Es poco lo que hoy afecta el estado de ánimo o entusiasma al médico jubilado Cláudio Esteves de Oliveira, de 62 años. Pero basta pronunciar la palabra Yanomami en una conversación que su mirada brilla, su voz se exalta, los mensajes que escribe en su celular se propagan a un ritmo frenético. Es evidente que el vínculo afectivo con los indígenas de esta etnia, a partir de una convivencia que duró 15 años, dejó huellas profundas. Ni su jubilación precoz por la Seguridad Social, en 2017, debido a una grave enfermedad coronaria, ni los shocks emocionales provocados por la persecución política que sufrió a lo largo de más de 20 años le impiden al médico seguir siendo una voz fuerte en defensa de los Yanomami y los Ye’kwana que viven en la Amazonia brasileña.

Al decidir ejercer la carrera de médico en la Tierra Indígena Yanomami, a principios de la década de 1990, Cláudio fue testigo del abrumador dominio de la minería ilegal en la zona, cuando la prensa brasileña difundía la presencia de aproximadamente 40.000 mineros. En los 15 años que vivió allí fue testigo del aumento de la destrucción del territorio y de la rápida propagación de enfermedades entre los indígenas. Junto a su compañera, la también médica Deise Alves, Cláudio implementó un método revolucionario de salud pública, primero en la Comisión Pro-Yanomami (CCPY) y, años después, al frente de la Organización No Gubernamental (ONG) Urihi-Saúde Yanomami, cuya historia fue contada por SUMAÚMA en abril de 2023.

Con la aprobación del Ministerio de Salud, el trabajo de la ONG Urihi hizo que la incidencia de malaria cayera en un 99% durante el período en el que actuó [1999-2004]. De 2001 a 2004 no se registró ninguna muerte causada por la malaria en las aldeas atendidas por Urihi, según los boletines epidemiológicos difundidos por la Fundación Nacional de Salud. La mortalidad infantil se redujo en un 65%. Siempre que era posible, la tuberculosis empezaba a diagnosticarse y tratarse en las malocas [construcción indígena de uso común]. La vacunación de los niños Yanomami seguía el calendario del Ministerio de Salud. No había casos de desnutrición.

El trabajo de Cláudio y Deise siempre fue un obstáculo para la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami y generó malestar político. Como no estaban de acuerdo con el dominio y la injerencia de las oligarquías políticas en la salud, años más tarde decidieron romper los acuerdos de la ONG Urihi con el gobierno federal. Terminaron siendo víctimas de la burocracia estatal, condenados a resarcir al Estado por no haber comprobado el uso del dinero público en los convenios de Urihi. Nunca apelaron judicialmente –primero por ingenuidad y porque no les parecía que los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas Federal, que consideraban despropositados, tendrían consecuencias reales y, más adelante, debido a la imposibilidad de pagar abogados–, la historia que SUMAÚMA contó en 2023.

Ahora, ante el cuadro persistente de crisis sanitaria y humanitaria en la Tierra Yanomami, el médico, reservado y desilusionado, sintió la necesidad de moverse una vez más. En esta entrevista a SUMAÚMA, para la que pidió enviar sus respuestas por escrito debido a problemas de salud, Cláudio critica la inmovilidad y la omisión del gobierno de Lula para impedir el genocidio Yanomami. “La acción del gobierno contra la minería ilegal fue más una propaganda que un combate efectivo. Y después, una vez que se calmó la polvareda del escándalo internacional, el gobierno y las fuerzas de seguridad se olvidaron del tema”.

Las 308 muertes de los Yanomami que se registraron entre enero y noviembre de 2023, según él, podrían haberse evitado. “Sí, es posible salvar a los Yanomami. Pero el gobierno ya desperdició un año”.

A continuación, presentamos los principales fragmentos de la entrevista en la que recurre a su experiencia profesional, en el ámbito de la salud, más exitosa de la Tierra Indígena Yanomami para señalar los principales errores cometidos en las operaciones realizadas por el gobierno federal.

