El 22 de junio de 2010, el presidente Lula, entonces en su segundo mandato, visitó Altamira, en el estado de Pará, y pronunció un polémico discurso que aún se recuerda en la región. Lula defendió la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que inundaría parte de la ciudad, ahogaría islas, afectaría a los pueblos indígenas, secaría la Vuelta Grande del Xingú y expulsaría a unas 55.000 personas de sus casas, una parte de ellas de las comunidades tradicionales de la selva. La licencia preliminar del proyecto se había concedido unos meses antes, en febrero de ese año, tras intensos conflictos con ecologistas, movimientos sociales de la región y líderes indígenas. «Sé que muchas personas bien intencionadas no quieren que se repitan los errores que se cometieron en este país con la construcción de hidroeléctricas», dijo Lula. «No queremos una hidroeléctrica que cometa un crimen insano como el de Balbina, en el estado de Amazonas. No queremos repetir Tucuruí. Queremos hacer algo nuevo».

Hoy, casi 13 años después de aquel discurso, Lula está iniciando su tercer mandato y hay abundantes hechos y pruebas para afirmar que Belo Monte es un «crimen insano».

Los datos inéditos que ha obtenido SUMAÚMA muestran que en 2019 y 2020, en 4 tierras indígenas afectadas por la usina, la deforestación fue mayor que en todos los otros 311 territorios de la Amazonia. Toda una generación de niños de la selva, que vieron como les quemaban o ahogaban sus islas o casas a orillas del Xingú, se hicieron adolescentes en la periferia de Altamira, que se convirtió en una de las ciudades más violentas de Brasil, dominada por el crimen organizado y por las sangrientas disputas entre facciones. A la espera de que las reasenten para poder reconstruir su modo de vida, sus familias anhelan un territorio ribereño que hoy sufre los ataques de políticos asociados a la destrucción de la selva y de terratenientes y ladrones de tierras públicas locales. Algunas están confinadas en los llamados RUC (Reasentamientos Urbanos Colectivos), inmersos en una rutina de escasez de agua y facturas de luz que no pueden pagar. En este momento, la Vuelta Grande del Xingú, 130 kilómetros de una de las regiones más biodiversas de la Amazonia y hogar de 3 pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas, se está secando, en una catástrofe humanitaria y medioambiental.

Más de 7 años después de que la hidroeléctrica empezara a funcionar, solo 13 de los 47 condicionantes se han cumplido en su totalidad, según un dictamen técnico del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) que ha analizado el Instituto Socioambiental (ISA). Los condicionantes, como su nombre indica, deberían condicionar la concesión de las licencias de construcción y funcionamiento de la central. Su incumplimiento indica una violación explícita de las leyes.

Al menos 29 acciones del Ministerio Público Federal han señalado ilegalidades en el proceso de construcción y funcionamiento de la hidroeléctrica. En 2022, el Supremo Tribunal Federal reconoció que el gobierno federal no había respetado los derechos indígenas al no realizar las consultas previas, libres e informadas previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Belo Monte se ha convertido en un nombre maldito internacionalmente.

Balbina y Tucuruí, las hidroeléctricas que citó Lula, se construyeron en la Amazonia durante la dictadura empresarial y militar (1964-1985) y se convirtieron en ejemplos históricos de destrucción del medio ambiente y de vidas humanas y no humanas. Belo Monte la construyó el gobierno más izquierdista de la historia de la democracia brasileña, elegido con el apoyo de los movimientos de base de la región de Altamira. La hidroeléctrica en el río Xingú acabó repitiendo la violencia y los daños de la de Tucuruí y resultó ser tan deficitaria como la de Balbina, ya que, como los científicos advirtieron repetidamente, el agua del río Xingú disminuye durante los meses de sequía.

El impacto de las acusaciones de corrupción que implicaban a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) se vio en parte suavizado por los abusos y las ilegalidades de la operación anticorrupción Lava Jato y el magistral regreso de Lula, que tras 580 días en prisión ganó las elecciones por tercera vez con el apoyo de un frente amplio. Belo Monte no. Belo Monte sigue siendo ineludible. La apuesta de que se consideraría un «hecho consumado» y con el tiempo se olvidaría no se ha materializado. Al contrario. Los impactos sobre la selva y sus pueblos distan mucho de haber terminado. Lula no fue cuestionado con más dureza en la campaña electoral porque la izquierda y la derecha habían llegado al consenso de que era necesario derrotar al fascismo representado por el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Ahora Lula se enfrenta a una disyuntiva: su gobierno puede renovar o no la licencia de funcionamiento de la central hidroeléctrica, que expiró en noviembre de 2021.

El actual gobierno de Lula reproduce, en parte, la configuración de su segundo mandato. En 2008, Marina Silva, entonces ministra de Medio Ambiente, dejó el gobierno y, al año siguiente, el PT. Ya fuera del cargo, Marina defendió que se aplazara la subasta de la hidroeléctrica y cuestionó la viabilidad social, medioambiental y económica del proyecto. «Belo Monte lleva 20 años en la agenda del país, hace 20 años que la india Tuíre le puso el machete en el cuello al director de Eletrobras. Por desgracia, han pasado 20 años y la licencia se concedió sin que se hubieran resuelto los problemas de Belo Monte, en lo que respecta a los impactos sociales, los impactos ambientales y al proceso que afecta a la tierra de las comunidades indígenas. […] Y Belo Monte, además de los problemas sociales y ambientales, ha revelado otro problema, que es la cuestión de la propia viabilidad económica, porque hoy es un proyecto que está prácticamente subsidiado», criticó en una entrevista en el programa Roda Viva, de la cadena TV Cultura, en junio de 2010.

Hoy, Marina Silva vuelve a ser ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula. Pero las similitudes de contexto terminan ahí. No es casualidad que el nombre de la cartera se haya cambiado por Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Si en su segundo mandato Lula se convirtió en el presidente más pop del mundo por sus programas sociales para reducir la pobreza, ahora, en un planeta donde la crisis climática se ha convertido en la preocupación central incluso en espacios conservadores como el Foro Económico Mundial, su gobierno será juzgado por lo que ocurra en la Amazonia. El nombre de «Belo Monte» resuena en el planeta como lo que es: un desastre medioambiental y humano. Y ninguna de las declaraciones en defensa de Belo Monte que hagan Lula y los políticos del PT podrán borrar lo que no es una piedra en su camino, sino millones de toneladas de acero y hormigón en uno de los ríos más majestuosos y biodiversos de la Amazonia.

Al Ibama, organismo que depende del ministerio que dirige Marina Silva, le corresponde tomar la decisión técnica de si debe renovarse la licencia de funcionamiento y de qué se hará con los impactos de la hidroeléctrica. Pero la decisión política será de Lula.

Cuando fue investido presidente de Brasil por tercera vez, Lula subió la rampa del Palacio del Planalto con el cacique Raoni Metuktire que, además de ser uno de los mayores líderes indígenas de la historia del país, fue una de las voces más importantes contra la construcción de la central de Belo Monte en el río Xingú. La presencia de Raoni entre los representantes del pueblo brasileño que le pasaron la banda presidencial a Lula el 1 de enero de 2023 emocionó a muchos y puede haber sorprendido a algunos, ya que, a causa de Belo Monte, los dos grandes líderes brasileños estuvieron en lados opuestos durante muchos años.

