En dos años y medio, Belém, capital del estado de Pará, en la Amazonia brasileña, será sede de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30). El tiempo es corto para que las intervenciones urbanísticas previstas para la COP-30 –obras grandiosas de infraestructura, turismo, movilidad y logística– sean suficientes para enfrentar el abismo socioambiental de la capital más antigua del norte de Brasil. En noviembre de 2025, la ciudad amazónica pretende presentarse al mundo como una postal de sostenibilidad. Un conjunto de contradicciones y problemas, sin embargo, podría comprometer la imagen que el gobernador Helder Barbalho, el más cercano a Lula entre los gobernadores de la Amazonia, trata de venderle al mundo. Entre las contradicciones, sobresale el hecho de que la compañía minera transnacional Vale esté financiando dos de las principales obras anunciadas por el gobierno de Pará: la construcción del Parque da Cidade y la ampliación de Porto Futuro hacia los muelles. Vinculada a dos de los mayores desastres ambientales de la historia de Brasil, la ruptura de los diques de Mariana y Brumadinho, en Minas Gerais, y acusada por pueblos indígenas, como los Awá Guajá, de violar la selva y los derechos de sus habitantes, Vale representa todo lo que el planeta necesita superar para controlar el calentamiento global y es lo que será objeto de debate en el evento del clima más grande del planeta, que por primera vez se realizará en una capital de la Amazonia brasileña.

Que los villanos del clima financien cumbres del clima es un sello distintivo de los últimos eventos. Todo indica que la COP en la Amazonia brasileña seguirá el mismo camino. “Grandes corporaciones están capturando gradualmente y de manera muy visible la agenda global del clima”, afirma Marcela Vecchione Gonçalves, docente del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (UFPA). Especialista en investigaciones sobre financiación y regulación de la mitigación y adaptación a los cambios climáticos, Marcela dice que se sorprendió al ver en la COP en Francia, en 2015, el panel de patrocinadores, cuando se firmó el Acuerdo de París. “¿Y quiénes eran esos patrocinadores? Empresas de energía, empresas petroleras y empresas de agronegocios. Estaban todas allí, sin ningún disimulo”.

La docente señala la contradicción obvia: “Si observamos las fuentes de emisión [de gases de efecto invernadero] y a qué sectores están vinculados estos principales patrocinadores de la COP, son precisamente ellos los responsables del mayor nivel de emisiones globales”.

En el caso de Vale, la transnacional mantiene en Pará el “mayor complejo minero” del país, con minas, planta, logística de ferrocarril y portuaria. La justificación del gobierno es que la empresa garantizará la celeridad y los recursos necesarios para la construcción y el avance de las obras. Dirigido por Helder Barbalho, el representante más joven del controvertido clan Barbalho, el gobierno de Pará también sostiene que Vale tiene una deuda con el Estado que hay que reparar.

La mina de mineral de hierro a cielo abierto más grande del mundo es de Vale y está ubicada en Carajás, estado de Pará. Foto: Daniel Beltrá / Greenpeace

A lo largo de más de 80 años de operación, la empresa ha dejado huellas de violaciones ambientales, sociales y laborales. La Articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por Vale, una red creada en 2009 con el apoyo de académicos, ambientalistas, ONG y asociaciones comunitarias, elaboró en 2021 un informe en el que señala deudas y violencias no reparadas en los territorios explotados por el gigante de la minería.

A través de su oficina de prensa, Vale informó que el Parque da Cidade tiene un valor estimado de 400 millones de reales y el Porto Futuro II de 270 millones de reales. “La empresa se incorporó al programa Estrutura Pará. Una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la alianza público-privada y las acciones del estado de Pará que se dirigen al desarrollo y ampliación de la oferta y oferta de servicios a la población”, afirmó en nota a SUMAÚMA. “Las obras se pusieron en marcha en mayo. La etapa de pormenorización de los proyectos está en curso. Los próximos pasos son la contratación de proveedores y la ejecución de las obras civiles”.

