Reelegido en la primera vuelta de las elecciones a gobernador de Pará en 2022 con un resultado arrollador —70,41% de los votos válidos, el mayor porcentaje de todos los gobernadores elegidos en Brasil—, Helder Barbalho, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), se ha dado cuenta de que la Amazonia es su mejor baza para ganar terreno en la política nacional e internacional. El menor del clan Barbalho asocia su imagen a la defensa de la «sostenibilidad», la «bioeconomía» y la defensa de la «selva en pie», que considera un «activo económico» del estado. Heredero de un grupo político que en el pasado estuvo acusado de corrupción y robo de tierras públicas, Helder quiere que le vean como un «gobernador verde», un plan que está llevando a cabo con rara competencia, sobre todo porque su familia controla buena parte de los medios de comunicación impresos, televisivos y radiofónicos de Pará.

Hasta ahora, Helder Barbalho ha resultado ser un eximio equilibrista: a la vez que pronuncia un discurso favorable al medio ambiente, sobre todo en la escena internacional, el gobernador apoya a los mineros —en octubre de 2021 sancionó incluso la ley que creaba el Día del Garimpeiro, el 11 de diciembre— y a la minería transnacional dentro de Pará. Al aliarse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y conseguir traer la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP-30) a Belém en 2025, aumentó su peso político y su proyección nacional.

La Cumbre de la Amazonia, celebrada en la capital de Pará los días 8 y 9 de agosto, un evento que, en la práctica, acabó siendo una preparación para la COP, terminó sin el compromiso oficial de los ocho países que poseen selvas tropicales de eliminar la deforestación y detener el avance de la explotación de combustibles fósiles en la Amazonia. Como anfitrión, Helder Barbalho aprovechó el momento para repetir, en varias de las entrevistas que concedió a las principales televisiones de Brasil, que sin combinar los tres lados de la sostenibilidad (ambiental, social y económico), el mundo no podrá implantar un nuevo modelo de desarrollo. Pero más allá del revuelo mediático, la sociedad civil y el movimiento indígena culparon al gobernador de otro ataque violento en el estado: tres personas del pueblo Tembé fueron tiroteadas en el municipio de Tomé-Açu, a 200 kilómetros de Belém, el día antes del inicio de la cumbre.

El «rey del norte», como también se le conoce, tiene ambiciosos planes para su futuro político, pero tendrá que explicar por qué Pará es uno de los campeones en deforestación y sigue siendo uno de los más violentos de la Amazonia. El apodo de «rey del norte» surgió durante la pandemia de covid-19 en memes que lo asociaban con el personaje Jon Nieve, líder del Reino del Norte en los libros y la serie Juego de Tronos. Algunas frases del gobernador confrontando al entonces presidente Jair Bolsonaro, negacionista de la crisis que acabó con la vida de más de 700.000 brasileños, se hicieron virales en internet. Con una fuerte presencia en las redes, especialmente en defensa de las vacunas, Helder Barbalho creó una estrategia de comunicación con la que consiguió interacciones y votos. Actualmente tiene casi 650.000 seguidores solo en Instagram.

Una de las principales críticas de los ecologistas y expertos en clima a las políticas medioambientales del gobierno de Pará es precisamente que no existe un compromiso de alcanzar la deforestación cero, una meta que ya ha asumido Lula y una cuestión que dominó los debates de la Cumbre de la Amazonia. «El 70% de las áreas del estado son responsabilidad del gobierno central, y sin una fuerte cooperación no podremos alcanzar ese objetivo», justificó el gobernador a SUMAÚMA por correo electrónico. A pesar de que Barbalho afirma que el estado no puede supervisar las tierras indígenas ni las unidades federales de conservación, una nota técnica Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam) ya alertaba el año pasado que, «aunque una parte considerable de la deforestación esté ubicada en tierras públicas, principalmente federales, la gobernación ambiental en la Amazonia carece de acción a todos los niveles federales y privados».

El gobernador, que dice seguir la agenda climática mundial, defiende la prospección de petróleo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas. Para ello, utiliza la táctica de decir que seguir adelante con este proyecto aún no significa que se explotará el petróleo, sino que «solo se está investigando». Es el discurso dominante de la clase política en la Amazonia. «No se autorizaría la explotación, sino la perforación para estudio. Por supuesto, dicha explotación solo debería llevarse a cabo si los estudios medioambientales demuestran inequívocamente que no se causarían daños a los ecosistemas locales», declaró el gobernador a SUMAÚMA por escrito.

Durante 17 años consecutivos, de 2006 a 2022 —período que incluye el primer mandato de Helder Barbalho—, Pará encabezó las tasas de deforestación de Brasil, según el Instituto Nacional de Estudios Espaciales (Inpe). A lo largo de toda la serie histórica del Inpe para medir la deforestación, Pará ha robado al planeta unos 167.000 kilómetros cuadrados de vegetación. Es casi como si hubiera borrado del mapa un país del tamaño de Portugal dos veces.