Días antes de la investidura, Raoni y Lula se reunieron. También en ese momento se anunció el nombre de Joênia Wapichana, con el apoyo de Raoni, para la presidencia de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (Funai). El tema de Belo Monte estuvo presente en la reunión. Raoni, una vez más, advirtió a Lula de la destrucción que causaba la central en el Xingú, uno de los principales afluentes de la cuenca del Amazonas, un río del que forman parte el pueblo Kayapó y decenas de otros grupos indígenas que viven en sus márgenes, desde sus fuentes en Mato Grosso hasta su desembocadura en la región del Porto de Moz, en Pará.

Belo Monte era un proyecto de la dictadura empresarial y militar, bautizado entonces como Kararaô, grito de guerra del pueblo Kayapó. En febrero de 1989, un encuentro de pueblos indígenas del Xingú en Altamira estuvo marcado por una escena que recorrió el mundo: la líder Tuíre Kayapó le puso un machete en el rostro al entonces director de Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, un hombre del expresidente de Brasil José Sarney que se pasó décadas en el sector eléctrico. Tras el episodio con Tuíre, Eletronorte decidió renunciar al nombre de Kararaô y la hidroeléctrica pasó a llamarse Belo Monte. El proyecto solo se retomaría a finales de los años 90, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esa vez le tocó al Ministerio Público Federal enterrar judicialmente la central al señalar varias irregularidades en los estudios de impacto y la falta de consulta a los pueblos indígenas.

Cuando Lula fue elegido para su primer mandato, tanto los movimientos sociales como los indígenas del Xingú lo celebraron, pues creían que el proyecto había quedado enterrado para siempre. Pero en 2005 el presidente consiguió que se aprobara en un tiempo récord un decreto legislativo que permitía la concesión de la licencia de obras. Belo Monte se autorizó y Lula la subastó en 2010, en su segundo mandato, tras una batalla judicial en la que fueron derrotados el Ministerio Público, los indígenas, los ribereños y los movimientos sociales del Xingú. Por aquel entonces, gran parte de las élites brasileñas y también la prensa se mostraron favorables a la central, la describían como una «obra maestra de la ingeniería», dejando pasar una subasta tramada por Delfim Netto, exministro de la dictadura, con una serie de sucesos extraños antes, durante y después, ganada por un consorcio de empresas llamado Norte Energia.

Decidida y subastada durante el gobierno de Lula, Belo Monte fue construida durante los mandatos de su sucesora, Dilma Rousseff, por un grupo de constructoras que más tarde serían objeto de la operación anticorrupción Lava Jato. En 2015 se firmó la licencia de funcionamiento y, ese mismo año, como mostraría más tarde el Atlas de la Violencia, Altamira se convirtió en la ciudad con más de 100.000 habitantes más violenta de Brasil. Desde entonces, la ciudad ha registrado algunos de los peores índices nacionales. En 2019, fue escenario de la segunda mayor masacre de la historia del sistema penitenciario brasileño, con 62 personas asesinadas. En 2020, justo antes de que los primeros casos de covid-19 llegaran a Pará, la ciudad fue testigo de una serie de suicidios entre aquellos que se hicieron adolescentes en una ciudad brutalmente transfigurada. Los expertos en salud mental han relacionado los suicidios con los efectos de la hidroeléctrica.

Belo Monte, paradójicamente, unió a dos gobiernos ideológicamente opuestos. En 2016, poco antes de que la arrancaran del poder mediante un impeachment, Dilma Rousseff aterrizó en la región para inaugurar la central hidroeléctrica. En 2019, el ultraderechista Jair Bolsonaro terminó de inaugurarla.

El principal proyecto del gobierno de Bolsonaro era avanzar sobre las áreas protegidas de la Amazonia. Los resultados se han hecho evidentes con el genocidio del pueblo Yanomami, las cifras récord de incendios y de deforestación, así como los más de 2.000 millones de árboles muertos. Pero incluso antes de Bolsonaro, Belo Monte ya había transformado la región del Xingú en la campeona absoluta de la deforestación en la Amazonia, con Altamira ocupando el primer puesto año tras año. Con Bolsonaro, la destrucción empeoró.

La central del Xingú acumula un pasivo comparable a su gigantismo en impactos no medidos, en daños imprevistos, en condiciones no cumplidas: la deuda con la población de la región y con la propia selva no hace más que crecer.

En este momento, al tratar el Xingú como su cisterna particular, que puede usar a su antojo, Belo Monte está secando los 130 kilómetros de la Vuelta Grande del Xingú, hogar de miles de especies, algunas de ellas endógenas, lo que significa que solo existen allí y, si se extinguen, desaparecerán del planeta.

Desde que la licencia de Belo Monte expiró, en noviembre de 2021, los técnicos del Ibama estudian si la renuevan. No hay un plazo determinado para los análisis. Según la legislación, la planta puede seguir funcionando porque solicitó la renovación con antelación. Pero, cada mes que pasa, la factura medioambiental y humana aumenta. Y la pagan Lula y el PT.

La decisión sobre la renovación de la licencia de funcionamiento puede ser una oportunidad única para un gobierno que asume el poder comprometido con la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra la pobreza. Y también una oportunidad para que Lula muestre al mundo la dimensión real de su compromiso con la Amazonia, la crisis climática y el medio ambiente. Es, sobre todo, una elección sobre la marca de su legado en un planeta en catástrofe climática.

Lula tiene ahora una cita —ineludible— con Belo Monte.

Para ayudar al presidente a tomar su decisión, el equipo de SUMAÚMA ha visitado las comunidades más aisladas, los brasileños que ya no pueden navegar por el Xingú, no tienen acceso a carreteras y viven en la penuria y desasistidos. Nuestro equipo de periodistas ha sido también el primero en visitar los lugares donde Norte Energia quiere construir las soleras, 7 nuevas presas en el río para evitar tener que devolver parte del agua que desvía de la región de la Vuelta Grande del Xingú. Hablamos con pescadores que llevan 7 años sin poder mantener a sus familias con la pesca por culpa de los daños a la fauna acuática, que el Ibama no reconoció hasta 2019. También recorrimos las calles de los Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC), barrios alejados del centro construidos por Norte Energia, en los que se ubicó a las familias que se vieron forzadas a abandonar su hogar por la construcción de la hidroeléctrica, que ahora se ven sometidas a una rutina de escasez de agua, facturas de luz impagables y violencia extrema.

Lo que tienen en común todas las personas con las que hablamos en la región, aparte de las reivindicaciones y el sufrimiento, es que dijeron que votaron a Lula en 2022. A pesar de los desastres que ha causado Belo Monte, el gobierno de Jair Bolsonaro ha producido tantas muertes que Lula era, para muchos votantes, efectivamente la «salvación del país». Estos votantes dicen que confían en que el presidente hará los cambios necesarios para interrumpir el ciclo de empobrecimiento y destrucción socioambiental que Belo Monte inauguró en el Xingú. «Yo le diría [a Lula] que mire a la clase humilde, a nuestros jóvenes, aquí tenemos muchos jóvenes que pierden la vida por culpa del narcotráfico», dice Odelita Honorato, sentada en la sala de su casa, en uno de los RUC que construyó Norte Energia. «Lo que esperamos es que encuentre la forma de que tengamos mejores condiciones para trabajar y sobrevivir aquí», afirma José Bastos, un hombre de Maranhão que se fue a vivir a los márgenes de la Vuelta Grande del Xingú atraído por la facilidad de plantar y llevar sus productos en barco para venderlos en los centros urbanos más cercanos, pero que ahora no puede navegar ni tiene acceso a carreteras. También votó a Lula.

