El año 2024 comenzó con un hito para la protección de los derechos de los pueblos indígenas de la región amazónica. Después de una larga lucha en el sistema judicial, el pueblo Sarayaku, en Ecuador, logró que el Estado cree un plan para retirar los explosivos que fueron enterrados por una empresa petrolera en su territorio y que ellos sean consultados por cualquier intervención. La conquista marcó un nuevo capítulo de la lucha jurídica y política del pueblo Sarayaku, que durante más de 40 años viene defendiendo con éxito sus derechos contra los intentos del Estado ecuatoriano y las compañías petroleras de abrir su territorio, ubicado en el oriente de Ecuador, a la exploración y explotación de combustibles fósiles. La conquista no se limita a este pueblo sino que crea un eco en toda la Amazonía, abriendo caminos para mantener la selva viviente.

Es un episodio histórico en una larga historia de lucha y resistencia. En 2012, la Corte Interamericana reconoció que, al autorizar la exploración petrolera en el territorio Sarayaku, Ecuador había desconocido el derecho del pueblo a ser oído en consulta previamente y de una forma libre e informada. Por tanto, la Corte Interamericana ordenó al Estado poner en marcha un proceso genuino de consulta con el pueblo antes de considerar darle vía libre a cualquier proyecto de hidrocarburos en el territorio. Esta sentencia es quizás, aún hoy, la más importante que haya dictado un tribunal internacional sobre los derechos indígenas. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano seguía sin cumplir cabalmente la sentencia. Así, el pueblo Sarayaku acudió a la Corte Constitucional de Ecuador para exigir que lo hiciera. El pasado 20 de diciembre de 2023, la Corte Constitucional falló la acción interpuesta por el pueblo Sarayaku para exigir que el Estado cumpla las órdenes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había dado hace más de una década.

No se trata de un fallo ni de un litigio cualquiera. El caso Sarayaku se ha convertido en un ícono de la lucha jurídica y política de los pueblos de la Amazonía y de otras regiones del mundo, y ha tenido una influencia directa en otras causas, desde el activismo global contra el cambio climático hasta la difusión de la idea de los derechos de la naturaleza alrededor del mundo. De modo que el capítulo más reciente de la historia tiene importancia y puede ofrecer lecciones para muchos movimientos y regiones.

Para entender el capítulo más reciente, es necesario viajar en el tiempo y el espacio y aterrizar, más de dos décadas atrás, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. En 1996, el Estado ecuatoriano le entregó en concesión un bloque petrolero a la empresa argentina CGC. La zona comprendida por el permiso de exploración y explotación de petróleo se sobreponía en un 65% con el territorio titulado al pueblo Sarayaku cuatro años atrás. Como lo dijo la Corte Interamericana en su sentencia, el Estado otorgó el permiso a la CGC sin cumplir con su deber de realizar una consulta previa, libre e informada (CPLI) con el pueblo. En el 2002, trabajadores de la compañía petrolera, acompañados por las fuerzas armadas ecuatorianas, irrumpieron en el territorio del pueblo Sarayaku, una vez más sin el permiso de éste.

Fue entonces que el pueblo Sarayaku lanzó una campaña de defensa legal y política para defender sus derechos y los de su territorio. Mediante una estrategia nacional e internacional, que ha combinado acciones jurídicas y movilizaciones sociales, el pueblo Sarayaku se ha opuesto sistemáticamente a la entrada de las empresas y a la explotación de petróleo de su territorio. Desde un principio, las y los líderes y portavoces del pueblo dejaron claro que la defensa del derecho a la consulta no era el fin, sino un medio, de su resistencia. La finalidad es la defensa de la selva viviente, cuyos derechos son inseparables de los derechos de los seres humanos. En otras palabras, la explotación de petróleo no solo contraviene la CPLI, sino el derecho de la tierra misma a mantenerse íntegra y a continuar regenerando la vida humana y no humana. La campaña Sarayaku ha sido por la protección de lo que en kichwa llaman kawsak sacha: la selva viviente habitada y animada por animales de todo tipo, árboles de enormes copas, hongos variopintos, plantas multicolores, el Río Bobonaza y las demás aguas, montañas y las rocas de la selva, todos los cuales tienen vida en la visión Sarayaku. De ahí que las decisiones del pueblo se toman después de consultar no solo a todos sus integrantes sino también a la selva viviente.

Con el apoyo de organizaciones como la Fundación Pachamama y abogados como Mario Melo, el pueblo acudió primero ante los tribunales ecuatorianos para defender sus derechos y los de su territorio. Sin embargo, la CCG continúo avanzando en la exploración de petróleo, llegando incluso a enterrar casi tonelada y media de explosivos que esperaban detonar como parte de las tareas de prospección. Por ello, el pueblo y sus abogados, con el apoyo de CEJIL, llevaron el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero a la Comisión (2003) y luego a la Corte (2004). Como es usual en este tipo de procesos, la Corte se tomó varios años antes de examinar a fondo el caso. Cuando finalmente lo hizo, entre 2011 y 2012, fijó un precedente mundial para la protección de los derechos indígenas.

Uno de los hechos sin precedente del proceso ante la Corte Interamericana es que incluyó no sólo una audiencia pública en la sede de la Corte en Costa Rica, sino también la primera visita de la Corte a un territorio indígena. En la audiencia, que tuvo lugar en San José, el sabio Sabino Gualinga, líder espiritual Sarayaku, explicó de viva voz cómo la entrada inconsulta de la empresa petrolera y el ejército ecuatoriano violó los derechos y llevó al desplazamiento y aún la muerte de integrantes del pueblo Sarayaku y de cientos de otros seres de la selva viviente. En la visita de la Corte, en el territorio amazónico de los Sarayaku, los jueces hicieron preguntas y escucharon los reclamos del pueblo.

