Dos grandes proyectos de carbono en la Amazonía brasileña, cuyos créditos se han vendido a empresas como Gol Airlines, Nestlé, Toshiba y PwC, podrían haber sido utilizados para blanquear madera procedente de zonas deforestadas ilegalmente. La conclusión procede de un análisis del Center for Climate Crime Analysis (CCCA), una organización sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos y fundada por fiscales e investigadores, que indaga a los emisores de gases de efecto invernadero que modifican el clima.
Las autoridades brasileñas ya habían iniciado investigaciones por posible blanqueo de madera en las zonas cubiertas por el análisis del CCCA, que dieron lugar a la suspensión de autorizaciones de tala. El propietario de una empresa responsable de uno de estos proyectos ya tiene una condena anterior por blanqueo de madera.
El CCCA realizó el análisis a petición de Mongabay después de que una fuente anónima destacara la participación de personas condenadas por blanqueo de madera en dichos proyectos.
CCCA analizó dos proyectos REDD+, llamados Unitor y Fortaleza Ituxi, en el municipio de Lábrea, en el estado de Amazonas. Los dos proyectos abarcan un área combinada de 140 862 hectáreas ―dos veces el tamaño de Londres― y pretenden evitar la liberación de 660 598 toneladas métricas de emisiones de CO2 al año impidiendo la expansión de la deforestación en una de las zonas más amenazadas de la Amazonía.
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El CCCA encontró pruebas de posible blanqueo de madera en dos proyectos REDD+ en el sur del estado brasileño de Amazonas
REDD+ significa reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. La idea es que los dueños de las tierras reciban dinero por proteger un área que de otro modo podría deforestarse. Las emisiones que se evitan gracias a esta protección pueden venderse como créditos de carbono; las empresas que los compran pueden decir a sus clientes e inversores que están “compensando” su huella de carbono y ayudando a mitigar el cambio climático al mantener en pie bosques estratégicos.
Los dos proyectos estudiados por el CCCA se basan en planes de gestión forestal sostenible, un sistema en el que la madera se corta y vende bajo estrictas normas ambientales, como una de las principales herramientas para garantizar la vigilancia de la zona y evitar la deforestación ilegal. “La presencia de trabajadores en las actividades de gestión es el primer factor para inhibir las presiones de invasiones dentro del área del proyecto”, afirma una presentación de Fortaleza Ituxi. “La mayoría de las metodologías permiten la tala sostenible”, dijo a Mongabay Bárbara Bomfim, ingeniera forestal brasileña y experta en carbono del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en Estados Unidos.
En estos dos casos, sin embargo, el CCCA halló incoherencias entre el volumen de madera declarado a las autoridades y el volumen talado estimado a través de imágenes satelitales, un desajuste que indica que estas áreas pueden haber sido utilizadas para blanquear el equivalente de más de 4200 camiones cargados de madera.
Grupo Ituxi, la empresa que está detrás de ambos proyectos, negó en una declaración a Mongabay cualquier relación con el blanqueo de madera y afirmó que todas sus iniciativas están auditadas, verificadas y registradas.
En Brasil, toda la madera debe ir acompañada de un documento llamado DOF, el Documento de Origen Forestal, también conocido como crédito maderero. Una vez que las autoridades ambientales aprueban un plan de gestión forestal, su propietario puede expedir un número determinado de DOF, correspondiente al volumen de árboles que está autorizado a extraer de esa área.
El blanqueo de madera en Brasil es ilegal e involucra comprar créditos madereros falsos de proyectos de gestión forestal subexplotados. El crédito lo emiten proyectos madereros aprobados, pero los árboles a los que corresponden no se talan. En cambio, los delincuentes utilizan los documentos falsos para reclamar madera extraída ilegalmente de zonas donde la tala está prohibida, como tierras indígenas y áreas de conservación.
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Vista aérea de la ciudad de Lábrea, donde la extracción de madera es intensa, muestra los focos de incendios en 2022. Foto: Michael Dantas/AFP
Algunos grupos delictivos en Brasil se especializan en conseguir la aprobación de planes de gestión forestal por parte de organismos ambientales sólo para emitir créditos madereros falsos, según explicó a Mongabay en una videollamada Alexandre Saraiva, adjunto de la Policía Federal. “Una vez recibimos una intervención telefónica en la que el propietario de una empresa maderera decía: ‘No me preocupa la madera, aquí tengo madera gratis, lo que necesito es un DOF’”, relató.
