Desde hace casi 10 años, y minuciosamente, el antropólogo Caio Pompeia investiga la agroindustria brasileña como fenómeno político, tema de su libro Formação política do agronegócio (Formación política de la agroindustria), publicado en Brasil en 2021. En una entrevista exclusiva a SUMAÚMA, el investigador, que habla suavemente y eligiendo las palabras con cuidado, describe cómo se formó y consolidó el Instituto Pensar Agropecuária (IPA), estratégico para el fortalecimiento de la acción política de la agroindustria en la última década. Con sede en Brasilia, un equipo especializado, una agenda de trabajo permanente y un presupuesto de más de medio millón de reales al mes (100.000 dólares), el IPA es responsable de la convergencia de discursos de las élites regionales, nacionales y transnacionales de la agroindustria y de la acción empresarial-parlamentaria que ha fortalecido el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) en el Congreso.

Esta red ha apoyado, por ejemplo, acciones orquestadas contra la demarcación de tierras indígenas y la creación de Unidades de Conservación. En los últimos años, también ha empezado a ocuparse de políticas públicas relacionadas con la alimentación, como el intento de cambiar la Guía Alimentaria para la Población Brasileña para mejorar la imagen de los productos ultraprocesados, productos presentados como bebidas y alimentos que pasan por procesos industriales y se les añaden sustancias, y están relacionados con el aumento de diversas enfermedades y problemas de salud pública, como la obesidad.

Comprender cómo se está fortaleciendo la alianza entre las asociaciones de hacendados y las empresas de la industria alimentaria es esencial para enfrentar la crisis climática que ya ha incrementado el número de fenómenos extremos, como los que este año ya mataron personas y destruyeron casas en la costa de São Paulo, en el sureste de Brasil, y en el estado de Acre, en la Amazonia. Un estudio estadounidense recién publicado, titulado Future warming from global food consumption (Calentamiento futuro por el consumo mundial de alimentos), revela que los modelos actuales de consumo podrían hacer aumentar 1 grado centígrado el calentamiento global si se mantienen hasta finales de este siglo. En ese caso, el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijado por el Acuerdo de París se verá gravemente afectado. Los principales villanos son los alimentos que son grandes fuentes de metano (CH4), como la carne y los productos lácteos.

El metano es el segundo gas de efecto invernadero más abundante después del dióxido de carbono (CO2): es responsable del 17,6% de las emisiones mundiales. Brasil es el quinto mayor emisor de metano del mundo y el sector agropecuario genera el 71,8% de estas emisiones, sobre todo mediante el proceso digestivo del ganado vacuno, según los datos del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Además, el sector agropecuario es la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil y el principal vector de deforestación y conflictos por la tierra, especialmente en la Amazonia. Según un informe de la organización internacional Global Witness, Brasil fue el país más letal del mundo para los activistas medioambientales en la última década.

Caio Pompeia, profesor visitante del Centro Latinoamericano de la Escuela de Estudios Globales y de Área de la Universidad de Oxford, pretende, a lo largo de 2023, estudiar cómo se reorganizarán las diferentes corrientes de la agroindustria tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elegido con un discurso en favor de la Amazonia y del combate a la crisis climática. Su gestión ya ha empezado agitada. En las últimas semanas, representantes de la agroindustria han presentado enmiendas a la medida provisional que reestructura los ministerios y que, de aprobarse, debilitarían organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). El sector publicó una nota de repudio a las declaraciones que hizo el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), Jorge Viana, durante una visita reciente a China sobre la relación de la agroindustria y la deforestación en la Amazonia. También se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una medida provisional que permite la deforestación de la vegetación primaria y secundaria en fase avanzada de regeneración de la Mata Atlántica, el bioma más amenazado de Brasil actualmente.

Según Caio Pompeia, el término ‘ruralismo’, usado en Brasil, no logra explicar la complejidad de este bloque de poder que rodea a la agroindustria y «protege la reputación de corporaciones que ejercen una influencia política significativa, pero prefieren no exponerse». «Por supuesto, [el término ‘ruralismo’] tiene su importancia histórica y actual en Brasil, pero está lejos de poder identificar la participación, junto a los hacendados, de las grandes corporaciones agroalimentarias en los espacios de concertación política en Brasilia, que actúan para definir posiciones que luego defenderá el FPA [Frente Parlamentario Agropecuario]», afirma el antropólogo.

SUMAÚMA: ¿Qué revela su trabajo de investigación sobre la agenda política de la agroindustria en Brasil?

