Dos expresiones que el juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema brasileña, repite en la lectura de su voto están en el centro de las preocupaciones de un grupo de más de 30 abogados indígenas y no indígenas que actúan en defensa de los pueblos originarios en el juicio del marco temporal. El caso se considera el «juicio del siglo» para los pueblos originarios y para la conservación de zonas vitales para hacer frente a la emergencia climática.

La primera expresión preocupante es la «indemnización previa» a los agricultores o empresarios que alegan ser propietarios de tierras indígenas tradicionales. Si los demás magistrados aceptan el voto de Moraes, podría crearse un obstáculo financiero y burocrático para las nuevas demarcaciones, dicen los abogados que ha consultado SUMAÚMA.

La segunda es la posibilidad de «compensación de territorios de interés público», es decir, que el gobierno ofrezca a un pueblo un territorio alternativo al que este quiere demarcar. En la práctica, eso permitiría desalojar a los pueblos indígenas de sus tierras, una medida ampliamente practicada durante la dictadura empresarial y militar (1964-1985). La propuesta reduce el concepto de tierra a un mero objeto, que puede intercambiarse o sustituirse, violando así la profunda conexión cultural que tienen cientos de pueblos originarios con su territorio ancestral.

Las dos propuestas del magistrado del Supremo agudizarán un problema ya grave en la Amazonia, según el abogado indígena Mauricio Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). «Fomentará el robo de tierras públicas», afirma, refiriéndose a la invasión, por parte de hacendados y ocupantes ilegales, de zonas públicas no asignadas, llamadas en portugués terras devolutas. Muchas de estas tierras también las reivindican algunos pueblos indígenas, especialmente en la Amazonia.

«La tendencia es que los conflictos se intensifiquen», coincide Rafael Modesto, abogado del Consejo Indigenista Misionero (Cimi) y del pueblo Xokleng, del estado de Santa Catarina. «Con la indemnización previa, Moraes crea una nueva fase en el proceso de demarcación», añade. El proceso de demarcación ya se ha mostrado mucho más lento de lo que debería ser, con lo que se exacerban los conflictos y provocan asesinatos en la Amazonia y en la mayoría de los biomas.

«Nunca nos hemos opuesto a la indemnización, creemos que es una medida justa, sobre todo cuando se trata de pequeños agricultores», explicó Deborah Duprat, ex vicefiscal general de la República y actual abogada de los pueblos indígenas en el proceso del hito temporal. «Pero la indemnización tiene que discutirse en un proceso judicial propio, no en el curso del proceso administrativo de demarcación».

La defensa de la compensación territorial demuestra que Moraes «no ha entendido» cuál es la relación entre los pueblos indígenas y sus tierras tradicionales, afirma Modesto. «La posibilidad de compensar un territorio con otro no tiene en consideración la relación del pueblo con la tierra de origen, que es psíquica, anímica. La tierra tradicional es el lugar donde se entierra a los antepasados, es un lugar de culto, de mitos, va más allá de la reducción civil y patrimonialista de los no indígenas», argumentó.

Por eso, la opinión mayoritaria entre los abogados que defienden la causa indígena en el juicio sobre el marco temporal es que el voto de Moraes es «malo», a pesar de que haya rechazado la tesis de que los pueblos originarios solo pueden reclamar la posesión de los territorios que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.

Además de agravar un problema en la región amazónica, que es la disputa por la tierra, las dos tesis presentes en el voto de Moraes chocan con lo que está definido en el artículo 231 de la Constitución. El texto dice que las tierras indígenas son propiedad de la Federación y están «destinadas a la posesión permanente de los indígenas». Además, la Carta Magna establece que «no producen efectos jurídicos» ni derecho a indemnización, algo que, en su voto, Moraes propone cambiar. Por último, el mismo artículo afirma que «está prohibido expulsar a los indígenas de sus tierras».

