Siete años después de que fueran expulsadas de las márgenes e islas del río Xingú para poder crear el embalse de la hidroeléctrica de Belo Monte, unas 300 familias ribereñas de la región de Altamira, en el estado de Pará, siguen esperando el territorio en el que pretenden recuperar sus formas de subsistencia y de vida. La creación del llamado Territorio Ribereño, aprobado en 2019 por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) como forma de compensar a esta comunidad tradicional, es uno de los condicionantes que ha impuesto la estatal ambiental en el proceso en el que, actualmente, se analiza la renovación de la licencia de funcionamiento de la central. Sin embargo, la falta de acciones efectivas de Norte Energia, concesionaria de la hidroeléctrica, para crear el Territorio Ribereño, por un lado, y la falta de exigencia del Ibama para que cumpla este condicionante, por otro, están alimentando una nueva ofensiva de los ruralistas locales y sus aliados en Brasilia contra el proyecto, que exige la expropiación de tierras.

En junio de 2022, cuando emitió su primer parecer sobre los requisitos para renovar la licencia, el Ibama ya señaló que Norte Energia estaba adoptando una «postura ambigua» con relación al Territorio Ribereño. Aunque ni siquiera había empezado a ejecutar el proyecto, la empresa estaba llamando a las familias potencialmente beneficiarias para confirmar que seguían interesadas en ser reasentadas. El Ibama afirmó que la postura de la concesionaria de Belo Monte exigía «una resiliencia desproporcionada y poco común por parte de las familias afectadas».

Eduardo Camillo, Director de Relaciones Institucionales de Norte Energia, no disipó esa ambigüedad cuando recibió a una comisión liderada por los senadores Zequinha Marinho y Damares Alves en el aeropuerto de Altamira el 23 de marzo. Los dos políticos bolsonaristas habían convocado una reunión abierta en la ciudad para discutir formas de frenar la creación del Territorio Ribereño. Su objetivo es formar una comisión externa sobre el tema en el Senado, que también estaría compuesta por Hamilton Mourão, general de la reserva que fue vicepresidente de Jair Bolsonaro, y Tereza Cristina, ministra de Agricultura del gobierno ultraderechista.

La reunión, en muchos aspectos, repitió otra que se había celebrado hacía justo dos semanas, el 9 de marzo, también en Altamira, convocada por la propia Norte Energia a pedido del Sindicato de Productores Rurales de Altamira (Siralta). En ese encuentro, el Siralta sugirió que el área del Territorio Ribereño se redujera drásticamente y se restringiera al Área de Preservación Permanente (APP) del embalse de la central, una franja variable de hasta 500 metros de ancho en el borde del agua por la que los hacendados ya habían sido indemnizados durante la concesión de la licencia de Belo Monte. En la propuesta, a cambio de renunciar a 8.400 hectáreas expropiadas que utilizarían para la agricultura de subsistencia y la cría de animales como gallinas, las familias ribereñas recibirían un pago por servicios ambientales, es decir, una remuneración por conservar o restaurar la APP, algo que ellas nunca consideraron, ya que solo quieren reconstruir su modo de vida.

En respuesta a la propuesta del Siralta, el analista del Ibama Henrique Marques Ribeiro da Silva —que participó por vídeo en la reunión del 9 de marzo— dijo que las cuestiones que planteaba el sindicato de ruralistas eran antiguas y habían quedado superadas cuando se aprobó, hace cuatro años, el plan para crear el Territorio Ribereño en su formato actual. El analista también reprendió de nuevo a Norte Energia por el retraso en la implementación del proyecto: hasta ahora la empresa no ha comprado ninguna de las zonas necesarias para reasentar a los ribereños, aunque algunos hacendados ya han manifestado su intención de venderlas.

