El 11 de febrero, domingo de Carnaval, los Yanomami serán homenajeados en la avenida Sapucaí por la escuela de samba Acadêmicos do Salgueiro, una de las más tradicionales y respetadas de Río de Janeiro. Con el tema Hutukara, que hace referencia al cielo ancestral que se desplomó sobre la tierra en los primeros tiempos, formando la selva que (virtualmente) cubre hoy nuestro planeta, el samba de Salgueiro es posiblemente uno de los himnos de Carnaval más bellos y conmovedores de los últimos tiempos y, para todos aquellos que han seguido de cerca la escalada de la crisis humanitaria en la Tierra Indígena Yanomami, no es ni más ni menos que una canción para hacer una catarsis.

En el estribillo, los de Salgueiro cantan «¡Ya temi xoa, aê, êa! Ya temi xoa, aê, êa!», que puede traducirse como «Todavía estoy vivo», del yanomae, una de las seis lenguas de la familia yanomami. La palabra temi, por su parte, se refiere no solo a la condición de estar vivo, sino también al estado de buena salud, tanto física como mental y emocional. Así pues, la fuerza del estribillo reside en que pone de relieve la inmensa resistencia del pueblo Yanomami y su capacidad para luchar contra el proyecto genocida que les ha impuesto desde hace décadas la sociedad no indígena. Una guerra permanente desde el contacto, que adquirió contornos aún más dramáticos con el ascenso al poder de la extrema derecha en los últimos años.

Un año después de la declaración de la Emergencia Sanitaria de Importancia Nacional en la Tierra Indígena Yanomami, se esperaba que en 2024 este estribillo pudiera finalmente cantarse para celebrar que se había iniciado un nuevo ciclo de buen vivir y prosperidad para este pueblo, en el que se protegía la selva de forma efectiva y se recuperaba plenamente la salud de las familias Yanomami y Ye’kwana (pueblo indígena que habita en Venezuela y en el territorio Yanomami de Brasil). Pero, por desgracia, todavía no es así.

Los últimos datos oficiales sobre la situación sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami no dejan lugar a dudas: el gobierno ha fracasado en su promesa de devolver la dignidad al territorio Yanomami. El boletín de diciembre del Centro de Operaciones de Emergencia muestra, tristemente, cifras similares a las del gobierno anterior. Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 se registraron 308 muertes en la Tierra Indígena Yanomami, la mayoría por males prevenibles, como pulmonía, malaria y enfermedades diarreicas. Como aún faltan las cifras de diciembre de 2023, lo más probable es que las estadísticas del último año de la presidencia del extremista de derecha Jair Bolsonaro y el primero de Lula sean muy similares. En 2022, se produjeron 343 muertes hasta finales de diciembre.

De los 308 fallecidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, el 52,5% eran niños menores de cinco años. Hubo más de 25.000 casos de malaria, una media de 2.000 al mes. Claramente, las acciones del gobierno de Lula fueron insuficientes para cambiar esta trayectoria, alimentada por la gestión criminal de la salud indígena del gobierno de Bolsonaro.

Los indicadores de salud del actual gobierno sugieren que persiste una grave carencia de atención sanitaria, con características similares al patrón de los cuatro años anteriores: se repiten fallas básicas en el modelo de atención, como la falta de visitas regulares de profesionales de la salud a las aldeas (agravada por problemas de inseguridad), problemas de abastecimiento y estructura en las Unidades Básicas de Salud Indígena y una vigilancia epidemiológica deficiente.

¿Cómo explicar semejante fracaso? Obviamente, el gobierno sabía que tendría que rendir cuentas de sus promesas en relación con los Yanomami. Así que no creo que haya fallado intencionadamente. Confío en que el presidente Lula, después de lo que vio en Roraima, esté realmente sensibilizado con la penuria de los Yanomami. Pero, como sabemos, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No basta con querer cambiar una realidad sin antes estar dispuesto, al menos, a conocerla. Especialmente una realidad tan compleja como la de la Tierra Indígena Yanomami.

El primer error —y quizás el más importante— del gobierno fue no crear un organismo que coordinara las acciones de emergencia con poder real para convocar a distintos ministerios. Como sabemos, la raíz de la crisis Yanomami radica en la interrelación de dos grandes problemas: 1) el avance de la minería ilegal y 2) la degradación del sistema de atención sanitaria, a través de la destrucción política y administrativa del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami, dos vectores que se retroalimentan y amplifican mutuamente sus impactos. Así, el flujo ideal de acciones, con vistas a estabilizar la situación sanitaria y política de las comunidades, sería: 1) operaciones para neutralizar la minería ilegal; 2) apoyo a las comunidades vulnerabilizadas con canastas básicas de alimentos, herramientas agrícolas y semillas; 3) misiones de asistencia sanitaria; y 4) restablecimiento de los servicios regulares de asistencia sanitaria. A pesar de ser una secuencia razonable, no se ha registrado ninguna acción coordinada que la siga en ninguna de las regiones sensibles de la Tierra Indígena Yanomami. Como consecuencia, la mayoría siguen presentando un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica y sanitaria, sin un apoyo de emergencia adecuado ni una atención sanitaria regularizada.

La Casa Civil, una especie de Ministerio de la Presidencia, podría haber desempeñado este papel, pero no articuló de forma eficaz las acciones ni supervisó adecuadamente el progreso de las acciones que se planearon. La falta de cuidado del ministerio con los Yanomami puede comprobarse en el plan interministerial que presentó el gobierno. Un documento sin metas, indicadores, calendario detallado, presupuesto ni responsables. Así, con las acciones naufragando, la cúpula del gobierno ni siquiera estaba en condiciones de evaluar la marcha de las actividades y proponer correcciones.