Saraiva ha participado en algunas de las mayores redadas de Brasil contra grupos de tala ilegal en la Amazonía. “Imaginemos una organización criminal que vende coches robados. Ese coche sólo se venderá por un precio razonable si tiene un documento. Con la madera pasa lo mismo”.
Para evaluar el tamaño de las zonas explotadas taladas en los planes de gestión forestal de los dos proyectos REDD+, el CCCA utilizó una tecnología de imagen por satélite llamada NDFI (índice de fracción de diferencia normalizada) que pone de relieve las cicatrices dejadas en el bosque por los madereros. La misma tecnología ya es utilizada en Brasil por la Policía Federal, por la agencia ambiental del estado de Pará y por Simex, el sistema de seguimiento de la tala desarrollado por institutos de investigación independientes como Imazon, Imaflora, Idesam e ICV.
El CCCA multiplicó la superficie talada mostrada en las imágenes de satélite por el volumen medio de madera por hectárea registrado en cada autorización de plan de gestión forestal. Este promedio se calcula a partir de un inventario forestal realizado sobre el terreno por el proponente del proyecto.
El resultado mostró al CCCA una estimación de la cantidad de madera que probablemente se taló durante un periodo de tiempo. A continuación, el CCCA lo comparó con el volumen declarado al Ibama, la agencia federal ambiental, en el sistema DOF.
Si el volumen de madera en el sistema DOF es sustancialmente superior al de la estimación de madera, podría indicar que los créditos adicionales se utilizaron para cubrir madera talada en otros lugares y blanqueada a través de estos proyectos.
Una retroexcavadora mueve tierra en un camino de la zona de gestión forestal del proyecto REDD+ Unitor, en Lábrea. Foto: Fernando Martinho
Los análisis de las áreas de manejo forestal de Fortaleza Ituxi y Unitor mostraron varias incoherencias que apuntan fuertemente a un posible caso de lavado de madera, según el CCCA. El caso más llamativo es el plan de manejo forestal de Fortaleza Ituxi, que, según las imágenes satelitales, solo tuvo el 35 % de su área talada de 2018 a 2019, lo que representa un estimado de alrededor de 48 588 metros cúbicos de madera.
En el sistema DOF, sin embargo, los dueños del proyecto reportaron haber extraído 104 700 metros cúbicos del área en el mismo periodo, más del doble del volumen talado estimado por el CCCA. “Esto es un fraude”, dijo Saraiva tras revisar los resultados del CCCA.
El CCCA afirma que su método proporciona volúmenes aproximados, y que las cifras reales sólo pueden determinarse mediante una auditoría local. El informe completo y la metodología pueden consultarse en un documento publicado en el sitio web de la organización.
Gustavo Geiser, experto forense de la Policía Federal en el estado de Pará, dijo que su equipo utiliza la misma metodología que el CCCA cuando investiga la tala ilegal allí. “Este caso que usted describió, por ejemplo, tiene fuertes indicios de lavado de madera”, dijo a Mongabay en una videollamada.
También se encontraron incoherencias en las actividades de tala en la hacienda Três Barras, que forma parte del proyecto REDD+ Unitor. En uno de los planes de gestión forestal de la hacienda, los proponentes declararon la venta de 25 371 metros cúbicos de madera, pero el CCCA calculó que extrajeron como mucho el 71 % de ese volumen.
En otro plan de manejo forestal para la misma hacienda, el volumen declarado fue de 24 148 metros cúbicos, pero el CCCA estima que extrajeron alrededor del 58 % de ese volumen. CCCA también encontró indicios de blanqueo de madera en Presidente Prudente, otra hacienda cubierta por el proyecto Unitor, donde se declararon 18 547 metros cúbicos de un área talada. Según el análisis del CCCA, el área no debería haber suministrado ni la mitad de esa cantidad. “Son fuertes indicios de una posible transacción a crédito sin respaldo real en la madera”, dijo a Mongabay Mikael Freitas, analista de datos del CCCA.
