Nueve años después del inicio del proceso de concesión de la licencia ambiental para buscar petróleo en alta mar, en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, y solo cuando el proceso se aproxima a sus etapas finales, las consecuencias del proyecto para los cerca de 8.000 indígenas de Oiapoque, la región más septentrional del litoral brasileño, han entrado en la agenda del gobierno federal. Y eso solo se debe a la insistencia de los 4 pueblos originarios de esta región del estado de Amapá – Karipuna, Palikur, Galibi Kaliña y Galibi-Marworno – para que les consulten sobre la posible perforación en el llamado bloque 59, cuya operación asumió Petrobras hace 2 años, después de que su socia, la británica BP, se retirara. En una zona extremadamente sensible desde el punto de vista social y ecológico, la empresa estatal pretende abrir una «nueva frontera» de exploración de combustibles que desafía los compromisos medioambientales del presidente Lula, como muestra el reportaje que publicó en febrero SUMAÚMA.

En su primera reunión con un equipo de Petrobras, el 13 de febrero, los indígenas relataron que los vuelos diarios en helicóptero entre el aeropuerto de Oiapoque y el buque perforador que la empresa estatal envió al área del bloque 59 en diciembre, cuando se esperaba que se concediera la licencia, ya están causando impactos negativos en los 3 territorios indígenas de la región: Uaçá, Juminã y Galibi. Volando bajo, ahuyentan a aves como el pato silvestre y el jabirú —la mayor cigüeña del continente americano— y también la caza que las aldeas necesitan para su alimentación, artesanía y prácticas rituales. Los indígenas se quejaron de que no se les avisó con antelación de esa actividad, «que está perturbando incluso la paz de las comunidades».

También pidieron que Petrobras se implicara más en la decisión sobre la reubicación del vertedero de Oiapoque, que queda cerca del pequeño aeródromo de la ciudad. Una decisión judicial de 2009 ya determinó que se construyera en un lugar adecuado, pero con los vuelos de la empresa estatal el traslado urge todavía más. La idea original del ayuntamiento era construir un vertedero sellado cerca de dos aldeas, pero se corría el riesgo de contaminar las fuentes de agua.

A principios de marzo, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), responsable de la concesión de licencias ambientales, le pidió a Petrobras que incluyera la cuestión de los sobrevuelos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y presentara «medidas mitigadoras», ya que estos impactos «se perpetuarán» si la empresa obtiene la licencia de exploración. También sugirió que hubiera un «análisis superior sobre la pertinencia de enviar el proceso» a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para que se manifieste. En el caso del aeropuerto de Oiapoque, el informe técnico del instituto, publicado el 6 de marzo, da la razón a los indígenas cuando afirman que Petrobras no debe eximirse de responsabilidad por los resultados de la reforma que patrocina en el aeropuerto, ya que, si no fuera una base de apoyo para las actividades de la empresa en el litoral de Amapá, no habría tales consecuencias.

En su primera reunión con un equipo de Petrobras, el 13 de febrero, los indígenas relataron que los vuelos diarios en helicóptero entre el aeropuerto de Oiapoque y el buque perforador que la empresa estatal envió al área del bloque 59 en diciembre, cuando se esperaba que se concediera la licencia, ya están causando impactos negativos en los 3 territorios indígenas de la región. Volando bajo, ahuyentan a aves como el pato silvestre y el jabirú —la mayor cigüeña del continente americano— y también la caza que las aldeas necesitan para su alimentación, artesanía y prácticas rituales. Los indígenas se quejaron de que no se les avisó con antelación de esa actividad, «que está perturbando incluso la paz de las comunidades».

También pidieron que Petrobras se implicara más en la decisión sobre la reubicación del vertedero de Oiapoque, que queda cerca del pequeño aeródromo de la ciudad. Una decisión judicial de 2009 ya determinó que se construyera en un lugar adecuado, pero con los vuelos de la empresa estatal el traslado urge todavía más. La idea original del ayuntamiento era construir un vertedero sellado cerca de dos aldeas, pero se corría el riesgo de contaminar las fuentes de agua.

