Tras cuatro años marcados por incendios y muertes en la Amazonia, Jair Bolsonaro finalmente dejará el poder, y una huella de destrucción. Luiz Inácio Lula da Silva asumirá del cargo el 1 de enero con la promesa de proteger las tierras indígenas y alcanzar la deforestación cero de aquí al 2030. Pocas veces la coyuntura internacional ha sido tan favorable. En la COP15, la Conferencia sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (ONU) que se ha celebrado en diciembre, casi todos los Gobiernos del mundo han acordado cumplir objetivos ambiciosos para proteger la naturaleza. A principios de este mes, la Unión Europea (UE), principal consumidora de los bosques del planeta, aprobó su normativa más estricta sobre el comercio libre de deforestación. Ninguno de estos acontecimientos bastará por sí solo para evitar que la Amazonia —y el clima mundial— alcance el punto sin retorno, pero juntos constituyen el conjunto de avances más prometedor en más de una década. Si pueden ser un punto de partida, y no un fin en sí mismos, 2023 podría significar un punto de inflexión para la selva, sus pueblos y todas las vidas humanas y no humanas de este mundo interdependiente. 

Para que esto ocurra, Lula 3, como se conoce el tercer mandato del hombre que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, debe actuar con audacia desde los primeros meses. Se están emitiendo señales alentadoras sobre la reconstrucción del Ministerio de Medio Ambiente, el fin de la impunidad para los ladrones de tierras públicas y la expulsión de los mineros ilegales de las tierras indígenas. Pero para acabar con la violencia contra las personas y la naturaleza habrá que hacer grandes avances en la demarcación de las tierras indígenas y la reforma agraria. Un presidente elegido por un frente amplio con intereses a veces contrapuestos, un Congreso hostil y los grupos de presión de las industrias extractivas serán algunos de los principales obstáculos. Hay que hacerles frente, porque la ventana de oportunidad para proteger la Amazonia se está cerrando rápidamente. Para que 2023 sea un feliz año verde, SUMAÚMA ha preparado siete propósitos de año nuevo que creemos que Lula tendrá, o al menos debería tener: 

En cuatro años, Jair Bolsonaro destrozó los sistemas de protección medioambiental. El nuevo Gobierno no solo debe recuperarlos, sino también fortalecerlos. El equipo de transición de Medio Ambiente, que incluye a políticos como Jorge Viana, Nilto Tatto y Marina Silva, ha pedido al Congreso un presupuesto extra de 536 millones de reales (100 millones de dólares) para el ministerio. Sería dinero bien gastado. El desglose de los fondos adicionales incluye 130 millones de reales (24,5 millones de dólares) para el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) destinados a operaciones sobre el terreno contra mineros y madereros ilegales, 90 millones (17 millones de dólares) para la prevención de incendios a través del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y del Ibama, 80 millones de reales (15 millones de dólares) para la conservación y gestión de las áreas de conservación federales, y 200 millones de reales (37,5 millones de dólares) para restablecer el subsidio «Bolsa Verde» para los pobres que viven en áreas forestales, con el objetivo de que preserven los árboles, los ríos y la naturaleza. 

Se espera también que el Ministerio de Medio Ambiente recupere el control de las vías fluviales y los servicios forestales, que el Gobierno de Bolsonaro transfirió al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo Regional. Para financiar los proyectos de reforestación, el Gobierno utilizaría los fondos recaudados de las multas medioambientales a través de un sistema que resultó eficaz durante el mandato del presidente Michel Temer. El ministerio también pretende coordinarse mejor con los Gobiernos regionales, un paso importante que ayudaría a las autoridades federales a resolver problemas locales. 

La petición más difícil, no obstante, es la de contratar a 2.000 empleados adicionales, que serían esenciales para realizar más controles y tener más presencia sobre el terreno. Pero aún no hay presupuesto para todo esto. Se espera una disputa con el Congreso  y que haya la necesidad de utilizar fondos procedentes de donaciones extranjeras.