Viviendo entre dos islas de la Vuelta Grande, que ha bautizado Isla del Amor 1 e Isla del Amor 2, el pescador Sebastião Bezerra Lima dice que la vida se volvió muy difícil después de que Belo Monte desviara el 70% del agua para mover sus turbinas. «Las cosas aquí ya no son lo que eran, de ninguna manera. Ni los peces, ni los ribereños, ni los pescadores, ni los indígenas entienden ya el río. Antiguamente, el pescador, el ribereño, entendía el río, el estiaje, la crecida, lo entendía todo, pero ya no. La vida del pescador ha cambiado, la fruta cae en la estación seca, el agua no llega a las charcas, hoy en día los peces no se alimentan, los peces que aún viven son tan delgados como un machete. He perdido mucho. Los pescadores, los indígenas, los ribereños, han perdido mucho», dice, de pie junto a una zona que debería estar inundada desde noviembre del año pasado para que se reprodujeran los peces, pero seguía seca la tercera semana de enero. Aun así, el pescador sin río y sin peces confía en Lula: «Confío en él. Si se fija en nosotros, lo que pedimos es que se fije. Confío en él con todo mi corazón. Se ha quedado para ayudar a los más pequeños. Y yo soy pequeño, soy muy pequeñito».

La licencia de funcionamiento de Belo Monte la concedió el Ibama el 24 de noviembre de 2015. Esta fecha marca el cierre definitivo de la represa de Pimental que, en palabras de los ribereños del Xingú, cortó el río. La central se llama complejo hidroeléctrico porque el diseño de ingeniería incluye dos represas, dos embalses y dos casas de máquinas. Pimental es la represa principal, que embalsa parte del caudal del Xingú en la región frente a Altamira y desvía otra parte a un segundo embalse, un canal artificial que lleva las aguas que deberían fluir por la Vuelta Grande del Xingú hasta la casa de máquinas principal, donde mueven las turbinas y generan energía. Desde el punto de vista de los habitantes de la Vuelta Grande, no hay nada más exacto que decir que Pimental cortó el río, porque son ellos los que se quedan sin agua.

Con la decisión sobre la renovación de la licencia de funcionamiento sobre la mesa, el gobierno federal puede por fin respetar los dictámenes técnicos, tener en cuenta a las decenas de científicos que monitorean los impactos, evitar presiones políticas y económicas y atender a las peticiones de los electores del Xingú, corrigiendo los innumerables problemas que ha causado la hidroeléctrica y convirtiendo también en realidad el discurso sobre proteger la Amazonia.

«Ya no podemos jugar con las cuestiones medioambientales, y mucho menos con las socioambientales. Hablamos constantemente del papel que tienen estas comunidades tradicionales en la conservación del medio ambiente, de la importancia que tienen para saber lo que ocurre en la región, para generar conocimientos y para compartir recursos naturales, formas de vida sostenibles para el ecosistema amazónico. Pero todo lo que hemos hecho son intervenciones que ponen esto en entredicho, que desestabilizan por completo el ecosistema y la vida de estas comunidades. Ya va siendo hora, ¿no? De que tengamos una nueva estrategia para estos proyectos en la Amazonia», advierte Jansen Zuanon, uno de los mayores especialistas en ictiología amazónica, profesor jubilado del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa) y miembro de un observatorio que reúne a investigadores y habitantes para vigilar los daños que produce Belo Monte en el Xingú.

André Sawakuchi, geólogo, profesor de la Universidad de São Paulo y también miembro del observatorio de investigadores, alerta de que hay que entender la deforestación de una forma más actual para que Brasil esté en sintonía con el debate mundial sobre la crisis climática.

«La destrucción de los bosques aluviales también es un tipo de deforestación. Lo que tenemos que sopesar en este debate sobre Belo Monte es cuánta más biodiversidad estaremos dispuestos a sacrificar para generar energía. ¿Vale la pena destruir todos estos ecosistemas y bosques, por no hablar de la pérdida de las culturas ribereñas e indígenas? La Vuelta Grande aún tiene solución, aún podemos salvarla, si garantizamos ante todo la vida de los ecosistemas y las comunidades. Pero tenemos que decidir qué vamos a sacrificar».

Según la legislación brasileña, la licencia de funcionamiento debe concederse cuando se cumplan todos los condicionantes de las licencias anteriores —preliminar y de instalación—. Un condicionante, como su nombre indica, es lo que condiciona. En el caso de Belo Monte, no condicionaron. El Ministerio Público Federal y algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Socioambiental (ISA), denuncian que las licencias anteriores todavía tienen cuestiones pendientes. El incumplimiento de estos condicionantes causa daños trágicos a la vida de las personas y a los ecosistemas de la región. Los fallos en el proceso de concesión de las licencias, deliberados o no, fueron cruciales para que la región de Altamira se convirtiera en la más deforestada de la Amazonia en la última década.

Al analizar el último dictamen técnico del Ibama, emitido a finales de junio de 2022, el ISA evaluó el estado de cumplimiento de 47 condicionantes socioambientales de la licencia de funcionamiento. Los datos, que SUMAÚMA divulga en exclusiva, muestran que, de todas estas obligaciones, el Ibama considera que Norte Energia solo ha cumplido 13.

Es decir: después de que se le concedieran todas las licencias y de estar funcionando durante 7 años, la central solo cumple efectivamente 13 de las 47 medidas. Del resto, 21 aún se están implantando, 8 se cumplen parcialmente y hay 2 condicionantes que simplemente ni siquiera han empezado a ejecutarse. Además, hay 9 condicionantes que todavía no se han analizado, entre los que se encuentra probablemente el mayor dilema del complejo hidroeléctrico: la distribución del agua del Xingú para garantizar la vida de los ecosistemas de la Vuelta Grande.

Entre los condicionantes que se consideran incumplidos o con cuestiones pendientes, según el dictamen del Ibama, están el reasentamiento de las poblaciones afectadas, el saneamiento básico de Altamira y las medidas de compensación y mitigación para las poblaciones tradicionales de la región por la pérdida de la actividad pesquera. Son condicionantes que afectan directamente a la calidad de vida de miles de residentes en la región.

Al expedir las licencias para Belo Monte sin que se hubieran cumplido los condicionantes, se violó explícitamente la legislación, con graves consecuencias para la selva, sus pueblos y los habitantes de Altamira. En la decisión sobre la renovación de la licencia, Lula y Marina Silva mostrarán si el gobierno seguirá aceptando que se incumpla la ley y se causen graves daños ambientales y humanos en la Amazonia o si, finalmente, los condicionantes condicionarán el funcionamiento de la central.

En una nota enviada a SUMAÚMA, Norte Energia afirmó que «no hay ningún condicionante incumplido. Los condicionantes o ya se han cumplido o se están cumpliendo. Este control lo realiza regularmente el organismo licenciador, el Ibama». Este, a su vez, afirmó a SUMAÚMA que «hay obligaciones que Norte Energia tiene pendientes, otras en ejecución y otras que ya ha cumplido». El organismo licenciador destacó que «se ha solicitado información adicional» a la empresa y «se hicieron recomendaciones para que los proyectos se adecuaran a las directrices del proceso de concesión de licencias». El instituto espera a que el equipo técnico haya concluido los análisis para pronunciarse de forma conclusiva sobre el cumplimiento de los condicionantes de la licencia de funcionamiento.

