La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) ha pedido a las autoridades federales brasileñas que consideren investigar y anular todos los contratos de comercialización de créditos de carbono que las comunidades Indígenas de la Amazonia hayan firmado con compañías pertenecientes o dirigidas por el empresario estadounidense Michael Greene. Un reportaje que SUMAÚMA publicó a finales de junio reveló objeciones, tanto de Indígenas como del Ministerio Público Federal, a los proyectos de carbono que llevaban a cabo empresas vinculadas a Greene junto con asociaciones Indígenas brasileñas. La Funai también solicita a las autoridades que consideren medidas para prohibir la entrada del estadounidense y sus empleados en Tierras Indígenas «a todos los efectos».

Las solicitudes, formuladas por la Dirección de Promoción del Desarrollo Sostenible de la Funai, se enviaron el 19 de junio de este año al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y al Ministerio de los Pueblos Indígenas, así como al Ministerio Público Federal, a la Policía Federal y a la Fiscalía Federal Especializada de la Funai. En los documentos, el organismo gubernamental que se encarga de defender los intereses de los pueblos Indígenas en Brasil considera que existen «fuertes indicios de violaciones de los derechos Indígenas» en los contratos negociados entre Agfor Empreendimentos, empresa de la que Greene es socio, y representantes de los Parintintin de los territorios de Ipixuna y Nove de Janeiro, en el estado de Amazonas. Según la Funai, los contratos son «excesivamente desfavorables» para los Indígenas y presentan suficientes problemas como para «cuestionarse la conducta y la buena fe» de la empresa.

Los contratos con Agfor los firmó la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas en junio de 2022. En diciembre del mismo año, seis meses después, se registraron en la certificadora colombiana Cercarbono dos proyectos de carbono en los territorios de Ipixuna y Nove de Janeiro, un proceso necesario para que los proyectos puedan vender créditos. Pero la empresa que aparecía en los documentos ya no era Agfor Empreendimentos, sino Indigenous Carbon, otra empresa vinculada a Greene que empezó a actuar como «consultora» de los proyectos en Tierras Indígenas.

Agfor Empreendimentos y Brasil Agfor, una tercera empresa vinculada a Michael Greene, ya son objeto de acciones civiles públicas —un instrumento que tiene como finalidad proteger los intereses colectivos y que el Estado puede utilizar para demandar la responsabilidad por daños causados al ambiente o al patrimonio público, entre otros— iniciadas en julio de 2023 por la Defensoría Pública del estado de Pará contra cuatro proyectos de carbono en la localidad de Portel. Según la Defensoría, estos proyectos se habrían valido de títulos de propiedad y registros en el Catastro Ambiental Rural inválidos para inscribir proyectos de carbono en tierras públicas destinadas a asentamientos agroextractivistas. Greene está contestando las demandas, que siguen en curso, sin que se haya dictado ninguna resolución judicial.

En un informe técnico concluido el 5 de junio de 2024, en el que se basan las solicitudes dirigidas a los distintos organismos federales, la Funai considera que la utilización de otra empresa «hasta entonces desconocida por el público» —Indigenous Carbon— para registrar los proyectos en Tierras Indígenas es una «maniobra» que constituiría «un indicio de intento de ocultar los cuestionables negocios de Agfor con las comunidades Indígenas y tradicionales».

En total, como mostró el reportaje de SUMAÚMA en el proyecto colaborativo Carbono Opaco, entre finales de 2022 y principios de 2023, Indigenous Carbon registró en la certificadora Cercarbono 18 proyectos en territorios Indígenas de la Amazonia brasileña. Además de los Parintintin, la empresa también registró proyectos de carbono con los pueblos Mundurukú, Cinta Larga y Kayapó. Cuatro proyectos con los Kayapó de la Tierra Indígena Baú, en Pará, se retiraron posteriormente del proceso de certificación en Cercarbono. De los 18 proyectos, seis ya han sido certificados, es decir, ya pueden vender créditos de carbono: los dos en los territorios Ipixuna y Nove de Janeiro, uno en la Tierra Indígena Mundurukú, dos en el Parque Indígena Aripuanã (del pueblo Cinta Larga) y uno en la Tierra Indígena Roosevelt (también del pueblo Cinta Larga).

Indigenous Carbon se creó en julio de 2022 en el estado de Delaware, Estados Unidos. El registro disponible de la empresa no revela quién es su propietario. Pero en los contratos con Indigenous Carbon que presentaron los Cinta Larga al Ministerio Público Federal en Rondonia Michael Greene aparece como «administrador» de la empresa. Por otro lado, documentos que enviaron un representante de Agfor y la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas al coordinador de Funai en la región de Madeira en marzo de 2023 afirman que Indigenous Carbon es una empresa del Grupo Agfor.

