Los ecuatorianos acuden a las urnas el 20 de agosto para votar por presidente, vicepresidente y congresistas. Las elecciones anticipadas fueron convocadas en mayo después de que Guillermo Lasso, el actual presidente, disolviera la Asamblea Nacional ante un proceso político de destitución. En esta misma fecha, los electores también votarán un plebiscito inédito que decidirá si se debe paralizar la explotación petrolera en una zona ambientalmente sensible de la Amazonia.

La realización del plebiscito pone fin a un reclamo judicial de la sociedad civil que ya dura diez años en el Parque Nacional Yasuní, una joya de la biodiversidad amazónica, ocupado por pueblos indígenas. El caso del parque es nada más que un ejemplo de cómo los países latinoamericanos todavía se resisten a renunciar a los combustibles fósiles. Un argumento recurrente es que la explotación es importante para las economías y la independencia energética, pero se olvidaron de ponerse de acuerdo con el planeta.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), el mundo no puede autorizar más proyectos de combustibles fósiles si quiere tener la posibilidad de mantener el calentamiento global en 1,5 °C, como proclama el Acuerdo de París. Desde EE. UU. hasta el mundo árabe, de Noruega a Rusia, todos los principales productores de petróleo y gas están ignorando solemnemente a la agencia y aumentando su producción. América Latina, con una excepción, se está hundiendo en el mismo pozo.

La región tiene la segunda mayor reserva de petróleo del mundo (19,5 %) después de Medio Oriente (47,8%), según un informe del Sistema de Información Energética para América Latina y el Caribe (sieLAC). Brasil, Argentina y Guyana son apuntados como los países que liderarán la producción en la zona. Brasil, por ejemplo, presenta una tasa de crecimiento del 3,9% entre 2012 y 2022 en la producción de crudo, según el informe World Energy 2023. Argentina presenta una tasa del 0,6% en el mismo período. Por otro lado, Guyana descubrió reservas de petróleo recientemente.

Ecuador explota combustibles fósiles desde hace 51 años, la mayoría de los cuales se encuentran en la Amazonia. El Parque Nacional Yasuní, que abarca 10.000 kilómetros cuadrados, se encuentra en la zona y alberga miles de especies de árboles y animales.

En el año 2000, los ambientalistas denunciaron que las compañías petroleras estaban causándole daños ambientales al parque. Años después, las organizaciones sociales manifestaron preocupación por el hecho de que la compañía brasileña Petrobras hubiera obtenido una licencia para explotar un bloque en el parque, autorización que posteriormente fue suspendida por el mismo Ecuador. En 2019 el pueblo waorani logró bloquear judicialmente la explotación de uno de los bloques petroleros.

En 2007, el entonces presidente Rafael Correa presentó un plan para que no se empezara a extraer petróleo en los campos de Yasuní. La iniciativa consistía en crear un fondo, con la ayuda de los países ricos, por una suma de USD 3,6 millones para compensar al país por no explotar en la zona. Este movimiento fue visto como un chantaje de Ecuador en la COP13, la conferencia climática de Bali, ese mismo año, y no se alcanzó el monto establecido. En 2013, Correa cerró el programa con el argumento de que el mundo le había fallado al país.

La siguiente maniobra del presidente fue lograr que el Congreso Nacional ecuatoriano autorizara la explotación en la zona. “La Constitución [de Ecuador] prohíbe la explotación en parques nacionales a menos que se declare de interés nacional. Para eso hay que pasar por el Congreso y, en el Congreso, Correa tenía la mayoría”, explica Juan Crespo, coordinador de investigación de la alianza de organizaciones indígenas Cuencas Sagradas Amazónicas.

Ante el giro de la situación, surgió el colectivo Yasunidos, que inició en 2013 una campaña de firmas para convocar una consulta para que la población decidiera si se podía o no explotar uno de los bloques del parque. Luego de una serie de problemas, entre ellos el rechazo de las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la disputa terminó en la Corte Constitucional de Ecuador. Recién en mayo de este año se reconoció el derecho a celebrar el plebiscito. En medio de este conflicto se inició la extracción de petróleo en uno de los campos del llamado Bloque 43, el Tiputini, en 2016.