En total, el análisis del CCCA sugiere que 84 886 metros cúbicos de madera estaban cubiertos por DOF potencialmente falsos emitidos por los sistemas de créditos de carbono, lo que bastaría para blanquear el equivalente a más de 4200 camiones cargados de madera.
“Estoy sorprendido”, declaró Gustavo Pinheiro, que ha trabajado durante más de una década en organizaciones como The Nature Conservancy y el Instituto Clima e Sociedade. “Sabíamos que había problemas técnicos con estos proyectos, especialmente con Fortaleza Ituxi. Pero esto es algo mucho peor. Parece un caso policial”.
Mientras en algunas zonas los proyectos extraían mucha menos madera de la que declaraban, en otras hacían lo contrario. En la hacienda São Sebastião, parte del proyecto Unitor, las imágenes satelitales sugieren una extracción de 11 859 metros cúbicos de madera, pero no se declaró madera en el sistema del DOF. Esto también ocurrió en otro plan de manejo forestal ubicado dentro del proyecto Fortaleza Ituxi, donde se explotó una superfície de más de 1700 hectáreas sin la debida documentación.
“Esta dinámica de que un plan de manejo se ejecute de una manera y otro de otra indica un proceso muy adaptado a las irregularidades del mercado de la madera en la Amazonía”, dijo Freitas, del CCCA. Todos los indicios apuntan a un modelo de negocio que no se preocupa por la conservación del ambiente, añadió. “Al contrario, vemos un esfuerzo por sobre-optimizar las ganancias financieras del bosque, tanto a través de la aparente sobreexplotación de la madera en algunas áreas como a través del uso de otras áreas para generar DOF, así como la venta de créditos de carbono”.
Tanto Unitor como Fortaleza Ituxi están dirigidas por Ricardo Stoppe Jr, médico de São Paulo, y certificadas por Verra, uno de los mayores estándares de certificación del mercado voluntario de carbono en el mundo y el más importante para las iniciativas REDD+.
Stoppe con Ricardo Salles. Foto: Facebook
La empresa de Stoppe, Grupo Ituxi, dijo que sólo posee los planes de gestión forestal y que la tala la llevan a cabo terceros. “Sólo intermediamos en las relaciones comerciales con interesados capaces de llevarla a cabo, empresas que disponen de personal y maquinaria propios para talar la madera”, afirmó. El Grupo Ituxi también rebatió las conclusiones del análisis del CCCA, afirmando que las imágenes por satélite no bastan para evaluar los volúmenes reales de tala, lo que, añadió, sólo podría conseguirse mediante una inspección in situ.
Un portavoz de Verra dijo que la empresa necesita más detalles sobre los análisis antes de comentar los hallazgos.
Según el medio brasileño de noticias empresariales Exame, Stoppe es el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil y ha sido celebrado como “uno de los mejores ejemplos de cómo ganar dinero manteniendo los bosques en pie”. “Vivo aquí y este lugar se ha convertido en mi vida. Estoy enamorado de la Amazonía”, dijo el empresario en una entrevista.
Sus proyectos fueron desarrollados por Carbonext, una empresa brasileña conocida como la mayor generadora de créditos de carbono del país y especializada en estructurar los proyectos, calcular su línea base de deforestación y llevar a cabo todos los trámites de registro y auditorías. Em outubro de 2023, un reportaje de InfoAmazonia en alianza con Mongabay reveló que la empresa era acusada de violar los derechos de las comunidades Indígenas en contratos de crédito de carbono.
En una declaración a Mongabay, Carbonext dijo que no estaba implicada en la gestión forestal llevada a cabo en la zona, y que “no hay formas científicamente reconocidas de determinar el volumen de madera en proyectos de gestión forestal basadas únicamente en imágenes de satélite.”
Investigaciones previas ya apuntaban al blanqueo de madera
Antes del análisis del CCCA, las autoridades brasileñas ya habían encontrado indicios de blanqueo de madera en Unitor y Fortaleza Ituxi.