El Supremo reanudó el juicio el pasado día 7 precisamente con la lectura del voto de Moraes. Hasta entonces, el juicio contaba con un voto en contra de la tesis del marco temporal, el del ponente, el magistrado Edson Fachin, y uno a favor, el del magistrado Nunes Marques, nombrado para el tribunal por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

El juicio se detuvo de nuevo porque otro magistrado nombrado por Bolsonaro por ser «terriblemente evangélico», André Mendonça, pidió analizar los autos. Los magistrados hacen esa solicitud cuando necesitan más tiempo para analizar un caso antes de tomar una decisión. Y también para aplazar juicios en los que están en desventaja. El plazo para que Mendonça devuelva el proceso al pleno es de 90 días. Pero como el Supremo estará en receso durante el mes de julio, en la práctica el juicio sobre el marco temporal solo volverá en octubre.

Dos semanas después de la reanudación del juicio, el voto completo de Alexandre de Moraes aún no se ha adjuntado por escrito a los documentos del proceso, cuya sentencia definirá si la Constitución admite o no un marco temporal para demarcar las tierras indígenas. Solo entonces, explicaron los abogados con los que habló SUMAÚMA, será posible hacer una evaluación consolidada al respecto.

Al final de su voto, Moraes enumeró en diez puntos las consideraciones que lo llevaron a rechazar la tesis del marco temporal. A simple vista, parecen resumir una especie de «vía intermedia» entre lo que proponía Fachin en su informe y el voto divergente, a favor del marco temporal, de Nunes Marques. Los abogados de la causa indígena sospechan que esta «vía intermedia» sea fruto de un consenso previo entre los magistrados que aún no han votado. En dos de estos puntos es donde aparecen los términos preocupantes.

El punto 4 de la conclusión del voto de Moraes está disponible en un documento adjunto al expediente en la página web del Supremo. En él, el magistrado afirma que, en el caso de que los indígenas no estuvieran en el territorio que quieren ver demarcado o no lucharan por él, los documentos de propiedad de esa área pasarían a ser válidos. Por lo tanto, el «propietario» del terreno tendría que ser indemnizado previamente por el gobierno federal para que pueda llevarse a cabo la demarcación. Si prevaleciera la interpretación del magistrado, se produciría un cambio con relación al texto constitucional, que solo prevé indemnizaciones «por mejoras de buena fe» que hayan realizado ocupantes no indígenas.

Las mejoras de buena fe suelen ser las que han hecho particulares y familias, a menudo ocupantes ilegales, pequeños agricultores en busca de posibilidades de sobrevivir que en el pasado acudieron a la llamada de algún programa estatal que llevó a la ocupación de un territorio indígena. Como, por ejemplo, los nordestinos pobres que fueron a extraer látex de las siringas para fabricar goma y luego, cuando el precio del producto bajó, el Estado los abandonó en la selva amazónica. Casos como este son muy diferentes de los grileiros o ladrones de tierras públicas, que buscan adueñándose de grandes áreas de tierras públicas, en general de ocupación ancestral indígena, acumular un patrimonio privado, convirtiéndose en terratenientes.

En el punto 5 del resumen de su voto, Moraes afirma: «En la hipótesis prevista en el punto anterior, siendo contraria al interés público la disolución de la situación consolidada [es decir, la apropiación privada de tierras públicas] y buscando la paz social, la Federación podrá compensar a las comunidades indígenas mediante la concesión de tierras equivalentes a las tradicionalmente ocupadas, siempre que exista acuerdo expreso». En otras palabras, dice que si hubiera «interés público» en que una tierra tradicional indígena no se destine a los pueblos originarios que la reivindican, el gobierno podría ofrecerles una zona de tamaño equivalente.

Se trata de una respuesta a lo que Deborah Duprat denomina el «efecto Copacabana»: la alegación de que, dado que los pueblos indígenas vivían en todo Brasil antes de la invasión portuguesa, no habría límites para las demarcaciones; incluso ciudades con siglos de antigüedad podrían ser declaradas tierras indígenas, como la famosa playa de Río de Janeiro. Ampliamente difundido por terratenientes y otros contumaces opositores a la causa indígena, este argumento ha estado incluso en boca del magistrado del Supremo Gilmar Mendes.

Es una falacia, rebaten los abogados que ha escuchado SUMAÚMA. Actualmente, los informes antropológicos que orientan los procesos de demarcación de las tierras indígenas ya excluyen áreas consolidadas de ocupación no indígena, como las muchas ciudades que ya están reconocidas en Brasil. Pero para resolver un problema que no existe, Moraes ha creado otro, y este sí que es grave.

