Hasta el 8 de octubre, la mayoría de los brasileños solo conocía el archipiélago amazónico de Marajó por la famosa cerámica de la región. Ese día, en un culto evangélico en la ciudad de Goiânia, la población de Marajó fue lanzada a la máquina de fake news del bolsonarismo y llegó a los titulares de la prensa brasileña e internacional. En un culto con intenciones electoreras, en la Asamblea de Dios Ministerio Fama, Damares Alves afirmó, con la elocuencia propia de quien está en un púlpito, que los niños del archipiélago tienen los dientes arrancados para facilitar el sexo oral, entre otras torturas, siendo víctimas de la explotación sexual y del tráfico internacional de personas. La exministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos del Gobierno de Jair Bolsonaro y senadora recién elegida ni siquiera presentó pruebas de lo que decía ni explicó por qué nunca denunció ni persiguió ese crimen durante los más de tres años en que fue ministra de Bolsonaro. Al contrario. Damares afirmó que el actual presidente está llevando a cabo «el mayor programa de desarrollo regional en la Isla de Marajó».

El mensaje era tan explícito como su intención: para salvar a los pobres niños de Marajó, sin dientes para practicar sexo oral a adultos, era necesario reelegir a Bolsonaro el próximo 30 de octubre. SUMAÚMA fue a Marajó para comprobar el discurso de Damares. Descubrimos que, efectivamente, hay una acción muy concreta del Gobierno de Bolsonaro en el archipiélago: el desmantelamiento de los mecanismos responsables de ofrecer asistencia social a la población, lo cual afecta principalmente a la infancia. SUMAÚMA encontró a niños con dientes, pero poco o nada que masticar con ellos. Algunos forman parte de los 33 millones de brasileños que pasan hambre.

La transferencia de recursos, sobre todo para asistencia social, ha disminuido en 16 de los 17 municipios de Marajó. Con 100.000 habitantes, Breves es la mayor ciudad del archipiélago. En 2019, recibía más de 790.000 reales (153.000 dólares). En 2022, la cifra se redujo a la mitad: 405.000 reales (78.400 dólares). En Melgaço, que tiene el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil, el recorte fue aún más drástico: de 514.000 reales (100.000 dólares) en 2019 pasó a poco más de 179.000 reales (35.000 dólares).

Damares Alves no dijo nada sobre estos horrores reales. En la prédica electoral que se difundió por todo el mundo, afirmó: «Él [Bolsonaro] tiene una comprensión espiritual que ustedes no se imaginan. Fuimos a la Isla de Marajó. Y allí descubrimos que nuestros niños estaban siendo traficados. Marajó tiene frontera con el mundo, Surinam, Guayana [Francesa]. Les voy a contar algo, ahora que puedo contarlo. Tenemos imágenes de nuestros niños, brasileños, de 4 años, 3 años, que, cuando cruzan las fronteras secuestrados, les arrancan los dientecitos para que no puedan morder durante el sexo oral. Esta es la nación que todavía tenemos, hermanos».

Por el tiempo verbal que empleó en su prédica electoral, Damares Alves «tiene las imágenes». Pero, a pesar de los detalles crueles que relató, la exministra, hasta ahora, no ha presentado vídeos o cualquier otro tipo de prueba. El Ministerio Público Federal (MPF) ha garantizado que, en 30 años de investigación, nunca ha recibido ninguna denuncia como las que narró la exministra.

Marajó es el mayor archipiélago del planeta, entre el río y el mar. Allí vivían pueblos originarios mucho antes de la invasión de los portugueses, como los Aruãs, los Sacacas, los Marauanás, los Anajás y los Muanás. La cerámica de la región, refinada en jarrones y macetas, conocida en todo el mundo, es un legado de los indígenas. La colonización, que resultó desastrosa y mortífera, como en toda la Amazonia, se consolidó con los jesuitas a partir del siglo XVII. A finales del XVIII, casi toda la población indígena había sido exterminada en el proceso de invasión, extracción y colonización de los europeos.

Actualmente, la región está dominada por terratenientes blancos, criadores de búfalos, pero también madereros. También hay producción de queso y extracción de açaí. Faltan escuelas, puestos de salud y todo lo que la Constitución garantiza como derecho básico. «Nuestro modelo actual de producción mira la Amazonia, Marajó, y solo ve lo que hay aquí y no quien está aquí», critica sor Carla Vasconcelos, de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz (CJP). «Las personas no son pobres ni nacen pobres, sino que son empobrecidas por las condiciones sociales a las que son sometidas».