Hay otras estadísticas aterradoras. Entre 2019 y 2022, el estado fue el campeón de Brasil en violaciones de derechos humanos, según el último informe, publicado en junio de este año, de Justiça Global y Terra de Direitos, organizaciones que monitorean estos ataques. En el período analizado, que coincide con el primer mandato de Helder Barbalho, hubo 19 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Pará, de un total de 143 vulneraciones, que incluyen también amenazas, ataques, acoso sexual, criminalización y suicidio.

Pará también tiene el segundo mayor número de pistas de aterrizaje pertenecientes a la minería ilegal de la Amazonia (el líder es Mato Grosso), tanto regulares como irregulares: 883, según el mapeo que publicó en febrero de este año MapBiomas, una red colaborativa que vigila el uso del suelo en Brasil. Los cuatro municipios brasileños con más pistas de aterrizaje para la minería están en Pará: Itaituba (255), São Félix do Xingu (86), Altamira (83) y Jacareacanga (53). De las cinco tierras indígenas con mayor número de pistas y explotaciones mineras, dos están en Pará: Kayapó y Mundurukú. Según la legislación brasileña, la minería se considera ilegal si se lleva a cabo en tierras indígenas, unidades de conservación y zonas públicas utilizadas para fines incompatibles con la minería.

En la región norte de Brasil, Pará es el estado donde se han registrado más conflictos violentos por la tierra, según los datos nacionales de la Comisión Pastoral de la Tierra, divulgados el año pasado. En 2019, cuando hubo el premeditado «Día del Fuego» para destruir la selva (10 de agosto), el Inpe registró en Pará, solo los días 10 y 11 de agosto, 1.457 focos y un aumento del 1.923% de los incendios provocados, en comparación con los mismos dos días de 2018. Si se analiza el año entero, los registros también empeoran los años siguientes: a excepción de 2021 (22.876 focos), todos ellos registraron incluso más focos que 2019 (30.165): en 2020 hubo 38.603 y en 2022, 41.421.

A lo largo de un mes, SUMAÚMA ha sido testigo del blindaje mediático y político que existe para evitar que la imagen que Helder Barbalho quiere —y está consiguiendo— construir se vea mancillada. SUMAÚMA ha solicitado varias veces poder entrevistar al gobernador, a secretarios, políticos y aliados, así como a funcionarios de organismos públicos que se ocupan de la agenda ambiental. No se atendió ninguna solicitud. El 21 de julio se confirmó que el gobernador hablaría con SUMAÚMA por escrito. Por lo tanto, todas las frases de Helder Barbalho que se reproducen en este reportaje son respuestas escritas, el gobernador no las pronunció en una entrevista en la que se le pudiera confrontar directamente.

Helder Barbalho llegó al gobierno regional en enero de 2019, a los 39 años. A pesar de las contradicciones que rodean su administración, conserva relativamente bien su reputación de «rey del norte» gracias a poderosas alianzas políticas y económicas. El apodo, para sus partidarios, es un elogio a su actuación y su fuerte personalidad. Para los críticos, se utiliza en tono jocoso y refleja los poderes imperiales de su gestión y de su familia, así como una antigua forma de actuar de la oligarquía Barbalho, ahora con una apariencia más moderna y progresista.

En su «reinado», Helder Barbalho consigue presentarse como defensor de los pueblos indígenas, las poblaciones tradicionales y los quilombolas (descendientes de africanos esclavizados que se refugiaron en centros de resistencia), a la vez que apoya la minería sin pudor, hace numerosos guiños al sector agropecuario —del que él mismo forma parte— y mantiene una convivencia más que cordial con los latifundistas, muchos «dueños» de tierras públicas robadas, aunque el ala bolsonarista de la agroindustria, conocida por su afán depredador, lo rechaza.

Puede palparse el ambiente de recelo entre los funcionarios, los profesionales de la comunicación y los políticos cuando el tema es la gestión de Helder Barbalho. Con reservas, cinco periodistas de Belém contaron las dificultades diarias que enfrentan para obtener información sobre las acciones del gobierno y la agenda del gobernador. A diferencia de Lula y otros líderes, Barbalho apenas revela dónde estará o a quién recibirá. En la web oficial de noticias del gobierno, solo se difunden algunos actos.

Según un opositor, «el gobernador no acepta críticas, tiene un proyecto de poder claro y bloquea a sus enemigos». Un correligionario rehuyó conceder una entrevista alegando «cautela». En palabras de un colaborador que tampoco quiso ser identificado, Barbalho exige entregas, da plazos y fija metas. «Es el mejor asesor de comunicación de Pará», bromeó un periodista, que también accedió a hablar solo con la condición de que no se revelara su identidad.