Em resposta à proposta do Siralta, o analista do Ibama Henrique Marques Ribeiro da Silva – que participava por vídeo da reunião de 9 de março – disse que os questionamentos feitos pelo sindicato dos ruralistas eram antigos e tinham sido superados pela aprovação, há quatro anos, do plano para o Território Ribeirinho em seu atual formato. Una vez más, reclamó contra Norte Energia por el retraso en la implantación del TR – la empresa no ha comprado hasta ahora ninguna de las áreas necesarias para reasentar a los ribereños, pese a que algunos de los hacendados han manifestado su intención de venderlas.

A pesar de que el Ibama considera cerrado el caso presentado por Siralta, Eduardo Camilo no solo recibió a Zequinha y Damares, sino que acudió a la reunión pública del día 23, en el Centro de Convenciones y Cursos de Altamira. La presencia del director de Norte Energia se anunció en el auditorio abarrotado por unas 200 personas que asistieron el evento de más de tres horas. Camilo, no se pronunció ni cuando el senador Zequinha Marinho le prometió a los ruralistas que su primera medida sería contratar abogados para intentar bloquear el proceso en curso en la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para que los terrenos necesarios en la creación del Territorio Ribereño tengan una Declaración de Utilidad Pública (DUP). Esta declaración aceleraría las expropiaciones y ya cuenta con una decisión favorable de la Aneel, publicada en mayo del año pasado. Sin embargo, la decisión final no sale porque la concesionaria de Belo Monte, que solicitó la DUP en octubre de 2021, tardó en dar información, además de cometer errores al rellenar la solicitud, como muestran los autos del proceso en el Ibama, examinados por SUMAÚMA.

Norte Energia se ha negado a responder a todas las preguntas de SUMAÚMA sobre el Territorio Ribereño, entre ellas, la que cuestionaba cuál era el objetivo de la presencia de Camillo en la reunión liderada por los senadores bolsonaristas Zequinha Marinho y Damares Alves. En lugar de responder, se ha limitado a afirmar que «todas las cuestiones referentes al Territorio Ribereño deben tratarse directamente con el Ibama y los demás organismos competentes». Pero lo cierto es que la demora de la empresa le abre el camino a los ruralistas de Altamira en la presión para evitar que se concluya con éxito un proceso de reparación en el que la comunidad tradicional del río Xingú ha tomado las riendas de su historia y ha protagonizado una movilización que nació de la destrucción promovida por Belo Monte.

Maria Francineide Ferreira dos Santos sigue esta movilización desde el principio. «Ribereña nata», de 53 años, ha vivido siempre en Paratizinho, una de las islas del Xingú afectadas por los cambios en el curso del río. Ahora está temporalmente en la isla Pedacinho do Céu: «Hasta que salga mi territorio». «Tenemos derecho a que se respete nuestro modelo de vida, porque antes de Belo Monte ya existíamos. Nuestra fuerza no proviene solo de nosotros, proviene de nuestros derechos, de la libertad de tener lo que siempre tuvimos y ya no tenemos», dijo Francineide en una entrevista en la sede del Movimiento Xingú Vivo, en Altamira.

Su familia y las de otros ribereños de la región perdieron todo lo que necesitaban para vivir. Pero hasta el 2015 el proceso de concesión de licencias de Belo Monte no los tuvo en cuenta. En esa época, poco antes de que se le concediera a la central la licencia de funcionamiento, muchas personas empezaron a dirigirse a la Fiscalía de Altamira para denunciar que las indemnizaciones de Norte Energia eran incompatibles con el restablecimiento de su modo de vida, cuando supuestamente debían compensar el hecho de haber sido expulsados de las riberas que ocupaban. Se les había dado a elegir entre el reasentamiento en el campo, lejos del Xingú, o los Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC), barrios que la empresa construyó en las afueras de Altamira.