CAIO POMPEIA: Analizo la agroindustria como un fenómeno político dinámico y heterogéneo, que se caracteriza tanto por los conflictos como por la articulación de sus actores, como, por ejemplo, la que llevó a la destitución de Dilma Rousseff [en 2016]. La movilización contra el gobierno de Dilma comenzó por segmentos de ganaderos que sostienen posiciones más extremistas y distanciadas ideológicamente de los gobiernos del PT [Partido de los Trabajadores]. Tardó aproximadamente un año en ganar un espacio relevante en el Frente Parlamentario Agropecuario, en el Consejo de la Agroindustria de la Fiesp [Federación de Industrias del Estado de São Paulo] e incluso en la Abag [Asociación Brasileña de la Agroindustria]. En 2023, investigaré cómo se reorganizarán las distintas corrientes de la agroindustria tras la victoria de Lula.

¿Cómo se ha fortalecido la articulación política de la agroindustria en Brasilia?

Había una oficina política informal que mantenían los representantes del algodón y la soja de Mato Grosso, junto con algunos diputados de la llamada bancada ruralista (lobby agroindustrial) del Congreso Nacional. En 2011, esta oficina se convirtió en el Instituto Pensar Agropecuária (IPA). Con la consolidación del IPA a mediados de la década de 2010, se produjeron importantes cambios en la representación de los intereses de la agroindustria en Brasilia. El primero fue hacer converger a las élites del sistema alimentario de Brasil, disciplinando la recaudación de fondos, unificando los discursos políticos y organizando un aparato técnico más sólido. Otro cambio importante fue alquilar una gran casa en Lago Sul [barrio de Brasilia con la mayor renta per cápita del país] y crear un equipo centrado en representar los intereses empresariales, lo que propició que la defensa de los intereses de estos actores se especializara. El tercer gran cambio fue fortalecer el núcleo estratégico del Frente Parlamentario Agropecuario, formado por una veintena de parlamentarios. Este núcleo ha ampliado su capacidad de actuación en una serie de cuestiones en las que no tenía tanta capacidad de influencia. La agroindustria se fortalece de forma inigualable a través del Instituto Pensar Agropecuária.

Pero la agroindustria ya era un sector muy fuerte políticamente incluso antes del IPA, ¿no?

Sin duda, las élites agrarias han tenido históricamente mucho poder en Brasil. Pero su articulación política sostenida con los representantes de las actividades industriales y terciarias, que caracteriza a la agroindustria, se persigue desde los años 80 para hacer frente a la pérdida de influencia de las cadenas de productos agropecuarios básicos en la política nacional como consecuencia de una serie de cambios económicos en el país. El IPA representa el éxito más notable de este programa de articulación política. Gracias a él, la agroindustria empieza a tener mayor incidencia en temas en los que antes estaba más a la defensiva, como la agenda medioambiental. En los últimos años, ha ampliado enormemente su acción en numerosos temas. Por ejemplo, ha empezado a abordar políticas relacionadas con la alimentación, que incluyen las iniciativas para cambiar la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. Ahora, durante el tercer mandato de Lula, la agroindustria ha discutido, por ejemplo, el rumbo de las principales reformas y la propia estructura organizativa de la Explanada de los Ministerios, como estamos viendo.

¿Cuál es el papel y la participación de las industrias en el Instituto Pensar Agropecuária?

El IPA nació como una oficina que crearon entidades representativas del sector agropecuario, de los hacendados. Durante los debates sobre los cambios del Código Forestal, algunas corporaciones industriales empezaron a participar de forma más activa y a contribuir económicamente al fortalecimiento del instituto. En 2015 se produjo un cambio muy relevante cuando el Supremo [Tribunal Federal] prohibió que las empresas financiaran las campañas electorales. Desde esta prohibición, la presencia de asociaciones industriales que financian el IPA ha aumentado de forma significativa. A partir de 2017, las industrias han llegado incluso a ser numéricamente preponderantes en comparación con las asociaciones de hacendados. Y eso se ha reflejado también en su mayor participación en la dirección de algunas de las comisiones del IPA, como las de medio ambiente, asuntos agrarios, relaciones internacionales y alimentación.

¿Cuáles son las principales fuentes de financiación del IPA y cuál es su presupuesto anual?

Hay unas 50 asociaciones vinculadas a la agroindustria que son miembros del instituto y transfieren recursos mensualmente. Las transferencias suman más de medio millón de reales al mes [unos 100.000 dólares].

¿El trabajo de estas comisiones del Instituto Pensar Agropecuária tiene correlación con el trabajo del Frente Parlamentario Agropecuario en el Congreso?