«Es el rey del norte, hay que respetarlo», gritaba un mototaxista en el auditorio del Departamento de Tráfico de Belém, que se inauguró con la presencia de Helder Barbalho —llegó con casi dos horas de retraso, rodeado de aliados y asesores—. Lo que se suponía que iba a ser la entrega una sede revitalizada y modernizada se convirtió en un acto político: los mototaxistas, que conducen el principal medio de transporte de la población de baja renta, abarrotaron el auditorio. Uno, elegido portavoz del grupo, explicó que en 2022 le habían prometido una moto nueva si no apoyaba la reelección del gobernador. «Pero yo soy Helder», gritó. La asesoría de comunicación del gobernador sabía que SUMAÚMA seguía el acto. Barbalho se las ingenió para incorporar la agenda medioambiental a la rutina administrativa. Al firmar una línea de crédito para mototaxistas, advirtió: «Tiene que ser una moto con bajas emisiones de dióxido de carbono. Un estado que acogerá la COP-30 no puede financiar el aumento de emisiones que dañan el medio ambiente».

En la Asamblea Legislativa de Pará, de los 41 diputados, solo uno, bolsonarista, se declara del «frente de oposición». Se trata del parlamentario Rogério Barra, del Partido Liberal (PL), el mismo que el expresidente Jair Bolsonaro. Barra es hijo del diputado federal bolsonarista Éder Mauro (PL) y fue secretario de Justicia en el primer mandato de Helder Barbalho, pero acabó rompiendo con el gobernador. El diputado Toni Cunha se afilió al PL a finales de mayo y ahora también promete ser crítico con el gobernador. La amplia base de apoyo le da tranquilidad para gobernar y aprobar lo que quiera en la Asamblea, hoy presidida por el diputado Chicão (MDB). «Es el operador político de los Barbalho», dijo a SUMAÚMA un político de la vieja guardia del estado que, por supuesto, pidió que se resguardara su identidad. El presidente de la Asamblea canceló una entrevista con SUMAÚMA alegando que tenía que representar al gobernador en un acto.

La relación con la Federación de Agricultura y Ganadería de Pará es umbilical, ya que el presidente de la institución, Carlos Xavier, es una figura que transita libremente por el gobierno. Una de las principales banderas de la federación es la defensa del batallón rural, creado por Barbalho para «garantizar el derecho a la tierra, la seguridad jurídica y la paz en el campo». En la declaración de bienes a la Justicia Electoral de 2022, Helder Barbalho informó que era propietario de ganado vacuno (6.176 reses), con un valor aproximado de 12,3 millones de reales (2,5 millones de dólares). También registró su participación en la empresa Agropecuária Rio Branco, una «cuota» valorada en 1,85 millones de reales (370.000 dólares). En total, el patrimonio registrado asciende a 18,75 millones de reales (3,8 millones de dólares).

La relación con el Tribunal de Cuentas es más que amistosa, ya que el gobernador avaló el nombramiento de su esposa, Daniela Barbalho, como consejera. El exdiputado federal Arnaldo Jordy, del partido Ciudadanía, interpuso una demanda cuestionando el nombramiento, por evidente nepotismo. El acto se suspendió temporalmente por decisión judicial, pero el Tribunal de Justicia de Pará abrió entonces la puerta a que la esposa del gobernador ocupara el cargo de por vida. Con un sueldo mensual de 35.000 reales (7.200 dólares), ahora juzgará las cuentas de su propio marido como consejera del tribunal.

La defensa de la agenda ambiental, cuya retórica se ha vuelto contundente en el segundo mandato, ha permitido que el nombre de Helder Barbalho se mente en los círculos políticos nacionales como opción para el cargo de vicepresidente de Lula en 2026, en caso de que este volviera a presentarse y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, quisiera volver a ser candidato al gobierno del estado de São Paulo. Si el plan no prospera, la candidatura de Barbalho al Senado se da por descontada. «Lo que quiere es ser presidente del Senado», afirma un veterano político de Pará.

En una respuesta escrita, Helder Barbalho dijo: «¿Sinceramente? No es el momento de hablar de este tema. Mi preocupación es cumplir todos los compromisos que hemos asumido con el pueblo de Pará, que no son pequeños, son ambiciosos. Que hayamos conseguido traer la COP-30 a Belém es una gran victoria, pero también una gran responsabilidad».

Helder y la oligarquía Barbalho se acercan cada vez más al presidente Lula, pese a que el gobernador no contribuyó a su elección en la primera vuelta de 2022, ya que la candidata del MDB era Simone Tebet. El hermano de Helder, Jader Filho, es el actual ministro de Ciudades y se encarga de la ejecución nacional del programa social de viviendas Mi Casa, Mi Vida, que tiene un potencial político-electoral inmenso. Jader Filho también preside el MDB de Pará y se ocupa del contacto con los alcaldes del estado. El partido gobierna en 61 de los 144 municipios del estado, el 42%. Considerado el frente político que lo apoyó y reeligió, más de un centenar de alcaldes están del lado del gobernador. La candidatura de Jader Filho a la alcaldía de Belém en 2024 o al gobierno de Pará en 2026 está en el radar del clan Barbalho para poder enfrentar a algún nombre fuerte del bolsonarismo en la región.

