Por las calles del municipio de Oiapoque, en el estado de Amapá, en la región norte de Brasil, circulaba un auto con altavoces que invitaba a la población a la audiencia pública: «Petróleo y gas en la costa de Amapá: un debate sobre el futuro». En la plaza principal de la ciudad, una pancarta avisaba que se realizaría el evento, propuesto por el diputado estatal Inácio Monteiro Maciel, del Partido Democrático Laborista. Los principales hoteles de la ciudad estaban llenos y la mayoría de los huéspedes eran personas involucradas en la producción del evento, asesores de políticos y otros interesados en la discusión sobre la apertura de un nuevo frente de explotación de petróleo en la Amazonia, que tendría lugar la tarde del 19 de mayo en la Escuela Estatal Joaquim Nabuco.

En el vestíbulo de uno de los hoteles, el discurso del exdiputado Antonio Feijão, figura ya conocida en la región por su implicación en infracciones medioambientales y por su relación con la minería en la Amazonia, marcó el tono de lo que sería el encuentro: «Randolfe ha resucitado políticamente. Ha fortalecido la unidad de la Asamblea de Amapá. Lo que dice es: Marina Silva no quiere el petróleo que da trabajo al pueblo de Amapá».

Feijão se refería al senador Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso, que acaba de dejar el partido Red de Sostenibilidad, el de la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, y se ha apresurado a posicionarse a favor de la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas, con la vista puesta en las elecciones de 2026. El senador tomó la decisión poco después de que Rodrigo Agostinho, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el 17 de mayo denegara la licencia que había solicitado Petrobras para perforar en la zona.

El día de la audiencia, en conversaciones con huéspedes y colegas de la región durante el desayuno, Feijão ya pronosticaba cuánto tiempo permanecería Marina Silva en la cartera. En las apuestas de los políticos de Amapá, durará como mucho 90 días más en el ministerio. El pronóstico del político vinculado a la minería es el mismo que el de toda la élite política y económica de la región Norte: Marina Silva va a caer y Randolfe Rodrigues, con su gesto insólito —el de vender su compromiso con las causas medioambientales— debería ser el próximo ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Con los ánimos caldeados, dos días después de que el Ibama le negara a Petrobras la licencia de Actividad de Perforación Marítima en el bloque FZA-M-59, llamado bloque 59, los políticos de Amapá promovieron y difundieron, durante más de cinco horas, la narrativa unísona de que el organismo ambiental del gobierno federal estaba cometiendo «un crimen». En sus discursos omitieron que el Ibama sigue directrices técnicas para evitar un colapso medioambiental.

El crimen del organismo, según la mayoría de los políticos locales, sería «negarle a Amapá el desarrollo y la generación de empleo e ingresos». La audiencia pública debería ser un espacio para exponer y debatir las consecuencias de la explotación de petróleo en la región. Sin embargo, se convirtió en un escenario de desinformación —difundida por políticos del estado— y de duros ataques a la ministra Marina Silva y al presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho.

«El Ibama ha cometido un crimen de lesa patria contra el pueblo brasileño», afirmó el senador Davi Alcolumbre (Unión Brasil), expresidente del Senado, en un vídeo grabado y enviado para la apertura del acto. «Lo que ha hecho el presidente del Ibama es negarle al pueblo el derecho a saber lo que tiene en su suelo», reiteró el senador, que luego afirmó que la decisión de Agostinho fue «inoportuna».

Para no ser menos, Randolfe Rodrigues gritaba por el micrófono que el pueblo de Amapá debía ser consultado y que una decisión así no podía venir de «un burócrata de ojos claros», en referencia a Rodrigo Agostinho, que tiene los ojos azules. El senador afirmó también «que no aprendió sobre medio ambiente en [la avenida] Faria Lima [centro financiero de São Paulo] o en la universidad», sino con los indígenas de Amapá. Sin embargo, no explicó cómo se combina su ecologismo con la vehemente defensa de la extracción de petróleo en una región de alta vulnerabilidad socioambiental.

Ni Alcolumbre ni Rodrigues explicaron en la audiencia pública por qué Petrobras y el Ministerio de Minas y Energía luchan por no hacer la evaluación ambiental estratégica, si dicen estar tan seguros de que la explotación de petróleo en el margen ecuatorial es segura. El dúo de senadores de Amapá prefirió no debatir esta cuestión. Al contrario. Randolfe Rodrigues insistió en que debería consultarse a la población del estado sobre la aprobación de la licencia. No obstante, el argumento de la consulta carece de fundamento, como han explicado exhaustivamente los técnicos del Ibama y el propio Agostinho.