A principios de marzo, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), responsable de la concesión de licencias ambientales, le pidió a Petrobras que incluyera la cuestión de los sobrevuelos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y presentara «medidas mitigadoras», ya que estos impactos «se perpetuarán» si la empresa obtiene la licencia de exploración. También sugirió que hubiera un «análisis superior sobre la pertinencia de enviar el proceso» a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para que se manifieste. En el caso del aeropuerto de Oiapoque, el informe técnico del instituto, publicado el 6 de marzo, da la razón a los indígenas cuando afirman que Petrobras no debe eximirse de responsabilidad por los resultados de la reforma que patrocina en el aeropuerto, ya que, si no fuera una base de apoyo para las actividades de la empresa en el litoral de Amapá, no habría tales consecuencias.

Ha sido la primera vez que las demandas específicas de los pueblos indígenas se han incluido en un documento del Ibama, el del bloque 59, aunque ha ocurrido en una fase avanzada del proceso de concesión de la licencia. A finales de marzo, quizá ya el día 20, está previsto que se realice el simulacro de un accidente de vertido de petróleo. Si Petrobras aprueba la denominada Evaluación Preoperativa, será la última etapa antes de que se emita la licencia de exploración. Sin embargo, en una entrevista concedida a SUMAÚMA, Rodrigo Agostinho, el nuevo presidente del Ibama, afirmó que aún tendrá que analizar todas las recomendaciones de los técnicos del instituto antes de tomar una decisión, lo que podría llevar semanas.

Petrobras, a través de su asesoría de comunicación, ha afirmado que está cambiando la ruta y la altitud de los vuelos entre Oiapoque y el buque perforador y que, de obtener la licencia, la frecuencia seguirá siendo de dos al día, de lunes a viernes. Argumentó que su operación «está dentro de la capacidad de las instalaciones del aeropuerto», que tiene autorización para transportar a 200.000 pasajeros al año. Informó que «está contribuyendo a los estudios» para definir la ubicación del vertedero y que «está previsto» que los «órganos públicos» consulten a los indígenas sobre la mejor solución.

Los líderes indígenas están, por ahora, satisfechos con haber conseguido que Petrobras fuera a una reunión en su propio territorio, en la tierra Uaçá, en el Centro de Formación Domingos Santa Rosa, que lleva el nombre de un antiguo líder indígena de la región y funcionario de la Funai, fallecido en 2020. En noviembre del año pasado, los caciques se negaron a acudir a una reunión informativa que la empresa celebró en la sede del municipio y solicitaron una reunión exclusiva. La movilización de los pueblos de Oiapoque se remonta a los años 70 y consiguió la homologación de la primera de las tres tierras indígenas de la región en 1982, al final de la dictadura empresarial y militar (1964-1985). Los indígenas locales celebran todos los años una asamblea general, famosa en el estado de Amapá. La de este año, la 29ª, tuvo lugar del 11 al 14 de marzo en la aldea Kuhaí, en la que se debatieron políticas públicas en ámbitos como la educación, la salud, la cultura y la agricultura. También están organizados desde hace tiempo en entidades como el Consejo de Caciques de los Pueblos Indígenas de Oiapoque (CCPIO) y la Asociación de los Pueblos Indígenas de Amapá y Norte de Pará (Apoianp). En 2019, crearon un protocolo de consulta previa, recogida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Brasil e incorporado a la legislación nacional.

«Fue una reunión excelente, hicimos nuestras preguntas, al parecer se mostraron sensibles a nuestras preocupaciones. Propusimos la creación de un GT [grupo de trabajo] y exigimos mucho que se hiciera la consulta, que se siguiera el protocolo para poder ser atendidos según nuestras necesidades, para poder explicar nuestras preocupaciones. No tenemos experiencia en tratar con una gran multinacional como Petrobras, pero conseguimos transmitir nuestro mensaje y obtener información importante que queríamos oír. Para empezar, estamos satisfechos», explicó por teléfono el cacique Edmilson dos Santos Oliveira, del pueblo Karipuna y coordinador del CCPIO.