El vínculo con Lula se intensificó en 2022, cuando Helder Barbalho consiguió, a través del Consorcio Amazonia Legal, la invitación para que el presidente electo integrara la delegación a la COP-27, en Sharm el Sheij, Egipto. En el mayor evento mundial sobre el clima, los gobernadores de la Amazonia Legal, liderados por Barbalho y con el apoyo de Lula, llevaron a la ONU la candidatura de Belém para la COP-30. Y lo consiguieron.

El alcalde de Belém, Edmilson Rodrigues, del Partido Socialismo y Libertad (PSol), suele colaborar con el gobernador, especialmente por la COP-30. En la capital, al alcalde se le considera una sombra de Barbalho, lo que disgusta a sus electores de izquierda. En las redes sociales, la población bromea diciendo que Barbalho es el verdadero alcalde. La razón central para que el ayuntamiento haya entrado en la órbita del estado puede ser económica. Belém no cuenta con el impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios de transporte (ICMS) de la minería, que da a Pará unos ingresos privilegiados.

Helder no se implicó directamente en las elecciones de 2020 en la capital, pero fue estratégico para derrotar al candidato bolsonarista, el delegado Everaldo Jorge Martins Eguchi (entonces del partido Patriota y ahora del PL). «Si el alcalde fuera bolsonarista, con la presencia de Bolsonaro aquí en Belém, Zequinha [Marinho, senador bolsonarista] habría pasado a la segunda vuelta [de las elecciones de 2022 para el gobierno del estado]», dijo Edmilson Rodrigues, en una entrevista que ofreció a SUMAÚMA en su despacho en el barrio de Nazaré, en el centro de la ciudad. «Del mismo modo, si el gobernador me fuera hostil y yo fuera un mandamás, aunque Belém sea un municipio pobre, mis dificultades serían enormes, pero también tendría la capacidad de dañar la imagen del gobierno del estado».

Según Rodrigues, Barbalho sabe que es inaceptable que Pará deforeste más. «Creo que Helder ya ha renunciado al lado radical de la agroindustria. Quizá por eso es positiva, entre comillas, su izquierdización. La «izquierdización» a la que se refiere el alcalde es el acercamiento de Barbalho a Lula y a partidos como el Partido de los Trabajadores (PT), el PSol y Red de Sostenibilidad, una estrategia del gobernador para frenar el avance del bolsonarismo en el estado y moverse en un intrincado ajedrez político.

Helder Barbalho y el general Pazuello, exministro de Salud: el gobernador le sacó rédito político a ser el contrapunto del negacionismo de Bolsonaro en la pandemia. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Desde que Lula salió elegido, el senador bolsonarista Zequinha Marinho (del partido Podemos) ha celebrado numerosas reuniones en Pará en polos de robos de tierras públicas y deforestación, como la ciudad de Altamira, para mantener a la extrema derecha organizada hasta las próximas elecciones presidenciales. Aldo Rebelo, exministro en gobiernos de Lula, actualmente en el Partido Democrático Laborista (PDT), forma parte de una cruzada «agromilitar» en todos los estados amazónicos que defiende la minería y se articula con hacendados, como mostró SUMAÚMA.

Helder Barbalho ya ha planeado su sucesión: la vicegobernadora Hana Ghassan Tuma (MDB), funcionaria de carrera que carece de carisma político, está siendo preparada para ocupar el cargo. Además, fue nombrada presidenta del comité para la realización de la COP. Si no entusiasma al electorado, el plan podrá continuar con Jader Filho.

Antes de dejar el cargo como ministro de Integración Nacional en el gobierno de Michel Temer, en abril de 2018, Helder Barbalho convocó a Brasilia a Ricardo Balestreri, que había sido secretario nacional de Seguridad Pública en el segundo mandato de Lula. Balestreri fue presidente de Amnistía Internacional en Brasil y actualmente es coordinador de Seguridad Pública y Territorios del laboratorio de ciudades Arq.Futuro, del Insper, una institución de enseñanza superior de São Paulo.

«Helder me convocó a Brasilia y me hizo una pregunta: «¿Cómo puedo transformar la seguridad pública de Pará de forma sostenible?». Dijo que la situación era trágica, dramática. Y lo era. Y él sabía que saldría elegido», explicó Balestreri a SUMAÚMA una sofocante tarde de verano en Belém, cuatro meses después de haber sido destituido por el gobernador, sin previo aviso, de su cargo de secretario de Articulación de la Ciudadanía.