Es fácil comprender por qué la pesca era una de las principales actividades económicas en los municipios afectados por Belo Monte (Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Brasil Novo y Anapu). «El Xingú era nuestra madre», dicen muchos pescadores de la región cada vez que tienen que hablar de cómo la central ha afectado a su vida. Ya no. Las autoridades y Norte Energia negaron durante muchos años el impacto de las represas en la pesca, basándose en metodologías de medición de impactos que los científicos han cuestionado mucho. Finalmente, el Ibama reconoció oficialmente el impacto en 2019.

El Ministerio Público Federal en Pará, que ya ha presentado 29 demandas cuestionando la concesión de las licencias y los impactos de la central, afirma que ya no hay controversia sobre los graves daños que el embalse del Xingú ha causado en las poblaciones de peces y en la actividad pesquera de la región. Las inundaciones destruyeron la vegetación propia de las charcas en la zona del embalse y el desvío de aguas en la zona de Vuelta Grande del Xingú ha impedido que las especies de peces desovaran y se alimentaran, provocando una reducción drástica de los ingresos de los pescadores.

Finalmente, la propia Norte Energia reconoció los daños el año pasado y convocó a unos 2.000 pescadores para inscribirlos en un registro y pagarles una compensación de 20.000 reales (3.800 dólares). La propuesta generó indignación, principalmente por el valor, irrisorio frente a 7 años de pérdidas económicas, pero también por el bajo número de pescadores reconocidos (se estima que pueden llegar a 7.000 personas) y por la exigencia de tener una licencia de pesca, inaccesible sobre todo para los ribereños e indígenas que viven de la pesca de subsistencia.

Aun así, pescadores de varias comunidades lejanas, convocados por la empresa por orden alfabético a una escuela del centro de Altamira, acudieron el primer día de inscripción, el 16 de enero. Muchos contaban que pasaban hambre y vivían de donaciones, que no tenían luz porque no podían pagar las facturas. También relataban que muchas especies de peces habían desaparecido, las más apreciadas y de mayor valor comercial, como el pacu de seringa, la piraputanga y el sábalo. Las pérdidas económicas se acumulan y son graves en una región donde hace unos años la pesca garantizaba autonomía y una vida cómoda a pescadores, ribereños e indígenas.

La empresa no permitió que la prensa cubriera el primer día de registro, pero, en el exterior, Orlando de Oliveira Queiroz, uno de los residentes más antiguos de la región de la Vuelta Grande, esperaba a su esposa, que había acudido a registrarse. «Para nosotros, que hemos nacido y crecido aquí, todo ha acabado», dijo. «El río se ha acabado, el paredón ha desgraciado el resto y todavía quieren hacer 7 paredones más ahí abajo para retener el agua».

Él, que en una tierra de tantos pescadores se ha ganado el apodo de Orlando Pescador, se refería al proyecto que Norte Energia presentó al Ibama, que amenaza una vez más a la población con la expulsión. La propuesta contempla la construcción de las llamadas «soleras», represas más pequeñas, 7 en total, que supuestamente reducirían los daños causados por el desvío de agua de la región de la Vuelta Grande. Según el proyecto, las soleras servirían para crear zonas inundables, permitiendo que los peces se alimentaran y se reprodujeran, pero el propio Ibama ya ha dicho que no servirán. Orlando Pescador aún no lo sabe, pero como vive muy cerca de la zona donde se construirían las soleras, podría verse obligado a dejar la isla donde vive desde hace más de 40 años. Si el Ibama concuerda con la construcción de las 7 nuevas represas, el propio proyecto prevé la expulsión de 7 familias.

En agosto, durante una audiencia pública, el pescador Raimundo Gomes, conocido como Raimundo Berro Grosso, dijo que había pasado tantas dificultades que tenía problemas de salud: «En primer lugar, necesitamos que estos órganos públicos nos vean como seres humanos. He vivido toda mi vida en el río Xingú y hoy ya no puedo pescar porque el río está acabado. Norte Energia ha acabado con nuestras especies, ha acabado con nuestras islas y playas, ha acabado con nuestro ocio y ha acabado con los pescadores. Necesitamos que las autoridades se levanten del banquillo y obliguen a Norte Energia a pagar lo que nos corresponde. Los padres están a oscuras cocinando con leña porque no pueden pagar la electricidad ni el gas. Hay personas que llevan más de un año sin electricidad».

En un comunicado, Norte Energia niega haber cambiado su posición respecto a los impactos de Belo Monte en la pesca. La empresa afirma que, desde los estudios ambientales anteriores, se preveían estos posibles impactos en la ictiofauna y que viene realizando acciones de mitigación dirigidas a los pescadores desde 2017, «cuando, en un seminario técnico con el organismo ambiental, se definió que, para que las mitigaciones y compensaciones propuestas fueran más asertivas, había que hacer un registro de todos los que trabajaban en la cadena de pesca del área de influencia del proyecto». También alega que fue a partir de ese registro que llegó al número de 1.976 pescadores que debían recibir indemnización. En el mismo comunicado, Norte Energia reconoce que, tras el dictamen del Ibama, se vio obligada a pagar una compensación por las pérdidas en la actividad pesquera. «En cuanto al valor propuesto, tiene en cuenta el valor equivalente al seguro de veda que paga el gobierno durante el período de piracema, cuando la pesca está prohibida».

El importe de la factura de la luz, cobrada por la concesionaria Equatorial Energia, que gestiona el servicio tras la privatización de la distribución de electricidad en Pará en 1998, es una queja recurrente en todas las comunidades, urbanas o rurales. En el RUC Laranjeiras, donde se reasentó a parte de los que fueron expulsados por la construcción de la hidroeléctrica, las facturas ascienden a 120, 170 y hasta 200 o 300 reales (de 23 a 58 dólares), incluso en casas donde solo hay un ventilador, una nevera, un televisor y algunas bombillas. Viviendo al lado de Belo Monte, expulsados de sus casas y del río por Belo Monte, las víctimas de la hidroeléctrica pagan una de las facturas de luz más caras del país.

En un comunicado, Equatorial Pará, dijo que cada factura tendría que analizarse individualmente para explicar el valor. «Sin embargo, algunos factores, como la fuga de corriente y los aparatos en mal estado, pueden contribuir al aumento del consumo», alegó la compañía.

Reconocida solo en 2018 por el Ibama, después de mucha presión de los afectados, la reparación integral a la población ribereña del Xingu está lejos de cumplirse. Tras la expulsión de las familias y ante la ausencia de un modelo de reasentamiento compatible con su modo de vida, en 2015 se inició un largo proceso para que se reconocieran los impactos en esta población tradicional. «Diálogos ribereños» fue el nombre del espacio interinstitucional que se creó para buscar soluciones, con la participación de organismos públicos y la Universidad Federal de Pará (UFPA). En junio de 2016, el Ministerio Público Federal solicitó el apoyo de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia para llevar a cabo un estudio sobre las poblaciones ribereñas expulsadas del río Xingú con el fin de proponer medidas de reparación fundamentadas y capaces de garantizar la reproducción de su modo de vida. El resultado se transformó en un libro: A Expulsão de Ribeirinhos em Belo Monte (La expulsión de los ribereños en Belo Monte), organizado por las antropólogas Manuela Carneiro da Cunha, profesora emérita de la Universidad de Chicago y catedrática jubilada de la Universidad de São Paulo, y Sônia Magalhães, , una de las mayores expertas en los impactos del Tucuruí, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Antropología y profesora de la Universidad Federal de Pará.