En el proceso interno que desembocó en el informe técnico y la solicitud de que se investiguen las empresas vinculadas a Michael Greene, la Funai analizó en detalle cuatro contratos entre Agfor y los Parintintin. El análisis se inició después de que el coordinador regional de la Funai en la región del Río Madeira, responsable de la zona donde se encuentran las tierras de Ipixuna y Nove de Janeiro, solicitara orientación al organismo indigenista, en septiembre de 2022. En su petición, el entonces coordinador regional sustituto, Domingos de Souza dos Santos, señaló que los proyectos de carbono se habían iniciado «sin el consentimiento previo» de la Funai.

EL EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE MICHAEL GREENE, QUE YA ES OBJETO DE ACCIONES CIVILES PÚBLICAS POR UNOS PROYECTOS DE CARBONO EN LA LOCALIDAD DE PORTEL, PARÁ. FOTO: REPRODUCCIÓN DE LINKEDIN

El análisis técnico, que concluyó el 5 de junio, fue elaborado por Rafael Campos Martins Marques, especialista en indigenismo de la Funai en aquel momento, que encontró desde errores formales, como dos versiones de una misma página de los contratos, hasta problemas conceptuales, como atribuir a los Indígenas la responsabilidad de impedir actividades ilegales en los territorios. Marques también hizo un análisis general de los demás proyectos registrados por Indigenous Carbon y recomendó que la Fiscalía Federal Especializada de la Funai, formada por funcionarios de la Abogacía General del Estado, evalúe presentar demandas «para detener y reparar el daño sistemático y continuo a los Pueblos Indígenas que tienen sus territorios indebidamente apropiados por terceros en el mercado voluntario de carbono».

El especialista de la Funai también sugirió que una posible acción judicial podría solicitar que «el Ministerio Público Federal y la Policía Federal investiguen al grupo Agfor, a Indigenous Carbon y a sus dirigentes en relación con sus actividades en el mercado voluntario de créditos de carbono provenientes de Tierras Indígenas». Algunas de las medidas que podría proponer una posible acción judicial, según Marques, son que Michael Greene y sus empresas «se retracten públicamente» de los posibles daños causados a los pueblos Indígenas y que compensen y reparen los «daños colectivos causados a las comunidades Indígenas». A través de la Ley de Acceso a la Información, SUMAÚMA obtuvo copias completas del análisis y de las solicitudes de investigación realizadas a los organismos públicos.

La directora de Promoción del Desarrollo Sostenible de la Funai, Lucia Alberta Andrade de Oliveira, aceptó las conclusiones del informe técnico. Así, el 19 de junio, el informe sobre las empresas vinculadas a Greene fue enviado al comisario Humberto Freire de Barros, director del Departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal; a la fiscal federal Eliana Torelly, jefa del área del Ministerio Público Federal que se ocupa de los derechos de los pueblos originarios; y a Matheus Antunes Oliveira, jefe de la Fiscalía Federal Especializada de la Funai, que está vinculada a la Abogacía General del Estado.

El análisis de la Funai también considera que la empresa certificadora colombiana Cercarbono cerró los ojos ante los indicios de violación de derechos, ya que no habría aplicado «medidas de control y las salvaguardas apropiadas y/o suficientes para proteger los derechos Indígenas en su cadena de certificación de créditos de carbono».

En cartas y correos electrónicos enviados a SUMAÚMA en respuesta al informe técnico y a las conclusiones de la Funai, las asociaciones Indígenas que firmaron contratos con las empresas del estadounidense defendieron los proyectos de carbono. Afirmaron que tienen autonomía para implementarlos y que piensan invertir el dinero de la venta de los créditos en mejoras en sus territorios. «Estas recomendaciones [de la Funai] ignoran los beneficios sustanciales que el proyecto ha traído a nuestra comunidad y los objetivos de desarrollo sostenible que hemos alcanzado», dice una carta abierta de la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas que la entidad envió a SUMAÚMA a través de Greene.

En una entrevista con SUMAÚMA el 8 de julio, Thiago Castelano, coordinador de la Asociación del Pueblo Parintintin de la Tierra Indígena Ipixuna, y Karen Roberta Falcão, abogada de la asociación, declararon que los Indígenas tienen derecho a implantar los proyectos sin el consentimiento de la Funai y rechazaron lo que llamaron «tutelaje» del órgano indigenista. La Funai, como respuesta, recordó que «las Tierras Indígenas, aunque de usufructo exclusivo de los Pueblos Indígenas, son bienes inmuebles de propiedad del Estado».