En octubre de 2021, agentes del Ibama, la agencia federal ambiental, fueron a Divisa, un aserradero situado en el distrito de Vista Alegre do Abunã, en el límite de la carretera BR-364. Según el informe de inspección del Ibama, su objetivo era verificar una transacción sospechosa de 13 DOF, correspondiente a 233,76 metros cúbicos de madera, que la empresa declaró haber recibido de un plan de manejo forestal en la hacienda Nossa Senhora das Cachoeiras do Ituxi, donde se encuentra el proyecto REDD+ Fortaleza Ituxi.
Sin embargo, cuando los inspectores pidieron ver la madera, el gerente del aserradero dijo: “No hubo movimiento de madera, sino sólo un movimiento virtual para ajustar el patio de Divisa”. Los agentes concluyeron que las DOF tenían como objetivo “encubrir el mismo volumen de madera recibido ilegalmente por la empresa”.
Según el Ibama el caso era aún más grave debido a la proximidad del aserradero a territorios indígenas y áreas protegidas que están bajo presión de madereros ilegales. Los agentes también indicaron que esto podría ser la punta del iceberg, ya que otras 11 empresas habían recibido 55 DOF del mismo plan de gestión forestal durante un periodo en el que la propiedad era inaccesible.
En aquella época, el proyecto de carbono Fortaleza Ituxi ya generaba créditos certificados por Verra. Ibama multó a la iniciativa de Stoppe, llamada Stoppe LTDA, con 211 500 reales (39 200 dólares en aquel momento) y bloqueó el acceso de la empresa al sistema DOF.
Describió el esquema como “gestión [forestal] autorizada que utilizaba los créditos preaprobados para encubrir madera talada ilegalmente”. Según el Ibama, la prohibición se levantó menos de un año después, en agosto de 2022, debido a una medida cautelar.
En su declaración, el Grupo Ituxi dijo que “hubo un problema con el registro de uno de los documentos” debido a una mala conexión a Internet, pero que la madera fue entregada a Divisa.
Las autoridades también habían encontrado indicios de blanqueo de madera en algunas haciendas del proyecto Unitor REDD+, descrito por sus promotores como “un consorcio de propiedades vecinas… que se han unido para desarrollar actividades de carbono forestal.” La zona comprende 12 haciendas que suman 94 270 hectáreas.
En mayo de 2023, dos de estas fincas ―Três Barras y São Sebastião― fueron objeto de una operación antifraude por parte del Ibama. Según la oficina de prensa del organismo, se suspendieron cuatro autorizaciones de gestión forestal de las dos propiedades. Los investigadores, que al igual que el CCCA analizaron imágenes de satélite y emisiones del DOF, concluyeron que el objetivo del fraude en el sistema DOF era “encubrir madera talada ilegalmente en otros lugares, como tierras indígenas, unidades de conservación y áreas no autorizadas”.
Stoppe dijo a Mongabay que las haciendas de Três Barras y São Sebastião no están gestionadas por el Grupo Ituxi y que la suspensión por parte del Ibama de la autorización de gestión forestal de Três Barras se hizo sin ninguna inspección in situ.
Três Barras es la mayor propiedad del proyecto Unitor y está situada a 12 kilómetros de la carretera BR-364. Mongabay visitó la finca en agosto de 2023 y encontró zonas de ganadería y gestión forestal. Ninguno de los vecinos o empleados de la propiedad con los que hablamos dijeron saber que formaba parte de un proyecto de compensación de carbono.
La Policía Federal tendría indicios de que la hacienda Três Barras, del proyecto Unitor, podría utilizarse para encubrir el comercio ilegal de madera. Foto: Fernando Martinho
Durante una investigación contra la tala ilegal dirigida por la Policía Federal y la fiscalía federal en 2017, conocida como Operación Arquímedes, las autoridades identificaron la zona como uno de los sitios presuntamente utilizados para generar DOF falsos para encubrir madera ilegal extraída de otros lugares.
La información forma parte de una decisión judicial sobre Élcio Aparecido Moço, cuya empresa, Green Forest Carbon, es una de las promotoras del proyecto Unitor, junto con Stoppe y Carbonext. Las empresas y familiares de Moço también son propietarios de la mayor parte de las tierras de la zona de Unitor. Otra de sus empresas, Rio Negro, también aparece mencionada en los informes de Verra como responsable de supervisar los planes de gestión forestal de Fortaleza Ituxi.
