la inconstitucionalidad del hito temporal». Para Terena, la conclusión es obvia: «El Supremo puede desdecirse».

Un día antes del inicio del Campamento Tierra Libre, el periódico Folha de S. Paulo informó que Lula, con el crecimiento económico en el punto de mira, quiere obligar a las empresas mineras a aumentar su producción en Brasil. El pasado 15 de abril, Gilmar Mendes recibió en su casa a Lula y a los magistrados del Supremo Flávio Dino, Cristiano Zanin —ambos nombrados por Lula en 2023— y Alexandre de Moraes. Pocos días después, Zanin recibió en su despacho a una delegación de Indígenas. Escuchó en silencio los argumentos sobre el hito temporal. Cuando abrió la boca, preguntó por la minería en Tierras Indígenas.

A través del gabinete de prensa del Supremo, SUMAÚMA envió una solicitud a Gilmar Mendes para que comentara las críticas de los Indígenas a su decisión. No hubo respuesta.

Al término de una reunión en el Palacio del Planalto, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, bajó a hablar con los periodistas. La acompañaba Márcio Macêdo, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia. Macêdo dijo que Lula se había comprometido a crear un grupo de trabajo para resolver los problemas «jurídicos y políticos» que traban las demarcaciones. Al preguntarle por qué el gobierno ha tardado año y medio en tomar medidas —la situación de las tierras cuya demarcación aún no ha sido homologada se conoce desde finales de 2022—, Macêdo no respondió.

Cuando finalizó el Campamento Tierra Libre, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil publicó una «declaración urgente» dirigida a los tres poderes de la República. «La decisión deliberada de los poderes del Estado de suspender la demarcación de las Tierras Indígenas y de aplicar la Ley 14.701 equivale a una DECLARACIÓN DE GUERRA [escrito así, en mayúsculas, en el original] contra nuestros pueblos y territorios», afirma el documento. También hay un mensaje para quienes insisten en ignorar la emergencia climática y la necesidad de conservar ríos y selvas: «Nos preocupa la cobardía de quienes intentan dominar el tiempo indómito y pretenden sacar provecho de nuestras muertes. ¡YA NO LES QUEDA TIEMPO!»