Para la investigadora de la UFPA será necesario observar detenidamente cómo funcionará esa simbiosis entre empresas y financiación de la agenda del clima en la Amazonia, “principalmente con el secuestro de la agenda de la bioeconomía y la biodiversidad”. “Será muy interesante ver quiénes serán los principales patrocinadores de la COP aquí en Belém”, señala. Hasta el momento, en base a lo que ha difundido la municipalidad y el gobierno del estado, Vale es la financiadora más controvertida del sector privado.

El llamado “Polígono COP-30”, una amplia área de cerca de 30 kilómetros cuadrados, se extiende desde Cidade Velha hasta el barrio Marco, pasando por el mercado Ver-o-Peso, los barrios de São Brás, Sacramenta y Guamá y el Aeropuerto Internacional de Belém –y concentra los barrios con las propiedades más valorizadas de la capital–. Este polígono aísla una Belém que jamás podría ser un referente de buenas prácticas ambientales: casi el 25% de la población de la capital no contaba con abastecimiento de agua potable en sus viviendas hasta 2021, último año del que hay datos disponibles. Según datos del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS), el 83% de la población no tiene acceso a saneamiento básico en todo el municipio. Y solo la mitad de los 3.400 metros cúbicos de aguas residuales que se recogen anualmente han sido debidamente tratados, también según datos oficiales de 2021. Según la misma Municipalidad de Belém, actualmente el 15% de la población ni siquiera tiene acceso a los servicios de recolección de basura.

El hecho de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya elegido la capital de Pará para albergar el evento ambiental más importante del planeta en 2025 crea una ventana de oportunidad política para el gobernador Helder Barbalho (MDB-PA), el alcalde, Edmilson Rodrigues (PSOL -PA) y, especialmente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quien respalda gran parte de su credibilidad internacional en el discurso de la “sostenibilidad”.

Los políticos prometen aprovechar el corto período que se vislumbra para “modernizar” la ciudad, lo que conlleva cambiar el asfalto de las avenidas más transitadas con la promesa de usar un material más resistente y con menos base de petróleo, poner postes metálicos con paneles solares, cableado eléctrico subterráneo y una flota de autobuses (hoy son 1.300) eléctricos o a gas. Sin embargo, a las más de 2,3 millones de personas que viven en la Región Metropolitana de Belém les puede costar visualizar los posibles impactos positivos que la COP podría brindarles a su vida cotidiana.

En este reportaje, SUMAÚMA muestra escenas y conflictos de una parte de Belém que disputa las decisiones sobre la intervención en el paisaje urbano y social que puede generar la Cumbre del Clima –o que está completamente alejada del debate, a pesar de ser la más impactada por la crisis climática–, para las personas más pobres y que viven en las zonas periféricas. Si los más afectados por el calentamiento global en una Amazonia en acelerado proceso de degradación solo pueden aspirar a un puesto transitorio en las obras, la COP podría fracasar desde antes de empezar.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Lejos del Polígono COP-30, tanto por la geografía como en la pirámide social, la ex cartonera Eliane Gomes do Nascimento, conocida como “Lika”, todavía no sabe decir qué significa ni cuál es la función del evento ambiental previsto para 2025. Durante más de 30 años creció y vivió dentro del basural de Aurá. Hoy con 42 años, Lika fue testigo de la implantación del vertedero hasta su cierre. Actualmente, la ex cartonera vive en la comunidad de Jerusalém, en el barrio de Águas Lindas, a pocos minutos de donde se encuentra el basural. El vertedero está en el municipio de Ananindeua, el segundo más grande de Pará y de la región metropolitana, donde el actual gobernador Helder Barbalho inició su carrera y fue alcalde por dos mandatos.