En la entrevista, Falcão y Castelano también afirmaron que los Indígenas de la Tierra Ipixuna no son «víctimas» de Michael Greene, y que éste no les ha engañado. Dijeron que, «abandonados por el poder público», los Indígenas ya han planificado mejoras para sus territorios con los fondos que esperan obtener de la venta de créditos de carbono. Por tanto, subrayaron, no pueden verse perjudicados por las investigaciones contra el estadounidense.

«No tenemos nada que ver con lo que hizo o dejó de hacer la empresa [de Michael Greene]. Aunque le ocurra algo [a Greene], no debería repercutirnos. Nuestro proyecto es justo, es legal, llevamos años desarrollándolo», argumentó Thiago Castelano. «No soy el abogado de Michael, no sé exactamente cómo transcurrieron las cosas con relación a su empresa y otros proyectos. Pero sé que, como fue asesor de los Indígenas, eso repercute directamente en los Indígenas, incluso en las ventas [de créditos]. Lo están apostando todo a los proyectos», subrayó Falcão. «Puede que a Michael se le investigue en Brasil, pero nunca se le castigará, porque es estadounidense. Y son los Indígenas los que están aquí y quienes se verán perjudicados. Esta agenda que existe sobre lo que Michael hizo o no hizo a él no le perjudicará. Continuará en su castillo de dinero en Estados Unidos», declaró la abogada.

El 16 de julio, en una entrevista con SUMAÚMA, la cacica María de Lourdes Parintintin y la vicecacica Benedita Parintintin, ambas de la aldea Canavial, de la Tierra Indígena Ipixuna, defendieron con vehemencia el proyecto de créditos de carbono y su competencia para gestionarlo. Dijeron que hace años que construyen un proyecto de conservación del territorio, que incluye la implementación de un sistema agroforestal en sus huertos. La Tierra Indígena, sin embargo, no dispone de saneamiento básico, escuela de secundaria, puesto de salud, electricidad fiable o un buen servicio de internet, cosas que piensan construir con la venta de créditos de carbono. «Estamos luchando por el futuro de nuestros hijos, por un sueño que tenemos desde hace tiempo. Pueden estar seguros de que lucharemos con uñas y dientes por nuestro proyecto», dijo la cacica Maria. «Todo el mundo [en la comunidad] espera tener una buena calidad de vida».

En esta entrevista, en la que también participaron Karen Falcão y Thiago Castelano, las líderes de la Tierra Indígena Ipixuna dijeron que se reunirán con la Funai, el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Ministerio Público Federal en Amazonas para anticiparse a cualquier decisión en contra del proyecto. Argumentaron que una investigación como la que recomienda la Funai podría durar años, mientras que los créditos que el proyecto ya genera necesitan venderse rápidamente. «¿Quién pagará las pérdidas?», cuestionó la cacica.

Debido a la gran extensión de selva que aún se conserva, pero que está amenazada por la deforestación, hay quienes codician la Amazonia para implementar proyectos que generen créditos de carbono que se venderán en el «mercado voluntario», un mercado internacional que no está regulado por los gobiernos. La mayoría de estos proyectos utiliza el mecanismo conocido como REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal.

Para que puedan certificarse y generar créditos de carbono, los proyectos deberían demostrar que contribuirán a reducir más la deforestación que en el caso de que no existieran. En este proceso, un auditor externo contratado por los proponentes debe evaluarlos y una certificadora debe aprobarlos. Las empresas que compran los créditos pretenden compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Es decir: los que contaminan están «comprando» el «derecho» a seguir contaminando a una comunidad tradicional que conserva la selva. Contamina allá, paga aquí.

En teoría, se pagaría a los Indígenas por conservar la selva. En la práctica, muchos proyectos se presentan a las comunidades Indígenas sin informarles de los riesgos que entrañan, como que no haya compradores para los créditos de carbono, que se vendan a bajo precio o que se vendan a un intermediario que luego los revenderá a un precio más alto y se quedará con el beneficio. Este riesgo aumenta porque los proyectos REDD+ en el mercado voluntario han sido cuestionados internacionalmente. Hay dudas de que representen una reducción adicional de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, una reducción que compense realmente el aumento de la contaminación atmosférica debido a las nuevas emisiones de las empresas que compran los créditos.

Los problemas se agravan en Brasil por no haber una legislación específica que consolide las normas para los proyectos de carbono en tierras públicas que son usufructo de pueblos Indígenas o que han sido concedidas a comunidades tradicionales. A causa de esta inseguridad jurídica, en abril de 2024 la Funai aconsejó a los pueblos originarios que no firmaran ningún contrato «hasta que se hayan definido los criterios y directrices para la inclusión de las Tierras Indígenas en el mercado voluntario de carbono».