Ante las denuncias, la fiscal federal Thais Santi —que en Altamira se encarga de velar por los derechos de las comunidades tradicionales, los pueblos indígenas y el medio ambiente— exigió que se inspeccionaran las islas y riberas del Xingú y «descubrió» algo que hasta entonces la concesionaria de Belo Monte había ignorado: que los ribereños tradicionales tienen dos casas, una en la ribera y otra en la ciudad, como punto de apoyo. Muchos ya habían sido víctimas de la violencia antes de que la central los desalojara: en una región donde reina el robo de tierras y pocos tienen título de propiedad definitivo, los hacendados se instalaron y los ribereños se vieron obligados a desplazarse hacia las orillas y las islas del Xingú.

Ante el desafío de comprender las necesidades de esta población desasistida, la fiscal le pidió ayuda a la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, que envió a sus especialistas más reputados a escuchar a los ribereños y estudiar su modo de vida. El trabajo, coordinado por las antropólogas Manuela Carneiro da Cunha, catedrática jubilada de la Universidad de São Paulo, y Sônia Magalhães, de la Universidad Federal de Pará, se transformó en un libro: A expulsão dos ribeirinhos de Belo Monte (La expulsión de los ribereños de Belo Monte).

A finales de 2016, en la audiencia pública en Altamira en la que revelaron sus conclusiones, las antropólogas no presentaron un proyecto del Territorio Ribereño ni definieron quién viviría en él. Declararon que eran los propios miembros de la comunidad tradicional de la zona de influencia de Belo Monte quienes debían reconocer a sus iguales y presentar un plan para reconstituir su modo de vida. Se creó entonces el Consejo Ribereño, que asumió el liderazgo del llamado «proceso de reconocimiento social».

Allí se consolidaron los criterios que definen una comunidad ribereña tradicional: la historia en el río; las fuertes relaciones de vecindad, que implican compartir experiencias y cuidar de los campos y las casas en caso de que una familia necesite ausentarse temporalmente; la mezcla de pesca, agricultura de subsistencia, cría de animales, caza y actividades extractivas; y las dos viviendas, una en la que se vive y otra «en la calle», que se utiliza como punto de apoyo para poder acceder a la sanidad, la educación y poder vender productos, como pescado o harina. Basándose en estos criterios, el Consejo Ribereño identificó a las familias a las que se les debían restituir sus derechos y propuso el proyecto del Territorio Ribereño, formado por tres zonas diferentes en ambas márgenes del Xingú, en las afueras de Altamira.

En la reunión del 23 de marzo, tanto el modo de vida ribereño como este proceso de movilización comunitaria fueron objeto de ataques. La senadora Damares Alves dijo que «los ribereños son quienes viven en la ribera», equiparando a los propietarios de haciendas a lo largo del Xingú con los miembros de las comunidades tradicionales. Jorge Gonçalves, director del Siralta que tiene una propiedad que se expropiará parcialmente para crear el Territorio Ribereño, también afirmó que cree que los productores son igualmente «ribereños». «Algunos han evolucionado un poco más en sus condiciones financieras, sociales, han educado a sus hijos, los han llevado a otros mundos, pero el origen es el mismo», argumentó. Luego atacó a los académicos que reunió la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia: «Dejamos que vengan de fuera, con sus carpetitas, mandados y pagados por alguien, a cambiarnos nuestra vida social».

El Consejo Ribereño no estaba invitado a la reunión, pero, aparte de los hacendados, había ribereños que han desistido de ir al Territorio Ribereño, pescadores, alfareros y personas de otras comunidades cuyas demandas Norte Energia aún no ha atendido. Sin embargo, las intervenciones se centraron en los hacendados y ocupantes ilegales que podrían ser expropiados para implantar el Territorio Ribereño.