Datos divulgados en 2019 mostraban que Pará ocupaba el cuarto lugar en el ranking nacional de muertes violentas intencionales, según el informe anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública. De 2014 a 2017, las muertes violentas aumentaron un 19,3 %. Belém era la tercera capital más violenta del país, por detrás de Rio Branco, en Acre, y Fortaleza, en Ceará. Justo el día de su investidura, el 1 de enero de 2019, Helder Barbalho tuvo que lidiar con una masacre: en menos de 18 minutos, cinco jóvenes fueron ejecutados a quemarropa en el barrio de Cabanagem, en las afueras de Belém. Ese mismo año, el gobernador tuvo que gestionar la mayor crisis del sistema penitenciario desde la masacre en la cárcel de Carandiru, en 1992: un motín en el Centro de Recuperación Regional de Altamira dejó 58 muertos. En un enfrentamiento entre facciones criminales, 16 reclusos fueron decapitados. Al día siguiente, otros cuatro fueron asesinados cuando los trasladaban a la prisión de Marabá.

Una de las principales explicaciones de la contundente victoria de Barbalho en 2022, en un estado donde Bolsonaro obtuvo el 45,25% de los votos y Lula el 54,75%, es el proyecto social Territorios por la Paz y las llamadas Fábricas de la Paz, la política pública que había creado Balestreri. Los índices de violencia y delincuencia en las zonas donde se implantó Territorios por la Paz experimentaron reducciones significativas en su primer mandato, lo que se considera el principal logro de Barbalho, algo que admiten incluso los opositores. Hoy el gobernador intenta vender el proyecto de las Fábricas de la Paz al gobierno federal y a las administraciones estatales como una «política social modelo».

El problema, sin embargo, son las estadísticas generales del estado de Pará. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023, en la región norte de Brasil ha habido un descenso de las muertes violentas e intencionadas. Pero en el estado no: en 2021 hubo 2.964 y en 2022, 2.997. De las 50 ciudades más violentas del país, siete están en Pará: Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Castanhal y Marituba. El estado es también el sexto más violento de Brasil, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Es decir, el panorama sigue requiriendo una acción gubernamental eficaz.

Al lado de su padre, Jader Barbalho —senador y dos veces gobernador de Pará (1983-1987 y 1991-1994)—, y de su madre, Elcione Barbalho —en su séptima legislatura como diputada federal—, Helder asumió el primer mandato consciente de que necesitaría crear su propia marca y distanciarse del pasado de su padre, asociado a la corrupción. Apostó por la seguridad pública y tuvo que prometer «honradez y transparencia».

Jader, patriarca de la oligarquía Barbalho, fue condenado en 2013 a devolver más de 2 millones de reales (400.000 dólares) presuntamente malversados de la antigua Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia. La Suprema Corte instruyó causas penales contra él por apropiación indebida de fondos del banco estatal de Pará, Banpará, y por expropiación de tierras del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en la década de 1980. El caso Banpará llegó por primera vez al Supremo en 1984 y tuvo sus idas y venidas. En 2015, el Supremo desestimó tres demandas contra Jader porque ya habían prescrito. Otros casos también prescribieron después de que el senador cumpliera 70 años. En resumen: no se pudieron juzgar en una instancia superior. Jader siempre ha negado las acusaciones, pero en Pará es popular la frase: «Nunca le des la llave de la caja fuerte a un Barbalho».

En su primera investidura, en 2019, Helder recibe un beso de su padre, el senador Jader Barbalho. Foto: Thiago Gomes/Agência Pará

Paralelamente a la promesa de honestidad, Helder anunció en su primera toma de posesión que crearía la Secretaría de Ciudadanía y llevaría todos los órganos de gobierno a las zonas más violentas del estado. Era el proyecto que dirigiría Balestreri. «Entramos primero con la policía de protección, entramos para quedarnos, y entonces creamos el ambiente para entrar después con todo el bloque de secretarías».

La destitución de Balestreri del puesto se debió a razones políticas. Helder puso en su lugar a su primo, Igor Normando, del partido Podemos, a quien habían elegido los Barbalho como candidato a la alcaldía de Belém en 2024. La descarada utilización política del programa por parte del nuevo secretario ya está causando malestar entre los funcionarios y el área técnica del proyecto. El gobernador puede renunciar a la candidatura de su primo si se da cuenta de que su tarjeta de presentación en el área social está en peligro.

Helder Barbalho es genérico cuando se le pregunta cómo gestó la candidatura de Belém para la COP: «El mundo siempre ha hablado de la Amazonia y de su importancia en el equilibrio del planeta, pero poco se sabe realmente de los desafíos de vivir y desarrollarse en la Amazonia. Es justo que intentemos traer aquí el mayor acontecimiento geopolítico del planeta, para que podamos sentir cómo la selva puede ser un activo en esta lucha contra el cambio climático». La respuesta apunta al menos en dos direcciones: la selva como una mercancía o activo económico y la alusión a la idea de que su protección no puede impedir el desarrollo. La primera es muy popular entre los inversores del sureste de Brasil y otros países; la segunda está muy extendida entre las élites económicas extractivas de la Amazonia, que a menudo justifican la depredación del bioma como «desarrollo».