Sí, exactamente. La consolidación del IPA desestabiliza aún más los límites entre lo público y lo privado en la representación de intereses. Se produce un proceso conjunto de creación de propuestas que puedan tener eficacia política en la capital del país. Antes, los actores de la agroindustria corporativa intentaban construir una posición de forma más individual o colectiva y, a partir de ahí, se relacionaban con el parlamentario A, B o C para conseguir que esa posición se defendiera en el Congreso. Ahora, con el instituto, hay una construcción colectiva desde el principio. Un diálogo que es sistemático, con un conjunto de mediaciones, dentro de esa gran casa de Brasilia. Existe, por tanto, una construcción que es empresarial-parlamentaria desde el principio. El IPA es un bloque que organiza a las principales élites regionales, nacionales y transnacionales de la agroindustria en Brasil, asesoradas por agentes técnicos especializados, y que actúa junto con un núcleo de parlamentarios del Frente Parlamentario Agropecuario. A partir de estas decisiones empresariales-parlamentarias, las reivindicaciones que se defienden en el Congreso se difunden a través de negociaciones con los presidentes y los líderes de los partidos de las dos cámaras del Congreso [Cámara de los Diputados y Senado], trabajos fragmentados con parlamentarios y negociaciones con líderes del gobierno.

¿Cómo se ha expresado esta alianza pragmática de la agroindustria con relación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales?

La resistencia a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales es, obviamente, muy antigua y regionalmente implica a las élites agrarias, pero en los grandes foros intersectoriales de la agroindustria ha ganado expresividad. El caso de Raposa Serra do Sol [una tierra indígena situada en el estado de Roraima y habitada por los pueblos Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang y Wapichana, homologada en 2005] fue importante en ese sentido porque, además de causar mucha animosidad por parte de las élites del estado donde se produjeron las disputas, también movilizó a líderes de la agroindustria de todas las regiones del país que temían que el resultado de las decisiones relacionadas con este caso pudiera influir en sus empresas.

El tema de la demarcación de los territorios indígenas ganó mayor notoriedad después de dos éxitos políticos [de la agroindustria]: se debilitó la creación de asentamientos rurales para la reforma agraria y se cambió el Código Forestal. A partir de ahí decidieron que el siguiente paso sería una acción orquestada contra la demarcación de las tierras indígenas y de otras poblaciones tradicionales y contra la creación de nuevas unidades de conservación.

Este proceso se fue consolidando en el instituto a lo largo de los años siguientes, hasta el punto de que se creó una comisión para tratar las cuestiones relacionadas con la tierra. La oposición a los derechos indígenas fue ganando fuerza dentro del Frente Parlamentario Agropecuario y este comenzó a ejercer una influencia considerable sobre el gobierno de Dilma Rousseff. Es importante recordar que, en esa época, la Propuesta de Enmienda Constitucional 215, que transfiere los procesos de demarcación del Ejecutivo al Legislativo, tuvo mucha relevancia en el Congreso Nacional [la propuesta se archivó gracias a la fuerte oposición de organizaciones indígenas y socioambientales]. Este proceso ganó aún más impulso con [el expresidente] Michel Temer, pero fue durante el gobierno de Bolsonaro que las posiciones antindígenas recibieron un espacio de intervención más avanzado.

Si hasta 2017 las agendas se ocuparon principalmente de desmovilizar el reconocimiento de los territorios indígenas, a partir de entonces ha ido cobrando fuerza a nivel nacional la intención de permitir la producción nacional e internacional de productos agropecuarios básicos en las tierras indígenas ya homologadas. Durante el gobierno de Bolsonaro, como sabemos, se estimuló que actores no indígenas entraran en tierras indígenas ya homologadas con equipos, semillas y procesos de producción.

La Coalición Brasil Clima, Selvas y Agricultura está a favor de la demarcación de los territorios indígenas. ¿Qué importancia tiene como contrapunto a la agenda de la agroindustria en el Congreso?

La Coalición Brasil Clima, Selvas y Agricultura, nacida entre 2014 y 2015, no mencionaba los territorios indígenas en su manifiesto de lanzamiento. Comenzó a hacerlo a finales de 2018 y, desde entonces, ha llamado la atención sobre esta cuestión en algunos de sus posicionamientos. Se trata de un cambio muy relevante si se compara con las posturas de los representantes de la agroindustria que presionan en contra de los procesos de demarcación. Sin embargo, hasta el momento, no se ha constatado ninguna acción efectiva, con los instrumentos de presión de Brasilia, en favor de estos derechos. Los posicionamientos sobre este asunto tienen que concretarse más, sobre todo en los grandes enfrentamientos que se producen en el Congreso o en las sentencias del Supremo, con una interlocución amplia y horizontal con los pueblos tradicionales. En 2023, uno de sus principales objetivos del Frente Parlamentario Agropecuario es defender la «tesis del hito temporal», que condiciona las demarcaciones a la comprobación de que los pueblos indígenas ocupaban sus tierras el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución Federal. Es importante que la Coalición movilice sus instrumentos de influencia y utilice su inserción privilegiada en la esfera pública para hacer efectiva su oposición.

