Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, se fue a dormir el martes con una sensación de victoria. Duró poco. En 24 horas, fue testigo de un violento proceso de deforestación del ministerio. Parece ser la única de su propio gobierno en querer detener los intereses que marcan los intentos de Petrobras de abrir un nuevo frente de explotación de petróleo en la Amazonia. Y también la única en defender, en el seno del Congreso y de su propio gobierno, el compromiso que asumió Luiz Inácio Lula da Silva de proteger la mayor selva tropical del planeta y enfrentar la crisis climática.

El martes, Marina Silva creía que la cuestión de la licencia ambiental para que Petrobras perfore un pozo de petróleo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas estaba pacificada en el gobierno. A pedido de Lula, se había reunido con el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates (Partido de los Trabajadores, PT), y los ministros de la Casa Civil, Rui Costa (PT), y de Minas y Energía, Alexandre Silveira (Partido Social Democrático, PSD), para presentar los argumentos técnicos que llevaron al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) a negar la licencia. Al terminar la reunión, la ministra dijo en una rueda de prensa que la decisión del Ibama estaba tomada y se cumpliría. «Es una decisión técnica y las decisiones técnicas en un gobierno republicano, en un gobierno democrático, se cumplen, se respetan, con base en pruebas», afirmó.

La ministra anunció que todos los presentes en la reunión habían acordado una salida: los ministerios de Medio Ambiente y de Minas y Energía realizarían una evaluación estratégica de todo el margen ecuatorial de la costa brasileña, que se extiende desde el estado de Río Grande del Norte hasta Amapá, para analizar la viabilidad y los impactos acumulativos de una posible explotación petrolera en una zona de especial sensibilidad ambiental, con influencia en el equilibrio de todo el ecosistema amazónico. Los propios técnicos del Ibama y Rodrigo Agostinho, presidente del organismo, ya habían apuntado la solución en la resolución que negó la licencia el pasado 17 de mayo.

Este análisis se denomina Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria y fue instituido en una resolución conjunta de los ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía en 2012. Esta evaluación debe llevarse a cabo antes de abrir cualquier nueva frontera de explotación petrolera, y debería haberse hecho antes de que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) comenzara a subastar bloques de explotación en el margen ecuatorial en 2013. Sin embargo, en ese momento se hizo una excepción, que hoy es inaceptable en un ministerio responsable de la protección del medio ambiente. «A partir de ahora, lo que se establece es el cumplimiento de la ley: todos los frentes de explotación de petróleo o proyectos de alta complejidad se someterán a una evaluación ambiental estratégica, o evaluación ambiental para áreas sedimentarias», dijo Marina Silva. En la declaración, la ministra dejó explícito que solo se tomaría una decisión sobre cualquier solicitud de licencia para perforar en el margen ecuatorial una vez realizada la evaluación. Su convicción dio la impresión de que esta visión había sido asimilada por el conjunto del gobierno.

Sin embargo, el miércoles, ante los senadores, el ministro Alexandre Silveira ignoró el acuerdo que había anunciado Marina Silva solo unas horas antes. En un tono que nunca antes había utilizado contra la ministra, dijo que la decisión del Ibama era «inadmisible», que se trataba de una mera «cuestión burocrática» y, en un golpe directo al prestigio internacional de Marina Silva, afirmó que «el embajador ambiental de Brasil, reconocido mundialmente, es Lula».

Silveira prefirió reducir una decisión técnica, basada en la mejor ciencia, tomada por funcionarios especializados, a una mera formalidad. El ministro de Minas y Energía defendió que la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria valiera solo para los bloques que quedan por subastar en el margen ecuatorial, y no para los que ya se concedieron en la subasta de 2013. Solo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas —una de las cinco del margen ecuatorial— hay otros ocho bloques para los que se ha solicitado la licencia ambiental al Ibama, siete de ellos pertenecientes a Petrobras. En total, hay 21 bloques más en el margen ecuatorial en la misma situación, otros 45 que la Agencia Nacional del Petróleo ofrece de forma permanente (están en venta) y 157 que están en estudio para subastarse.

En su declaración, el ministro de Minas y Energía comete un error conceptual y jurídico. «Si se reinicia el proceso de concesión de licencia, no se respetará el contrato, y no es solo con Petrobras. Otras compañías petroleras que han adquirido bloques petrolíferos podrían pedirle a Brasil el reembolso de los recursos invertidos, o incluso discutir la concesión», alegó Silveira. Pero la evaluación no anticipa la negativa de licencias, sino que hace más seguro el proceso de concesión, algo que todo el mundo debería desear. Ese fue el primer error. El segundo es que las empresas tienen derecho a solicitar una licencia ambiental para cualquier proyecto, pero el Ibama no tiene obligación legal de concederlas. El rechazo de una licencia es parte del juego, y en la propia cuenca de la desembocadura del Amazonas se le negaron cinco a la francesa Total en 2018.

La pregunta evidente es: ¿por qué Petrobras y el Ministerio de Minas y Energía luchan por no hacer la evaluación ambiental estratégica, si dicen estar tan seguros de que la explotación de petróleo en el margen ecuatorial es segura? ¿No deberían ser ellos los primeros en querer resolver este asunto y demostrar que es seguro, lo que les permitiría avanzar no solo con el bloque 59, sino con todos los demás, dándole tranquilidad al país y también a los inversores? La cuestión no es que la ministra de Medio Ambiente y el Ibama exijan que se cumpla la ley, haciendo la evaluación, sino que el Ministerio de Minas y Energía, Petrobras y una parte del gobierno se resistan a cumplir la ley y le pidan a la sociedad que confíe en su palabra y no en la evaluación técnica y científica.