El resultado más importante de este movimiento fue la creación del Consejo Ribereño, un espacio de autoorganización de las comunidades que tiene el objetivo de presionar para que se reconozcan sus derechos y poder regresar a las riberas del Xingú. Nos encontramos a Rita Cavalcante, una de las consejeras, en la cola del registro de pescadores el 16 de enero. A pesar de que su nombre empieza con R, estaba en la fecha prevista para los nombres que empiezan por la letra A. El día anterior había recibido una llamada de Norte Energia para que representara a su marido, Alberto Benício da Silva. El ribereño murió tres años antes sin que se le reasentara en la ribera ni se le indemnizara por los daños causados a la pesca.

De las 322 familias que deberían regresar a las márgenes del embalse del Xingú, hasta ahora solo han sido reasentadas 36. Cientos de familias siguen todavía en las periferias de Altamira a la espera de volver al río y a su modo de vida, muchas conviviendo con el hambre por primera vez. La única ayuda que tienen son los 900 reales (175 dólares) al mes que les paga Norte Energia, que no alcanzan ni para cubrir los gastos de vivir en la ciudad, lejos del río. La lentitud del proceso de reasentamiento y la angustia de que sus vidas queden en suspenso durante tantos años han hecho que muchos se enfermen e incluso mueran. Otros simplemente se han rendido.

Una generación de niños ribereños se han hecho adolescentes en las periferias de Altamira, creciendo desconectados del río y expuestos a todo tipo de violencia. Es importante recordar que una parte significativa de las familias ribereñas fueron expulsadas del río Xingú mediante un proceso en el que los cabezas de familia firmaron con el dedo papeles que no sabían leer, sin que el Estado les proporcionara asistencia jurídica y muy coaccionados por la empresa y su equipo de abogados. La Defensoría Pública solo llegó a Altamira casi al final de esta maniobra marcada por la violación de derechos básicos, en enero de 2015, después de que el Ministerio Público hiciera presión.

«Nos llegaron a amenazar para que dejáramos nuestro hogar en el Xingú». Rita recuerda cuando una balsa que Norte Energia había contratado recorría las islas y riberas del Xingú con máquinas para demoler e incendiar las casas de los ribereños. Los vecinos la llamaban la balsa demoledora y veían horrorizados cómo avanzaba por el río. «Después de todo lo que hemos luchado, seguimos esperando para volver a la orilla del río», dice. «La empresa se empeña en decir a todo el mundo que no se puede hacer nada, aumenta las dificultades, asusta de verdad y mucha gente ha renunciado a su derecho al territorio ribereño por este motivo».

SUMAÚMA preguntó a Norte Energia sobre la situación de los ribereños. La empresa afirma que ya se han reasentado en la zona urbana de Altamira: «El retorno de estas familias a las márgenes del embalse es fruto del diálogo entre la empresa y el Ministerio Público Federal, el Consejo Ribereño y otros mediadores, y forma parte de una lista de compromisos que ha asumido Norte Energia en cumplimiento del proceso para la concesión de la licencia ambiental. Así, en respeto y atención al concepto de este modo de vida tradicional con doble residencia, una de ellas en la orilla del río, en relación directa con la pesca artesanal, las actividades de subsistencia y el extractivismo, Norte Energia está llevando a cabo el proceso de retorno de las familias ribereñas a puntos localizados en el área de preservación permanente (APP) del embalse, con el seguimiento del Ibama y también del consejo comunitario de ribereños y su respectivo grupo de apoyo». La empresa también afirma que está esperando la emisión de la Declaración de Utilidad Pública (DUP), instrumento legal que posibilita la compra de áreas para que las familias puedan asentarse en las márgenes del río.

Ibama no está de acuerdo con el número de familias reasentadas que ha notificado el Consejo Ribereño e informa de que ya se han reasentado 121 familias en los alrededores del embalse del Xingú. «Los arreglos para reasentar las 201 familias restantes están en marcha, pero no hay una fecha prevista para el fin de la acción», afirma, a través de un comunicado, la asesoría de comunicación del organismo licenciador.

El nombre técnico de todo el capítulo del proceso de obtención de la licencia que hace referencia a los pueblos indígenas afectados por Belo Monte es «componente indígena». Y su análisis depende de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. La renovación o no de la licencia de funcionamiento de Belo Monte será un gran reto para la primera presidenta indígena de la Funai, Joênia Wapichana, y para el recién creado Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por Sonia Guajajara.

Un ejemplo es el condicionante que preveía proteger las tierras indígenas afectadas, determinado en la fase de la licencia preliminar, para evitar que se invadieran y devastaran, un impacto que estaba previsto en los estudios. La Justicia Federal obligó a Norte Energia a construir las bases de vigilancia que impedirían las invasiones, pero la empresa solo entregó parte de las estructuras en 2016. Para evitar conflictos e invasiones de tierras indígenas, los puestos de protección deberían haber estado instalados antes del inicio de las obras de la hidroeléctrica, pero parte de ellos solo estuvieron listos cuando la central ya estaba en funcionamiento. El retraso está directamente relacionado con la intensa presión de grileiros (ladrones de tierras públicas), madereros y mineros sobre los territorios afectados por Belo Monte. En los últimos años, Cachoeira Seca, del pueblo Arara; Trincheira Bacajá, del pueblo Xikrin; Apyterewa, del pueblo Parakanã; e Ituna Itatá, donde viven pueblos aislados, han batido récords al convertirse en las tierras indígenas más deforestadas de Brasil. En los casos de Cachoeira Seca e Ituna Itatá, la negligencia en la protección territorial es aún más grave: hasta la fecha, Norte Energia no ha construido las bases de protección de estos territorios.

En un informe técnico divulgado en exclusiva por SUMAÚMA, la Red Xingú +, que vigila la deforestación en toda la cuenca del Xingú, señala que las tierras indígenas que están bajo la influencia de Belo Monte han sido las más deforestadas de toda la Amazonia en los 7 años que lleva funcionando la central. En 2019 y 2020, los primeros años del gobierno de Bolsonaro, con el «todo vale» extendido por la región, la deforestación creció aún más en todo el bioma. Pero en 4 tierras indígenas impactadas por Belo Monte la deforestación fue mayor que en todos los otros 311 territorios: precisamente Apyterewa, Ituna Itatá, Cachoeira Seca y Trincheira Bacajá, todas en el área de influencia de la hidroeléctrica.