El Aterro Sanitario de Aurá es uno de los símbolos más extremos de la desigualdad y de los problemas socioambientales que todavía no se han enfrentado en la ciudad y en la región metropolitana. Este vertedero, conocido como “Lixão do Aurá”, fue instalado a final de 1989, en el sentido hacia la autopista Belém-Brasília (BR-316), que conectaba por tierra la capital de Pará con el resto del país y donde la ciudad creció desde la segunda mitad del siglo XX. Cerrado 25 años después, en 2015, por no cumplir con las normas establecidas en la ley federal de Residuos Sólidos, el vertedero funciona actualmente para desechar escombros, dentro del Área de Protección Ambiental (APA) de Belém.

A pesar del cierre en 2015, hoy todavía cientos de familias siguen viviendo de los escombros que encuentran, separan y venden a compradores dentro del área del antiguo vertedero. De vez en cuando Lika regresa al local para retirar láminas de madera contrachapada y telas, que usa como paredes para separar las habitaciones de la nueva casa, erigida en la comunidad cercana.

“Mi padre y mi madre se vinieron aquí, fuimos los primeros habitantes de aquí. En esa época teníamos un horno de carbón porque papá hacía carbón para vender y mantenerse”, cuenta. “También recogíamos frutas, porque aquí en la comunidad donde vivimos hay áreas con muchas frutas. Con el tiempo, empezaron a abrir este vertedero”. La casa donde vivía Lika con sus padres y cinco niños más fue construida con pedazos de madera cubiertos con cartón y lona negra. Creciendo en el “vertedero”, día y noche, Lika sacaba de allí la comida de su familia, la ropa, los muebles y los utensilios que usaban en casa.

Por arriba de toneladas de desechos del vertedero, Lika convivía a diario con adultos, niños y viejos expuestos a la contaminación y las enfermedades, en busca de sobras de comida y del mínimo sustento. Las familias separaban botellas PET, vidrio, materiales de hierro, plástico, caucho y madera del interior de las bolsas arrojadas por los camiones. Con jornadas de trabajo extenuantes, cuenta que muchos murieron aplastados por tractores, cuyos conductores, sin saberlo, pasaban por arriba de los cuerpos cubiertos con cartones. La manta improvisada que los protegía del frío también los exponía a la muerte.

El cierre del Aterro do Aurá no representó el final del ciclo de indignidades. Abrieron otro en el municipio de Marituba, a unos 23 kilómetros de Belém, con plazo para el término de sus actividades en agosto de este año. Existe la posibilidad de que la misma empresa que administra el vertedero de Marituba, Guamá Tratamento de Resíduos, implante un tercero en el municipio de Bujaru. La empresa anunció que pretende instalar un complejo industrial compuesto por un vertedero, una planta de clasificación de residuos reciclables, un patio de compostaje, una termoeléctrica y un Centro de Educación Ambiental.

En agosto del año pasado, vecinos de Bujaru y Acará, municipios cercanos a la región metropolitana, protestaron contra la instalación del proyecto que, según ellos, podría afectar a 17 comunidades tradicionales quilombolas y zonas con manantiales de agua y otros recursos esenciales para la vida en la región. Con la elección de Belém como sede de la COP-30, la promesa de los gobiernos del estado y del municipio es la de finalmente ofrecer un servicio de recolección selectiva de residuos en la ciudad. Hasta la fecha, no hay nada más que algunas iniciativas privadas, aisladas u ofrecidas por cooperativas. La municipalidad ya abrió un proceso de licitación para implementar un sistema organizado de recolección selectiva en la capital antes de la COP.

¿Cómo dotar a Belém, en este corto período de tiempo, de una infraestructura adecuada para recibir a cerca de 60 mil visitantes, el promedio de público estimado por las autoridades para la COP? La pregunta se cierne sobre la capital de Pará. Uno de los proyectos prevé el dragado del río, en la Bahía de Guajará, con el objetivo de recibir transatlánticos que servirían como hoteles para los participantes del evento. Sería una forma de sortear las carencias de Belém en el sector hotelero para un evento de esta envergadura. De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación Brasileña de la Industria de Hoteles, Belém tendría solo cerca de 12 mil camas para atender el evento, para el que harían falta crear al menos 48 mil camas adicionales.