«En lo que atañe a las Tierras Indígenas, entendidas jurídicamente como territorios colectivos de propiedad del Estado, la operacionalización del mecanismo REDD+ en el mercado voluntario de carbono ha demostrado ser un terreno lleno de dudas, preocupaciones, incertidumbres e inseguridades, de naturaleza técnica y jurídica, lo que indica un potencial perjuicio a las comunidades Indígenas y a los derechos relacionados», refuerzan los oficios de la Funai a los diversos órganos federales.

En su análisis técnico, el indigenista Rafael Marques afirma que no se encontraron versiones de los cuatro contratos con los Parintintin traducidos a la lengua Indígena, «lo que plantea dudas sobre si los Indígenas se apropiaron realmente de los contratos». También considera que existe «una nítida desproporción entre las bonificaciones y las cargas de cada parte en los contratos analizados, que tienden a ser excesivamente favorables para Agfor y excesivamente desfavorables para las comunidades de las Tierras Indígenas Ipixuna y Nove de Janeiro». Marques concluye que los contratos serían «leoninos» para los Indígenas, citando, entre otros ejemplos, una cláusula que los obliga a asumir los costes financieros de las «alteraciones/adaptaciones impuestas por cambios en la legislación vigente y exigencias del mercado mundial».

El argumento de la lengua fue rebatido por Thiago Castelano y Karen Falcão, coordinador y abogada de la Asociación del Pueblo Parintintin de la Tierra Indígena Ipixuna, respectivamente. «La lengua de los Parintintin solo la hablan los ancianos. ¿De qué [ayudaría] un contrato en una lengua que [los Indígenas] no conocen en su totalidad y que están intentando recuperar?», cuestionó la abogada.

Al respecto, la Funai afirmó: «No conocemos ningún diagnóstico lingüístico sobre el grado de vitalidad y/o uso de la lengua de los Parintintin». Agregó que «lo que consta en el análisis técnico es que en los autos del proceso no existen versiones de los contratos traducidos a la lengua Indígena, lo que genera dudas sobre si la comunidad en su conjunto se ha apropiado realmente del contenido de los contratos, especialmente cuando se trata de documentos que contienen lenguaje técnico e imponen responsabilidades, deberes y obligaciones colectivas, en una perspectiva de largo plazo».

Según el análisis de la Funai, Agfor podría haber violado el derecho del pueblo Parintintin a la consulta libre, previa e informada sobre los contratos que firmarían, un mecanismo que está recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la legislación brasileña. «Agfor proporcionó información de muy baja calidad a los Indígenas, que incluso puede considerarse falsa. […] Teniendo en cuenta que Agfor ocultó deliberadamente todos los aspectos negativos del proyecto de carbono, se cuestiona incluso el carácter de buena fe de la «consulta» llevada a cabo por la empresa. No hay indicios de que la comunidad Indígena recibiera siquiera asistencia legal», dice el informe.

«Tenemos una adenda contractual que se celebró después, porque en el momento en que firmaron el contrato [los Indígenas] no tenían una asesoría legal independiente», admitió la abogada. Reconoció que se habían añadido aclaraciones sobre la libertad de los Indígenas de cazar, pescar y construir casas con madera del territorio y de no ser utilizados como instrumento de marketing sin compensación y previo aviso. Afirmó que estas adendas también exigen la autorización expresa de los Indígenas para que cualquier persona de la empresa pueda entrar en los territorios.

SUMAÚMA pidió ver estos documentos, pero el 16 de julio Thiago Castelano informó que no se habían decidido a mostrarlos. «Hablamos de ello, junto con los líderes, y pensamos que es algo confidencial (…). Como es algo interno, también tenemos derecho [a no mostrarlo]», argumentó.

Como se mencionó en el reportaje anterior de SUMAÚMA, el análisis de la Funai destaca que solo se habría realizado una única reunión de la población de los territorios de Ipixuna y Nove de Janeiro con los representantes de Agfor Empreendimentos, en la que se aprobó la firma de los contratos, que se llevó a cabo de inmediato, según consta en las actas del proceso de la Funai. En esta reunión, celebrada el 23 de junio de 2022, «la información que proporcionó Agfor fue en gran medida precaria, insuficiente y sesgada», afirma el organismo gubernamental indigenista. Como resultado, concluye, «es posible deducir que la comunidad Indígena fue presionada indirectamente para que firmara con promesas de supuestas ventajas y abultados beneficios económicos y materiales procedentes del proyecto de carbono. La presión en este caso fue económica y se materializa en forma de promesas grandilocuentes, sin mencionar los posibles riesgos del proyecto».

En cuanto a la consulta, Thiago Castelano declaró que hubo reuniones con la población de los dos territorios antes de la reunión con los representantes de Greene. «Tuvimos el consentimiento libre, previo e informado de todas las aldeas, antes de celebrar esta reunión con ellos [la empresa], que fue solo para rematar el contrato», dijo el líder de los Parintintin.