La resolución en la que el presidente del Ibama negó la licencia ambiental se basó en un dictamen unánime de los diez técnicos de la Coordinación de Licencias de Explotación de Petróleo y Gas Offshore del Ibama, que se finalizó el 20 de abril y SUMAÚMA anticipó en exclusiva. El texto exponía que en la previsión de impactos de la actividad en las tres tierras indígenas de la región de Oiapoque, en el estado de Amapá, hay lagunas y que el plan que presentó la empresa estatal para atender la fauna en caso de derrame de petróleo —en una zona donde hay especies endémicas en peligro de extinción y corrientes marinas particularmente fuertes— genera incertidumbre. «La ausencia de la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria dificulta expresivamente la manifestación referente a la viabilidad ambiental de la actividad, considerando que no se han realizado estudios para evaluar la idoneidad de las áreas, así como la aptitud de la región, de notoria sensibilidad socioambiental, para la instalación de la cadena de producción de petróleo», afirmó Agostinho en la resolución.

La necesidad de abordar el efecto acumulativo de la explotación —en el caso de que se concedan las licencias y se encuentre petróleo en grandes cantidades, lo cual es incierto— se mencionó en varios de los dictámenes del Ibama referentes al proceso de concesión de la licencia para el bloque 59. El proceso para conceder la licencia ambiental para perforar un solo pozo «no es capaz de evaluar las transformaciones socioambientales que pueden provocar el desarrollo del conjunto de proyectos», dice un dictamen fechado el 31 de enero de este año. Tampoco es capaz «de predecir si el petróleo es una vocación económica adecuada para la región, compatible con las demás vocaciones». Y añade: «Por lo tanto, no es capaz de responder a una pregunta fundamental: ¿tiene una región determinada las aptitudes necesarias para el desarrollo de la prospección y producción de petróleo, teniendo en cuenta toda la cadena que está implicada? ¿En qué condiciones?».

Además de la manifestación del ministro de Minas y Energía, Petrobras también difundió una nota el miércoles para reafirmar que solicitará que se reconsidere la negativa de la licencia. Otro golpe para Marina Silva y el medio ambiente. La estatal sabe que la reconsideración la analizará el propio Rodrigo Agostinho y que es poco probable que el presidente del Ibama cambie la decisión técnica que tomó, ya que el proceso se arrastraba desde hacía nueve años y, aun así, se ha considerado que no es seguro conceder la licencia. Por eso existe la propuesta de realizar una evaluación ambiental estratégica, que podría durar al menos dos años, como dijo Marina Silva en una visita al Congreso.

El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, también le faltó el respeto a Marina Silva y al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático al afirmar que la «discusión continúa» y que el «Congreso puede contribuir». Padilha es del Partido de los Trabajadores (PT), al igual que el presidente de Petrobras, y es uno de los responsables de la denominada articulación política del Ejecutivo en el Congreso. En el Parlamento, otro golpe, aún más agresivo, contra la ministra: la deforestación de su ministerio. La comisión mixta, compuesta por senadores y diputados, creada para analizar la medida provisional que definió la organización del gobierno de Lula, le quitó poderes a la cartera de Marina Silva y empoderó al grupo Centrão, una coalición de partidos sin programa ni ideología que se vende al mejor postor. Sin una base cohesionada y mayoritaria, Lula cedió y vendió el Ministerio de Medio Ambiente, que ya no tendrá autonomía para gestionar el Registro Ambiental Rural o la política nacional de recursos hídricos.

Lula aún no se ha manifestado con relación a los cambios que el Congreso ha orquestado en la estructura del ministerio que montó tras ser elegido. Marina Silva se está defendiendo sola contra el ataque a uno de los principales compromisos que asumió el presidente: la protección de la Amazonia y de los demás biomas y la lucha contra la crisis climática. En Japón, cuando le preguntaron sobre la cuestión de la licencia ambiental, el presidente alentó a los defensores de la exploración a cualquier costo al mencionar un hecho que siempre cita Petrobras: que el bloque 59 está a más de 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. El dato es malicioso, porque el proceso de concesión de la licencia no habla del punto geográfico donde el río desemboca en el Atlántico, sino de la influencia ambiental de sus sedimentos.

Un estudio concluido recientemente, dirigido por Luciana Gatti, del Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE), muestra la importancia de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, cuyos sedimentos se extienden por un área de 300.000 kilómetros cuadrados, para capturar carbono de la atmósfera. Y esto en un momento en que la deforestación ya está haciendo que el balance entre la captura y la emisión del principal gas que provoca el calentamiento global sea negativo en varias zonas de la selva amazónica.

La medida provisional que cambiará la correlación de fuerzas en el gobierno y el rumbo de la agenda ambiental de Lula se votará el jueves en la Cámara de los Diputados y el Senado. Los líderes oficialistas, que el miércoles siguieron la votación de la comisión, trataron el asunto con resignación, sin mostrar resistencia. Marina Silva sabía que las negociaciones para debilitar el medio ambiente estaban en curso. Lo que la ministra aún no sabe es hasta qué punto Lula pretende ceder, y si la ruptura entre ambos, que se produjo en 2008, puede repetirse. La diferencia ahora, en 2023, es que la preocupación del mundo ha cambiado. Políticamente, en un planeta en colapso climático, el mayor perdedor es el propio Lula. Y su tercer mandato no ha cumplido ni cinco meses.