Pocos días después de finalizar el Campamento Tierra Libre, el mayor evento anual de los pueblos originarios en Brasilia, la ministra Sonia Guajajara recibió una llamada telefónica de Rui Costa, el ministro de la Casa Civil, una especie de gestor del gobierno en el tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. La conversación fue dura: Sonia Guajajara escuchó de su colega que perdería la prerrogativa de decidir sobre la demarcación de nuevas tierras indígenas. Era una exigencia de la bancada ruralista, la más fuerte, financiada y organizada del Congreso Nacional. El ultimátum se lo había dado Isnaldo Bulhões, diputado federal del partido Movimiento Democrático Brasileño y ponente de la Medida Provisional (MP) 1.154. Esta medida, firmada el 1 de enero de 2023, define toda la organización y los ministerios del gobierno de Lula. Pero los ruralistas querían que todo siguiera como estaba en el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. Y, en el Congreso, nunca han tenido tanta fuerza como ahora.

Hasta el fin de 2022, el Ministerio de Justicia era responsable de emitir un documento llamado ordenanza declaratoria, el paso más importante en la demarcación de una tierra indígena. El 1 de enero, al asumir el cargo, Lula cumplió una promesa electoral y creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas. También transfirió a esta cartera la responsabilidad de las ordenanzas declaratorias. Fue una de las varias decisiones que, en la práctica, reorganizaron la estructura del gobierno federal después de Jair Bolsonaro, que había socavado todo el andamiaje medioambiental.

Los cambios estructurales del nuevo gobierno se recogen en la MP 1.154. Las medidas provisionales son decisiones del presidente de la República que entran en vigor inmediatamente después de su firma. Sin embargo, el Congreso Nacional tiene que ratificarlas en un plazo máximo de seis meses, de lo contrario caducan, es decir, pierden su validez. Esta MP está en vigor hasta el 1 de junio.

El Congreso que salió de las urnas en octubre de 2022 es el más reaccionario de la historia reciente de Brasil. El Partido Liberal de Jair Bolsonaro eligió 99 de los 513 diputados federales. Además, algunos exministros del gobierno de extrema derecha, como Damares Alves, Jorge Seif y Sergio Moro, y el exvicepresidente Hamilton Mourão consiguieron mandatos de ocho años al ser elegidos senadores. «El Brasil de 2023 no es el mismo de 2002», había advertido Arthur Lira, el presidente de la Cámara de los Diputados, hace unas semanas, cuando se criticaba la falta de articulación política del gobierno. En un mensaje nada cifrado a Lula, dejó claro que el actual Congreso, además de ser ideológicamente adversario, quiere conservar el poder de definir dónde debe gastarse el grueso del presupuesto del país.

Lira, actualmente el principal líder del Centrão —nombre con el que se conoce una coalición materialista de partidos de derecha que tiene mayoría en el Congreso—, también lo hizo bajar a la tierra: le recordó que el Partido de los Trabadores (PT) ya no goza de la abrumadora popularidad del final de su segundo mandato. En diciembre de 2010, Lula dejó el Gobierno con un índice de aprobación superior al 80%.

Frente a adversarios con semejante poder de fuego, Lula y el PT, partido que fundó junto a otros líderes de izquierda en 1980, deberían formar la primera línea de defensa de Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, y de su colega Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático. Pero no es lo que ha sucedido.

Parlamentarios oficialistas y alineados con el Palacio del Planalto aseguraron a SUMAÚMA que el texto que se votó en el Congreso, que deforestó los ministerios de Marina Silva y Sonia Guajajara, no fue una sorpresa para el gobierno. «El golpe es aún más doloroso por eso», se lamentó un miembro del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

«El ponente es de la base del gobierno [en la Cámara de los Diputados]. Debatió con nosotros todos los puntos del informe», resumió un observador de las negociaciones, que pidió que se preservara su anonimato. En resumen: la justificación que esgrimieron los políticos del gobierno, de que el contenido del informe final de la MP 1.154 tomó a la base de Lula por sorpresa, no se sostiene.

Además de quitar al Ministerio de los Pueblos Indígenas la potestad de llevar a cabo los procesos de demarcación de las tierras indígenas, Bulhões ha arrebatado de las manos de Marina Silva algunas de las herramientas clave del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. El Registro Ambiental Rural, por ejemplo, se ha transferido al Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos, dirigido por la economista Esther Dweck. La Agencia Nacional de Aguas y el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos se han transferido al Ministerio de Integración y Desarrollo Regional. La cartera la dirige Waldez Góes, exgobernador de Amapá, que se convirtió en enemigo de Marina Silva y del área medioambiental del gobierno porque el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) negó a Petrobras una licencia para explorar petróleo frente a la costa de la Amazonia.