SUMAÚMA: A principios de 2023, cuando usted y Deise le contaron a SUMAÚMA la historia de la ONG Urihi, los dos demostraban una mezcla de esperanza y miedo por el futuro de los Yanomami. Temían que el grupo de trabajo creado por el gobierno de Lula no pudiera resolver los numerosos problemas de salud pública de la zona. Un año después se confirmó el diagnóstico. ¿Qué pasó, en su opinión?

Cláudio Esteves de Oliveira: La salud de los Yanomami y los Ye’kwana depende básicamente de la solución de dos problemas: la presencia de la minería ilegal y la estructuración del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami, en particular la contratación de recursos humanos directamente por el Estado. En febrero de 2023 creíamos que el gobierno eliminaría la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami-Ye’kwana y mantendría una vigilancia permanente. Tenía todos los recursos, pero la verdad es que nada de eso pasó.

Expulsar la minería ilegal no es una tarea fácil, pero mantenerla en funcionamiento en la Tierras Indígena también es difícil para los criminales. Hace falta tener un apoyo logístico bastante complicado. Si a finales de los años 1980 se pudo acabar con la minería ilegal y mantener la vigilancia para reprimir nuevos focos en la primera gran ola de invasión de mineros, hoy, con muchos más recursos financieros y tecnológicos, ya no hay excusas para que esté activa, a capacidad total, después de un año del gobierno de Lula.

En 2023 teníamos cierto optimismo respecto a la resolución de estos dos problemas. [Pero] la contratación de personal sigue de manera improvisada y la minería ilegal operando con total libertad. Por eso la tragedia humanitaria continúa.

Hasta noviembre de 2023 murieron 308 Yanomami, en muchos casos por problemas de salud y enfermedades tratables, como desnutrición, diarrea, malaria y neumonía. Más de la mitad eran niños. ¿En qué se está equivocando este gobierno?

Hay que reconocer el efecto extremadamente negativo de este tipo de minería, hoy asociada al crimen organizado internacional, que impide, incluso, que algunas regiones reciban asistencia. Pero también existe un problema estructural de larga data que es la forma como se contratan los recursos humanos. La [ONG] Urihi-Saúde Yanomami fue fundada [en 1999] y aceptó formar un convenio con la Fundación Nacional de Salud (Funasa), a partir de la experiencia de la CCPY (Comisión Pro-Yanomami), en menor escala, con la intención de crear un modelo de asistencia que pudiera ser transferido al Estado. Para nuestra decepción, desde el inicio del primer gobierno de Lula [2003-2006] se produjo un fraccionamiento político de la Coordinación Regional de Funasa en el estado de Roraima. Luego, Funasa llevó a cabo la reforma de la salud indígena, que básicamente redujo a los conveniados al mero rol de tercerización en la contratación de personal. Por ende, decidimos, en 2004, no renovar el convenio, a pesar de la insistencia de la misma Funasa, en Brasilia. En ese momento, Alexandre Padilha [médico sanitario y actual ministro de Relaciones Institucionales] era el director del Departamento de Salud Indígena del organismo. Lo que vino después, como se sabe, fue la corrupción generalizada y la paulatina degradación de la asistencia en el Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami.

Además de mantener el sistema de convenios, los sueldos actuales son bajos y, por lo tanto, nada atractivos para trabajar en las condiciones del Distrito Sanitario Yanomami-Ye’kwana. A pesar de que el distrito cuenta actualmente con más de 1.000 empleados, entre no indígenas y agentes de salud, no hay efectividad en la actuación de estos profesionales de la salud [el boletín del Centro de Operación de Emergencia – Yanomami, de noviembre de 2023, informaba que había 1.850 empleados trabajando en el territorio y en la Casa de Salud Indígena]. La formación específica de los técnicos de enfermería y de los agentes indígenas de salud, que son la base de la asistencia a través de la telemedicina, teniendo en cuenta la dispersión de la población en este gran territorio, prácticamente ya no existe. Muchos de los no indígenas están de baja médica y, de los que ingresan a la zona, son pocos los que van a las malocas. Se quedan en los Polos Base, con poquísimas y heroicas excepciones. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud (COE) del Ministerio de Salud, rechaza la experticia de organizaciones de salud, como Médicos Sin Fronteras (MSF).