¿Cómo describiría el posicionamiento de las corrientes de la agroindustria en las elecciones de 2022 y qué cabe esperar en los próximos años?

Buena parte de las bases del sector agropecuario, lideradas por los productores de soja y de carne bovina, se adhirieron de forma casi incondicional a las agendas de Jair Bolsonaro en el gobierno. Estos actores y sus entidades representativas, como Aprosoja [Asociación de los Productores de Soja y Maíz del Estado de Mato Grosso], son los que más resentimiento han mostrado hacia el gobierno de Lula. Las principales razones de su oposición al gobierno actual son ideológicas, pero también están relacionadas con la regularización de la tierra y el medio ambiente.

La segunda corriente importante la forman algunas de las principales asociaciones agropecuarias nacionales, que tienen una posición algo más modulada, que yo calificaría de conservadora. Albergan una importante desconfianza hacia las agendas del gobierno, pero son más pragmáticos y menos cerrados a negociar.

Una tercera corriente de actores, que denomino voluble, está formada por las grandes agroindustrias, tanto nacionales como transnacionales. Entre Lula y Bolsonaro, muchas preferían a Bolsonaro, pero fueron hábiles políticamente, como siempre, para dialogar y mantener canales abiertos con ambas candidaturas. Para ellas, el aumento de los precios de los productos básicos agrícolas fue muy importante. Este aumento sirvió para contrarrestar algunas insatisfacciones con el gobierno de Bolsonaro, como algunos deslices diplomáticos con relación a China. A los industriales les preocupan las relaciones capital-trabajo y cómo estas pueden modificarse durante un gobierno del PT.

Por otro lado, los descarbonizadores, como llamo a las acciones de algunas asociaciones nacionales de la agroindustria, como Abag [Asociación Brasileña de la Agroindustria], han hecho críticas claras al gobierno de Bolsonaro, principalmente sobre sus políticas antiambientales, porque les preocupa mucho su imagen y la presión de los inversores, importadores y segmentos organizados de la sociedad civil, principalmente en Europa. Aunque rechazaban a Bolsonaro, tampoco querían a Lula. Estos actores optaron por fortalecer lo que se ha denominado la tercera vía, la candidatura de Simone Tebet [del partido Movimiento Democrático Brasileño], a la que apoyaron muy firmemente. No esperaban que ganase, pero pensaban que contribuiría a forzar una segunda vuelta en las elecciones, como de hecho ocurrió, y que, con su apoyo a Lula, se convertiría en una líder influyente dentro del gobierno.

¿Cómo puede avanzar la agenda de los derechos sobre la tierra en Brasil en los próximos años, teniendo en cuenta el tamaño y la fuerza de la bancada ruralista?

Es fundamental que se respeten los valores y las expectativas de las personas que subieron la rampa del Palacio del Planalto el 1 de enero de 2023, entre los que se encuentran los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales. [Es fundamental] que el gobierno, cuando está bajo presión o tiene que arbitrar entre conflictos internos o dificultades con sus bases en el Congreso, priorice estos derechos, porque, obviamente, se esperan conflictos.

También es importante que el gobierno ponga en marcha, ya al principio de su mandato, acciones enérgicas y a largo plazo para promocionar actividades económicas que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y justas desde el punto de vista social. El anuncio, a principios de este año, de que se van a reanudar los procesos de demarcación en algunas tierras indígenas es muy bienvenido.

También sería muy pertinente crear un centro estratégico estatal, como Embrapa [Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria], con un equipo especializado y recursos sustanciales, para que el país pueda fomentar actividades económicas que contribuyan a fortalecer la biodiversidad, mantener las selvas en pie y respetar las formas de vida y los mundos de las poblaciones tradicionales.

Con el aumento de la participación de las mujeres indígenas en la política institucional y la centralidad otorgada a la lucha contra la crisis climática en el nuevo gobierno, ¿cómo debe moverse el sector agropecuario para mantener el lema «el agro es pop»?

Desde principios de la década de 2010, las élites del sistema alimentario han liderado una estrategia organizada para cautivar los corazones y las mentes del país. Con ello, se disputan el imaginario nacional, con notorias repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales. La operación ha tenido un éxito parcial. Se espera que esas élites den un mayor impulso a las iniciativas de comunicación, adaptándolas a la nueva configuración de fuerzas en Brasil.