En el proceso de concesión de una licencia ambiental, el «emprendedor» solo está obligado a realizar audiencias públicas para informar y despejar las dudas de la población del área afectada por el proyecto, que fue lo que ocurrió en el caso del bloque 59. Lo que el Ibama explica es que se trata de una fase de análisis exclusivamente técnico, por lo que no hay obligación de escuchar, por ejemplo, a los políticos de la región. Precisamente para evitar cualquier tipo de interferencia y contaminación de un debate delicado y complejo que debe guiarse solo por la ciencia, en nombre del bien común.

En el evento, el senador Lucas Barreto, del Partido Social Democrático, afirmó que la bancada federal y la estatal de Amapá están más unidas que nunca para derrotar lo que llamó «fuerzas ocultas», que intentarían impedir el desarrollo del estado. «Vamos a derrotar a las fuerzas ocultas», garantizó. «Amapá es víctima de una guerra de vanidades entre el Ministerio de Medio Ambiente y Petrobras», afirmó el senador. Barreto también dijo que él, Rodrigues y Alcolumbre, los tres representantes del estado de Amapá en el Senado, están «hombro con hombro en esta guerra».

Y que, junto con Alcolumbre, hará lo necesario para que Randolfe Rodrigues asuma el Ministerio de Medio Ambiente. Incluso cuestionó el pasado y la identidad de Marina Silva como amazónica, por haber elegido el estado de São Paulo para disputar las elecciones de 2022. Marina Silva es hija de caucheros del estado de Acre, se hizo ecologista al lado de Chico Mendes y cuenta con una larga trayectoria de defensa del medio ambiente. En los últimos comicios, fue elegida diputada federal y dejó el cargo para asumir el ministerio a petición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se reconcilió durante la campaña electoral, convirtiéndose en una de las principales garantes de su victoria sobre Jair Bolsonaro.

Sumándose al ataque a la ministra, el diputado estatal Jory Oeiras, del partido Progresistas, dijo que Marina Silva está vinculada a ONG internacionales y que ya no defiende al pueblo de la Amazonia. Este es otro discurso común entre los políticos locales, que, indistintamente, siempre intentan asociar al tercer sector con intereses internacionales deshonestos en la región. Paradójicamente, suelen recibir con los brazos abiertos a las grandes empresas mineras transnacionales.

El Ibama señaló tres pilares que fundamentaron la denegación de la licencia en el caso del bloque 59. El primero hace referencia a la información insuficiente del Plan de Protección de la Fauna, que forma parte del Plan de Emergencia Individual, la planificación de las medidas que tomará la empresa ante un posible vertido de petróleo en el mar. Este plan es una exigencia de la legislación brasileña para conceder licencias ambientales a las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. En segundo lugar, el Ibama informó que hay fallas y medidas insuficientes en el plan de comunicación social con las comunidades indígenas de la región y que no se tuvieron en cuenta los impactos del proyecto en los tres territorios indígenas de Oiapoque. Por último, al denegar la licencia, el presidente del Ibama citó la ausencia de una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria en el margen ecuatorial de Brasil, que incluye la desembocadura del Amazonas. Esta evaluación es una herramienta que se creó en 2012 para valorar qué áreas de una región son aptas o no para la explotación de petróleo y gas natural. Los ministerios de Medio Ambiente y de Minas y Energía deberían haberla solicitado antes de que en 2013 se subastaran algunos bloques situados en el margen ecuatorial, como el 59; pero no lo hicieron. La Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria puede dar mayor seguridad a los procesos de concesión de licencias ambientales que realiza el Ibama.

En la cancha de la escuela donde se celebró la audiencia pública, las primeras filas de sillas estaban reservadas a los indígenas de la región. Era una clara estrategia para que los políticos pudieran saludarlos mientras sus asesores grababan, dando la idea de que el discurso allí era en defensa del medio ambiente y de los pueblos originarios. La escena estaba pensada para convencer a la opinión pública del país de que las comunidades tradicionales están a favor de la explotación de petróleo. También era una forma de intentar deslegitimar la afirmación del Ibama de que el proyecto que presentó Petrobras contenía defectos en el plan de comunicación social con las comunidades indígenas de la región.

El indígena Ramon Karipuna se presentó y en su discurso dijo que representaba a 60 líderes de la región. «Los indígenas no estamos en contra del proyecto, pero necesitamos que la actividad se haga de la mejor manera posible, sin que nos contamine. Necesitamos vivir en paz en nuestro territorio», afirmó. Pero la representación de Ramon no reflejaba la realidad. Los caciques con los que habló SUMAÚMA, con la condición de que se preservara su anonimato —por cuestión de seguridad, a petición propia—, dijeron que decidieron boicotear el evento porque se los invitó a última hora, sin tiempo suficiente para discutirlo con las comunidades.