En total, 78 personas firmaron la lista de asistencia a la reunión, que duró un día entero e incluía una sesión informativa de Petrobras y los discursos de los indígenas, mayoría entre los presentes. Había representantes de la Funai, del Ibama, del Ministerio Público y de organizaciones locales como WWF y el Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé). Petrobras llevó una extensa delegación, de 13 personas, entre ellas Daniele Lomba, su gerente de Licencias y Cumplimiento Ambiental, y Priscila Moczydlower, coordinadora de responsabilidad social de Oiapoque, así como geólogos y dos antropólogos recién contratados de una empresa tercerizada.

Los indígenas, que constituyen casi un tercio de los 28.000 habitantes del municipio, están escaldados por dos proyectos en los que no se atendieron sus demandas: la carretera BR-156, que une Macapá con Oiapoque y provocó la reubicación de varias aldeas, y la pequeña central hidroeléctrica de Cafesoca, que represará un tramo del río Oyapoque, uno de los cuatro mayores de la región. Ahora, a pesar de la voluntad de los caciques de abrir un proceso de diálogo, solo al final de la reunión Petrobras reconoció que los sobrevuelos eran para llevar personas y suministros a su buque perforador. En cuanto a la consulta previa, la negociación entre los líderes indígenas y la empresa es intrincada, una yincana verbal. «El grupo de trabajo es una victoria para los indígenas, pero no es una consulta para el proyecto», dijo Daniela Jerez, representante de WWF en la reunión.

Durante mucho tiempo, como sus proyecciones no preveían impactos directos de la prospección de petróleo en las tierras indígenas, Petrobras consideró que no era necesario seguir el Convenio 169. Pero, además de ser una demanda de los pueblos de Oiapoque, también fue una recomendación que los fiscales federales de Amapá y Pará hicieron a la empresa. La empresa estatal dice que la actividad para la cual el Ibama tiene que concederle la licencia es «temporal», cuya duración sería de cinco meses. Si encuentra petróleo en el bloque 59, «es posible que se convierta en un proyecto». En ese caso, «habrá que llevar a cabo un nuevo proceso de concesión de licencia», aunque se sabe que, una vez obtenida la licencia para perforar, es muy difícil que se le deniegue la licencia para producir. Por ahora, afirmó la empresa, se adoptará el protocolo de consulta del CCPIO «como referencia para la relación y construcción de diálogo para buscar implementar acciones y asociaciones que tengan sinergia con la actividad de la empresa».

En febrero, Petrobras incluyó por primera vez la presentación de proyectos para Amapá y Pará —donde se ubicaría la base naval de exploración en la desembocadura del Amazonas— en la convocatoria pública de su programa socioambiental. SUMAÚMA cuestionó si esos proyectos, que no tienen relación directa con los negocios de la empresa, serían una forma de obtener el apoyo de los indígenas. La compañía estatal respondió que «dirigir inversiones sociales a las áreas del entorno de nuestras actividades» forma parte de su política de responsabilidad social. «No es una forma de ‘ganarse’ el apoyo de las comunidades; al contrario, es una manera de potenciar los impactos positivos de nuestra presencia en una determinada región y de relacionarnos con nuestros vecinos», señala el comunicado de la empresa.

En cualquier caso, los caciques dejaron claro que esperan la consulta para el proyecto, aunque se produzca en un momento futuro. «Con la creación del GT, podremos alinear mejor la cuestión. Han mostrado que son accesibles, que van a hacer la consulta, pero han dicho que ahora es solo una prueba, que aún no es una exploración, y que, si ocurre, si hay petróleo o gas allí, entonces la situación tomará otro rumbo y será cuando tenga lugar la consulta», dijo Edmilson. Para Hiandra Pedroso, abogada de Apoianp, Petrobras podría «estar ya haciendo [la consulta], escuchando, comprobando, haciendo un estudio del impacto social real y un pronóstico del plan de salvaguarda para el futuro, en caso de que haya exploración». «Eso incluso reduciría el coste para ellos», afirmó.