Antes de ser investigado en la operación Arquímedes, Moço ya había sido condenado por blanqueo de madera en 2017. Dos años después, un tribunal superior decidió que el caso ya había prescrito y que ya no podía ser castigado. También en 2019, fue imputado por presunto soborno a dos funcionarios públicos para obtener una licencia para un proyecto de gestión forestal. Un juez se ha hecho cargo del caso, pero aún no se ha fijado fecha para el juicio.
“Recuerdo a Moço”, dijo Saraiva, que trabajó en la investigación de Arquímedes. “Era un viejo empresario maderero que tenía en sus manos buena parte del IPAAM”, añadió, en referencia a la agencia ambiental del estado de Amazonas.
Mongabay hizo varios intentos de ponerse en contacto con Moço por correo electrónico y teléfono para plantearle los hallazgos, pero no tuvo éxito. El Grupo Ituxi afirmó que la Operación Arquímedes precedió a la creación del proyecto Unitor.
Moço es copropietario de un conglomerado empresarial con el hijo de Stoppe, Ricardo Villares Lot Stoppe, formado por siete empresas. Incluye Rio Grande Produção Florestal, multada con un total de 2,8 millones de reales (519 000 dólares de la época) por deforestar 572 hectáreas en 2021.
El conglomerado también se ha asociado con individuos como Cleyliane Lopes de Moura, detenida en 2006 por vender madera ilegal, y José Luiz Capelasso, condenado por comerciar ilegalmente con DOF en 2012. Según la investigación, Capelasso cobraba 3000 reales (unos 1500 dólares de la época) por cada documento falso. En uno de los informes de verificación de Unitor, Capelasso también se presenta como responsable de actividades como “estructura de gestión operativa” y “período de acreditación.”
En un mensaje de WhatsApp a Mongabay, Capelasso dijo que no era el “propietario oficial” de los proyectos y recomendó ponerse en contacto con el Grupo Ituxi. En cuanto a la multa de Rio Grande, Grupo Ituxi dijo que la zona había sido deforestada antes de que la empresa la comprara. Mongabay no pudo ponerse en contacto con Moura para que hiciera comentarios.
Ganancias millonarias
Según documentos adjuntos a una demanda pública, Stoppe y sus socios habían ganado más de 80 millones de reales (15,5 millones de dólares de entonces) con los créditos de carbono hasta 2020. Stoppe también firmó un contrato de opción de compra de hasta 2,5 millones de dólares con un fondo de inversión de Estados Unidos, en una operación intermediada por Moss, una empresa brasileña que se describe a sí misma como una fintech ambiental (empresa de tecnología financiera) que opera como intermediaria de créditos de carbono.
Fortaleza Ituxi vendió más de 1,2 millones de créditos de carbono a empresas entre 2022 y 2023, según Verra. El principal cliente es Moss, que vendió parte de estos créditos a la aerolínea brasileña de bajo coste GOL Airlines.
Moss declaró que todos los créditos se compraron y vendieron antes de las presuntas irregularidades descubiertas durante esta investigación. (Lea su declaración completa aquí.) GOL dijo a Mongabay que todos los créditos de carbono adquiridos por la empresa a Moss han sido auditados. (Lea su declaración completa aquí.)
Otras empresas brasileñas, como la aplicación de reparto de comida iFood; Itaú, uno de los mayores bancos del país; y Hering, una empresa de moda, figuran entre los principales clientes de Forteleza Ituxi. Los créditos también se utilizaron para compensar las emisiones del gigante japonés de electrodomésticos Toshiba.
En sus respectivas declaraciones, iFood e Itaú afirmaron que habían llevado a cabo procesos internos de diligencia debida antes de comprar los créditos. Itaú añadió: “Cualquier caso probado de fraude o delito ambiental que implique a socios dará lugar a la rescisión de la asociación.” (Lea las declaraciones completas de iFood e Itaú.) Hering dijo que los créditos se compraron a través de una empresa intermediaria líder, que presentó documentación de la validación e integridad de los activos (lea su declaración completa aquí). Toshiba no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
Un número aún mayor de créditos, 2,3 millones, han sido retirados del proyecto Unitor REDD+. Sus tres principales clientes son la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la minera canadiense Sigma Lithium Resources y la auditora británica PwC International. La lista también incluye otras empresas transnacionales como Nestlé.