Durante el acto se proyectó un vídeo que había producido el Siralta, en el que solo daban su testimonio los pequeños propietarios que figuran en esta lista. Algunos dijeron que se irían por «un precio justo»; otros, que no querían irse por apego a la tierra, como Ronaldo Rodrigues Vaz, de Goiás, que lleva 43 años en Altamira y afirma que solo tiene 43 hectáreas, donde vive con su hijo mayor. El abogado del Siralta, Alfredo Bertunes, hizo una presentación en la que dijo que la «gran mayoría» de las 94 propiedades que se expropiarán total o parcialmente son pequeñas. «El proyecto crea un antagonismo en el campo. Este proyecto no es la única forma de cumplir el condicionante, hay otras formas que impactan menos la vida de estos productores rurales», criticó el abogado, agitando el fantasma de la violencia que puebla la historia de Altamira, centro de constantes conflictos agrarios y ambientales.

Sin embargo, el vídeo y el relato de Bertunes son engañosos, ya que en la lista de expropiaciones pendientes para crear el Territorio Ribereño también hay grandes terratenientes de la región de Altamira, según un documento adjunto a la solicitud para declarar las tierras de utilidad pública que hizo Norte Energia a la Aneel. El documento también muestra que algunas personas poseen varias propiedades que pueden clasificarse como pequeñas, o menos de cuatro módulos rurales, según los criterios del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). En Altamira, cada módulo rural tiene 75 hectáreas. Es el caso de Ilma de Melo, titular de seis pequeñas propiedades, y Elisvaldo Menezes de Oliveira, registrado como propietario de cinco. Sumando sus tierras, ya no pueden considerarse pequeños propietarios. Entre los notorios latifundistas de la región que figuran en la lista se encuentran el exalcalde de Altamira Wanderlan de Oliveira Cruz (con tres propiedades en la zona del Territorio Ribereño que suman un total de 287 hectáreas, de las que se expropiarían 218) y la familia Lorenzoni (dueña de dos haciendas que suman 581,5 hectáreas, de las que se expropiarían 389,2), así como la exalcaldesa de Altamira, Odileida Maria de Souza Sampaio (con una propiedad de 405,7 hectáreas, de las que se expropiarían 232,6). También hay dos empresas, HD Empreendimentos —que en la zona del Territorio Ribereño tiene una propiedad de 4.130,9 hectáreas, de las que se expropiarían 934— y Ecopalma Agroindústria Palmiteira, con dos haciendas que suman 868 hectáreas, de las que se expropiarían 101.

Una queja frecuente de los hacendados es el precio que ofrece Norte Energia por las tierras: según ellos, son valores de 2013, sin reajuste, en una región donde todo ha encarecido a causa de Belo Monte. La presidenta del Siralta, Maria Augusta Silva Neta, dijo a SUMAÚMA que el sindicato de trabajadores rurales contrató a una empresa y presentó «una lista de precios reales» a la concesionaria de Belo Monte. «Tenemos los que dicen “ya no tengo edad para irme a otro sitio”, pero también los que quieren mudarse, la topografía en las áreas de río no ayuda mucho con la maquinaria. [Pero] la lista de precios es horrible y, si las tierras se declaran de utilidad pública, adiós», afirmó. Aunque le exigiera a Norte Energia mejores precios por los terrenos que tienen que expropiarse, Maria Augusta intentó desvincular a la empresa de la solicitud para declarar las tierras de utilidad pública que le hizo la Aneel. «Norte Energia tiene que cumplir las recomendaciones y determinaciones que se le impongan. El causante de todo este problema es quien lo impone. Es el Ibama, presionado por el Ministerio Público Federal», criticó.