Daniela Jerez, representante de WWF en la reunión, e Hiandra Pedroso, abogada de Apoianp, contaron que, en la reunión de febrero, volvió a surgir el conflicto entre «el conocimiento académico y el conocimiento de los locales», entre «la palabra de los no indígenas y el conocimiento tradicional de las comunidades». Desde el inicio del proceso de concesión de licencias para el bloque 59, situado a 160 kilómetros de la costa, las proyecciones de vertidos de petróleo no prevén la llegada de la marea negra a Oiapoque, una región de manglares y campos inundados donde la marea tiene 4 metros de altura y el mar se adentra kilómetros en los ríos en épocas de crecida. En la reunión, mientras los representantes de Petrobras subrayaban la «solidez» de sus estudios y su experiencia en la perforación de pozos en alta mar, varios indígenas recurrieron a su experiencia práctica para expresar sus dudas.

Ramon dos Santos, líder del pueblo Karipuna, recordó que «el 70% de los territorios indígenas es agua», influida por «la dinámica de las mareas», y que por ello «no sabe lo que puede pasar si hay un accidente». Maxwara Nunes, director de la escuela del pueblo Galibi-Marworno, habló del río Cassiporé, próximo a la zona costera y que tiene «varios arroyos interconectados» con la tierra Uaçá. El cacique Damasceno Fortes Karipuna dijo que «por la marea, la mancha sí que llegaría a tierras indígenas».

Ramon propuso que se contrataran agentes medioambientales indígenas para monitorear el impacto del proyecto, empezando por los sobrevuelos, y el cacique Nasildo Nunes sugirió un «componente indígena» en Petrobras, «para que las comunidades sean conscientes de lo que ocurre». «Queríamos incluir de alguna manera a algunos representantes indígenas dentro de la estructura de Petrobras, para que siguieran el proyecto y nos pasaran información de una forma más clara, pero han dicho que es difícil, que no están muy de acuerdo, que quizás sea demasiado técnico. Nosotros les hemos explicado que hay indígenas formados en diversas áreas», dijo Edmilson.

Ante las peticiones, Daniele Lomba, gerente de la empresa estatal, pidió a los presentes que hablaran de los «impactos positivos» que Petrobras puede aportar a los pueblos indígenas, y solicitó propuestas. Priscila, también de la empresa, mencionó un «abanico de opciones» en contrapartidas, habló de donar computadoras y capacitar personas e informó del lanzamiento de la convocatoria pública para proyectos socioambientales que incluye a la región. «Uno de los caciques dijo: si no tengo buena información, puedo decir no a algo que es bueno para mí y sí a algo que no lo es», relató Daniela Jerez, de WWF.

Una de las reivindicaciones más enérgicas fue la de Priscila Barbosa Karipuna, líder de Apoianp. Señaló que ha habido «errores desde el inicio del proceso de diálogo» y afirmó que los indígenas «no están en contra de ningún proyecto, sino que quieren que se respete el protocolo de consulta». También comentó que la demora en la consulta ahora genera «presión» a los líderes, ya que una de las grandes preocupaciones de los pueblos originarios de Oiapoque es que los acusen de «frenar el desarrollo» ante las expectativas de empleo y recompensas económicas que el proyecto trae al municipio.

Aunque en la reunión Petrobras enfatizó que hoy mantiene un pequeño equipo en la ciudad, con 20 personas, las actividades de la empresa suelen destacarse en las redes sociales del ayuntamiento, dirigido por Breno Almeida, elegido en 2020 por el PRTB (Partido de Renovador Laborista Brasileño), una sigla sin diputados federales pero que llegó a negociar la afiliación de Jair Bolsonaro en 2021. El 8 de marzo, el ayuntamiento informó en Instagram de que la empresa estatal había firmado una adenda para las obras de renovación del aeropuerto. Un día antes, informó de una charla sobre el Plan de Emergencia Aeroportuaria «en la sala de reuniones de la terminal de pasajeros de Petrobras».