En el momento de la publicación de este artículo Lula aún no había ultimado su ministerio. En diciembre ha corrido el rumor de que había disputas internas por puestos clave en organismos medioambientales y de que la agroindustria ejercía fuertes presiones. La diputada Joênia Wapichana, del partido Red de Sostenibilidad, y la diputada electa Sônia Guajajara, del Partido Socialismo y Libertad, dos líderes indígenas muy respetadas, se disputan el Ministerio de los Pueblos Originarios. Joênia, la primera mujer indígena elegida diputada, conoce a fondo la política interna del Congreso y no ha sido reelegida para la próxima legislatura. Sonia, por su parte, si ocupara el ministerio, dejaría un vacío en un Congreso hostil al medio ambiente, pero es una líder de notable capacidad, con gran capilaridad y reconocimiento internacional. Todo indica que Lula ha elegido a Sônia Guajajara para comandar el futuro Ministerio de los Pueblos Originarios, que, aunque tendrá poderes presupuestarios limitados, será una importante plataforma política. 

La disputa por el Ministerio de Medio Ambiente aún más feroz. La favorita es Marina Silva, que fue sin duda la ministra más eficaz y emblemática del primer Gobierno de Lula, de 2003 a 2006. Antigua cauchera y activista sindical, consiguió encontrar el equilibrio entre el apoyo a los medios de subsistencia y la protección de la naturaleza. Gracias a sus políticas, la deforestación en la Amazonia se redujo un 80%. También se opuso a los pesticidas y a los biocombustibles e intentó impedir proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras o presas, que amenazaban importantes áreas naturales. Marina Silva fue tan eficaz que se granjeó poderosos enemigos en los sectores de la construcción y la agricultura, que conquistaron el apoyo de Lula. Marina Silva acabó renunciando al cargo, lo que conllevó una serie de reveses medioambientales, como la aprobación de la central hidroeléctrica de Belo Monte, el más notorio desastre socioambiental aprobado por Lula y ejecutado por su sucesora, Dilma Rousseff. Lula y Marina volvieron a acercarse políticamente durante la campaña presidencial de 2022 y Lula aceptó las condiciones de la exministra en las principales cuestiones socioambientales. La agroindustria y el sector financiero se oponen a su nombramiento, pero poner a cualquier otra persona supondría un duro golpe para la credibilidad medioambiental de la nueva administración entre los ecologistas brasileños, los líderes de la selva y otros biomas y los Gobiernos extranjeros. 

El nuevo Gobierno debe enviar una señal clara de que el Estado ha vuelto a la Amazonia para protegerla, y no para avalar su destrucción, como ocurrió durante los cuatro años de Bolsonaro. Es urgente reanudar la demarcación de las tierras indígenas, interrumpida por el Gobierno de extrema derecha, y proteger los territorios indígenas que han sido invadidos por garimpeiros (mineros ilegales), grileiros (ladrones de tierras públicas que se hacen pasar por agricultores o productores rurales), narcotraficantes y bandas criminales de pescadores. 

Al inicio del nuevo Gobierno, una gran operación —o una serie de operaciones— contra los campamentos mineros ilegales en los territorios indígenas Yanomami, Munduruku o Kayapó podría convertirse en un evento mediático. Se esperan imágenes hollywoodienses de agentes forestales que descienden en helicópteros militares, acorralan a los delincuentes y luego queman todas las máquinas que encuentran a su paso. La magnitud y la eficacia de la operación dependerán de quién la dirija. 

Las redadas iniciales enviarán una señal clara de que Brasil tiene una nueva administración, pero se tardará años en alcanzar una solución a largo plazo, mucho más compleja, porque los campamentos mineros ilegales están diseminados por toda la Amazonia, donde a menudo también hay indígenas que han sido reclutados por los jefes de las explotaciones mineras y del crimen organizado. No basta con expulsar a los mineros, hay que ofrecer apoyo a los miles de hombres pobres y sin formación, algunos de los cuales trabajan en condiciones análogas a la esclavitud, que necesitarán empezar una nueva vida en otro lugar.