Otra consecuencia de la falta de coordinación eficiente fue el desperdicio de recursos humanos y tiempo de trabajo para elaborar diagnósticos y estudios que poco han aportado a la solución de los verdaderos desafíos de la Tierra Indígena Yanomami (logística, lucha contra la malaria, estrategias de protección, desarrollo de infraestructuras, etc.). Un ejemplo fundamental es la ausencia de un estudio logístico que ayude a planificar (con eficiencia) y ajustar la dinámica de envío de suministros y profesionales sanitarios a los puestos de salud. El grado de desorganización de la flota de aeronaves al servicio de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) es asombroso para cualquiera que haya seguido esta cuestión desde hace más de una década.

La logística es un tema central en la Tierra Yanomami y debería haber sido la columna vertebral del plan para reestructurar la presencia del Estado en este territorio. Sin embargo, en sentido contrario, la Sesai y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) se fueron pasando la pelota, sin que ninguna de las dos fuera capaz de aportar una solución coherente. Se tardó meses en llegar a un acuerdo para reformar cinco pistas de aterrizaje, de un universo de más de cuarenta aeródromos que necesitan mantenimiento y ampliación urgentes. Para que se hagan una idea, algunas comunidades que solían ser atendidas por aviones pequeños ahora dependen exclusivamente de helicópteros, que son casi cuatro veces más caros en cuestión de horas de vuelo.

Las fallas logísticas dejaron al gobierno en manos de las Fuerzas Armadas, que consumieron millones de reales lanzando canastas de alimentos sobre las aldeas y los claros sin ningún criterio. Por no hablar de las toneladas de alimentos que se abandonaron en los almacenes de las ciudades porque los militares ya se habían gastado el dinero disponible para el transporte aéreo antes de que se alcanzara la meta de canastas de alimentos que había estipulado la Funai.

De hecho, cualquiera que haya estudiado un poco la historia reciente de la Amazonia sabe que los militares nunca han sido precisamente aliados de los Yanomami y que depender de su buena voluntad para resolver un problema que contribuyeron a crear, por acción u omisión, sería una apuesta, cuanto menos, arriesgada.

En el primer semestre de 2023, un pequeño grupo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), a veces con el apoyo de policías federales, a veces con el apoyo del grupo táctico de la Policía Federal de Carreteras, combatió heroicamente los diversos núcleos de explotación ilegal diseminados por la selva Yanomami. Así, junto con otras acciones encaminadas a estrangular la logística de la minería ilegal, el Ibama consiguió expulsar a gran parte de los invasores, reduciendo significativamente las alertas de deforestación hasta junio de 2023.
Pero a partir de agosto el Ibama desplazó su contingente a otras regiones y el Ejército asumió un mayor protagonismo en las acciones de represión y el control de los cauces de los ríos. Poco a poco, las acciones fueron perdiendo regularidad y eficacia, lo que transmitió a los delincuentes el mensaje de que el gobierno se estaba quedando sin aliento.

Rápidamente, una nueva oleada invasora avanzó sobre la Tierra Indígena Yanomami. Por río, por tierra y por aire, al menos quince regiones de la Tierra Indígena Yanomami denunciaron la resistencia o el regreso de los mineros ilegales a su territorio. De octubre a diciembre de 2023, los Yanomami de la comunidad de Palimiu registraron el tráfico diario de mineros que pasaban por la barrera improvisada en el río Uraricoera. Mientras los soldados dormían en sus tiendas al borde de la pista de aterrizaje de Palimiu, lejos del río que supuestamente debían vigilar, los mineros, religiosamente entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, pasaban por debajo del cable de acero que supuestamente controla la entrada en la región.

Algunos de estos barcos subieron a abastecer los campamentos mineros, vinculados comprobadamente con el crimen organizado, que en ningún momento de la emergencia Yanomami dejó de operar en el territorio, explotando oro y casiterita, y encargándose de la logística regional y la seguridad armada.

Justo debajo de Palimiu hay una comunidad llamada Korekorema, cuyos líderes denunciaron que la malaria estaba totalmente descontrolada en la zona y algunos niños habían muerto por la falta de visitas del equipo sanitario, que lleva meses sin realizar misiones regulares. El equipo sanitario, por su parte, alega que no puede desplazarse a la comunidad en barco porque el río está controlado por las facciones y temen por sus vidas.

Mientras tanto, en Brasilia, la Funai argumenta ante los tribunales que no puede construir la Base de Protección en el río Uraricoera —a pesar de que existe una decisión judicial desde 2018 que obliga al Estado brasileño a hacerlo— porque no es seguro. (No es seguro porque no hay base, ¡no al revés!)

A medida que transcurría el primer año de la emergencia, una especie de parálisis se apoderó del Estado brasileño, aunque la crisis continuase como una herida abierta y fétida a la vista de todos.
A finales de este triste 2023, Davi Kopenawa, chamán y principal líder del pueblo Yanomami, acudió a Brasilia para participar en una nueva reunión del Gran Consejo de Lula. Su esperanza era poder llamar la atención del presidente sobre esta parálisis y conseguir que se renegociaran las promesas hechas en enero de 2023. Por desgracia, Lula llegó tarde al acto y Davi no pudo transmitirle sus preocupaciones cara a cara. Mientras iba hacia el aeropuerto para regresar a Boa Vista, le pregunté si estaba cansado de viajar tantas veces con resultados tan frustrantes. Hizo una pausa antes de responderme: «¡Ma! Ya temi xoa. Mientras haya Yanomami, seguiré luchando».

Estêvão Benfica Senra es geógrafo y doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia. Trabaja con el pueblo Yanomami desde hace más de diez años. Actualmente es investigador del Instituto Socioambiental.