Nada de esto impidió que el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afiliado al PT y al que Lula eligió personalmente para que se encargara de la articulación política de su gobierno, celebrara el nuevo diseño de la MP 1.154. «Son contribuciones que mantienen el espíritu inicial de la reestructuración del gobierno, lo que significa que las cuestiones fundamentales se mantienen», elogió.

Lula ha convocado a los ministros responsables de la articulación política, a los líderes del Congreso, así como a Marina Silva y Sonia Guajajara, a una reunión que tendrá lugar este viernes, 26 de mayo, para intentar limar asperezas y decidir el rumbo del gobierno.

Eran más de las 13.30 del miércoles 24 de mayo cuando el diputado federal del PT Nilto Tatto empezó una rueda de prensa en el Salón Verde de la Cámara de los Diputados. Junto a él estaban Sonia Guajajara y las diputadas federales Célia Xakriabá, Dandara Tonantzin y Duda Salabert —las tres elegidas por el estado de Minas Gerais— y Kleber Karipuna y Dinaman Tuxá, coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). El diputado Airton Faleiro y Suely Araújo, expresidenta del Ibama, fortalecían el grupo, que habló con los periodistas sobre los retrocesos que traía el informe de Isnaldo Bulhões, que en aquel momento estaba a punto de someterse a votación en la comisión especial.

«Todo el mundo recuerda la campaña del presidente Lula, que llevó la agenda indígena al centro del debate. Con esa perspectiva se creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Pero estamos presenciando un verdadero ataque a un ministerio que necesitó 523 años para crearse, pero menos de cinco meses para desmantelarse. Arrancarle la demarcación al Ministerio de los Pueblos Indígenas es arrancarnos el corazón, nuestra agenda principal, que tanto queremos», se lamentó Sonia Guajajara en el Salón Verde de la Cámara, mientras veía cómo el tractor ruralista pasaba por encima de la agenda medioambiental ideada al inicio del gobierno de Lula.

Lo que más llamaba la atención no era quién estaba presente, sino la ausencia de los líderes del gobierno y del PT: los diputados federales José Guimarães y Zeca Dirceu, y los senadores Jaques Wagner, Fabiano Contarato y Randolfe Rodrigues. Principalmente porque Marina Silva también estaba en el edificio: en un auditorio a dos minutos del Salón Verde, la interrogaba la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se esperaba que estuviera en la rueda de prensa, pero la comisión la retrasó y se lo impidió.

En política, los signos no escritos cuentan, y mucho. La presencia de una ministra (casi dos) del gobierno de Lula en el Salón Verde, sin la compañía de dirigentes del gobierno y del PT, era un mensaje escandaloso. Marina Silva y Sonia Guajajara habían sido abandonadas. En conversaciones privadas, la ministra de los Pueblos Indígenas no ocultó su «gran decepción» por la falta de apoyo del gobierno.

A lo largo de la mañana, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático se había mostrado didáctica y enfática con los diputados (muchos de extrema derecha) que se acercaron a escucharla e interrogarla en la Cámara: desmantelar el área medioambiental era pegarse un tiro en el pie, incluso para el propio sector ruralista. «Que la agroindustria brasileña deje de ser una ogroindustria», afirmó, beneficiará a la economía del país. «Brasil es al siglo XXI lo que Estados Unidos es al siglo XX. Solo nosotros podemos tener una matriz [energética] 100% limpia para generar hidrógeno verde y tener una agricultura baja en carbono», proyectó la ministra. En un momento dado, Marina Silva se exasperó por la incomprensión —deliberada o no— que la rodeaba casi por todas partes. «El problema de Brasil es la falta de élite. La élite son los que tienen pensamiento estratégico. Chico Mendes era la élite de este país. El cacique Raoni es la élite de este país. Guilherme Leal [fundador de Natura, una empresa brasileña de cosméticos], como empresario, es la élite de este país», espetó.

La bancada ruralista parece inmune a los argumentos de Marina Silva. Ella y su equipo conocían desde hace tiempo las presiones para que el Ministerio de Medio Ambiente fuera «amputado» (como dijo la propia ministra) en el informe de Bulhões sobre la MP 1.154. El diputado se había reunido con el equipo de Marina Silva en el ministerio varias veces en las últimas semanas. El destino del Registro Ambiental Rural había sido un tema constante. Por otro lado, Bulhões —que en las reuniones de la comisión de la MP 1.154 dijo que «adora a los indígenas»— no se reunió en ningún momento con Sonia Guajajara. La ministra de los Pueblos Indígenas solo discutió el asunto con Rui Costa.