El nuevo equipo de Lula también tendrá que señalizar claramente que los años de impunidad para los grileiros y los madereros se han acabado. Probablemente embargando los miles de empresas y terratenientes implicados en la deforestación ilegal. Cuando fue ministra de Medio Ambiente, Marina Silva demostró que perseguir a quienes financian los robos de tierras en la Amazonia y castigarlos con embargos comerciales, denegación de créditos, inclusión en listas negras y multas era una medida eficaz. Cabe esperar que, quien esté al frente de la cartera, siga esta dirección. Estas medidas punitivas son mucho más fáciles ahora, porque, mediante la tecnología de vigilancia por satélite que utilizan grupos como MapBiomas, se puede identificar con rapidez y precisión dónde se está deforestando y a quién pertenece la tierra, por lo que no hay tanta necesidad de tener a alguien sobre el terreno. Las notificaciones de embargo pueden enviarse automáticamente, como las multas por exceso de velocidad. 

La Policía Federal se encargará de investigar a las empresas fantasma para que los verdaderos inversores —a menudo profesionales liberales y empresarios del sur y sudeste de Brasil— sean identificados, juzgados y castigados. Contrariamente a lo que pregonó Bolsonaro, la gran mayoría de los casos de deforestación pueden atribuirse a una pequeña élite adinerada. La misma camarilla de (supuestos) terratenientes está detrás de gran parte de la violencia en la Amazonia, que debe atajarse con una reforma agraria que fomente las pequeñas explotaciones sostenibles en lugar de haciendas y monocultivos.

Esta batalla durará décadas, pero la lucha debe empezar ahora y, si Lula se une a ella, los progresistas de todo el mundo tendrán a un gran paladín. La política solía dividirse en izquierda y derecha, socialismo y capitalismo, Marx y Smith. Pero estos conceptos de los siglos XVIII y XIX son inadecuados para afrontar los retos de un mundo al que una población humana de 8.000 millones que ha destruido el 69% de la vida salvaje ha llevado al límite.

Necesitamos una economía que promueva la abundancia natural en lugar de agotarla en nombre del crecimiento, del PIB y del consumo, que vaya de la mano de una política de justicia medioambiental que luche contra el apartheid climático y reconozca que la degradación del aire fresco, del agua limpia y del suelo fértil es el mayor robo a los pobres de la historia. 

Cambiar las creencias fundamentales de Lula no será fácil. Es un sindicalista de la vieja escuela que utilizó su anterior presidencia para implementar un programa de desarrollo nacional propio del siglo XX: construyó carreteras y presas, aumentó el consumo, incrementó el crédito y ofreció subvenciones gigantescas a las industrias del petróleo, la carne de vacuno y la soja, la minería y la construcción. En los discursos más recientes suena más como un presidente del siglo XXI, que reconoce que un gran liderazgo no consiste únicamente en conseguir un rápido crecimiento económico, sino en lograr el bienestar de las generaciones futuras. 

Tras su victoria electoral, Lula hizo hincapié en la necesidad de luchar por el medio ambiente, los derechos de los indígenas y la deforestación cero para 2030. En su primer viaje al extranjero como presidente electo, asistió a la cumbre del clima en Sharm el Sheij, la COP27. Marina Silva le ha convencido de que los objetivos de deforestación cero deben aplicarse no solo a la Amazonia, sino a otros biomas de importancia mundial, como los humedales del Pantanal y la sabana del Cerrado. Es importante que siga persiguiendo esta visión más amplia en el nuevo año.

La diplomacia de la naturaleza debe ser la base de la política exterior brasileña de Lula. Será un medio de afirmar el liderazgo moral y político del país que alberga el 60% de la mayor selva tropical del planeta, de presionar a los países ricos para que paguen el mantenimiento de los sistemas mundiales de apoyo a la vida y de garantizar el sustento de las generaciones actuales y futuras, humanas y no humanas. Como presidente de la nación más biodiversa del mundo, Lula se encuentra en una posición ideal para impulsar esta agenda y en el momento perfecto, gracias a los nuevos acontecimientos en Europa y las Naciones Unidas.

El destino de la selva tropical no se decide en la Amazonia, sino en los mercados internacionales que compran su carne, madera, soja y mineral de hierro. En este sentido, la Unión Europea, la mayor consumidora mundial de productos forestales, es, indirectamente, la mayor deforestadora del mundo. La aprobación de una nueva normativa europea que impone estrictos requisitos de trazabilidad a los productos forestales, controles fronterizos más rigurosos y sanciones a las empresas y países que no frenen la degradación o la deforestación insostenible es una de las mejores noticias de 2022. Se trata de un gran avance en comparación con la normativa anterior, que dependía de acciones voluntarias, y se espera que los otros dos principales clientes de la Amazonia —China y Estados Unidos— adopten medidas similares. Con un poco de estímulo por parte del Gobierno, las empresas brasileñas de carne de vacuno y soja tendrían un fuerte incentivo para aumentar la productividad rehabilitando las tierras degradadas, en lugar de hacerlo deforestando la selva. También serviría para convencer a empresas como JBS de no comprar carne de vacuno procedentes de tierras deforestadas. 