Los contratos con los Parintintin que examinó la Funai nombran a los Indígenas como «propietarios» de sus territorios, aunque de hecho pertenecen al Estado y son usufructo exclusivo de los pueblos originarios. También contienen una cláusula que los hace responsables de «impedir la desposesión, la deforestación, la tala ilegal, la caza y la pesca depredadora, los incendios, entre otros». «El Estado es responsable de cohibir y fiscalizar los delitos territoriales y ambientales en Tierras Indígenas […]. Es absolutamente temerario incentivar a las comunidades Indígenas a enfrentarse por sí solas al crimen organizado en sus territorios», afirma la Funai.

«Los contratos que se enviaron a los Indígenas antes de que yo entrara [como abogada], e incluso después, pueden tener una dificultad real relacionada con el idioma», admitió la abogada Karen Falcão. «Están escritos originalmente en inglés y luego el personal de aquí los traduce literalmente. Este asunto de la fiscalización se tradujo literalmente, [pero] no funciona así en el día a día». Explicó que se habían introducido ajustes en esa cláusula. La abogada también representa a la Cooperativa de Producción y Desarrollo del Pueblo Indígena Cinta Larga (Cooperbravo) y afirmó que en los contratos de Michael Greene con esta organización también se habían hecho adendas.

Según Karen Falcão y Thiago Castelano, en los contratos actualizados las empresas de Greene ya no tienen el derecho exclusivo de agenciar las ventas de todos los créditos de carbono que generen los proyectos, incluyendo el 70% de los créditos que pertenecen a las asociaciones indígenas —según los contratos que ha visto SUMAÚMA, el 30% va a las empresas vinculadas al estadounidense como pago por su consultoría—. «Lo que puede pasar es que Michael nos presente a un comprador, porque somos nosotros los que vamos a cerrar el contrato, somos nosotros los que vamos a vender, somos nosotros los que vamos a recibir los fondos», dijo Castelano. «Nosotros gestionamos nuestros créditos, están en nuestra cuenta», añadió la cacica Maria de Lourdes Parintintin en la entrevista del 16 de julio.

Llama la atención que las copias de los contratos que analizó la Funai no llevan la firma de ningún representante de Agfor. La ausencia de una copia totalmente firmada, en la práctica, podría imposibilitar que los Parintintin pudieran demandar a la empresa si se sintieran perjudicados en los proyectos de carbono. La falta de firmas es aún más notable, según el proceso del organismo indigenista, cuando se sabe que dos representantes de Agfor estuvieron presentes en la reunión en la que se firmaron los documentos, en la aldea Pupunha, en la Tierra Indígena Nove de Janeiro. Thiago Castelano y Karen Falcão afirmaron tener las copias firmadas y actualizadas de los contratos, pero hasta el término de este reportaje no las habían mostrado a SUMAÚMA.

El informe técnico de la Funai señala que «no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones en los contratos de Agfor en el mercado voluntario de carbono en Tierras Indígenas». El análisis relata que en el contrato con los Indígenas de la Tierra Mundurukú, en Pará, tampoco había la firma del representante de Agfor. También llamó la atención de la Funai el hecho de que muchos representantes de los Mundurukú hubieran firmado el documento con sus huellas dactilares. Como no se encontró ninguna traducción del contrato a la lengua de los Mundurukú, el informe de la Funai pone en duda que los firmantes «comprendieran plenamente el contenido del contrato y sus consecuencias».

Los cinco proyectos de carbono en la Tierra Indígena Mundurukú que Indigenous Carbon registró en la certificadora Cercarbono son objeto de una investigación civil del Ministerio Público Federal. Detallada en el anterior reportaje de SUMAÚMA, la investigación muestra que el acuerdo con Agfor generó divisiones en la comunidad Indígena, con una parte de los Mundurukú reclamando que no hubo consulta libre, previa e informada. El informe técnico de la Funai también menciona las protestas contra el proyecto y concluye que Agfor «violó el Protocolo de Consulta Mundurukú y, en consecuencia, el derecho a la consulta libre, previa e informada» del pueblo Mundurukú.

En respuesta a las preguntas que envió SUMAÚMA, la Asociación Indígena Pusuru, que aparece como «administradora» del proyecto de carbono en el acuerdo con Agfor mencionado en el informe de la Funai, afirmó que no tiene ningún contrato «con el señor Michael Greene, ni con Agfor o Indigenous Carbon». Añadió que el estadounidense y sus empresas «en el pasado prestaron servicios de consultoría en la preparación y certificación» de los proyectos de carbono, y que estos servicios ya han finalizado. A las preguntas de si dispone de los contratos de esa consultoría y cuál es la participación de la consultora en los créditos generados por los proyectos, Pusuru no respondió hasta el cierre de este reportaje.