La artillería contra el Ministerio Público, que en todo el proceso del Territorio Ribereño no ha presentado ninguna orden judicial, también marcó la retórica de Zequinha Marinho y Hamilton Mourão, que envió un mensaje de vídeo a la reunión del día 23. «El Territorio Ribereño es una obra de ficción que ha impuesto el Ministerio Público y que el Ibama abraza», afirmó el general retirado. La fiscal Thais Santi, que trabaja en Altamira hace diez años, afirmó a SUMAÚMA que el desalojo forzado que impuso la hidroeléctrica de Belo Monte a los ribereños del río Xingú es una de las violaciones de derechos humanos más graves que se han identificado en toda la historia de la central. Según Santi, la invisibilidad de una población tradicional que históricamente consolidó un modo de vida único vinculado a la dinámica del río y de la ciudad acabó guiando el proceso. «El papel del Ministerio Público en este caso se centra en el esfuerzo por evitar más violaciones de los derechos humanos, el silenciamiento y la falta de respeto por el modo de vida ribereño, exigiendo que el grupo tradicional del río Xingú sea un sujeto activo de este proceso», afirmó la fiscal.

El Consejo Ribereño no está parado. Algunos de los 14 consejeros han estado este año en Brasilia, conversando con el Ibama y los ministerios de Medio Ambiente y Cambio Climático, Desarrollo Agrario y Derechos Humanos y Ciudadanía. Según el órgano ribereño, el Ibama afirmó que las reuniones de los opositores al proyecto no cambian nada, porque el territorio está aprobado, es uno de los condicionantes para obtener la renovación de la licencia de Belo Monte y Norte Energia debe cumplirlo. El Consejo recordó que en las negociaciones con la empresa ya aceptó reducir el tamaño del Territorio Ribereño, ya que inicialmente la zona que había que expropiar era de 32.000 hectáreas.

En su declaración conjunta, el Consejo afirmó que, a pesar del retraso, la gran mayoría de las familias sigue teniendo intención de ir al Territorio Ribereño. Incluso las que, antes de que se aprobara el proyecto, Norte Energia reasentó en Áreas de Protección Permanente que ya habían sido expropiadas. Algunas no se adaptaron y están esperando ir al Territorio Ribereño, ya que en las Áreas de Protección Permanente no se permiten actividades agrícolas. Otras familias que la empresa asentó ni siquiera pertenecían a comunidades ribereñas tradicionales, y los ruralistas siempre citan el hecho de que abandonen las Áreas de Protección Permanente como una supuesta prueba de que todo el proyecto está destinado al fracaso. «¿Cómo se puede, en el siglo XXI, asentar a una familia donde no puede cavar un pozo, no puede tener una casa de ladrillos?», cuestionó Jorge Gonçalves, director del Siralta, en la reunión del 23 de marzo, tal vez sin darse cuenta de la evidente contradicción entre su discurso y la propuesta del sindicato de ruralistas de que el Territorio Ribereño se limite a las Áreas de Preservación Permanente.

Los ribereños también recibieron el apoyo de las coordinadoras del informe de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. En una carta al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, expresaron su «extrañeza» por la comisión externa que pretende encabezar Zequinha Marinho. La carta recordaba, una vez más, que el Ibama ha aprobado el Territorio Ribereño y la interlocución del Consejo Ribereño, pero «aún no ha podido lograr que el Consorcio Norte Energia cumpla sus determinaciones». «Pedimos a Vuestra Excelencia y a los honorables senadores que no escatimen esfuerzos para que el proceso de concesión de la licencia ambiental de Belo Monte siga el curso de la ley y se reparen los derechos de los pueblos tradicionales del Xingú», pide el texto del 28 de febrero, firmado por Sônia Magalhães y Manuela Carneiro da Cunha.

El juego de pasarse la pelota constantemente

A finales de diciembre, en una reunión con la Aneel, los representantes de Norte Energia cuestionaron su propia solicitud de declarar las tierras de utilidad pública. Según consta en el acta de la reunión, hablaron de las dificultades de negociar con los hacendados que van a ser expropiados y dijeron que «una parte de las familias» ribereñas ya no quieren ir al Territorio Ribereño acordado. La respuesta de la agencia fue muy clara: no le corresponde analizar el mérito del condicionante del Ibama para renovar la licencia de Belo Monte. Y añadió que «la gestión para adquirir las áreas para poder cumplir con sus obligaciones es responsabilidad del agente [Norte Energia]», que debería hacerlo «negociando de forma amistosa o, no habiendo acuerdo, en los tribunales». También recordó que la declaración de utilidad pública de las tierras, que tiene una validez de cinco años, «puede cumplirse en parte o en su totalidad». Es decir, Norte Energia no estaría obligada a comprar todos los terrenos incluidos en la declaración si parte de ellos no se necesitan.