Si la mayoría de los electores contesta “sí” al cese de la explotación, la estatal Petroecuador tendrá un año para salir del bloque, la cuarta mayor extracción petrolera del país, cuya producción representa el 15% del total nacional. Si la población detiene esta producción, Ecuador todavía seguirá extrayendo de otros bloques. Aun así, Crespo dice que cree que la suspensión de la explotación será una gran victoria. “El hecho de que haya un país, por más pequeño que sea, que pueda lograr esto en un proceso democrático, lo que para mí es muy simbólico, creo que puede alentar de alguna manera la replicación en otros países”, dice.

Ilan Zugman, director para América Latina de 350.org, destaca la fuerza de un movimiento popular para lograr el plebiscito, pero señala que un cambio más sólido en cuanto a los combustibles fósiles dependerá de quién sea elegido presidente de Ecuador.

La saga de la Amazonia no se restringe a Ecuador. En Brasil, Eneva, una empresa privada de gas natural con sede en Río de Janeiro, inauguró la Unidad de Tratamiento de Gas Azulão en septiembre de 2021, entre Silves e Itapiranga, en la Amazonia. El área está cerca de las tierras del pueblo mura. El cacique Jonas Mura informó a la página web InfoAmazonia que los animales de caza y los peces empezaron a huir después de que la empresa comenzó sus actividades.

El Instituto de Protección Ambiental del Amazonas (Ipaam), un órgano del gobierno del estado de Amazonas, le concedió la licencia de instalación a Eneva en 2019. La de operación se la dieron en 2021. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un documento fundamental para el proceso de licenciamiento, es de 2013 y lo hizo Petrobras, la antigua propietaria del campo. En mayo, la Justicia Federal de Amazonas había suspendido las licencias debido a denuncias sobre errores en el licenciamiento y falta de consulta a los pueblos indígenas. Unos días después, la empresa logró revocar la orden judicial para volver a operar.

Lejos de allí, pero todavía en la Amazonia, el problema lo tiene Petrobras. En mayo, Ibama le negó a la empresa una licencia ambiental para buscar petróleo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, en la costa del estado de Amapá. El dictamen técnico que respaldó la decisión de la entidad señaló que el estudio presentado por Petrobras no constató todos los impactos ambientales del proyecto, tampoco contempló la mitigación adecuada de los posibles impactos del derrame de petróleo sobre la fauna marina ni previó acciones de monitoreo de la costa. El llamado Margen Ecuatorial, una frontera de petróleo que se extiende desde Amapá hasta Rio Grande do Norte, ha avivado la ambición de Brasil de elevar la posición del país entre los mayores productores de combustibles fósiles del mundo –el Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira (PSD-MG), quiere que el país salte del 9° al 4° puesto–. En el Plan Estratégico 2023-2027 de Petrobras se prevén US$ 64 mil millones para la explotación y producción, de los cuales US$ 3 mil millones están en el Margen Ecuatorial. Silveira dice que la región podría ser la nueva capa del presal y que no tiene sentido que Guyana atraiga inversiones y riquezas mientras Brasil está estacionado.

En 2015, la estadounidense ExxonMobil descubrió reservas en la Guyana citada por el ministro de Minas y Energía que suman 11 mil millones de barriles y podrían situar al país entre los mayores productores del mundo. La explotación sigue siendo exclusiva de Exxon, pero en junio la canadiense CGX Energy anunció haber descubierto más petróleo en las aguas profundas guyanesas. Además, Guyana va a subastar bloques exploratorios, lo que debe incrementar el número de empresas en la zona. Petrobras no descarta la posibilidad de participar en la subasta si no llega a obtener la licencia para explotar el bloque 59 del Margen Ecuatorial.

Con la mirada puesta en los vecinos, Petrobras mencionó que estudia reanudar inversiones en Venezuela, dueña de las mayores reservas de gas y petróleo de América Latina. La estatal brasileña también pretende volver a invertir en Bolivia para obtener gas natural, pues ha bajado tanto la producción que en 2015 el entonces presidente Evo Morales aprobó un decreto que permite su explotación en áreas de protección ambiental. En abril, bajo el mando del presidente Luis Arce, Bolivia anunció un plan de inversión para la ejecución de 18 proyectos de explotación de combustibles fósiles, que incluye petróleo en áreas que están en la Amazonia.