Sobre las objeciones que hizo la Funai, la asociación declaró a SUMAÚMA que todas las reuniones y asambleas de los Mundurukú se celebran en su lengua, con traducción cuando hay hablantes no Indígenas, pero que todos los contratos con los proveedores de servicios están en portugués. Por último, Pusuru afirmó que los proyectos de carbono se aprobaron por «amplia mayoría» en las reuniones, a pesar de que «había un porcentaje de Indígenas que estaba en contra, lo cual es natural en cualquier actividad humana». Por lo tanto, argumentó, hubo «cumplimiento» de las normas del derecho con relación a la consulta libre, previa e informada.

Como señaló SUMAÚMA en el reportaje de junio, la Funai también ha constatado que algunos de los proyectos que Indigenous Carbon registró en Cercarbono se modificaron, y entre sus proponentes solo se han mantenido las asociaciones Indígenas. Según dijo la certificadora a SUMAÚMA, este tipo de cambio puede hacerse y los documentos que lo demuestren se comprobarán cuando se expidan nuevos créditos. La Funai afirma que sospecha que se trata de «un intento de ocultar el vínculo de Indigenous Carbon con los proyectos, evitando exponer el nombre de la empresa e intentando hacer creer que los proyectos son gestionados [únicamente] por las comunidades».

Por último, el informe técnico no identificó ninguna autorización para que Michael Greene o cualquier representante de Agfor o de Indigenous Carbon entrara en las Tierras Indígenas Ipixuna y Nove de Janeiro. Esta autorización sería obligatoria, según la normativa del organismo indigenista. Así, una de las peticiones de la Funai a las autoridades es que consideren prohibir la entrada del estadounidense, sus empleados y sus representantes en otras Tierras Indígenas «a todos los efectos».

SUMAÚMA ha averiguado que el Ministerio Público Federal remitirá la solicitud de investigación a la Fiscalía Federal del estado de Amazonas. En el caso de la Policía Federal, la Funai menciona la reciente Operación Greenwashing, que investiga presuntos fraudes y delitos en contratos de créditos de carbono en el mercado voluntario, y pide al organismo que considere abrir una investigación. SUMAÚMA entró en contacto con la Fiscalía Federal Especializada para que detallara qué medidas se tomarían, pero no hubo respuesta al cierre de este reportaje.

El miércoles 3 de julio, Michael Greene recibió un correo electrónico de SUMAÚMA con un resumen, en inglés, de las conclusiones del análisis técnico de la Funai, así como una solicitud para que lo comentara y presentara su defensa.

En su respuesta, enviada por escrito dos días después, el estadounidense afirmó que los proyectos se transfirieron a nombre de las asociaciones Indígenas porque les pertenecen: «Todos los proyectos, una vez aprobados, pasan a su nombre». También dijo que la comisión que cobra (30% de los créditos) es baja para los parámetros de su negocio. Sin dar nombres, afirmó que un competidor suyo solo les deja el 10% de los créditos a los Indígenas.

«Entiendo [que] hay un movimiento para acabar con los proyectos Indígenas [del mercado voluntario de carbono], para que el gobierno pueda quedárselos», escribió Greene. «Sin embargo, este sueño gubernamental de hacer REDD no va a funcionar. Un mercado en el que solo el gobierno hace REDD, pero la deforestación sigue ocurriendo en otras regiones, no funcionará, y la comunidad internacional dirá que [el mecanismo] REDD no funciona y, cuando REDD no funciona, se acaba el mercado».

Se trata de una aparente referencia de Greene al llamado «REDD+ jurisdiccional», un tipo de programa dirigido por el Estado en el que los gobiernos venden o llegan a acuerdos con empresas y organizaciones no gubernamentales para generar y vender créditos de carbono procedentes de la reducción de la deforestación. La mayoría de los gobiernos estatales de la Amazonia brasileña tienen iniciativas de este tipo, ya iniciadas o en fase de negociación. En Brasil, las disputas entre el modelo de REDD+ jurisdiccional y el del mercado voluntario han aflorado en el debate sobre el proyecto de ley para crear un mercado regulado de carbono en el país, actualmente en trámite en el Congreso. La versión del proyecto de ley que la Cámara de Diputados envió al Senado estipula que las zonas en las que existan proyectos de terceros deben sacarse de los programas de REDD+ jurisdiccionales.