Petrobras afirma que, de hecho, de momento no se prevé crear empleo directo en la ciudad, «ya que la actividad es temporal», pero que, si hubiera producción, «es natural que surjan otras oportunidades». «Somos conscientes de la expectativa de la población local. Eso quedó claro en la reunión ampliada que se celebró en Oiapoque en noviembre de 2022. Allí asumimos el compromiso de estructurarnos juntos para que podamos, cada vez más, promover mejoras sociales a través de la capacitación técnica», dijo la empresa estatal, añadiendo que la convocatoria pública para proyectos socioambientales permite la participación de las instituciones locales y, por lo tanto, de la población local.

Mientras se producen choques de intereses en Oiapoque, el proceso de concesión de la licencia sigue adelante. El 3 de marzo, en una reunión entre representantes de la empresa estatal y el nuevo responsable de la Coordinación General de Proyectos Marinos y Costeros del Ibama, Itagyba Alvarenga Neto, se acordó que el simulacro de un accidente de vertido de petróleo tendría lugar este mes, en principio el día 20. Se acordó que la fecha se confirmaría en una próxima reunión.

Está previsto que la Evaluación Preoperativa tenga lugar en el área del bloque 59 y que en ella participen 6 buques de Petrobras —la empresa añadió uno más a los 5 disponibles hace un mes, y ya ha pasado la inspección del Ibama—. El llamado Plan de Emergencia Individual, que se pondrá a prueba en el simulacro, ha tendido que reforzarse porque la base naval de la empresa está en Belém, a 43 horas por mar del pozo, ya que la costa de manglares no permite embarcaciones de gran calado en Oiapoque. Esto obliga a los buques a turnarse a distancias más cortas del lugar de perforación, para actuar en casos de emergencia.

Según el acta de la reunión, Itagyba dijo a Daniele Lomba, gerente de Petrobras, que la concesión de la licencia para el bloque 59 es una prioridad y que Petrobras ha estado cumpliendo con todas las exigencias del organismo ambiental. Sin embargo, el coordinador del Ibama señaló que el proceso «está siendo supervisado por muchas instituciones y entidades y, por lo tanto, tiene que estar muy bien saneado, instruido y detallado para ayudar a las instancias superiores a tomar la decisión relativa a la concesión de la licencia del proyecto». Daniele afirmó que «hay mucha gente implicada y movilizada para realizar» la Evaluación Preoperativa y que toda la estructura está preparada.

En sus últimos dictámenes técnicos, el Ibama preaprobó el Centro de Rehabilitación y Despetrolización de la Fauna, creado en Belém para tratar a las aves que eventualmente puedan verse afectadas por una marea negra y que ya fue autorizado, a mediados de febrero, por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Pará. El instituto solicitó más información sobre el Plan de Protección de la Fauna, al considerarlo «insuficiente e inadecuado» en algunos aspectos, como el tiempo de desplazamiento entre el bloque 59 y los lugares donde se atendería a los animales. Sin embargo, en un despacho interno, admitió que «quizás la empresa no pueda atender completamente el nivel de detalle solicitado, especialmente por tratarse de un tema como la estrategia de respuesta a emergencias, susceptible de varios imprevistos operativos» en una zona, la cuenca de la desembocadura del Amazonas, que «presenta inmensas dificultades logísticas».

A principios de febrero, en respuesta a una pregunta de SUMAÚMA, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Ibama sugirieron que, para poder tomar una decisión calificada sobre la concesión de la licencia, sería necesario hacer una evaluación más amplia de la compatibilidad de la región de la desembocadura del Amazonas con la actividad petrolera. El ministerio de Marina Silva y el Ibama citaron un dictamen técnico, publicado el 31 de enero, que afirma que «la ausencia de una evaluación ambiental estratégica, como la AAAS [Evaluación Ambiental de Área Sedimentaria], y de otros instrumentos de gestión ambiental, dificulta significativamente decidir sobre la viabilidad ambiental de la actividad, insertada en un área de notoria sensibilidad socioambiental y una nueva frontera para la industria del petróleo».