El 16 de marzo, la Aneel informó a la concesionaria de Belo Monte que el análisis de la solicitud estaba paralizado y le dio diez días para hacer dos correcciones bastante prosaicas en el proceso: inserir en el sistema de validación los datos vectoriales de las zonas que serán declaradas de utilidad pública y que un representante legal firme el cuadro que resume el estudio y la situación de dichas zonas. SUMAÚMA ha entrado en contacto con la Aneel a través de su asesoría de comunicación, pero la agencia no ha respondido si estos serán los últimos asuntos pendientes antes de tomar una decisión.

Desde febrero, el Ibama le exige por carta a Norte Energia que responda a una carta que el día 1 de ese mes enviaron cinco propietarios de tierras de la zona del Territorio Ribereño que no forman parte del sindicato de ruralistas de Altamira. En la misiva cuentan que la empresa se puso en contacto con ellos hace dos años y les informó que tendrían que marcharse previo pago de una indemnización. Los hacendados permitieron que se inspeccionaran sus propiedades, pero Norte Energia dejó de darles noticias. «No hemos recibido ninguna respuesta de la empresa sobre el importe de la indemnización ni el plazo para recibirla y poder abandonar nuestras tierras», dijeron, expresando su deseo de vender las haciendas rápidamente.

Norte Energia no respondió al Ibama hasta el 10 de abril y no se refirió directamente a la carta de los cinco propietarios. Afirmó que lleva intentando comprar las tierras del Territorio Ribereño desde el año pasado, pero «la mayoría de los consultados se opusieron a la venta o propusieron valores muy superiores a la media del mercado». Así, continuó la empresa, solo podía esperar a que la Aneel declarara las tierras de utilidad pública para «tomar las medidas oportunas». La concesionaria también afirmó que «el Ministerio Público se opone a la compra de tierras dispersas, ya que defiende la creación de un territorio único».

Sin embargo, si bien es cierto que el proyecto prevé áreas continuas para las familias, dada la importancia de las relaciones de vecindad en el modo de vida tradicional, en ningún momento el Ibama ni el Ministerio Público han declarado que esto excluyera la compra de terrenos que ya estén disponibles. Por el contrario, en el dictamen de junio del año pasado, sobre las cuestiones pendientes para poder renovar la licencia de Belo Monte, el organismo ambiental afirmó que la «adquisición [de tierras] de forma amistosa no depende de la posición del Ibama o de la Aneel».

La situación de Norte Energia es, en cierto modo, cómoda, porque solicitó la renovación de la licencia antes de que caducara, en noviembre de 2021, y la central puede seguir funcionando independientemente del tiempo que tarde el Ibama en tomar una decisión. A la pregunta de si la empresa sería multada por su retraso a la hora de adoptar las medidas necesarias para crear el Territorio Ribereño, el instituto se limitó a responder que «el análisis del condicionante está en curso».

A pesar de que todo este juego de pasarse la pelota unos a otros constantemente y de las presiones que sufren las familias desde hace años, algunas incluso con inseguridad alimentaria, la ribereña Francineide afirma que no se rendirá: «En medio de toda la violencia, el territorio [ribereño] traerá vida. Por eso luchamos, a veces sin pensar ni siquiera en nosotros mismos. La identidad y la cultura ribereñas tienen que respetarse, de generación en generación, porque siempre hemos vivido en las márgenes del río, en las islas y en los arroyos, desde que el mundo es mundo».