Al preguntarle si cree en un nuevo paradigma en el que la minería dejará de ser protagonista en Pará, el gobernador afirma que su gobierno no tiene nada en contra de «la minería que se hace dentro de las leyes, las normas y la responsabilidad», pero que «la minería ilegal no la toleramos». De enero a junio de este año, Pará recaudó 565,2 millones de reales (113,6 millones de dólares) en impuestos del sector minero (casi el 6% de la recaudación total del estado), según datos del Portal de Transparencia del estado.

Capítulo aparte merece la relación entre el gobierno de Pará y la empresa minera transnacional Vale, responsable de las dos mayores catástrofes medioambientales de la historia de Brasil: Mariana y Brumadinho. Vale, junto con Hydro (multinacional noruega que produce aluminio), financió la construcción de las Fábricas de la Paz, el proyecto social que impulsó la imagen de Helder Barbalho. Cada unidad tuvo un coste medio estimado de 35 millones de reales (7,2 millones de dólares), afirma Balestreri. Nueve ya se han construido y están en funcionamiento. El gobernador anunció en mayo el objetivo de implantar otras 40 en el estado. «El gobernador es un hombre que tiene los pies en la tierra. Trabaja con la lógica de que estamos en un sistema capitalista y el segmento minero tendrá primacía. La riqueza de Pará se debe en gran parte a la minería», resume Balestreri, el padre de Fábricas de la Paz.

Con este razonamiento, Helder Barbalho exige, sin ningún pudor, inversiones de Vale y de otras empresas en proyectos del gobierno: «Vale está en Pará hace casi 40 años. Sus operaciones existen y seguirán existiendo, con o sin la participación del gobierno estatal», escribió a SUMAÚMA. «Nada más justo que tome parte de sus enormes beneficios y los invierta en el pueblo de Pará, que devuelva parte de la enorme riqueza que se lleva de aquí».

Vale, además de financiar las Fábricas de la Paz, ya ha anunciado la inyección de al menos 670 millones de reales (138 millones de dólares) en obras para la COP-30, como mostró SUMAÚMA. Para justificar por qué acepta como hecho consumado la explotación predatoria continua de uno de los más notorios destructores de la selva en el estado de Pará mientras siga financiando obras y proyectos de su gobierno, Helder Barbalho recurre a un malabarismo retórico: «Utilizamos la asociación con Vale como recurso para reducir la dependencia económica de un modelo basado en la minería y la agroindustria. Una economía más verde. Nada de esto significa que vayamos a bajar la guardia a la hora de hacer cumplir las leyes y normas de la minería legal».

En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de Pará creó una Comisión Parlamentaria de Investigación contra Vale. La clase política parece establecer una relación intimidatoria con la transnacional para que siga succionando la selva y mantenga en el estado el mayor complejo minero de Brasil. Como resultado de la comisión, Vale firmó un acuerdo de contrapartidas por valor de unos 3.000 millones de reales (618 millones de dólares), que ayudarían a financiar el ferrocarril de Pará, un hospital regional, nuevas Fábricas de la Paz y un polo metalmecánico en Marabá.

Helder Barbalho admite que la economía de Pará «se basa en dos pilares: la minería y la agroindustria». Pero afirma que es crucial contar con alternativas económicas «que sean sostenibles». Para el gobernador, «no es justo que los países ricos creen la regulación del mercado de carbono a la vez que hablan de preservar la Amazonia». Y añade: «Por eso es crucial que vengan aquí a conocer el lugar del que hablan tanto. A ver que aquí viven más de 25 millones de brasileños que necesitan ingresos y desarrollo social. Es crucial regular el mercado de bajas emisiones de carbono de una vez por todas». Será «muy frustrante», complementa, si la regulación del mercado de carbono no sale antes de la COP-30.

Defensor de la minería, Helder Barbalho participa en un evento con Hydro, en Barcarena, en 2020, durante la pandemia. Foto: Marco Santos/Agência Pará

En este controvertido asunto, el gobernador cuenta con un aliado y portavoz estratégico en el Congreso: su propio padre. Jader Barbalho es autor de un proyecto de ley para regular el Mercado Brasileño de Reducción de Emisiones (MBRE) en Brasil. El tema ha suscitado tanto interés en Brasilia que varias propuestas de parlamentarios se han fusionado y ahora se tramitan juntas, y serán evaluadas por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

El patriarca de la oligarquía Barbalho cita el Plan Estatal Amazonia Ahora del gobierno de Pará como ejemplo de visión estratégica a largo plazo para reducir las emisiones. Para 2030, las emisiones deberán reducirse un 37%. El gobernador ya ha mencionado la posibilidad de elevar la meta al 43% en 2035. Al intentar conseguir una entrevista por medio de su asesoría, Jader Barbalho fue otro que no respondió a la solicitud de SUMAÚMA.