Según la Red Xingú +, la devastación comenzó a aumentar en 2015, incluso antes de que se expidiera la licencia de funcionamiento, porque fue cuando terminó de construirse la central. Era un impacto previsto y que debería haberse contenido. Con la desaparición de los empleos en la construcción de la central, muchas personas que habían venido de distintas partes de Brasil empezaron a recurrir a actividades ilegales en la región para sobrevivir. Por eso se habían planificado las actuaciones de protección del territorio, que Norte Energia tardó años en cumplir y, aun así, las entregó incompletas. También era necesario terminar de regularizar los títulos de propiedad de todas las tierras afectadas y expulsar a los invasores de las que hubieran sido invadidas. Nada de eso ocurrió. Como resultado, llegaron los años de devastación. Solo en 2019, se talaron 30.000 hectáreas de selva en las 4 tierras indígenas más deforestadas. «Para tener una idea de la magnitud de la deforestación en estas tierras indígenas en concreto, este total representa el 61% de toda la deforestación en las Áreas Indígenas de la Amazonia Legal», dice el informe.

En la Tierra Indígena de Cachoeira Seca debería haberse expulsado a los invasores ilegales y reasentado a los llamados «ocupantes de buena fe», residentes más antiguos que llegaron a la región en respuesta a una llamada del Estado, durante la construcción de la carretera Transamazónica en la época de la dictadura. El gobierno federal debería haberlo hecho antes de autorizar el funcionamiento de la central, pero hasta ahora, nada. «Sin sacar a los invasores, la deforestación en el territorio del pueblo Arara en lugar de reducirse ha seguido aumentando. Según datos del Prodes [sistema de detección de deforestación del Instituto Nacional de Estudios Espaciales (Inpe)], en 2017 la deforestación en la tierra indígena aumentó un 24%. En los 3 años siguientes, el total deforestado en Cachoeira Seca —18.700 hectáreas— fue mayor que toda la deforestación de la década anterior, que había alcanzado las 18.000 hectáreas. Solo en 2020 se deforestaron más de 7.000 hectáreas en la tierra indígena», dice el informe.

En la Tierra Indígena Apyterewa también debería haberse expulsado a los invasores antes de que la central empezara a funcionar. Esta promesa se le hizo al pueblo indígena Parakanã cuando se realizaban los estudios de la central, pero nunca se cumplió. El resultado: la deforestación aumentó un 237% entre 2017 y 2018, y un 350% entre 2018 y 2019. Para la Red Xingú +, la deforestación en el territorio está actualmente fuera de control. «Solo en septiembre de 2021, se deforestaron 2.480 hectáreas en Apyterewa. Se trata de la tasa más alta detectada en la tierra indígena en la última década. En 2022, la deforestación no se ralentizó, y en agosto ya se habían talado más de 6.200 hectáreas de vegetación en la tierra indígena», afirma el documento.

La Tierra Indígena Ituna Itatá es territorio de pueblos aislados y ha habido una gran presión, incluso política, para desproteger el área, actualmente amparada por una ordenanza de Restricción de Uso. En 2022, se necesitó una decisión judicial para obligar al entonces presidente de la Funai, el comisario de policía Marcelo Xavier, a renovar la ordenanza. La zona está a solo 45 kilómetros de la presa de Belo Monte y ha sufrido un expolio de sus recursos forestales: un aumento del 295% de la deforestación entre 2015 y 2016 y del 478% entre 2016 y 2017. «Pero fue en 2019 cuando la invasión y la deforestación en la tierra indígena se descontrolaron, cuando se talaron casi 12.000 hectáreas de selva», señala el informe. Tras las operaciones coordinadas de los equipos de inspección del Ibama, la deforestación disminuyó en 2020, pero volvió a aumentar en 2021 y 2022.

En la Tierra Indígena Trincheira Bacajá, el 60% de toda la deforestación ya registrada ocurrió entre 2017 y 2021. Desde que se expidió la licencia de funcionamiento de Belo Monte, la devastación en este territorio del pueblo Xikrin comenzó a crecer, pasando de cero a 4.000 hectáreas de vegetación suprimidas. «En 2019, el año con mayor tasa de deforestación, se destruyeron más de 3.400 hectáreas de selva». Después de las imágenes del genocidio Yanomami que conmocionaran al país, el magistrado Luís Roberto Barroso, de la Corte Suprema, ordenó el 30 de enero que el gobierno federal retirara a los garimpeiros (mineros ilegales) de 7 tierras indígenas de la Amazonia, en respuesta a una petición de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Entre las tierras indígenas que deberían beneficiarse de esta operación se encuentra Trincheira Bacajá.

En 2022, el Supremo reconoció que el gobierno federal había vulnerado los derechos indígenas al no realizar las consultas previas, libres e informadas previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La decisión es histórica, porque es la primera de un tribunal superior sobre la consulta previa de Belo Monte. En la decisión, el magistrado Alexandre Moraes afirmó que «el argumento del Ibama, que también sostiene el Gobierno Federal, de que el proyecto no está ubicado en tierras indígenas, no puede sostenerse porque […] es innegable que, aunque el proyecto en sí no esté totalmente ubicado en áreas indígenas, sus impactos —que abarcan un área mucho mayor que el propio proyecto— innegablemente afectaron a tierras indígenas».

La Vuelta Grande del Xingú es un tramo de aproximadamente 130 kilómetros por debajo de la ciudad de Altamira, donde el río hace una pronunciada curva de 90 grados y forma lo que era, antes de Belo Monte, un paisaje deslumbrante de islas, playas, rocas y vegetación de charca. Había un intenso movimiento de canoas de sus numerosos habitantes, que iban y volvían de la ciudad, donde vendían los excedentes de la pesca, siempre abundante, y los productos del campo, especialmente la harina de mandioca, base alimenticia de gran parte de las comunidades amazónicas. La Vuelta Grande también alberga varias comunidades ribereñas e indígenas: los 3 pueblos más grandes con territorios demarcados y homologados son los Arara de la Vuelta Grande, los Yudjá (Juruna) de la Tierra Indígena Paquiçamba y los Xikrin de la Trincheira Bacajá. Debido a sus singulares características ecológicas, la Vuelta Grande formó durante siglos un conjunto de ecosistemas únicos, de donde surgieron especies endémicas (que solo existen allí), como los peces acari, y sociedades indígenas y ribereñas que, hasta la construcción de Belo Monte, vivían en armonía con el pulso de crecida del tercer mayor afluente del Amazonas.

Desde 2015, el delicado equilibrio de tanta vida se ha visto alterado, o cortado, como dicen los residentes de la Vuelta Grande. Cuando se cerró definitivamente la principal represa de Belo Monte, Pimental, en noviembre de aquel año, fecha en que se concedió la licencia de funcionamiento, se produjeron una serie de efectos dramáticos para el equilibrio del ecosistema y la vida de las comunidades de la región. El primero fue la masacre de más de 55.000 ejemplares (16 toneladas de peces), según los cálculos del Ibama, en las primeras semanas tras el cierre de la represa. Algunos habían sido triturados por la fuerza excesiva de las aguas impulsadas por las turbinas. Otros se quedaron sin oxígeno, atrapados en charcas de agua caliente en la región de la Vuelta Grande, de donde se desvió el agua en grandes cantidades. Y todo esto ocurrió exactamente en el período reproductivo de las especies, cuando buscaban zonas de alimentación y desove. El Ibama multó a Norte Energia con 27 millones de reales (5,2 millones de dólares) por esa mortandad.

Aun así, al año siguiente murieron otros 23.260 ejemplares (4 toneladas de peces) en la época en que debería haber crecido el Xingú. En 2021, el Ministerio Público Federal, basándose en los autos de infracción que abrió el Ibama, calculó que, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2018, habían muerto 85.000 ejemplares (24 toneladas de peces) por culpa de Belo Monte. En total, estas multas podrían ascender a 70 millones de reales (13,5 millones de dólares), que se están exigiendo en una acción judicial que aún está en curso en la Justicia Federal de Altamira.