“Bolivia ha decidido ampliar su frontera petrolera y flexibilizar las normas ambientales y sociales. Además, ha incluido a la Amazonia como zona de explotación”, lamenta Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), quien subraya que el país no cuenta con proyectos efectivos para la transición energética. Campanini recuerda que es probable que Bolivia pierda más mercado debido a las grandes reservas en Vaca Muerta, en la vecina Argentina.

Vaca Muerta es una formación geológica que ocupa áreas en las provincias de La Pampa, Mendoza, Río Negro y Neuquén, en la Patagonia. Según el gobierno argentino, es la segunda reserva más grande del mundo de gas y la cuarta de petróleo no convencional, llamado así porque el combustible está alojado en pequeños poros de rocas, en lugar de un reservorio, lo que impide su extracción mediante perforación. El gobierno dice que el gas fósil de esa zona les garantizará a los argentinos energía abundante y limpia, asimismo, afirma que está cambiando la realidad energética del país.

Para explotar las reservas de Vaca Muerta hay que recurrir a la fracturación hidráulica, o fracking, técnica que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, arena y productos químicos para romper la roca y hacer que el combustible llegue a la superficie. “El fracking necesita más energía que el método de extracción convencional”, explica Juan Antonio Acacio, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

El mayor esfuerzo del gobierno argentino, dice Acacio, ha sido promover la idea de que el gas natural es importante para la transición. El “Plan Nacional de Transición Energética para 2030”, publicado en mayo por el gobierno, refuerza el uso del gas natural como fuente de energía. Decretos de 2020 y 2022 también son favorables a este combustible.

Perú usa el mismo argumento para finalizar las obras del Sistema Integrado de Transporte de Gas. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en 2021, sin embargo, muestra que la tesis según la cual el gas natural podría ser un puente para la transición porque su combustión emite menos dióxido de carbono que el carbón está equivocada. La expansión de los suministros de gas podría retrasar la descarbonización, según el informe, ya que a menudo se subestima la fuga de metano durante su producción. A pesar de tener una pequeña cantidad en la atmósfera en comparación con el CO2, el metano es 28 veces más potente para retener el calor.

En julio, Argentina inauguró el primer tramo de un gasoducto para transportar la producción de Vaca Muerta –Brasil podría convertirse en financiador del segundo tramo–. “Más que pensar en un gasoducto, sería bueno pensar en políticas regionales para la transición energética”, opina Acacio. China es otro país interesado en financiar el proyecto.

México es otro país que trabaja para mantener la industria de los combustibles fósiles. “No hay un plan a mediano y largo plazo para reducir y retirar los combustibles de la economía. La prioridad del gobierno es reducir las importaciones de combustibles fósiles”, comenta el mexicano José María Valenzuela, investigador del Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enalteció, en una entrevista en marzo, el “rescate de la industria petrolera” para construir un camino hacia la autosuficiencia energética. México es el segundo mayor productor de petróleo de América Latina, pero importa casi el 80% de su combustible. El plan de gestión de López Obrador es aumentar la producción y convertirla en gasolina y diésel dentro del país hasta 2024. Para cumplir el proyecto, el gobierno rehabilitó seis refinerías, compró Deer Park, en Estados Unidos, y construyó una refinería en Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

Para Sandra Leticia Guzmán Luna, fundadora y directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el país podría invertir en una transición energética, pero prefiere mantener una fuente contaminante. “Existe la posibilidad de inversión, pero esto solo sucederá cuando tengamos una visión de largo plazo y entendamos la complejidad de la crisis climática, lo que este gobierno directamente no entiende”, dice.

La empresa que lidera los proyectos del gobierno es la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), una institución propensa a los accidentes. La última tragedia se produjo el 7 de julio cuando explotó una plataforma de gas natural en Campeche, donde se encontraban más de 300 trabajadores. Hubo por lo menos dos muertos y cinco heridos.