Lo más importante, sin embargo, es impedir que la COP sirva para expulsar a la población ribereña que todavía resiste en una Belém que se verticaliza en la persistente guerra contra la naturaleza. Cortada y rodeada por ríos e igarapés, la capital de Pará está dividida en una parte continental, que corresponde a cerca del 35% del territorio, y otra fragmentada entre 39 islas, la mayoría con extensas áreas de selvas. En la parte continental, la cantidad de agua es tal que hace que alrededor del 50% de los terrenos sean inundables. La presencia de la naturaleza, en forma de ríos, igarapés y cursos de agua, se ve negada por los proyectos urbanísticos, cuyos costos de aterramiento y drenaje son siempre elevados.

Dentro del Polígono COP-30 y cerca del nuevo Parque Urbano Igarapé São Joaquim, Vila da Barca se mantiene desde hace un siglo como una comunidad ribereña ubicada a orillas de la Bahía de Guajará. Este enclave de resistencia, que ahora ocupa unos 80.000 metros cuadrados, se ha visto cada vez más sombreado por decenas de lujosos condominios construidos en la avenida Pedro Álvares Cabral o en otro reducto de la memoria que son las callejuelas de casas populares construidas en el siglo XIX en el barrio de Telégrafo.

Conocido por la amplia franja de casas de palafitos, el espacio contó con un proyecto de viviendas y urbanización que inició la municipalidad de Belém en 2003. Todavía sin haberse terminado hasta la fecha, el proyecto se retomó en 2021 con el regreso de Edmilson Rodrigues, del Partido Socialismo y Libertad (PSol), como alcalde de la capital. Según la oficina de prensa de la municipalidad, la promesa es entregarles “198 viviendas a familias que llevan años esperando este proyecto” hasta enero de 2024.

A mediados del siglo XX, cuando la ciudad empezó a verticalizarse y expandirse hacia las nuevas carreteras, el alejamiento de los ríos se fue haciendo cada vez más evidente. Desde fines de la década de 1990, se construyó una muralla de edificios en las orillas de la parte continental de Belém, lo que se contrapuso a las formas de organización de las decenas de islas en las que las casas ribereñas dan a la bahía o a los hoyos [canales de agua] e igarapés, formando pueblos y comunidades a partir de la gran orilla. Al igual que Vila da Barca, los primeros suburbios de Belém fueron “empujados” hacia la “baixada” (literalmente “bajada”, parte más baja de la ciudad), tierras normalmente húmedas e inundables, típicas de la várzea, que casi nunca reciben ningún esfuerzo de saneamiento por parte del gobierno local.

“Sabemos que Vila da Barca está ubicada en el metro cuadrado más caro de la ciudad de Belém, por eso el hecho de que el proyecto no saliera adelante también tiene que ver con el poder inmobiliario”, dice el artista plástico Maurileno Sanches, expresidente de la Asociación de Vecinos de Vila da Barca. No le caben dudas de que el retraso en la culminación del programa de viviendas se relaciona con la alta especulación inmobiliaria en la zona. “Nuestra comunidad es un símbolo de resistencia dentro de Belém, por eso pasamos por muchos retos para todavía estar presentes en este lugar”.

Maurileno es santero, oficio que aprendió de un tío y de su padre, quienes fueron expertos en la restauración de santos, iglesias y construcciones de estilo barroco y neoclásico, como la Igreja da Sé y el Theatro da Paz. Actividades de pintura y carpintería como las que realizaba la familia de Maurileno también empezaron a ser desarrolladas por indígenas que se convirtieron en artesanos al estilo de los talleres del Colegio Santo Alexandre, organizados por los jesuitas, todavía en los siglos XVII y XVIII.