En las primeras horas de la noche del 26 de enero de 2016, un aluvión artificial que generó la central eléctrica arrasó sin previo aviso las márgenes de la Vuelta Grande del Xingú, llevándose por delante embarcaciones, motores, aparejos de pesca, ropa y vajilla que estaban en la orilla, siguiendo la costumbre secular de las comunidades. El impacto fue el mismo que el de un acontecimiento extremo, cada vez más frecuentes debido al agravamiento de la crisis climática. En ese caso, sin embargo, la causa fue la liberación repentina —y sin previo aviso— de una gran cantidad de agua por parte de los administradores de la central.

Los daños fueron grandes, pero el miedo fue mayor. Los vecinos empezaron a temer la orilla del río y prohibieron a los niños bañarse y jugar en sus aguas. Se registró la formación de nubes de mosquitos, que obligaban a las familias a comer en la cama, bajo un mosquitero. Las aguas, antaño familiares, se volvieron impredecibles, subiendo y bajando a todo momento. El Xingú, padre y madre de esos pueblos indígenas y tradicionales, se convirtió en un extraño. Fueron tantos y tan intensos los cambios que, a día de hoy, 2016 se conoce en la Vuelta Grande como «el año del fin del mundo».

Llamarlo el fin del mundo puede sonar hiperbólico, pero para las comunidades que tenían modos de vida que estaban en total armonía con los ciclos de crecida, inundación, estiaje y sequía típicos de los grandes ríos pulsantes de la Amazonia, es una descripción acertada. Empezaron a vivir en una sequía permanente desde que el 70% del agua que fluía por la Vuelta Grande se desvió para hacer girar las turbinas de la hidroeléctrica. De mayo a octubre, período de estiaje, cuando los caudales medios históricos del Xingú son de 2.000 metros cúbicos de agua, el cambio es menor. Pero de noviembre a abril, el período que debería ser de crecida, los caudales medios históricos son de 20.000 metros cúbicos y pueden llegar a 25.000. Esa era la época en que las especies de peces se adentraban en la Vuelta Grande en busca de cientos de refugios en la vegetación de las charcas, que se inundaban gradualmente y les daban acceso a abundantes frutos. Protegidos de los depredadores, los recovecos de las islas y márgenes de la región eran lugares ideales para el desove. Los lugareños llaman a estos refugios piracemas.

«Normalmente, cuando hablamos de piracema en Brasil, nos referimos al movimiento ascendente que hacen los peces para desovar en las cabeceras de los ríos, una estrategia para que los individuos más jóvenes puedan extenderse por todo el curso del río. En el caso del Xingú, en ese tramo que tiene muchos rápidos y cascadas, los peces están en movimiento todo el tiempo y, de hecho, los ribereños se refieren a las piracemas como una combinación de espacio y tiempo. Es una época en la que las aguas suben y los peces hacen este movimiento ascendente, pero no hacia la cabecera del río, sino en busca de estos lugares recién inundados, perfectos para el desove», explica el científico Jansen Zuanon. Hoy en día, la mayoría de las piracemas ya no sirven de refugio, lo que prácticamente ha puesto fin a la reproducción de las especies en la región, ya que la represa de Pimental cerró definitivamente la corriente del Xingú en la Vuelta Grande.

La principal medida que propone Norte Energia para mitigar los impactos de la reducción del caudal se denominó «hidrograma de consenso», que, a pesar de su nombre, nunca representó ningún consenso. Al contrario: las poblaciones afectadas, así como los científicos que asesoran al Ministerio Público Federal, nunca estuvieron de acuerdo con una distribución del agua que es incompatible con la reproducción del modo de vida de humanos y no humanos. En el proceso de concesión de la licencia, se preveía soltar 4.000 metros cúbicos de agua en un año y 8.000 metros cúbicos de agua al año siguiente, sometiendo la vida en la región a un estrés hídrico considerado insostenible.

Al investigar los documentos del proceso de concesión de la licencia de Belo Monte, el Ministerio Público Federal descubrió que, en lugar de consenso, lo que había era una discrepancia frontal de los técnicos del Ibama con relación al hidrograma que había propuesto Norte Energia. Un dictamen del Ibama de 2009, previo a la expedición de la licencia preliminar, advertía que la cantidad de agua que se esperaba mantener en la zona era insuficiente para la continuidad de la vida. «No está claro que se mantengan las condiciones mínimas para la reproducción y alimentación de la ictiofauna, quelonios y aves acuáticas, ni si el sistema soportará este nivel de estrés a medio y largo plazo. La propuesta del Hidrograma de Consenso no ofrece seguridad en lo que se refiere al mantenimiento del ecosistema para atraer a la mayoría de las especies que dependen del pulso de inundación, lo que podría causar graves impactos negativos que comprometerían la alimentación y el modo de vida de las poblaciones de la Vuelta Grande», afirma el documento. Pero la dirección del Ibama, entonces presidido por Roberto Messias Franco, ignoró totalmente a los técnicos de la institución a la hora de conceder la licencia. La propuesta de la empresa fue plenamente aceptada, una decisión política que tomó el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Carlos Minc.

Durante los años de instalación y funcionamiento de la central, se aplicó el denominado «hidrograma B», que permite verter 8.000 metros cúbicos de agua por segundo en la Vuelta Grande durante las crecidas. Esto significa que cuando el Xingú alcanza su caudal máximo, con 20.000 metros cúbicos de agua por segundo, la mayor parte del agua va a parar a las turbinas y los ecosistemas y las comunidades permanecen en régimen de sequía, con un máximo de 8.000 metros cúbicos de agua por segundo. Para el geólogo André Sawakuchi, la forma en que se hizo la distribución invierte las prioridades: entre la biodiversidad y la generación de energía, se optó por sacrificar la biodiversidad y la vegetación de charca, que también es un tipo de deforestación.

La constatación no es trivial y tiene efectos jurídicos, ya que el pilar del derecho constitucional que permite que haya un medio ambiente equilibrado es el principio de precaución, que determina que la protección del medio ambiente debe ser siempre prioritaria. Este entendimiento se confirmó en un dictamen que emitió el Ibama en diciembre de 2019. El equipo técnico confirmó la gravedad de los impactos en la Vuelta Grande y consideró que era imposible mantener la región con solo 8.000 metros cúbicos de agua por segundo, por lo menos hasta que pudiera saberse con seguridad que las comunidades y los ecosistemas podían sobrevivir al régimen hídrico artificial.

En el dictamen 133/2019, el Ibama determinó que los hidrogramas A y B eran «inviables» y que se utilizara el llamado «hidrograma provisional», que preveía que se vertieran cantidades mínimas de agua superiores a las de los hidrogramas anteriores, hasta que se realizaran estudios complementarios que demostraran qué cantidad de agua se necesitaba para garantizar que se inundaran las charcas y la fauna acuática pudiera alimentarse y reproducirse, eventos cruciales para la supervivencia de toda la región y el mantenimiento de los modos de vida indígenas y ribereños. El hidrograma provisional se aplicó de abril de 2020 a febrero de 2021, pero el alivio duró poco. Una vez más, como era tan habitual en la concesión de las licencias de Belo Monte, no se respetó la conclusión del equipo técnico.