La ONG Urihi combatió de manera ejemplar la epidemia de malaria en el territorio Yanomami. Hoy surgen cerca de 2.000 casos de malaria al mes, un índice superior al del gobierno anterior. Como médico, usted siempre advirtió que los equipos temporales que no se quedaban en las aldeas no podrían resolver el problema. ¿Por qué la asistencia y la vigilancia epidemiológica son tan deficientes?

En gran parte debido al efecto nefasto de la narcominería que, además de impedir la asistencia en algunas regiones, forma enormes cráteres en el cauce de los ríos que sirven para reproducir el mosquito transmisor de la malaria, el anofelino. Pero, incluso en las áreas donde los equipos de salud pueden actuar, son pocas las malocas que cuentan con asistencia permanente. La llamada búsqueda activa de casos dentro de las aldeas, de forma continua, es esencial.

¿Es posible erradicar la malaria en la Tierra Indígena Yanomami? ¿Qué hicieron en Urihi que podría replicarse ahora?

En cuanto a la malaria, no se trata de aislar a los pacientes. La principal estrategia [de Urihi] era la presencia de un técnico de enfermería o de un agente indígena de salud, con un microscopista, permanentemente en todas las malocas para diagnosticar y tratar todos los casos. Hacíamos turnos de los equipos para los días libres. Esto con el apoyo de la telemedicina para los casos graves, no solo de malaria, sino también de otras enfermedades.

El médico, a distancia o, eventualmente, in loco, cuando era posible, atendía estos casos graves o más complejos y decidía si el paciente podía ser tratado en la zona o si debía ser retirado. Esto es lo que hacíamos en la etapa de hiperendemicidad (alta incidencia de la enfermedad). Cuando los casos de malaria prácticamente se redujeron a cero [en 2002], los equipos empezaron a hacer visitas periódicas programadas o a atender solicitudes de los Indígenas para comprobar in loco cualquier problema de salud que hubiera surgido en el intervalo entre las visitas.

Otro punto importante sobre la atención a los Yanomami: había un control social permanente, no solo en las reuniones del Consejo Distrital de Salud. Los que no seguían el modelo de atención sanitaria, los empleados que no iban a las aldeas, por ejemplo, eran denunciados por los Yanomami-Ye’kwana e inmediatamente despedidos por Urihi.

En ese entonces, Urihi atendía a cerca de 11.250 indígenas, en un territorio donde vivían aproximadamente 15.000 Yanomami. Obviamente que ahora la población ha aumentado (sobrepasa los 31.000 Yanomami). Todo se complicó un poco.

De las muertes registradas en 2023 entre los Yanomami, más de la mitad eran niños. ¿Retirar a los enfermos es la mejor opción para los tratamientos? ¿Qué cuidados médicos especiales tendrían y tienen que brindarse a estos niños desnutridos que padecen malaria?

Retirarlos de su hogar tiene que usarse como último recurso. Las retiradas tienden a involucrar a toda la familia. Y cuando las estadías lejos del hogar se prolongan, la familia pierde el período apropiado del año para cultivar y vuelven a su territorio a pasar hambre otra vez. Médicos Sin Fronteras quiso ayudar con equipos en campo, haciendo la administración de sobres de alimento, que es un método muy eficaz. Pero el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública (COE) – Yanomami rechazó la idea. Quizás ahora haya una oportunidad de intentar nuevamente una alianza con Médicos Sin Fronteras para el tratamiento, in loco, de los casos de desnutrición infantil. Tienen muchas experiencias exitosas y usan estos sobres de un preparado alimenticio muy adecuado para los casos de desnutrición moderada y grave. En estas situaciones, el sistema digestivo también se ve afectado en su capacidad de absorción. No es cualquier alimento habitual que ayuda en el tratamiento. Los sobres tienen que estar autorizados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Un detalle importante: quien se encarga de la logística debe tener siempre una carga lista para aprovechar los vuelos eventuales si hay que hacer la retirada de los casos graves. Conocer la distribución geográfica de las pistas y los tiempos de vuelo. No es algo de otro mundo. Quien está planeando la logística tiene que pensar como si el dinero fuera a salir de su bolsillo. La logística tiene que saber la cantidad de todo el suministro, de cada Polo Base, en tiempo real, para aprovechar los vuelos imprevistos. Deise se encargaba de todo esto para optimizar el transporte.