Contrariando el estigma de la pobreza y la violencia, Vila da Barca alberga hoy a jóvenes artistas, además de estudiantes universitarios, trabajadoras domésticas, pequeños comerciantes, pescadores y vendedores de ferias. A través de talleres en espacios como el Núcleo Curro Velho, vecino a Vila da Barca, Maurileno sigue intentando enseñarles a las nuevas generaciones las mismas técnicas que aprendió de sus padres y otras prácticas de escultura que desarrolló en las décadas siguientes. Según él, la formación artística y cultural de los niños y jóvenes tiene el poder de transformar el barrio y la vida de quienes lo habitan. Los proyectos urbanísticos desarrollados para la COP, defiende el santero, tendrían que invertir en el potencial de atracción turística de lugares como Vila da Barca y sus tradiciones.

La mayor parte de los proyectos ya anunciados para preparar Belém para la COP serán financiados por el gobierno federal. Además del dragado del río y la ampliación del aeropuerto internacional, los gestores públicos ya han listado otros seis proyectos que se destinan a reformar lugares turísticos históricos y construir nuevos parques. El presidente Lula estuvo en la capital de Pará el 17 de junio y firmó el acuerdo para el inicio de las obras del Parque Urbano São Joaquim, estimado en 150 millones de reales. Los fondos deben salir del Ministerio de las Ciudades, bajo el mando de Jader Barbalho Filho, hermano del gobernador, otro político del clan que está en el poder de la política de Pará desde los últimos años. Lula también firmó un protocolo de intenciones para la reforma del mercado Ver-o-Peso, todavía sin presupuesto definido, según la Secretaría Municipal de Urbanismo (Seurb).

“Ver-o-Peso es una postal de Belém, pero [cuando] lo miras está parecido a una favela”, se queja la cocinera Osvaldina Ferreira, del sector de alimentación de la feria, refiriéndose a la falta de cuidado del poder público con el mercado histórico de Belém. A los 75 años y 35 trabajando en el mercado, mantiene su hogar vendiendo pescado frito, actividad que hoy comparte con sus hijas y nietas. Actualmente, la familia trabaja en el puesto de venta de pescado, en el sector de alimentos de la feria.

Con 396 años cumplidos este año, el complejo Ver-o-Peso se someterá a una reforma completa, según informó la municipalidad. A diferencia de las imágenes que se difunden junto a la firma del protocolo de intenciones del proyecto por parte del presidente Lula, el 17 de junio, la situación actual es de precariedad. Justo en la entrada de la feria abierta, ubicada desde la Estação das Docas hasta el área del muelle, conocida como Pedra do Peixe, los visitantes deben desviarse de las decenas de vendedores ambulantes que se aglutinan en las vías de acceso y tránsito, también luchando por la supervivencia. Debido a su extensión y diversidad, políticos, periodistas, artistas y los habitantes de la ciudad hacen alarde de que la feria es la más grande de América Latina.

El complejo Ver-O-Peso comprende dos ferias, dos mercados, muelles y un conjunto de tiendas. Con gran circulación de productos de la selva y diversidad de pescados que llegan a la ciudad por la Bahía de Guajará, se encarga de abastecer directamente los hogares, restaurantes y supermercados de la capital. De forma indirecta sirve como lugar de una red más amplia de mercados y ferias, de la ciudad y de los municipios vecinos. Todos los días allí también circulan decenas de líneas de autobuses con miles de habitantes de toda la Región Metropolitana de Belém.

Los roedores e insectos, así como los problemas de seguridad e iluminación, se han convertido en algo habitual en la feria. En varios sectores, como el de alimentación, conocido por la venta de comida rápida y pescado frito con asaí, frecuentado por turistas, los mismos vendedores de la feria se organizan para tratar de solucionar dificultades como pérdidas de agua y alcantarillas tapadas.