Según el protocolo del Consejo de Caciques de los Pueblos Indígenas de Oiapoque, debe invitarse a las comunidades a las audiencias con al menos 15 días de antelación, para que todos los líderes, que representan a 53 aldeas, tengan tiempo de discutir una postura común. «Movilizar a los líderes de las aldeas más distantes y de todo el territorio no es fácil. Hay accesos que son difíciles. Con dos días [de antelación] no hay forma de movilizarse, reunirse y tener un discurso alineado para poder participar en una audiencia de esta envergadura. Es imposible», afirmó uno de los caciques, que pidió que no se publicara su nombre en el reportaje por temor a las fuertes presiones políticas en la región.

La audiencia pública de Oiapoque estuvo ocupada en su mayoría por políticos y partidarios del proyecto petrolífero de Petrobras. Entre ellos se encontraban el gobernador del estado, Clécio Luís, del partido Solidaridad; el director-presidente de la Companhia Maranhense de Gás, Allan Kardec, en representación del gobernador de Maranhão, Carlos Brandão; los diputados estatales de Pará: Iran Lima (Movimiento Democrático Brasileño), Luth Rebelo (Progresistas) y Nilton Neves (Partido Social Democrático); la presidenta interina de EPE-Empresa de Estudos Energéticos, Angela Livino; y el alcalde de Oiapoque, Breno Lima (Partido Renovador Laborista Brasileño). En ningún momento hubo lugar para las opiniones contrarias ni para presentar las incoherencias del proyecto de perforación del pozo en la desembocadura del Amazonas y sus riesgos para la fauna, la flora y la población local, como señaló el Ibama. Lo que se presentó a los asistentes es que la decisión que tomó el Ibama fue política y no tuvo en cuenta el desarrollo económico de Oiapoque y del estado de Amapá. Sin contrapuntos, el acto se convirtió en una plataforma para la desinformación sobre la biodiversidad local y el propio proyecto.

Ignorando lo que señala la comunidad científica, el senador Lucas Barretos llegó a afirmar desde la tribuna del acto que en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas no hay arrecifes, solo fósiles. Al defender la perforación en la zona, también dijo que el territorio de Amapá ya cumple sus obligaciones medioambientales, pues es el estado con mayor número de reservas de Brasil. «¿De qué ha servido ser un estado conservado? ¿De qué ha servido hacer los deberes en materia de medio ambiente? Nadie nos paga por ello. Nadie nos ve. Nadie nos paga para que seamos esclavos del medio ambiente». Y prosiguió: «Somos el estado más rico del planeta, pero nuestra gente está encima de la riqueza, en la pobreza, contemplando la naturaleza. Mirar los árboles, la belleza escénica, no llena la barriga. Los habitantes de la Amazonia no hacen la fotosíntesis. La solución está en la costa de Amapá», dijo Barretos.

En cuanto a la existencia de los arrecifes amazónicos, su presencia abundante en la región puede traducirse, por ejemplo, en la voluminosa importancia de la pesca del pargo, un pez de arrecife, explicó el biólogo Vinicius Nora, magíster en Ecología y gerente de Océanos y Clima, del Instituto Internacional Arayara. Para Nora, «la afirmación de que ‘solo hay fósiles’ es más desinformación para restar importancia a los arrecifes amazónicos». El biólogo subraya que los arrecifes son un hecho que incluso las compañías petroleras reconocen. Y defiende la idea de «que es necesario crear mecanismos de protección, como la creación de una reserva extractiva u otra categoría de unidad de conservación, para preservar los medios de subsistencia y este importante ecosistema amazónico».

Los políticos que subieron a la tribuna intentaron minimizar los probables impactos del proyecto en la región, abordando la cuestión de la distancia del punto de exploración del bloque 59 a la desembocadura. «Está más cerca de la Guayana que de Brasil», afirmó Randolfe Rodrigues, ignorando deliberadamente que esta ubicación no conlleva ninguna garantía de seguridad debido a la velocidad de las corrientes marinas. La preocupación de las entidades de la sociedad civil es que las discusiones sin transparencia y sin compromiso con la verdad camuflen la especulación del sector de petróleo y gas en la región, donde la Agencia Nacional de Petróleo tiene 328 bloques para explorar, entre los que están en concesión, oferta y estudio. Todos listos para intentar seguir el mismo camino que intentó el bloque FZA-M-59, todos a la espera de un precedente.