Karen Falcão, abogada de la asociación Tierra Indígena Ipixuna, utiliza un argumento similar al de Greene. «Sé que el camino que está tomando la Funai, y el propio Ministerio de los Pueblos Indígenas, es para judicializar los proyectos», afirmó. Thiago Castelano, coordinador de la asociación del mismo territorio, también argumentó que los gobiernos quieren implantar proyectos de REDD+ jurisdiccional para quedarse con la mayor parte de los recursos de la venta de créditos y dar un pequeño porcentaje a los Indígenas y otras poblaciones que de hecho conservan la selva. Según Castelano, eso bloquearía la autonomía económica que desean los Indígenas.

A respecto de esta crítica, la Funai respondió que es «un organismo de Estado que actúa de acuerdo con la legislación vigente». Argumentó que el mercado voluntario aún no está regulado en el país, pero ya lo están los programas jurisdiccionales y los mecanismos de pago por resultados en la lucha contra la deforestación, gracias a las resoluciones de la Comisión Nacional para REDD+, vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. También señaló que estas iniciativas se basan en los datos sobre emisiones en zonas forestales que Brasil presenta oficialmente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por ese motivo, según la Funai, utilizan una «metodología reconocida internacionalmente para contabilizar, controlar, notificar y verificar» la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La respuesta de la Funai también afirmó que los programas jurisdiccionales tienen la obligación de proporcionar información sobre cómo respetan las llamadas Salvaguardas de Cancún, aprobadas en la ONU, referentes a los derechos y la participación de los Indígenas y pueblos tradicionales en los proyectos REDD+. El organismo indigenista añadió que «trabaja para garantizar la participación efectiva de los pueblos Indígenas» en los programas jurisdiccionales de los estados que albergan el bioma del Cerrado y la Amazonia Legal. Por último, la Funai afirmó que la cuestión de los proyectos de carbono privados se someterá a «un amplio proceso de consulta» para que «puedan establecerse directrices y normativas». Y recordó que las orientaciones que difundió en abril invitan a las comunidades a participar en esta consulta.

Greene también envió a SUMAÚMA la carta abierta firmada por representantes de la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas, que firma los contratos con Agfor que analizó la Funai. La carta asegura que el proyecto de carbono se inició «por la grave amenaza» de los madereros ilegales y la «falta de recursos financieros que la Funai proporciona para las necesidades sociales básicas». También dice que Michael Greene y Agfor han proporcionado a los Parintintin «una alternativa viable y sostenible». Según la carta, Agfor «ha demostrado un compromiso inquebrantable con el éxito de nuestros proyectos» y no ha interferido en la autonomía de los Indígenas. Por último, la carta sostiene que es «innegable que Agfor y Michael Greene sufren un escrutinio injusto».

El 18 de julio, Greene envió otra carta a SUMAÚMA, con el membrete de Agfor y respuestas específicas al proceso de la Funai, donde alegó que no hay una «denuncia legítima» contra los proyectos con los Parintintin y volvió a negar irregularidades en los proyectos de Portel, en el estado de Pará. Afirmó que su trabajo con los Parintintin «concluyó hace meses» y que ya no participa «activamente» en los proyectos. El estadounidense explicó que había ofrecido cancelar «amistosamente» el contrato con los Parintintin, pero que estos «expresaron su firme deseo de continuar nuestra colaboración». En el texto, Greene argumentó que no sería obligación de Agfor llevar a cabo una consulta libre, previa e informada, sino de la asociación Indígena que desarrolla el proyecto de carbono. El proyecto de ley que está en trámite en el Congreso establece que esta consulta debe ser supervisada por la Funai y otros organismos del Estado. Por último, el empresario defendió que los proyectos de carbono «son una de las pocas opciones» que tienen los Indígenas para obtener ingresos con los que financiar sus «necesidades esenciales».

SUMAÚMA también le envió preguntas a Cercarbono. La empresa colombiana respondió por correo electrónico que «en ningún momento la Funai se puso en contacto con Cercarbono para solicitar información sobre algún proyecto certificado en Brasil» y que tampoco había recibido el análisis del organismo indigenista para poder hacer comentarios u observaciones. Por último, dijo que está «en total desacuerdo» con la sospecha de haber sido negligente o cómplice con respecto a posibles violaciones de los derechos Indígenas, planteada por la Funai.

Cercarbono ya habría actuado antes con negligencia en la certificación de proyectos en Tierras Indígenas. Hace un mes, la Corte Constitucional colombiana la amonestó duramente en una sentencia sobre un proyecto en el Pirá Paraná, un territorio cercano a la frontera con Brasil. Según el más alto tribunal constitucional en Colombia, Cercarbono «no demostró parámetros suficientes para la operación en territorios Indígenas» y sus protocolos para certificar proyectos REDD+ «no resultan suficientes para asegurar los estándares de respeto que se pretendían con las salvaguardas de Cancún, ni con los mandatos constitucionales asociados al goce efectivo de los derechos de los pueblos Indígenas».