“De manera general, hay un resentimiento grande por el descuido de la municipalidad en los últimos años. Pero nuestra expectativa es que la reforma que se anuncia se haga con diálogo, cercanía e interés”, se arriesga a decir el feriante Dalci Cardoso, de 73 años, que vende sandalias de cuero con suela de caucho reciclado de llantas desde hace 30 años.

En los barrios históricos de Campina y Cidade Velha, entre los que se encuentra Ver-o-Peso, mansiones que representan arquitecturas de diferentes siglos y estilos se caen a pedazos, sucumben a incendios o se transforman en depósitos de productos importados. Despojados de su memoria arquitectónica, los terrenos más grandes se convierten en estacionamientos, en una Belém que se desfigura día tras día.

Mientras tanto, a pocos minutos de los dos barrios, el Parque Urbano Porto Futuro debe ser ampliado por el gobierno del estado hacia la zona de los muelles, en la costanera. La infraestructura deberá beneficiar, una vez más, a los barrios de Umarizal y Telégrafo, que hoy cuentan con las torres residenciales más grandes y lujosas, con los inmuebles sobrevalorados de la ciudad.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

En el centro histórico, entre los barrios de Campina y Cidade Velha, la galería Kamara Kó es uno de los varios espacios culturales de la zona. Lo mantienen la productora cultural Makiko Akao y el fotógrafo y educador Miguel Chikaoka. El nombre, en Tupí, está inspirado en el pueblo Waiãpi y remite a la idea de “amigos verdaderos” o “hermanos”. Junto con la Ciudad Vieja, el centro histórico reúne casas, iglesias y edificios construidos desde el siglo XVII, que se dividen entre zonas residenciales y un área de compra y venta de productos y servicios, con un perfil más popular, que pasó a ser conocido como Barrio del Comercio.

De origen paulista y japonés, Miguel y Makiko participaron activamente, durante la década de 1980, de un movimiento fotográfico que culminó con el reconocimiento de la fotografía producida en Belém dentro del escenario de la producción cultural brasileña. Makiko fue una de las creadoras del evento llamado Circular Campina Cidade Velha, que busca atraer visitantes de la misma ciudad y también de fuera a decenas de espacios culturales ubicados en los dos distritos históricos. Ella defiende que con más incentivos para la economía creativa el mapa del evento que se realiza cada dos meses podría incorporarse a la agenda cultural y turística permanente de la ciudad. Es este tipo de intervención urbanística, que favorece la historia y la cultura, que les gustaría ver fomentada por la preparación de la COP. “Mejoras en la pavimentación, la recolección periódica de basura y la vigilancia policial ya ayudarían mucho para que aumente la visitación a espacios vinculados con la economía creativa de la ciudad”, defiende la productora.

A lo largo de la historia, esta parte central de Belém fue celebrada en distintos documentos dejados por científicos, intelectuales y artistas. “Deseo Belém como se desea un amor. Es inconcebible el amor que Belém despertó en mí”, confió Mário de Andrade en una carta a Manuel Bandeira, después de su paso por la ciudad en mayo de 1927, procedente de Río de Janeiro por la costa brasileña. Al poeta le hubiera encantado el simple acto de “sorber un helado de cupuaçu o asaí” en la terraza de inspiración parisina del Grande Hotel, inaugurado en 1913 y demolido a mazazos por el interventor de la dictadura en Pará, el coronel Alacid Nunes, en la década de 1970.

Fuera del Polígono de la COP-30, la isla de Caratateua, sede del distrito de Outeiro, está a unos 30 kilómetros del centro más antiguo de Belém. La pareja Jhonny Rivas y Mariluz Núñez, indígenas del pueblo Warao, cuenta que la vista del río los acerca a su tierra natal, donde vivían en casas de palafitos. Hoy viven en una villa ocupada en la Avenida Beira-Mar, en el barrio de São João do Outeiro. Warao significa “pueblo de las aguas” y los grupos de esta etnia que migraron de Venezuela desde 2014, actualmente suman alrededor de 600 personas solo en Belém y llegan a 800 en toda la región metropolitana.