El plan Amazonia Ahora, instituido en 2020, se basa en la Política Estatal de Cambio Climático, explica Gabriela Savian, directora adjunta de políticas públicas del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam), que trabaja en colaboración con el gobierno de Pará: «Amazonia Ahora es una revisión del plan estatal de Prevención, Control y Alternativas a la Deforestación, creado hace tiempo [en 2009], pero con una perspectiva diferente, no solo de lucha contra la deforestación, sino también de desarrollo económico».

Helder Barbalho presentó el plan Amazonia Ahora en Madrid, en un acto paralelo de la COP-25. Fue un contrapunto a la agenda antiambiental de Bolsonaro. El plan, visto con buenos ojos por actores internacionales, establece que Pará alcanzará la neutralidad de carbono en 2036. El concepto significa que hay que encontrar un equilibrio entre los gases causantes del efecto invernadero que se emiten y los sistemas naturales que absorben CO2. El problema es que este modelo de neutralidad conlleva la lógica de que un gran emisor de gases, por ejemplo, no reducirá necesariamente sus emisiones, sino que las compensará o reducirá en parte, pero no radicalmente.

Según Brenda Brito, investigadora asociada del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Stanford, el estado de Pará sería pionero si diera prioridad a un programa que pagara por servicios ambientales, con el que remunerara a las comunidades indígenas, de asentamientos extractivistas y de desarrollo sostenible, que realmente ayudan a mantener la selva en pie. Hasta 2021, Pará era el estado brasileño que más deforestaba y que más gases de efecto invernadero emitía, recuerda Brenda Brito, que considera que las metas del plan Amazonia Ahora son insuficientes desde el punto de vista científico y tímidas frente al compromiso del gobierno federal de lograr la deforestación cero para 2030. «¿Cómo vamos a alcanzar la deforestación cero si solo Pará dice que deforestará 1.500 kilómetros cuadrados hasta 2030?», cuestiona.

Según Gabriela Savion, la política regional para el cambio climático prevé una reducción media del 6% de la deforestación de 2019 a 2036: «Es una reducción gradual hasta alcanzar la neutralidad climática». Admite que lo ideal sería «impedir la deforestación de inmediato», pero que solo podrá hacerse cuando haya una transición que «permita que la población encuentre otras formas de economía que no sean devastadoras, como la soja o el sector agropecuario, o la degradación de la propia selva».

«El año pasado redujimos la deforestación un 21% y este año estamos trabajando para reducirla también significativamente, en comparación con el año pasado», prometió Helder Barbalho. Los datos que cita proceden del proyecto Prodes, del Instituto Nacional de Estudios Espaciales, que mide la deforestación en Brasil.

La Ley de Tierras de Pará, que fue aprobada a toda prisa en la Asamblea Legislativa, es otro aspecto controvertido de la administración de Barbalho que podría tener impactos negativos en la deforestación, según los ecologistas. Cuando se aprobó, en 2019, más de 60 instituciones de la sociedad civil se organizaron para pedirle al gobernador que la vetara. Se temía que la ley diera terrenos a los ladrones de tierras públicas o a los deforestadores, porque las trabas y el control social para impedirlo eran débiles y no había garantías de que se obedeciera la Constitución. Es decir, no se podía tener seguridad de que la asignación de tierras públicas siguiera criterios jerárquicos que favorecieran a los territorios indígenas, quilombolas y tradicionales.

Un año después de la aprobación de la ley, cuando el gobierno de Helder Barbalho elaboró el decreto que la regularía, se incorporaron algunas sugerencias de la sociedad civil. Pero algunos especialistas creen que sigue faltando transparencia sobre quién está comprando tierras públicas en el estado y para qué.

En marzo de este año, Eliane Moreira, fiscal del Ministerio Público de Pará, y Ana Carolina Haliuc Bragança, fiscal de Amazonas, escribieron un artículo en la plataforma JOTA en el que muestran, con argumentos técnicos, cómo las políticas públicas de suelo y medio ambiente del gobierno de Helder Barbalho están favoreciendo el robo de tierras públicas. «Hemos visto la composición de las políticas públicas de suelo, engendradas a partir de un arsenal legislativo, administrativo y judicial que favorece la asignación de terrenos públicos a particulares e incluso valida ocupaciones ilegales o no autorizadas por parte de los poderes públicos», advierten.

A través de la Ley de Acceso a la Información, Imazon solicitó al Instituto de Tierras de Pará (Iterpa) los datos sobre quién está recibiendo títulos y los archivos cartográficos de estas propiedades (shapes). Se facilitó la lista con los nombres de las personas, pero no los mapas, lo que dificulta hacer un seguimiento y control social de estos procesos de regularización de tierras. SUMAÚMA solicitó una entrevista al Iterpa, pero tampoco recibió respuesta. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará.