El objetivo es transmitir algunos conocimientos acumulados y alentar a la nueva generación. Por supuesto que se puede hacer todo esto, e incluso mejor. Por supuesto que se puede acabar con la minería ilegal, por supuesto que se puede acabar con la malaria. Por supuesto que los Yanomami volverán a las actividades tradicionales de subsistencia, aunque algunos se perderán por ese camino. Y hoy hay muchos más recursos para el Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami que antes. Pero primero tenemos que cruzar algunos desiertos.

Este gobierno creó un grupo de trabajo para combatir las enfermedades y la minería ilegal en la Tierra Indígena y declaró una emergencia sanitaria de importancia nacional. Los compañeros de la CCPY y ustedes forman parte de un grupo de la vieja guardia que conoce el territorio Yanomami mejor que nadie. ¿No llamaron a nadie de este grupo para hablar sobre la situación y dar su opinión sobre cómo ayudar a combatir la tragedia en la Tierra Indígena?

Nunca. La arrogancia es la madre de la ignorancia. La Dra. Deise Alves Francisco y yo tuvimos el privilegio de contar con el apoyo del grupo de la CCPY, especialmente de la antropóloga Alcida Rita Ramos, del antropólogo Bruce Albert y del hermano de la Iglesia Católica Carlo Zacquini, uno de los pioneros en el conocimiento sobre los Yanomami, ya en la década de 1960. Nos abrieron las puertas al mundo de los Yanomami y los Ye’kwana. Pero no somos solo Deise y yo. Después, Urihi formó un equipo fantástico en las áreas de salud y de educación. Hubo mucha experiencia acumulada, de varias personas, que fue ignorada.

Al informar sobre la historia de Urihi, Deise y usted afirmaron que los intereses políticos destruyeron un exitoso proyecto de salud pública en el territorio Yanomami entre 1999 y 2004. Por detrás de esto estaría el fraccionamiento político de FUNASA, en el primer mandato del gobierno de Lula. ¿A usted le parece que ahora esta situación se va a repetir? El actual gobierno había prometido extinguir la Funasa, pero, por presión de los partidos del Centro, dio marcha atrás.

Bueno, el contexto es otro. Hoy existe la Secretaría de Salud Indígena (Sesai), dentro del Ministerio de Salud. Esta era una antigua reivindicación que nació en Roraima, precisamente porque nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de los convenios desde el principio [de la actuación de Urihi]. La salud indígena salió de las garras de Funasa y su fraccionamiento político, que es lo peor que hay. Pero, después de un año, la Sesai no logró estructurar los Distritos Sanitarios Indígenas ni hacerse cargo de la gestión de recursos humanos. A pesar del fiasco, sigo siendo partidario de la autogestión de los pueblos indígenas siempre que sea posible. Pero el actual equipo directivo, tanto de la Sesai, como de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y del Ministerio de los Pueblos Indígenas, no están logrando buenos resultados.

¿Qué haría distinto el médico Cláudio Esteves en el trágico escenario actual? ¿Qué ideas y soluciones podrían ayudar al gobierno a enfrentar esta situación en la TI Yanomami? ¿Estaría usted dispuesto a volver y señalar algunas soluciones? ¿Por qué este tema lo mueve y conmueve tanto, a pesar de haber sido tan perseguido y castigado por el Estado durante años?

No hay que reinventar la rueda: hay que expulsar la minería ilegal y brindar asistencia permanente en todas las malocas. Lo de volver a la Tierra Indígena, aunque sea como voluntario (estoy jubilado por invalidez), ahora sería imposible por motivos de salud y familiares. Pero quien quiera hablar conmigo siempre estaré a disposición. Mi relación afectiva es con los Yanomami y los Ye’kwana. El Estado y los gobiernos no tienen nada que ver con esto. Para sorpresa mía y de Deise, la destrucción del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami y la persecución de Urihi empezaron al principio del primer gobierno de Lula. Vamos a esperar que Lula 3 sea distinto. El primer año no fue nada alentador.

¿A este grupo de acción de emergencia del gobierno, creado en 2023, le falta conocimiento sobre la realidad Yanomami?