En 2012, la Corte IDH le dio la razón al pueblo Sarayaku y condenó al Estado ecuatoriano a expedir normas que garantizaran el derecho a la consulta y retirar los explosivos, así como presentar disculpas y pagar una indemnización al pueblo Sarayaku. Aunque los gobiernos sucesivos cumplieron a medias con la presentación de una disculpa pública y pagaron la indemnización, nunca removieron los explosivos, ni expidieron normas que regularan y protegieran el derecho de los pueblos indígenas a la CPLI.

Al contrario de otros litigantes que en ocasiones se desmovilizan prematuramente cuando logran un fallo histórico, el pueblo Sarayaku nunca dejó de hacer campaña por la protección de su vida y de la selva viviente. Desde entonces, sus esfuerzos han tenido cuatro rasgos que ofrecen lecciones para otros casos y movimientos.

En primer lugar, la campaña continuó combinando estrategias jurídicas y políticas. La apuesta por el proceso ante el Sistema Interamericano estuvo siempre acompañada por actividades de incidencia política, desde la participación decisiva de los líderes Sarayaku en el movimiento y en organizaciones indígenas nacionales (como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie) y regionales (como la Confederación Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica). De hecho, fue a través de su articulación con la Conaie que el pueblo Sarayaku contribuyó a la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008, la primera en el mundo en reconocerle derechos a seres no humanos.

En segundo lugar, al tiempo que mantiene el arraigo en su territorio y en su tradición cultural y espiritual, el pueblo Sarayaku ha usado creativamente las comunicaciones y las tecnologías digitales. A través de documentales, videos, blogs, portales de internet, webinars, peticiones virtuales y otros formatos altamente eficaces y creativos, han capturado la atención de una audiencia creciente de aliados nacionales y globales.

En tercer lugar, el pueblo Sarayaku ha tendido puentes y ha influido en nuevos movimientos sociales, desde la movilización de jóvenes por la acción climática hasta la ola creciente de campañas y casos por los derechos de la naturaleza. Una muestra particularmente elocuente de la repercusión y ampliación del activismo Sarayaku fue la presencia de mujeres líderes del pueblo en la decisiva cumbre de cambio climático (COP) de París en 2015, donde capturaron la atención del mundo al remar en estanque de La Villette en una canoa construida en el territorio Sarayaku y transportada hasta París para la ocasión.

De modo que la estrategia Sarayaku no se limitó a la vía jurídica. Lo cual no significa que no haya persistido en el uso del derecho. De hecho, el capítulo más reciente de sus litigios y la decisión de la Corte Constitucional ecuatoriana ofrece una cuarta lección para otros casos y movimientos: para que las victorias judiciales no se queden en el papel, los movimientos y sus abogados deben continuar presionando y litigando a favor del cumplimiento de los fallos favorables. Así sucedió en el litigio Sarayaku, como lo muestra el recurso que el pueblo y sus asesores jurídicos presentaron a la Corte Constitucional para que esta hiciera cumplir las órdenes de la Corte Interamericana.

La Corte Constitucional ecuatoriana ordenó al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos liderar el cumplimiento de las órdenes restantes de la Corte Interamericana, a través de un procedimiento que respete la CPLI. La consulta con el pueblo va a girar alrededor de dos temas: la remoción de los explosivos del territorio y la regulación de la CPLI en el derecho ecuatoriano. El pueblo Sarayaku entrará a evaluar con el Estado cómo retirar los explosivos que, más de dos décadas después, siguen enterrados en el territorio Sarayaku, lo que impide que los integrantes del pueblo y los seres no humanos que viven en la selva circulen y florezcan. En este ejercicio de consulta se deberán evaluar los procesos de participación que se han realizado con el pueblo Sarayaku desde el 2012. A su vez, el Ministerio deberá realizar un proceso de coordinación interinstitucional para que se expida una ley nacional de CPLI que garantice que a ningún otro pueblo indígena en Ecuador se le violen sus derechos a la consulta y el consentimiento.

En los próximos meses, el pueblo Sarayaku se embarcará en el proceso de consulta para la construcción de un programa que garantice el retiro de los explosivos y el saneamiento de su territorio. Como lo han hecho desde un inicio, pedirán que se reconozca que su territorio es un ser vivo, inteligente, consciente y con derechos, como lo argumentó José Gualinga, uno de los autores de este texto, en la entrevista para la serie que Sumaúma publica con el Proyecto Derechos Más que Humanos de la Universidad de Nueva York. La presencia de explosivos no solo impide la circulación de los humanos por todo el territorio, sino que también ha afectado a los seres no humanos que conviven con el pueblo Sarayaku en la Amazonía. De ahí que el reconocimiento de la selva viviente sea una de las formas de reparación que los Sarayaku han pedido y seguirán exigiendo al Estado ecuatoriano.

Este proceso, sin duda, marcará un nuevo momento en la movilización del pueblo Sarayaku. En medio de la triple crisis planetaria –cambio climático, biodiversidad y contaminación–, el caso puede no solo seguir inspirando respuestas, sino haciendo nuevas preguntas ¿Cómo consultar y escuchar genuinamente no sólo a los grupos humanos sino también al mundo más que humano? ¿Cómo reconocer, finalmente, que el bienestar y los derechos de los humanos dependen del bienestar y la protección de los derechos de la red de vida de la que hacemos parte?

Estas son algunas de las preguntas que el pueblo Sarayaku le hace no solo al sistema judicial y al Estado, sino también a todas las personas. Preguntas urgentes que requieren respuestas urgentes.

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