Helder Barbalho creó la Secretaría de los Pueblos Indígenas en su segundo mandato, después de que Lula creara el Ministerio de los Pueblos Indígenas. «Estamos intentando reforestar las mentes del estado, institucionalmente», afirmó la secretaria de los Pueblos Indígenas de Pará, Puyr Tembé, que envió sus respuestas a SUMAÚMA por audio tras alegar que le sería imposible conceder una entrevista por cuestiones de agenda. El nombramiento de Puyr está lejos de suponer la paz entre los indígenas y el gobierno de Pará.

Puyr Tembé, secretaria de los Pueblos Indígenas del gobierno del estado. Foto: David Alves/Agência Pará

«Vemos cómo crecen las plantaciones de soja, vemos tanta madera que se extrae de la selva, vemos la minería ilegal, que cada vez avanzada más. Y ahora vemos los proyectos y [no sabemos] cómo todo esto nos afectará», denunció una líder cuya identidad se preservará porque ya han atentado contra su vida y es objeto de constantes amenazas de muerte por parte de los ladrones de tierras públicas y los jefes de las minas ilegales. «No se consulta a los pueblos indígenas. Solo se conversa con algunos líderes, en Belém. No se conversa con la base, la gente que sufre con la falta de agua, con la invasión de la minería, con el agua contaminada por la minería, con la contaminación por pesticidas, que sufre porque no hay políticas públicas en las comunidades».

La secretaria de los Pueblos Indígenas admite que hay «un problemón muy desafiante, que es la minería ilegal en tierras indígenas, la deforestación, el robo de tierras públicas, que le quita la paz a los territorios, a los pueblos indígenas, y le quita la paz incluso a los gobernantes».

Los líderes indígenas se muestran recelosos ante el progreso del ferrocarril de Pará, un proyecto que el gobierno del estado considera prioritario, que conectará Marabá con el puerto de Vila do Conde, en Barcarena, una región ya muy afectada por las actividades mineras de la noruega Hydro. En abril, el gobernador firmó en Pekín un memorando de entendimiento con la mayor empresa constructora de China (Communications Construction Company) y Vale para llevar a cabo las obras. Otros temores de los indígenas son las consecuencias de los proyectos de construcción de 44 grandes hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós y del Ferrogrão, el ferrocarril que uniría los estados de Pará y Mato Grosso.

«Prometen unir desarrollo y sostenibilidad. Pero para nosotros eso no existe», afirma una líder indígena que ha recibido amenazas de muerte. «Si los pueblos indígenas, los niños, los caciques y las mujeres no participan, no nos interesa». Para esta líder, al gobierno de Helder Barbalho le falta «sensibilidad, apertura al diálogo, escucha y comprensión de la realidad».

Entre las muchas contradicciones y desafíos que Helder Barbalho enfrenta en Pará, la más reciente y preocupante es la nueva dinámica de la delincuencia que se extiende por el norte y nordeste de Brasil. Algunas regiones de la selva amazónica se han convertido en «parte de fenómenos criminales sorprendentes, que van [desde] facciones de la droga famosas en el sudeste hasta microdelitos, como robos de motos y celulares o disputas simbólicas por el mando territorial, combinadas con la presencia de armas de fuego y violencia interpersonal», destaca el informe de 2023 que ha elaborado el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía. Las aldeas indígenas y las poblaciones tradicionales son las mayores víctimas de este fenómeno que afecta de lleno la Amazonia, señala el estudio. En Pará es más evidente la conexión entre el crimen organizado y los delitos contra el medio ambiente, advierte Aiala Colares, geógrafa especializada en planificación urbana y desarrollo socioambiental.

«Las facciones criminales se establecieron no solo debido a la dinámica del narcotráfico, sino también a la explotación ilegal de madera, el contrabando de manganeso y casiterita, el robo de tierras públicas y el avance de la minería ilegal en tierras indígenas del valle del río Tapajós», señala Colares. La deforestación y la minería ilegal tienen vínculos con el trabajo esclavo, la violencia contra las mujeres, la explotación sexual y el narcotráfico. Los delitos contra el medio ambiente se están incorporando a los delitos de tráfico de drogas en la región, afirma.

Ya no queda tiempo para negociar acciones concretas para preservar las selvas tropicales, como reconoce el propio gobernador a SUMAÚMA. El escaso tiempo al que se refiere puede ser el enemigo de sus futuras pretensiones políticas. Para preservar su feudo de poder en la cuerda floja sobre la que hace equilibrios, es evidente que tiene la tentación de repetir políticas materialistas del pasado, que nada tienen que ver con la imagen progresista de político «sostenible» que intenta venderle a Brasil y al mundo. Helder Barbalho todavía no ha optado claramente por la selva y los pueblos que la mantienen en pie, a menudo a costa de sus vidas. El más joven de la oligarquía puede ver el final de su reinado: no por incapacidad política, sino por la respuesta de la naturaleza en un planeta cuyo clima está cambiando y cuyo futuro próximo depende de la conservación de la Amazonia.