Se puede llegar a la isla tanto por vía fluvial como por la carretera Augusto Montenegro, a lo largo de la cual la ciudad se ha expandido desde 1975. El crecimiento en esta dirección continental se produjo primero con la construcción de conjuntos de viviendas, financiados por el estado, y por ocupaciones populares denominadas “invasiones”. Posteriormente, se amplió con la construcción de condominios de casas y edificios de estándares diversos. Hoy, la carretera concentra el Estadio Mangueirão, shopping centers, iglesias y organismos públicos.

En el pueblo de calles de tierra ocupado por la familia del padre de Jhonny, se construyeron casas de madera de manera informal y sin acceso directo a agua o alcantarillado. En su país de origen, Jhonny, que proviene de una familia de pescadores, llegó a intentar la carrera de jugador de fútbol. Mariluz, hija de un enfermero y de la partera de la comunidad de Jotajana, trabajaba limpiando en un consultorio médico. Entre las personas que integran los 25 núcleos pertenecientes a la misma familia, pocas hablan portugués o español, lo que dificulta el acceso a información sobre lo que sucede en la ciudad, como la elección de Belém como sede de la COP-30.

Según una investigación de la antropóloga Rosa Acevedo-Marin, una de las coordinadoras del Proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonia, el estado Delta Amacuro, de donde partió la pareja con su familia, ha estado marcado por la expulsión de pueblos indígenas de sus tierras debido a conflictos con empresas y proyectos de explotación de petróleo, gas y minerales. Todas estas actividades han sido incentivadas por las políticas económicas del Estado venezolano desde la década de 1960.

Antes de desplazarse a la capital de Pará, Jhonny y Mariluz probaron vivir en Boa Vista y Pacaraima, en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. Luego vinieron de Manaus a Belém en barco, donde llegaron sin dinero, hambrientos y con dos niños pequeños. Después de 15 días siguieron viaje a Fortaleza. En la capital nordestina, Mariluz tuvo a su tercera hija. De Fortaleza, la familia volvió a Belém y se mudó nuevamente al municipio de Redenção, en el sudeste de Pará, donde Jhonny llegó a sufrir amenazas por xenofobia e incluso estuvo en la mira de un revólver. Este episodio fue el detonante para que decidiera regresar a Belém con su familia.

De vuelta a la capital en 2020, inscribieron a sus hijos en la escuela. Pero los niños de la familia, como muchos otros, enfrentan dificultades porque no hablan portugués ni español con fluidez. La ausencia de maestros o traductores en la lengua Warao es una barrera para la adaptación y el aprendizaje de los niños matriculados.

La experiencia de vivir en la calle, “muy mala”, según Jhonny, hace que Mariluz se sienta protegida en su casa, de donde ella y otras familias salen muy poco. Mariluz cuenta que en Brasil las mujeres warao han sufrido en muchas ocasiones acoso sexual de los hombres, quienes cometen gestos obscenos, como exponer sus órganos sexuales cuando las ven por la calle. “Gracias a Dios, ahora estamos tranquilos en nuestras casas”, dice Mariluz, quien eventualmente se desplaza hasta Ver-o-Peso en busca de los materiales con los que las familias Warao elaboran collares, pulseras y otros adornos de colores, de diferentes formas, como mariposas y caimanes.

Licenciada en Ciencias, Mariluz es una de las pocas del grupo que sabe leer y escribir. Además de luchar por el acceso de los niños a las escuelas públicas, también participa en debates y reclamos de derechos de los refugiados indígenas. Aunque no discuten temas como el clima y el medio ambiente en el pueblo donde viven, las familias Warao reconocen muy bien la importancia de la tierra y el agua para la alimentación y la salud. Y relatan, a partir de su propio testimonio de vulnerabilidad y sufrimiento, sobre la experiencia del éxodo provocado por los grandes proyectos agrominerales en la Panamazonia.