En una declaración, Ecopetrol dijo que compró los créditos a uno de los promotores de proyectos más reconocidos del mundo. (Lea su declaración aquí). Nestlé Brasil dijo que adquirió créditos de carbono a través de WayCarbon, una empresa líder en el sector. (Lea su declaración aquí). Sigma y PwC no respondieron a nuestros correos electrónicos.
Las presuntas irregularidades también rodean otro proyecto que Stoppe posee en el municipio de Apuí, también en el estado de Amazonas, que ha vendido créditos de carbono a empresas como Boeing y Spotify. Un juez de São Paulo bloqueó la venta de créditos de carbono de REDD+ Evergreen en octubre de 2022 después de que Carbonext planteara dudas sobre el registro de tierras de una de las propiedades del proyecto.
El Grupo Ituxi negó cualquier irregularidad de tierras en Evergreen. Carbonext dijo que ha logrado los objetivos del caso, que ya se ha cerrado. (Lea la declaración completa aquí.) Boeing dijo que desconocía las acusaciones y que está supervisando la situación para informar de sus próximos pasos. (Lea su declaración aquí). Spotify no respondió a nuestras preguntas.
En total, Stoppe posee cinco proyectos REDD+ en la Amazonía brasileña, que abarcan más de 400 000 hectáreas, una superficie más de tres veces el tamaño de Los Ángeles. Dos de estos proyectos aún están “en fase de validación” o “en desarrollo” en Verra.
Entre 2020 y 2022, Stoppe fue mencionado en investigaciones dirigidas por la Policía Federal y la fiscalía federal contra Chaules Pozzebon, conocido como uno de los mayores deforestadores de la Amazonía, que blanqueaba madera para un esquema de tala ilegal en la frontera de los estados de Amazonas y Rondônia, en la misma región de los proyectos Fortaleza Ituxi y Unitor.
Según las investigaciones, Stoppe era sospechoso de suministrar la documentación necesaria para “legalizar” la madera extraída ilegalmente de la selva y habría sido una de las principales fuentes de DOF para uno de los aserraderos de Pozzebon, llamado J.M..
Análisis de la policía judicial de los ‘principales implicados como defraudadores’, en relación con uno de los aserraderos de Chaules Pozzebon. Stoppe es el primero entre los emisores. Foto: de la demanda de Ninametsa
Entre diciembre de 2015 y agosto de 2019, Stoppe habría emitido el equivalente a 57 472 metros cúbicos de madera avaluados en 4,8 millones de reales (1,2 millones de dólares de la época) a J.M. Pero las grandes distancias entre sus proyectos de gestión forestal y sus supuestos clientes llamaron la atención de los investigadores.
“La distancia entre la gestión y el aserradero acaba haciendo que el transporte sea costoso desde el punto de vista comercial. Este hecho indica que la gestión puede servir únicamente para asignar créditos a J.M.”, escribieron los investigadores en un informe.
La fiscalía federal en Rondônia dijo a Mongabay que Stoppe no fue acusado por la Policía Federal ni imputado por la fiscalía en ese caso porque no había suficientes pruebas contra él en aquel momento. “Si surgen nuevas pruebas más sólidas contra él, nada impide la reapertura de las investigaciones e incluso la apertura de un proceso judicial”, dijo en un correo electrónico.
El Grupo Ituxi dijo a Mongabay que, “en el pasado, Chaules Pozzebon fue uno de los clientes que extrajo la gestión forestal de Fortaleza Ituxi”. Añadió que no había pruebas de ninguna conexión entre Stoppe y la conducta de los investigados por las autoridades. (Lea su declaración completa aquí).
Chaules Pozzebon (en el centro) está acusado de dirigir un importante esquema de tala ilegal en Rondônia y Amazonas. Foto: cortesía de Agência Pública
Los registros públicos analizados por el CCCA muestran que los créditos madereros que indican lavado de las áreas REDD+ fueron enviados a decenas de aserraderos, entre ellos cuatro empresas pertenecientes a Pozzebon, según la Policía Federal.