En Breves encontramos una población indignada porque la han usado para intentar reelegir al actual presidente. Encontramos también una infancia descuidada por falta de inversión del Gobierno de Bolsonaro. El Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) es responsable de la red de atención a los vulnerables en los municipios que cuidan de la gestión del Registro Único (un instrumento de identificación de las familias brasileñas de bajos ingresos que puede utilizarse para diferentes políticas y programas). Este es el primer lugar adonde se dirigen las familias que sufren inseguridad alimentaria para registrarse y poder recibir la renta básica del Auxilio Brasil y otros beneficios, como un vale para comprar gas para cocinar. En Breves, se ha recortado el 95% del presupuesto del SUAS. La isla tiene uno de los peores IDH de Brasil: ocupa la posición 5.520 de 5.565 ciudades.

El programa «Abrace al Marajó», que Damares Alves defendió en el culto evangélico electoralista, casi no ha salido del papel. «Ese discurso de Damares Alves es irresponsable. Lo que recibimos son muchas denuncias de gente que pasa hambre. Aquí, en Breves, quien sustenta la asistencia social es la municipalidad, porque no llega dinero del Gobierno federal», afirma Luce Mara Lobato, asistente social e integrante de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz. «Cuidar a los niños es invertir en las personas. Y eso no se está haciendo». La asistente social nos recibe en un lugar reservado, ya que tiene miedo de los ataques de los electores de Bolsonaro.

Buscando una confirmación de las denuncias que Damares Alves hizo pero no investigó cuando era ministra, estuvimos también en el barrio Nossa Senhora de Nazaré, en el Distrito Antônio Lemos, en las orillas del río Tajapuru, a dos horas de Breves. El Gobierno de Pará instaló allí, en junio de este año, una base de la Secretaría de Seguridad Pública. El área es un corredor de tráfico de drogas, contrabando, piratería y crímenes ambientales. Durante el trayecto en barca, se pueden ver muchas balsas que transportan madera, soja y combustible. También hay barcos que transportan personas y mercancías. Desde el día 22 de junio, fecha en que se inauguró la Base Integrada, no se han registrado detenciones por tráfico de personas o prostitución infantil.

La presidenta del Instituto de Derechos Humanos Monseñor José Luis Azcona, la religiosa Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, actúa en la región desde hace más de 11 años. Es una referencia en el combate a la violencia sexual y realiza un trabajo de base entre la población pobre. Ayudó a denunciar crímenes que impulsaron la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación en 2012 que trató los casos de tráfico de personas en la frontera. La misionera tuvo que entrar en el programa de protección de testigos cuando denunció a la familia de un político de Marajó por un caso de violación. Con toda su experiencia, jamás ha oído nada parecido al caso descrito por Damares Alves. «Es un discurso desconectado de la realidad», garantiza. «La población tiene grandes carencias, pero hacer una denuncia de estas proporciones requiere pruebas materiales para que podamos iniciar un procedimiento, y sólo puedo hacer eso si tengo pruebas».

En el púlpito, la senadora recién elegida en el Distrito Federal por el Republicanos, partido de derecha, también enfatizó otros detalles que no se confirman en ningún relato que escuchamos. «Descubrimos que hay niños que comen comida pastosa para que el intestino quede libre en el momento del sexo anal. Bolsonaro dijo: «Vamos a buscarlos a todos». Y el infierno se levantó contra ese hombre», dijo Damares Alves, evocando una falsa batalla bíblica para convencer a los fieles a reelegir a Bolsonaro. «La prensa inició [una guerra contra el presidente], el Supremo, el Congreso. Créanme, no es una guerra política, es una guerra espiritual. Y estoy hablando con mi iglesia, y tengo un manto constitucional para expresarme dentro de la iglesia. Hay cosas que no puedo decir afuera, pero aquí tengo libertad constitucional para manifestar mi fe».

El vicealcalde de la ciudad de Breves, Benedito Viana (Partido Social Democrático), dice que toda la ciudad se sorprendió con las acusaciones de Damares Alves. «Nunca se ha visto o escuchado nada de eso. Todos se indignaron y nadie sabe nada de eso en esta parte de la isla», asegura. El archipiélago está dividido en dos: Marajó occidental y oriental. Breves está en la parte occidental. En la primera vuelta, el expresidente Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) obtuvo el 60,26% de los votos en el municipio (32.399 votos), mientras que Jair Bolsonaro obtuvo el 33,14% (17.819 votos).