La falta de espacio para cultivar alimentos como papa y yuca también encarece la vida y restringe su alimentación. “Como indígenas, todos estamos sufriendo. Sin dinero, ¿cómo vamos a comer? Sin trabajo, ¿cómo vamos a mantener a nuestros hijos?”, se pregunta Mariluz. Para quienes más dependen de los acuerdos que se firmarán en ambientes climatizados artificialmente, la COP-30 es una palabra más en un idioma que no entienden.

Los políticos involucrados en la organización de la COP aseguran que las obras dejarán un legado, un discurso que el país también escuchó durante la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpíadas de 2016. Pero los dos eventos dejaron una estela de corrupción y familias expulsadas para construir estadios y otras obras de infraestructura. Interrogada sobre la expectativa de recursos y empleos que generarán los nuevos proyectos, la municipalidad de Belém informó “que todavía no hay valores fijos y que, por el momento, los gobiernos federal, del estado y del municipio están seleccionando y formateando las obras necesarias para realizar el evento y preparar la ciudad”.

Solo los cuatro proyectos anunciados tras el anuncio de la ONU, según la municipalidad, sumarían casi 800 millones de reales, provenientes de diversas fuentes, una de ellas la compañía minera Vale. “El conjunto de nuevas obras ya surte un efecto inmediato en la generación de empleos de la construcción civil, por ejemplo. E, indirectamente, en las prestadoras de servicios para las empresas que realizarán las obras”, afirmó el secretario municipal de Control, Integridad y Transparencia (Secont), Luiz Araújo.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Como obstáculo para el comienzo de obras en varios lugares de la ciudad, también existe el hecho de que en poco más de un año las acciones gubernamentales enfrentarán las barreras previstas por los plazos relacionados con las elecciones municipales de 2024. Y, en los meses siguientes, hasta la llegada del evento, las desigualdades socioambientales acumuladas durante siglos seguirán compitiendo por un espacio en la agenda de prioridades de las políticas gubernamentales.

Desde hace dos décadas y media, el docente de la Universidad Federal de Pará, Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, especialista en geografía humana y políticas urbanas, estudia el proceso de expansión de Belém en metrópolis, incluyendo las grandes intervenciones urbanísticas en el centro de la ciudad desde mediados de la década de 1990. Los trabajos de la COP, enfatiza, necesitan tener una visión articulada e impactar positivamente en otras políticas, como las de vivienda y movilidad.

Las intervenciones urbanísticas realizadas a partir de grandes eventos tienden a ignorar el uso popular de los territorios y se las “concibe como atractivas para el turismo, para las inversiones económicas”, pero sin tener en cuenta “las relaciones cotidianas y sus territorios”. Sin inversiones sociales no se puede fortalecer el turismo, advierte. La misma población, según Saint-Clair, tiene que poder aprovechar la ciudad. “Hay que mirar hacia los espacios conectados con la vida cotidiana para que las personas que viven aquí no tengan que pagar por usar todo lo que hay en ellos”.

Lika, del basural de Aurá, actualmente trabaja como decoradora de fiestas de cumpleaños y de egresados y toma cursos sobre cómo administrar y mantener una tienda de ropa de segunda mano junto con otras mujeres. Solo después de adulta, en un viaje organizado por la ONG Pará Solidário, Lika comió por primera vez en un restaurante, conoció shopping centers y visitó lugares turísticos de Belém. Ni ella ni las mujeres con las que lucha por una vida con menos basura –y con menos personas tratadas como restos– acceden a las discusiones sobre el medio ambiente y el derecho a la ciudad. Pero deberían formar parte o, si no, una cumbre climática en la Amazonia urbana solo servirá para el greenwashing de los políticos locales y las corporaciones transnacionales. El «lavado verde» se produce cuando personas y organizaciones utilizan estrategias engañosas de publicidad y marketing para hacerse pasar por defensoras socioambientales y aprovecharse de eso.