La mención del «interés público» es especialmente explosiva. «Esta parte del voto tiene varios problemas, empezando por la expresión “interés público”, en la que puede incluirse cualquier cosa», consideró Duprat. «Y, en la práctica, convertirá las tierras indígenas en un mostrador y fomentará la división de las comunidades [para que renuncien a sus tierras]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene constancia de que esta estrategia de dividir a las comunidades para obtener el consentimiento [sobre dejar las tierras] es común en los países que tienen poblaciones indígenas».

La posibilidad que abre el voto de Moraes tiene un gran potencial para convertirse en un «desalojo forzoso». «La compensación de territorios [de una zona ancestral que reivindican los indígenas por otra, en teoría equivalente] es un “desalojo forzoso pactado”», ironizó Mauricio Terena. La ironía indica el resultado previsible de una negociación entre partes que tienen fuerzas políticas y económicas muy desiguales.

Durante la dictadura, fueron frecuentes los desalojos forzosos de indígenas de territorios que codiciaban los terratenientes o las políticas expansionistas de los militares en el poder. Trasladados a territorios con los que no tenían ninguna relación, muchos indígenas caminaron cientos de kilómetros en un intento de regresar a la tierra a la que pertenecían. Varios murieron por el camino. En Os Fuzis e as Flechas – História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura (Los fusiles y las flechas: una historia de sangre y resistencia indígena en la dictadura, publicado en 2017), el periodista Rubens Valente relata casos como el del pueblo Nambikwara. Los hacendados que llegaron con la apertura de la carretera BR-364 ocuparon, con autorización de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), su territorio tradicional en el Vale do Guaporé, entre Mato Grosso y Rondonia, y los desalojaron dos veces, en 1971 y 1974. En la segunda, la «operación duró cuatro días de vuelos en un avión proporcionado por Funai y dos días más en una furgoneta». El destino eran tierras de suelo pobre y arenoso, malas para la agricultura y con poca caza. El resultado, en ambas ocasiones, fue el mismo: los indígenas, «muertos de hambre en un suelo pobre, comenzaron a regresar espontáneamente a sus tierras originales. A pie o a dedo, regresaron uno a uno», relata el periodista.

Con el plazo de 90 días para que André Mendonça devuelva los autos del marco temporal y el receso de todo el mes de julio, es probable que el juicio no se reanude hasta octubre. La fecha coincidirá con la jubilación obligatoria, al cumplir 75 años, de la actual presidenta del Supremo, la magistrada Rosa Weber. Se considera probable que vote a favor de los pueblos indígenas, la naturaleza y la lucha contra el colapso climático. En la sesión del 7 de junio, Weber manifestó su deseo de votar. El nuevo miembro del tribunal, Cristiano Zanin (abogado de Luiz Inácio Lula da Silva en los casos de la operación Lava Jato, que sustituirá al magistrado Ricardo Lewandowski, que también se jubila), deberá asimismo pronunciarse sobre el caso.

En el examen al que le sometió el Senado, que tuvo lugar el 21 de junio, Zanin no se comprometió cuando se le preguntó por el marco temporal. Habló de «valores que habrá que conciliar, como es el caso del derecho a la propiedad y el derecho de los pueblos originarios», señal de que su concepción es similar a la de Moraes. «Los indígenas saben que el presidente Lula es el gran garante de Zanin ante el Supremo», afirmó un abogado, que prefiere preservar el anonimato, sobre a quién habría que pedirle cuentas si el nuevo magistrado y exabogado del presidente vota en contra de los intereses de los pueblos originarios y de las nuevas generaciones. Al hacer una elección personal para un cargo público, una decisión que provocó críticas tanto de la derecha como de la izquierda, Lula se puso en una posición vulnerable para todas las decisiones delicadas del Supremo.

A pesar de que reina cierto pesimismo por la posibilidad de que el voto de Moraes sea fruto del consenso entre los magistrados, Mauricio Terena afirma que los pueblos indígenas seguirán trabajando para que prevalezca la posición del ponente, Edson Fachin: «La Apib seguirá, hasta que el barco se hunda, con el voto del magistrado Fachin. Porque esto pasará a los anales de la historia».