La población de Breves vive del cultivo del açaí, del palmito, del camarón y también del pescado, aunque en menor cantidad. La vía para transportar o acceder a cualquier servicio público es el río. Damares Alves ha estado en la región cinco veces. Bolsonaro, una. Ninguna de las visitas del Gobierno se tradujo en un proyecto estructurado para atenuar la vulnerabilidad de la zona, ni ayudó a sacar a Breves de uno de los peores IHD de Brasil.

En marzo de 2020, Damares Alves lanzó el programa «Abrace al Marajó», con 113 acciones y previsión de inversiones de 4.000 millones de reales (775 millones de dólares) en la región hasta 2023, según los datos del propio Gobierno federal. Pero el plan que la senadora defiende como el «mayor programa de desarrollo hecho por Bolsonaro para la región» recibe críticas desde su implantación debido a la falta de transparencia y de participación popular en su construcción.

En mayo de 2021, la Defensoría Pública alertó de la falta de participación efectiva de las comunidades tanto en la elaboración como en la gestión y el control de los gastos del programa. «El Gobierno del Estado de Pará, los municipios y las asociaciones de vecinos solo pueden participar como invitados», dice en un comunicado. Por no contar con la participación de la población y de las comunidades tradicionales, el programa viola la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El vicealcalde Benedito Viana señala que, hasta ahora —en la actual gestión—, el Gobierno federal no ha transferido los recursos del proyecto «Abrace al Marajó» para llevar a cabo acciones que desarrollen la región. «Si se transfirieron recursos, fue en el gobierno [municipal] anterior. Incluso el alcalde Toninho Barbosa (Republicanos) tenía contacto directo con la exministra. Si se transfirieron recursos, fue en su época. Ahora, nada. Para nosotros, «Abrace al Marajó» es solo una fantasía», resume Viana, que asumió el cargo en enero de 2021.

Este año, el programa «Abrace al Marajó» tenía previsto invertir 3 millones de reales (580.000 dólares). Según datos del Sistema Integrado de Planificación y Presupuesto del Gobierno Federal, el Gobierno solo destinó 51.000 reales (9.800 dólares) al programa. Y ni siquiera esa cantidad se utilizó efectivamente. Hasta ahora, a dos meses de finalizar el año y el primer mandato de Bolsonaro, no se ha gastado nada en la iniciativa.

En 2021, el Gobierno habría invertido unos dos millones de reales (387.000 dólares) en el programa «Abrace al Marajó». Pero el vicealcalde de Breves lo niega. Hablamos con más de 13 familias de la región del río Tajapuru: todas afirman que no han recibido ni siquiera la canasta básica que publicita el Gobierno. Otras incluso desconocían el programa.

Ana Maria Guedes Balieiro, de 43 años, es una de estas personas. Cuenta que mantiene a cuatro hijos con la venta de açaí y con los 600 reales (116 dólares) del programa asistencial Auxilio Brasil, que sustituye al Bolsa Familia. «En verano conseguimos ganar un poco más de dinero, pero no llega a un sueldo mínimo. Nos las arreglamos como podemos», dice. Otra vecina, la agente comunitaria de salud Maria de Nazaré de Santos Viegas, de 44 años, también desconoce el subsidio. «He oído algo, pero nadie ha ejecutado nada de ese programa por aquí», afirma.

José Coaraci Souza, su esposa y sus cuatro hijos viven a orillas del río con el dinero del Auxilio Brasil, la venta de açaí en la época de la cosecha y la harina que hacen para subsistir. La madre de José, doña Delaide, que está jubilada, ayuda mucho a su hijo, su nuera y sus hijos. Si supieran de las canastas, irían a buscarlas, pero nunca oyeron hablar de ellas. «A veces no hay comida. Con el aumento de los precios, la vida se ha vuelto aún más difícil», dice José.