El informe técnico de la Funai también menciona los acuerdos de empresas vinculadas a Greene con los Cinta Larga: afirma que se hicieron «promesas fantasiosas de ganancias financieras exorbitantes», que generaron «conflictos internos» en la comunidad. El análisis cita quejas presentadas a la Oficina de Defensa del Ciudadano de la Funai a través de la plataforma Fala.Br, del gobierno federal, por personas que pedían que el órgano indigenista interviniera porque no se había realizado una consulta libre, previa e informada sobre los proyectos de carbono en los territorios de los Cinta Larga, en Rondonia y Mato Grosso.

La Cooperativa de Producción y Desarrollo del Pueblo Cinta Larga (Cooperbravo) envió a SUMAÚMA una respuesta al informe de la Funai que, según declaró, realizó junto con otras dos asociaciones de los Cinta Larga que también firmaron contratos con las empresas de Michael Greene: la Coordinación de Organizaciones Indígenas del Pueblo Cinta Larga (Patjamaaj) y la Asociación del Pueblo Indígena Cinta Larga Eterepuya. El mensaje afirma que «el organismo a nivel regional [de la Funai] no solo conoce el proyecto [de carbono] sino que lo apoya, ya que reconoce el potencial apoyo económico que recibirán las comunidades al vender los créditos de carbono generados y que esta contribución financiera será decisiva para acabar con las actividades ilegales en los territorios Indígenas demarcados para el Pueblo Cinta Larga».

SUMAÚMA preguntó a la Funai si confirmaba ese apoyo, pero el órgano indigenista no había respondido cuando se finalizó este reportaje. En el proceso interno de la Funai hay una carta de noviembre de 2022 en la que el entonces coordinador regional en Cacoal, en el estado de Rondonia, Sidcley Sotele, decía a Indigenous Carbon que estaba al tanto de los proyectos de carbono que, según él, los Cinta Larga habían iniciado «por su cuenta». Sin embargo, en una carta fechada el 12 de julio de 2024 dirigida a la coordinación regional del Río Madeira, la Coordinación General de Gestión Ambiental de la Funai desautorizaba enviar una carta semejante a las empresas de Michael Greene en relación con los proyectos en los territorios de los Parintintin.

En su respuesta, la Cooperbravo también afirmó que los Cinta Larga  disponen de «actas, fotografías e informes firmados por toda la comunidad» sobre las actividades de los proyectos de carbono y el destino de los recursos que generan. Sin embargo, estos documentos no se incluyeron en el mensaje de correo electrónico. La Cooperbravo declaró que no tenía «ningún interés» en enviar a SUMAÚMA las adendas realizadas a los contratos iniciales con las empresas vinculadas al estadounidense, porque «el asesoramiento jurídico de cada asociación es diferente y, en consecuencia, las adendas tienen peculiaridades en función del proyecto» objeto del acuerdo. Por último, afirmó que los Cinta Larga protegen «una de las zonas más ricas en minerales de nuestro país y, por lo tanto, esta protección no sería viable si nuestro pueblo no permaneciera unido».

En otra carta, la Coordinación de Organizaciones Indígenas del Pueblo Cinta Larga (Patjamaaj) afirma que Michael Greene llevó a cabo su labor de consultoría de forma «correcta, justa y transparente» y que el trabajo del estadounidense «ya ha concluido». La carta también dice que Greene nunca hizo «promesas fantasiosas» y siempre «mostró la realidad del mercado». Según el texto, «no hubo discordias» entre los Cinta Larga sobre el proyecto y «todos trabajaron en unión» para que funcionara. «Tenemos a dos mil personas desesperadas por salir de la pobreza, y la desesperación y los créditos de carbono REDD son las únicas opciones», concluye la carta.

Antes de que se enviaran estas respuestas, Michael Greene había enviado a SUMAÚMA cartas de Cooperbravo y Patjamaaj en defensa de los proyectos de carbono en sus territorios. En total hay siete proyectos, tres de los cuales ya han sido certificados.

Los pueblos originarios que cuidan la Selva Amazónica aspiran legítimamente a que se les compense por ello, pero se enfrentan a la inseguridad jurídica y a la incertidumbre económica que provoca el hecho de que se trata de un mercado no regulado en el que los proyectos se gestionan mediante contratos privados. A esto se suman las disputas que impiden que el Congreso brasileño apruebe el proyecto de ley para crear un mercado de carbono regulado, que también incluye salvaguardas para las poblaciones de tierras Indígenas y comunitarias. Las conclusiones de la Funai que sugieren que se investiguen los contratos de las empresas de Greene refuerzan los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el mercado voluntario de carbono.