El Registro Ambiental Rural es un documento creado por el Servicio Forestal Brasileño en el que las personas informan al gobierno de las áreas que poseen. Con el avance de la tecnología, los datos del registro empezaron a cruzarse con los de otras bases de datos. Y eso hizo posible que se pudiera identificar, por ejemplo, que la propiedad declarada por un hacendado es en realidad territorio indígena, de protección medioambiental permanente o, simplemente, tierra pública. Por lo tanto, la ogroindustria desea ver el Registro Ambiental Rural lejos de las manos de quienes pueden hacer tales cruces. Bolsonaro cumplió este deseo, enviando la base de datos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La poderosa bancada ruralista quería que la situación no cambiara, aunque Lula estuviera en el gobierno. Al menos han conseguido sacarlo de manos de Marina Silva.

Hasta ahora, los ruralistas y el Centrão están ganando la batalla. Cuentan, para ello, con la indisimulable antipatía que buena parte del PT siente hacia Marina Silva. En el Congreso, es fácil oír críticas a la ministra, no solo en los discursos de los parlamentarios de la oposición, sino también en conversaciones en los despachos de los líderes del PT. El partido la mira con desdén desde que abandonó el gobierno de Lula en 2008, porque los ataques a la protección del medio ambiente hacían insostenible su permanencia.

En las elecciones de 2022, en el contexto de un mundo cada vez más aterrorizado por la emergencia climática, la activista medioambiental más importante de Brasil se convirtió en una baza electoral e internacional para el entonces candidato Lula. En el exterior, ella es la figura más destacada del gobierno: fue la estrella del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el principal evento de la elite económica del planeta. Lula y el PT están cosechando dividendos con Marina Silva, pero hasta ahora han optado por dejarla sola, expuesta a la saña depredadora del Centrão.

En una entrevista al canal de televisión por cable GloboNews, la tarde del jueves 25 de mayo, la ministra clasificó las derrotas consecutivas que estaba sufriendo el área ambiental en el Congreso como «una nueva crisis de los seis meses», en referencia a la que vivió en el primer gobierno de Lula. «Estamos viviendo una tensión que no es fácil para los ministerios [que se ocupan] de las agendas en las que el bolsonarismo se centró con más fuerza», admitió Marina Silva, al tiempo que señaló la dificultad que está teniendo el gobierno para dialogar con el parlamento. «Podemos construir una mayoría cuando hay condiciones objetivas para ello. En este momento, el gobierno tiene esa dificultad».

La comisión de la MP 1.154 se reunió presencialmente por última vez el miércoles 24 de mayo por la tarde. La mañana anterior, Isnaldo Bulhões había leído su informe y los cambios que proponía para la medida provisional que organizó el gobierno de Lula. Inmediatamente, ambientalistas, líderes indígenas e incluso periodistas económicos y conservadores lo criticaron.

Toda esta atención provocó que la reunión final de la comisión abarrotara la sala de plenos, situada en uno de los pasillos del Anexo II del Senado. La diputada Célia Xakriabá y sus asesores se dirigieron allí poco después de la rueda de prensa en el Salón Verde. Los diputados de extrema derecha Zé Trovão y Kim Kataguiri ya estaban allí, a pesar de que solo son miembros suplentes de la comisión.

Sus discursos, sin embargo, no fueron los que llamaron la atención. «Sé que se ha hecho todo lo posible para que pudiéramos garantizar esta reestructuración [del diseño del gobierno federal] teniendo en cuenta las fuerzas políticas de esta casa [el Congreso Nacional]», dijo el diputado federal del PT Alencar Santana, en tono contemporizador. A su lado, el compañero de partido Carlos Zarattini fue más lejos: aplaudió que se retirara la demarcación de tierras indígenas del Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por Sonia Guajajara. Utilizó la justificación de que «la Funai [Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas] siempre ha hecho muy bien ese trabajo». Zarattini demostró públicamente que desconocía el asunto: la Funai sigue realizando gran parte del trabajo de demarcación, pero ahora dentro del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

Al final, la comisión aprobó el informe del diputado Isnaldo Bulhões con 15 votos a favor y 3 en contra. Una vez promulgado el resultado, el líder oficialista en el Congreso, Randolfe Rodrigues, y el presidente de la comisión, el senador conservador Davi Alcolumbre, se dieron un largo abrazo. Antiguos adversarios en la política del estado de Amapá, los dos se unieron para atacar a Marina Silva después de que el Ibama denegara a Petrobras la licencia ambiental para perforar un pozo y comprobar si, después de todo, hay petróleo en el margen ecuatorial.

«El gobierno ha salido victorioso», celebró Randolfe Rodrigues. «El propio ponente Isnaldo [Bulhões] es testigo de que nos hemos pasado el día intentando revertir los cambios que se habían hecho con relación al capítulo del medio ambiente. Pero no ha sido posible. El compromiso de este gobierno es restaurar la gobernación medioambiental en Brasil. Si queda comprometida a causa del informe final, obviamente el presidente de la República tendrá que ejercer su derecho a veto», tergiversó el senador, cuando SUMAÚMA le preguntó sobre el peso de su ruptura con Marina Silva y su salida del partido Red de Sostenibilidad (el mismo que el de la ministra) para la MP 1.154.