Lula también debería utilizar la nueva alianza con las otras dos superpotencias de la biodiversidad, la República Democrática del Congo e Indonesia, para sacar partido del nuevo pacto mundial sobre biodiversidad, recién acordado en la COP15 de las Naciones Unidas en Montreal, que promete destinar 200.000 millones de dólares anuales a garantizar la protección del 30% de la naturaleza de aquí a 2030. Además, los países desarrollados prometen aumentar los flujos financieros internacionales hacia los países con menos recursos —y a menudo más biodiversos— hasta los 30.000 millones de dólares anuales. Una parte sustancial de este dinero debe destinarse a la Amazonia y sus pueblos.

El acuerdo de Montreal también subraya la importancia de las comunidades indígenas en la gestión de los selvas y otros ecosistemas cruciales, lo que coincide con las prioridades del nuevo Gobierno de Brasil. Lula, Marina y líderes indígenas como Sônia Guajajara y Joênia Wapichana pueden convertirse en el rostro de este nuevo enfoque, dando ejemplo en casa y bailándole el agua a las naciones ricas para que cumplan y superen sus promesas, que aún no son suficientes.

Para ello, tienen un argumento de peso. En muchos países ricos, los Gobiernos pagan a los agricultores para que mantengan las fuentes de agua y los bosques, en lugar de convertirlos en monocultivos. Es necesario hacer lo mismo a escala mundial: que los países y las empresas económicamente ricos paguen a las naciones más biodiversas y a las comunidades tradicionales para que mantengan los bienes comunes esenciales para el mundo. Será difícil rebatir este argumento si Brasil demuestra que actúa eficazmente contra la deforestación. El resto del mundo debe contribuir haciendo presión y ofreciendo apoyo y dinero. El próximo año, Lula deberá enfrentar duras batallas contra el lobby agrícola y las constructoras. Para que la naturaleza gane esta contienda, Lula tiene que contar con la presión de la comunidad internacional para proteger los ecosistemas, que se traduce en una intención concreta de pagar por ello.

El nuevo Gobierno tiene que actuar con fuerza, valentía y rapidez. Destacados científicos del clima y de la Tierra, como el brasileño Carlos Nobre, han advertido que la Amazonia se está acercando al punto sin retorno y, cuando lo alcance, la selva húmeda y biodiversa no podrá recuperarse y se degradará en una sabana seca. El desastre llegará cuando se haya deforestado entre el 20% y el 25% de la selva. En la actualidad, la superficie deforestada es del 17% y la degradada, otro 17%, por lo que este punto sin retorno está cerca. En algunas zonas ya ha llegado: las sequías son cada vez más largas, los árboles son más vulnerables a los incendios y la selva emite más carbono del que absorbe, con lo cual, de ser una amiga del clima, ha pasado a ser una enemiga. Debido a la aceleración de la destrucción en la segunda década de este siglo, que ha alcanzado su ápice en el Gobierno de Bolsonaro, la crisis amazónica es mucho más crítica de lo que era la última vez que Lula estuvo en el poder. Sin embargo, la mayor parte del trabajo que ha realizado su equipo de transición se ha centrado en reconstruir la capacidad que se ha perdido con Bolsonaro, en lugar de añadir nuevas medidas que tengan en cuenta el peligro creciente.

Brasil podría impulsar medidas más ambiciosas: más demarcación, un gran programa de reforestación y la prohibición de comercializar carne de vacuno procedente de tierras deforestadas. Pero las políticas audaces necesitan un fuerte apoyo exterior. Y mucho dinero. Sin ellos, Lula se limitará a ralentizar la llegada del colapso de la Amazonia, en lugar de evitar una tragedia planetaria de efectos irreversibles.