A pesar de que el gobierno invirtió en el dominio de Pemex en la industria de los combustibles fósiles, las compañías petroleras internacionales siguen teniendo contratos en el país. La italiana Eni, por ejemplo, que está en México desde 2006, anunció en marzo el descubrimiento de una nueva reserva en aguas profundas de las Cuencas del Sureste, estimada en 200 millones de barriles de petróleo.

Por otro lado, la canadiense TC Energy ya está planificando la construcción de un nuevo gasoducto, de 770 kilómetros, que va desde Texas, en EE.UU., hasta Veracruz, en México, con la promesa de aumentar en un 40% las importaciones de gas natural. El país es el mayor importador de gas natural de Estados Unidos.

Otra apuesta de México es el carbón mineral, el combustible fósil más contaminante. Aunque no es el mayor productor de carbón de América Latina, México fue el mayor emisor de CO2 el año pasado debido a su uso, según el informe World Energy 2023. En 2020, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que compraría dos millones de toneladas hasta fines de 2021, principalmente a micro y pequeños productores. En 2022, la CFE dijo que la adquisición de carbón había sido un éxito y que extendería el programa hasta 2024.

La CFE celebra el éxito del programa, pero no informa sobre los problemas. En agosto del año pasado, diez trabajadores murieron atrapados en una mina ubicada en Sabinas, en el estado de Coahuila. Estaban trabajando en un pozo de 60 metros de profundidad cuando un chorro de agua subterránea ablandó las paredes. Otros cinco fueron rescatados y sobrevivieron.

México es el 14º mayor emisor del planeta con el 1,35% del total. Sin embargo, esto no exime al país de cambiar su matriz energética. Para Valenzuela, México debe tener una política efectiva para no expandir el sector de los combustibles fósiles y el carbón podría ser el primero en eliminarse, ya que representa menos del 10% de la matriz energética. “Priorizar las inversiones en otros sectores puede hacer que en este sea cada vez menos”.

Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022 con un discurso ambientalista. En febrero, el presidente presentó un Plan Nacional de Desarrollo (PND) con énfasis en el medio ambiente, en el que una de las propuestas era no permitir nuevas concesiones para la explotación de carbón a gran escala y a cielo abierto. La medida, sin embargo, fue considerada frágil por los ambientalistas porque mantendría las concesiones ya vigentes. Por más que era aguada, el Congreso la tiró abajo. Pese a las críticas, el plan tiene artículos para el desarrollo de la bioeconomía, la diversificación productiva para los distritos mineros y las inversiones en hidrógeno verde, además de otras acciones para reducir las emisiones de gases contaminantes.

El presidente colombiano también logró que el Senado aprobara un proyecto de ley en contra del fracking, pero se enfrenta a la oposición de algunos senadores. El uso de la técnica fue paralizado por Ecopetrol, empresa colombiana cuyo mayor accionista es el gobierno, aún en septiembre del año pasado, por la discusión del proyecto de ley. La empresa tampoco está extrayendo combustible con fracking en operaciones fuera del país.

Petro sigue siendo crítico al carbón y destacó en un discurso en junio que la expansión de este combustible fósil no tiene sentido económico ni ambiental. Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, ya había señalado que Colombia quiere superar su dependencia económica de los combustibles fósiles y hacer una transición energética socialmente justa, por lo que exigió ayuda de la cooperación internacional.

Exigencia esta que Petro repite: a principios de año, Petro provocó a los países ricos al proponer el canje de deudas externas por servicios ambientales efectivos para enfrentar la emergencia climática y en junio sugirió la creación de un fondo financiero internacional para combatir el cambio climático. Asimismo, existe un plan para que Colombia participe en una alianza en la que los países hacen donaciones o préstamos para que otros avancen en la transición energética.

“Todavía no hay muchas cosas concretas, pero estamos viendo el esfuerzo [de Colombia]. Va más allá del discurso. Hay cosas que están pasando, pero en el tiempo del país”, dice Ilan Zugman, destacando que el reto de Colombia es grande, ya que la economía del país sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. Por último, Petro le pidió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reflexionara sobre la explotación de combustibles fósiles en la Amazonia en una reunión a principios de este mes en Leticia, ciudad colombiana en la frontera con Brasil. “¿Vamos a dejar que se exploten hidrocarburos en la selva amazónica?”, preguntó. Lula se hizo el desentendido.