Según los archivos del Ibama, Stoppe y Moço también emitieron DOF a varios aserraderos con antecedentes de multas por almacenar y transportar madera talada ilegalmente y por incluir información falsa en el sistema DOF, entre ellos Cesar Ronhiski, con 21 multas, Adelson & Zapeline, con 17 multas, y Madeireira Bom Jesus, con 11.
Aprobación de los auditores
Los proyectos REDD+ no están sujetos actualmente a ninguna regulación oficial en Brasil, donde el Congreso aún está debatiendo la aprobación de un mercado regulado de créditos de carbono. En una apuesta por la credibilidad, muchos proyectos de compensación de carbono deben atenerse a metodologías como las creadas por la certificadora estadounidense Verra.
El sistema ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y la comunidad científica, tanto por exagerar sus resultados ambientales como por tratos injustos y engañosos con las comunidades locales que albergan los proyectos.
Grandes empresas, como la aerolínea Gol, compraron créditos de carbono de Stoppe para compensar sus emisiones. Foto: Facebook
Para emitir créditos de carbono, un proyecto debe ser verificado por un auditor independiente. Esta independencia, sin embargo, es relativa, ya que el promotor del proyecto paga los honorarios de los auditores.
“La auditoría tiene que mejorar mucho y tiene que venir de una tercera parte real, no de alguien elegido por el promotor del proyecto”, dijo a Mongabay Bárbara Bomfim, que anteriormente estuvo afiliada al Berkeley Carbon Trading Project de la Universidad de California. “Estas personas que dirigen muchos proyectos REDD+ ya están creando relaciones con estos auditores. Dicen: ‘Te voy a contratar y ya tengo otros 10 proyectos en marcha, así que hagámoslos todos’. Así que acaban convirtiéndose en socios comerciales”.
Verra afirmó que existen diversas salvaguardias y normas éticas para garantizar la independencia e imparcialidad de los auditores, a pesar de estar pagados por la entidad auditada. (Lea aquí su declaración completa).
Ni los informes de auditoría de Unitor ni los de Fortaleza Ituxi ―elaborados por Earthood (empresa india), Icontec (Colombia), Rina (Italia) y Aenor (España) ― mencionan ningún problema con los planes de gestión forestal ubicados dentro de estos proyectos REDD+. La excepción es una incoherencia en el volumen de madera extraído de la zona de Unitor y declarado por el proponente del proyecto en el informe de verificación de abril de 2022.
Los auditores de Rina señalaron un desajuste entre las cifras declaradas en una tabla y las de una hoja de cálculo que habían recibido, que no es pública. El caso se cerró menos de 20 días después, una vez que el promotor del proyecto actualizó la información de la tabla.
Aenor dijo en un correo electrónico que toda la información compartida por Mongabay era anterior a su proceso de verificación en Unitor, que abarcó de agosto de 2021 a julio de 2022. (Lea su declaración completa aquí.) Rina dijo que el Estándar de Carbono Verificado (VCS) no requiere la evaluación de antecedentes penales o análisis independientes, sino solo el cumplimiento de un proyecto con el estándar. (Lea su declaración completa aquí.)
Earthood e Icontec no respondieron a nuestros correos electrónicos.
“Los verificadores ni siquiera son brasileños, no conocen la realidad brasileña. Así que estas auditorías acaban siendo muy formales: ‘¿Tiene aquí el documento? Sí, entonces cumple”, explica Pinheiro, que anteriormente formó parte del Instituto Clima e Sociedade y acaba de incorporarse a la empresa de inversiones de impacto Trie Capital. “El hecho es que la metodología no está haciendo lo que se propone, que es garantizar la integridad de los proyectos”.
En la frontera entre los estados de Amazonas y Rondonia, donde se encuentran los proyectos del Grupo Ituxi, la presión para deforestar es fuerte. Foto: Fernando Martinho
Esta investigación forma parte del proyecto Carbono Opaco, una alianza que investiga el funcionamiento del mercado de carbono en América Latina y de la que forman parte Agência Pública, InfoAmazonia, Mongabay Brasil y SUMAÚMA (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Diseño del logo: La Fábrica Memética.
Cita:
West, T. A., Wunder, S., Sills, E. O., Börner, J., Rifai, S. W., Neidermeier, A. N., … Kontoleon, A. (2023). Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. Science, 381(6660), 873-877. doi:10.1126/science.ade3535
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