«No mezclemos las cosas. Hay una situación que concierne a mi estado y otra que concierne al partido político en el que yo militaba. Esto no altera ni una coma mi compromiso con la labor de reconstrucción nacional. Y la labor de reconstrucción nacional es inseparable de la labor de reconstrucción de la gobernación medioambiental», dijo. Y quiso mostrar que actuaba con el respaldo de Lula: «Actúo aquí siguiendo las órdenes, la orientación y el liderazgo del presidente de la República. Y actué en la medida provisional de la misma forma».

Antes, cuando hablaba ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Marina Silva le había enviado un mensaje, sin citarlo. «Es difícil defender el medio ambiente en nuestro propio ambiente. Y eso es lo que he hecho siempre. Hubo una época en que no podía andar por mi estado, para no ser linchada. Mi ética no es de conveniencia, de circunstancia. [Refiriéndose a Randolfe:] “Aquí defiendo la sostenibilidad, en mi estado no la defiendo”. Yo no tengo esta mancha en mi currículum».

El aire triunfal de Randolfe Rodrigues esconde la prisa del gobierno, que es mucha. El texto final de la MP 1.154, con los cambios que ha introducido Isnaldo Bulhões con el aval del gobierno, debe votarse en el Pleno de la Cámara y del Senado la próxima semana. Solo quedan dos días: el martes y el miércoles próximos, 30 y 31 de mayo.

En la soleada y fría mañana del jueves 25 de mayo en Brasilia, el ambiente previo a la llegada de Marina Silva a la toma de posesión del nuevo presidente del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), Mauro Pires, era de frustración y consternación por la masacre de la noche anterior.

Además de la deforestación del área medioambiental provocada por la MP 1.154, el pleno de la Cámara de los Diputados aprobó, al inicio de la noche, la tramitación urgente del Proyecto de Ley 490, que quiere crear un hito temporal para la demarcación de las tierras indígenas en Brasil. De esta forma, el texto podría aprobarse la próxima semana y enviarse al Senado. Se trata de un intento de la bancada ruralista de banalizar la reanudación del juicio del hito temporal en el Supremo Tribunal Federal, prevista para el 7 de junio.

Por último, en otro golpe frontal a la agenda medioambiental del actual gobierno, los diputados también cambiaron el texto de una antigua medida provisional de Bolsonaro para restablecer el permiso para instalar líneas de transmisión de energía, gasoductos y sistemas públicos de abastecimiento de agua en áreas de Mata Atlántica, sin estudios previos de impacto ambiental o indemnizaciones. Los expertos consideran que, con esto, se ha creado un resquicio legal para permitir la deforestación en esas áreas.

Marina llegó a la estructura instalada en lo alto del Parque Nacional de Brasilia y trató de infundir ánimos a un público que, a diferencia del de la mañana anterior, era incondicionalmente aliado. «¿Solo ha sobrevivido Chico Mendes…?», se rio, en referencia a la letra de «Xote Ecológico», una canción de 1977 de Luiz Gonzaga que se ha convertido en un himno ecologista y que los presentes cantaban mientras ella se dirigía al púlpito para pronunciar su discurso.

«Rômulo [Mello, expresidente del ICMBio] ha sobrevivido, sor Dorothy [Stang, monja estadounidense asesinada en Pará] ha sobrevivido, [el periodista británico] Dom Phillips ha sobrevivido, [el indigenista] Bruno [Pereira] ha sobrevivido. Podría citar aquí una lista enorme de personas que, aunque sus cuerpos ya no estén aquí, han sobrevivido», recordó.

Minutos después, fue al grano: «Están transformando la medida provisional de la gestión del gobierno que ganó [las elecciones de 2022] en la medida provisional del gobierno que perdió. Especialmente en la agenda medioambiental y de los pueblos indígenas. Pero tenemos que resistir. Y vamos a resistir, gestionando esa contradicción, creando alternativas, buscando soluciones», afirmó.

«No nos gusta ver lo que está pasando en el Congreso, no es bueno para nadie, ni para el Congreso, ni para la agroindustria, ni mucho menos para los avances que hemos logrado a lo largo de más de cuatro décadas. Pero haremos un esfuerzo para ser como Paganini», dijo, antes de explicar una leyenda según la cual el famoso violinista no dejó de tocar su instrumento incluso después de ver cómo se rompían tres de las cuatro cuerdas, ante una orquesta silenciosa y un público atónito.

Marina Silva parece dispuesta a resistir a todo. Incluso al PT. Falta saber si quedará alguna cuerda tras la votación en el pleno.