En el informe del programa «Abrace al Marajó» – ejercicio 2020, consta una donación de 19,5 toneladas de proteína animal a 19.000 familias —un kilo y medio por familia en todo un año—, realizada por Marfrig y otras empresas, como el Grupo Carrefour. En total, el programa afirma que entregó 18.500 canastas a la población de Chaves, Afuá, Breves, Portel y Melgaço. Entramos en contacto con las empresas para saber si tenían control de la efectividad de las donaciones, si tenían la seguridad de que habían llegado a la población. Marfrig no respondió a nuestras preguntas; Carrefour alegó que tenía la «agenda indisponible» para responder.

Sin asistencia en la vida real, las acusaciones de Damares Alves sobre la supuesta violencia contra los niños de Marajó se ven como una maniobra política. Para el sociólogo Alcir Borges, supervisor de la oficina regional de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural de Pará (Emater) en Marajó, el discurso de Damares Alves crea una distracción calculada. «Creo que Damares sabe lo que hace. Su discurso [sobre los niños] se hizo para crear una cortina de humo para la ausencia de políticas de Bolsonaro en la región, y pronunció todo aquello dentro de un lugar donde sabía que tendría una gran repercusión», afirma. «Aquí, en Marajó, lo que los niños necesitan es escuela con horario integral, necesitan políticas públicas. Lo que se hace hoy es solo gracias a los recursos del Gobierno regional».

También sor Carla Vasconcelos, de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz, dice que la región tiene la región tiene graves problemas de derechos humanos que amenazan a los niños. «Cuestiones sociales que tienen que solucionarse con políticas públicas, porque tenemos uno de los peores IDH de Brasil, pero no con lo que ha narrado Damares». Luce Mara Lobato, de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz, recuerda que no es la primera vez que Damares Alves utiliza Marajó para sus intereses ideológicos. «Lo hace para conmocionar al país, para convertirse en salvadora de la patria, proponiendo acciones delirantes», dice. «Es lo mismo que sucedió con el caso de la fábrica de calzones», recuerda. En septiembre de 2019, el primer año de Damares Alves como ministra, hizo otra grave denuncia relacionada con Marajó: el alto índice de violaciones en la región se debería a que las niñas de Marajó «no usaban calzones». Como solución, propuso crear una fábrica de calzones en la región.

Suena Mourão, consejera federal del Colegio de Abogados del estado de Pará y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Igualdad del Colegio de Abogados, dice que si se confirmara la veracidad de las denuncias y el ministerio no hubiera llevado a cabo ninguna acción práctica, la exministra podría ser acusada de prevaricación, delito previsto en el artículo 319 del Código Penal: «retrasar o dejar de practicar, practicar indebidamente un acto de oficio, o practicarlo contra la disposición expresa de la ley, para satisfacer un interés o sentimiento personal». «Porque Damares, mientras era la autoridad ministerial, habría tenido conocimiento de los casos, pero solo lo habría divulgado ahora», afirma la consejera.

SUMAÚMA entró en contacto con el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos para saber la posición de la senadora electa sobre las acusaciones que hizo, pero no ha tenido respuesta hasta el momento. Este espacio está abierto para su respuesta. Si Damares Alves no demuestra la veracidad de las denuncias, también puede ser responsabilizada. «Si se demuestra que las denuncias son falsas, podría ser considerado delito electoral, con el objetivo de alimentar discursos de odio y agitar el proceso electoral propagando fake news centradas en la elección de otra persona, en este caso, el presidente Jair Bolsonaro», explica la jurista.

La senadora recién elegida ha demostrado que su actuación política es, como mínimo, peligrosa. «Es un riesgo para todo aquello que las mujeres negras quieren resguardar: la seguridad, la integridad física y emocional y la protección de los derechos de nuestros niños y adolescentes», afirma. Para Mourão, los posicionamientos de Damares Alves están totalmente alejados de la defensa de los derechos humanos. «Su discurso demuestra un profundo racismo, porque siempre se refiere a niños y adolescentes de Marajó con determinado estereotipo», alerta.

A través del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, el 18 de octubre Damares Alves pidió a la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano una prórroga de 30 días para probar las denuncias que hizo. La solicitud se aceptó. De esta forma, Damares Alves, exministra de Bolsonaro y senadora recién elegida por el partido Republicanos, podrá seguir repitiendo denuncias graves para beneficiar al candidato Jair Bolsonaro, sin tener que probar lo que dice, hasta el día de las elecciones. Utilizando sus palabras, esta vez con pruebas, «esta es la nación que todavía tenemos, hermanos».