Sí, la falta de preparación es total. Pero no se trata solo de desconocimiento. Como si fuera poco, la acción del gobierno contra la minería ilegal, a principios de 2023, fue más una propaganda que un combate efectivo. Y después, una vez que se calmó la polvareda del escándalo internacional, el gobierno y las fuerzas de seguridad se olvidaron del tema.

¿El gobierno de Lula estuvo a cuestas del Ejército en las operaciones en la TI Yanomami? ¿Sería ese uno de los obstáculos? ¿O es imposible actuar en el territorio sin el apoyo de las Fuerzas Armadas?

Si estuvo a cuestas, fue una grave señal de debilidad. La cobardía del gobierno es proporcional al poder y a la autonomía de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un deber constitucional en la Amazonia. Y obedecen al poder civil, en este caso al Ministerio de Defensa. Después del rimbombante comienzo de 2023, en el que el gobierno dijo que no escatimaría esfuerzos para sacar a los mineros ilegales y revertir la tragedia humanitaria de los Yanomami, gastó una montaña de dinero y el resultado fue pobre. Después de cierto tiempo esperando resultados concretos, las organizaciones indígenas Yanomami volvieron a presentar varias denuncias ante el Ministerio Público Federal sobre la presencia y el aumento de la minería ilegal y el caos sanitario. Ya en la primera mitad de 2023. También fueron informados el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Funai y la Secretaría Especial de Salud Indígena.

Con respecto a la minería ilegal, ¿según su experiencia, dejar abierto el espacio aéreo es un error?

Sin duda. Pero también hay que vigilar la entrada por vía fluvial.

¿Hubo un despilfarro de dinero público y de recursos humanos? Al frente de Urihi, ustedes denunciaron el desperdicio de dinero público. Pero fueron tragados por la burocracia estatal.

Urihi contaba con alrededor de 120 empleados y 60 agentes indígenas de salud, de los cuales 44 eran también microscopistas para el diagnóstico de la malaria. Fueron formados por nosotros y diplomados por FUNASA. Sí, hay un desperdicio [financiero] escandaloso, eso en los dos ámbitos, el de la minería y el de la salud, porque no se ha resuelto nada. El último convenio de Urihi tuvo un gasto anual de poco más de 1,6 millones de dólares [presupuesto 2003/2004, sin tener en cuenta la inflación]. Se suponía que era para hacer absolutamente todo, no solo contratar recursos humanos, para el 75% de la población Yanomami y el 100% de los Ye’kwana.

En un artículo para SUMAÚMA, el geógrafo Estêvão Senra, que actúa en ese territorio desde hace más de diez años, advirtió sobre el hecho de que “la logística es un tema central en la Tierra Yanomami y debería haber sido la columna vertebral de un plan de reestructuración de la presencia del Estado en ese territorio”. Pero hay relatos de un juego de tira y afloja en el gobierno, entre Sesai y Funai, y por omisión de la Casa Civil. Cuando escucha estos relatos de expertos y de indígenas, ¿cuál es su impresión?

El Ministerio de Defensa está completamente subordinado a las Fuerzas Armadas. Está allí con la misión de pacificar a los militares. Esto no tiene sentido. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas están subordinadas a la Presidencia de la República. No hubo golpe militar. No ejercer plenamente este poder es un grave error político. Y no creo que sea posible retirar la minería ilegal sin la participación de las Fuerzas Armadas. Y la Casa Civil fue omisa, por supuesto. Ignoró todas las denuncias, al igual que el Ministerio Público. Funai, Sesai y el Ministerio de los Pueblos Indígenas parecen trabajar de manera desarticulada y también omisa. Por debajo de los dirigentes, hay mucha gente buena que rema contra la corriente. Pero nada se mueve.

A pesar de todos los errores y omisiones, ¿es posible resolver la situación en el territorio? ¿Cómo?

Solo hay que repetir lo que ya se hizo antes para enfrentar la primera ola gigantesca de la minería ilegal, a finales de los años 1980, y la consiguiente tragedia sanitaria de aquella época.

Es posible salvar a los Yanomami, pero el gobierno ya ha desperdiciado un año. Y se podrían evitar muchas muertes. Para esos ya no hay salvación.