En febrero de 2021, el entonces presidente del Ibama, Eduardo Bim, permitió que continuara el hidrograma B hasta que se realizaran los estudios. A cambio del agua que garantizaría la vida, el Ibama firmó un Término de Compromiso Ambiental con Norte Energia, que preveía la ejecución de una serie de medidas adicionales que mitigaban y compensaban los impactos en las comunidades de la Vuelta Grande. Esa decisión hizo que la Vuelta Grande no tuviera suficiente agua otros 2 años. Los estudios complementarios se presentaron, se rechazaron, se rehicieron y, entre idas y venidas, se concluyeron finalmente en 2022. Se espera que el equipo técnico del Ibama emita un dictamen final sobre ellos en las próximas semanas.

A la vez, el dilema sobre la distribución del agua del Xingú llegó a los tribunales. El Ministerio Público Federal obtuvo decisiones favorables de la Justicia Federal en Altamira y del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, que ordenaron que la central vertiera el agua necesaria para garantizar la supervivencia de la Vuelta Grande. No obstante, el presidente del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, Ítalo Mendes, acabó suspendiendo esta decisión. El Ministerio Público Federal la recurrió, pero aún no ha habido avances en el proceso. Actualmente, está comprobado que el volumen de agua que la central secuestra impide que gran parte de la fauna acuática sobreviva y compromete seriamente la vida de las poblaciones tradicionales.

Norte Energia ha dicho a SUMAÚMA que «la afirmación sobre la masacre de peces y las multas no es cierta y el asunto se está discutiendo en los tribunales para probar la veracidad de los hechos». La empresa se refiere a dos procesos iniciados por el Ministerio Público Federal en los que se la demanda tanto por la mortandad de peces como por los daños ocasionados a los pescadores. Los procesos están en curso en la Justicia Federal de Altamira.

Sobre el aluvión artificial que barrió la Vuelta Grande del Xingú en enero de 2016, la empresa se ha limitado a decir que, «en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, informó al Ibama y a las comunidades, y se tomaron las medidas necesarias», pero no ha detallado cuáles, a pesar de que se le ha preguntado específicamente sobre la indemnización por daños a los residentes.

Y finalmente, sobre el desvío de las aguas de la Vuelta Grande, la empresa ha afirmado que «no estableció ni definió los hidrogramas de funcionamiento de la central» y que esa decisión la tomó el Ibama, «basándose en estudios técnicos y ecológicos, con el objetivo de garantizar la calidad de las aguas, la conservación de la ictiofauna, de la vegetación aluvial, de los quelonios, de la pesca y de la navegación, así como de los modos de vida de la población de la región». «La empresa desconoce los datos realmente científicos sobre los daños y sus causas, y no tiene conocimiento de que la población de su área de influencia directa sufra una crisis humanitaria debido al funcionamiento de la central», ha afirmado Norte Energia.

El Ibama, por su parte, ha informado que el equipo técnico se dedica actualmente a evaluar la situación de la Vuelta Grande del Xingú para «apoyar una posible decisión de la institución licenciadora sobre la aplicabilidad del “Hidrograma de Consenso” [las comillas son del propio Ibama], propuesto en el EIA». Los técnicos evalúan los estudios adicionales que ha entregado la concesionaria de Belo Monte sobre la dinámica de inundaciones en la región, sobre los ecosistemas y sobre los impactos socioeconómicos para los residentes. Pero su asesoría de comunicación no ha informado cuándo se prevé que se concluyan estos análisis técnicos.

Las decenas de miles de personas afectadas por Belo Monte consiguieron arrancarle a Norte Energia la mayoría de sus derechos con mucha lucha. Sin las manifestaciones de los indígenas y ribereños de la Vuelta Grande no habría un sistema de trasposición de embarcaciones, ni un puente sobre el canal de derivación que garantiza el acceso al Xingú por carretera en la región de la Tierra Indígena de Paquiçamba. Sin la presión de los vecinos de los barrios Independente I e Independente II, no se les habría reconocido su condición de afectados y reasentados y quizás seguirían hoy con sus casas bajo el agua. Sin la presión de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, del Ministerio Público Federal y de los ribereños, sus derechos como comunidades tradicionales no se habrían tenido en cuenta y el Ibama no habría considerado la protección del territorio ribereño. Sin las luchas de los indígenas de la ciudad, la construcción de un barrio más adaptado a su modo de vida, el Tavaquara, no habría tenido lugar.

La catástrofe medioambiental y humanitaria de la Vuelta Grande del Xingú es otro capítulo en el que la movilización de los afectados puede ser crucial. En agosto de 2022, se presentó al Ibama un primer resultado del trabajo conjunto de investigadores indígenas, ribereños y académicos, con una evaluación técnica independiente sobre la información proporcionada por Norte Energia. El dictamen del Ministerio Público Federal propone una serie de medidas que, de adoptarse, podrían salvar los ecosistemas y las comunidades de la región.

La propuesta ha sido bautizada por los ribereños con el esperanzador nombre de «Hidrograma de las Piracemas». La idea es aplicar un hidrograma provisional adaptado a la Vuelta Grande mientras se realizan estudios complementarios y crear un grupo multidisciplinar, con representantes de las comunidades indígenas y ribereñas, para elaborar un hidrograma socioecológico de la Vuelta Grande, que garantice la viabilidad de los ecosistemas y los modos de vida de las poblaciones y también la producción de energía por parte de Belo Monte. Mientras se llevan a cabo estos estudios, los vecinos y los científicos piden al Ibama que respete las fases de crecida y estiaje del río.

Se trata, por tanto, de invertir la lógica con la que ha funcionado Belo Monte desde su concepción y de proteger las riquezas socioculturales y ecológicas de la región. «Hasta ahora se ha calculado cuánta agua necesita Belo Monte para generar energía y solo la que sobra va a la Vuelta Grande», resume el científico André Sawakuchi. «Si fuera realmente un proyecto para reducir las pérdidas de biodiversidad, la lógica tendría que ser la contraria. Habría que pensar cuál es la cantidad mínima de agua que se necesita para mantener los ecosistemas y el excedente se utilizaría para generar energía». Para el geólogo, si el Ibama y el gobierno aceptan las propuestas de científicos, ribereños e indígenas, el Xingú tiene una oportunidad. «En la zona del embalse de la central, las pérdidas ya son irreversibles. La Vuelta Grande todavía tiene solución», afirma.

Los impactos que ha producido Belo Monte no se pueden reparar. Ya han ocurrido. Han dejado marcas en más de una generación de humanos y han destruido millones de vidas no humanas, además de comprometer la existencia conectada a la selva, con daños que van mucho más allá de la propia selva. Como es bien sabido, los efectos de lo que ocurre en la naturaleza no quedan circunscritos, sino que producen destrucción en cadena. Pero es posible —y constitucionalmente obligatorio— que el gobierno evite finalmente que se produzcan nuevos impactos, algunos aún más destructivos, y que garantice finalmente el cumplimiento de los condicionantes que deberían haber condicionado la construcción y el funcionamiento de la hidroeléctrica.

No es solo la Vuelta Grande del Xingú la que puede tener una oportunidad, sino también el legado de Lula y del Partido de los Trabajadores en la Amazonia.