En el momento en que la emergencia climática está produciendo olas de calor sin precedentes y fenómenos extremos, la reducción inmediata de la producción de combustibles fósiles, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, será una de las prioridades de las organizaciones de la sociedad civil en los Diálogos Amazónicos y en la cumbre de líderes de los ocho países amazónicos, que tendrá lugar entre el 4 y el 9 de agosto en Belém. Pero, hasta ahora, el presidente colombiano, Gustavo Petro, es el único de los dirigentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) —que, además de Colombia, reúne a Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El Brasil de Lula da Silva, el mayor productor de petróleo del grupo, va camino de aumentar la exploración en la región. En los primeros meses del tercer mandato de Lula, las prospecciones en la cuenca amazónica han dividido al gobierno brasileño.

En tierra firme y en el mar, en la Amazonia Legal y en todo el margen ecuatorial del país — la costa que va desde Río Grande del Norte hasta Amapá— hay 65 bloques que ya han sido adjudicados a empresas, aunque todavía no están produciendo petróleo y gas, y otros 127 que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ha puesto en venta. Además, la agencia está estudiando la adjudicación de otros 382 bloques en la región, 77 en tierra, en los estados de Amazonas y Maranhão, y 305 en el margen ecuatorial. En este último caso, la autorización para realizar las subastas sigue dependiendo de los análisis internos de la ANP, de directrices medioambientales o de la realización de la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria (AAAS), un instrumento que analiza todo el impacto que genera la cadena petrolera en una zona.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

En la cumbre de Belém, el tema de los combustibles fósiles también ocupa un lugar central, ya que el encuentro tendrá lugar pocos días antes de un plebiscito sin precedentes en Sudamérica. El 20 de agosto, en Ecuador, junto con las elecciones presidenciales anticipadas, los votantes decidirán si suspenden la explotación petrolera en el llamado bloque ITT —iniciales de los campos que integra: Ishpingo, Tambococha y Tiputini—, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. El parque amazónico ecuatoriano se define como un «arca de Noé» por la biodiversidad que alberga: según la Unesco, organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, que declaró el Yasuní «reserva de la biosfera», en el lugar hay 610 especies de aves, 204 de mamíferos y 139 de anfibios, además de una vegetación que es original en un 99,73%.

En Brasil, tres meses después de que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) negara a Petrobras la licencia medioambiental para perforar lo que sería el primer pozo marino en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, en el margen ecuatorial, la situación sigue en punto muerto. La empresa estatal, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, ha recurrido la decisión y sus directivos han declarado a los periodistas que la licencia saldrá tarde o temprano. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático aboga por que se lleve a cabo una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria de ese litoral antes de conceder cualquier autorización.

En esta franja costera ya se han adjudicado 41 bloques, nueve de ellos en la cuenca de la desembocadura del Amazonas. Según el informe de la propia ANP, 20 de los 41 contratos están suspendidos por dificultades en la concesión de licencias medioambientales. No obstante, la agencia mantiene 81 bloques en «oferta permanente» en el margen ecuatorial, lo que significa que puede venderlos sin licitación. Hoy solo se produce petróleo frente a la costa del estado de Río Grande del Norte. Cuando se subastaron los bloques, a partir de 2013, los ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía renunciaron a la evaluación estratégica. La cartera dirigida actualmente por la ministra Marina Silva argumenta que la evaluación ambiental permitiría que el proceso de concesión de licencias se desarrollara con más seguridad.

Sin embargo, para los representantes de las organizaciones ecologistas, indígenas y comunitarias que asistirán a la cumbre de Belém, lo que está en juego va más allá de los tecnicismos de la concesión de licencias. En los llamados Diálogos Amazónicos, que tendrán lugar del 4 al 6 de agosto, antes de la cumbre de presidentes de los días 8 y 9, se debatirá sobre la producción de petróleo y la transición energética en una de las cinco sesiones plenarias, para las que se esperan 10.000 personas. Las ONG brasileñas, por su parte, organizan un acto paralelo para defender que se abandone el plan de abrir un nuevo frente de explotación petrolera en el margen ecuatorial, como explica Caetano Scannavino, coordinador del Proyecto Salud y Alegría, que lleva casi 40 años trabajando con las comunidades ribereñas de la Amazonia. «Es un tema actual y panamazónico. En Brasil, es un momento decisivo para saber qué queremos como nación que posee la mayor parte del bioma líder en biodiversidad», afirma.

Scannavino recuerda que Brasil vive un período de proyección internacional: en 2024 Río de Janeiro acogerá la cumbre del G20, el grupo que reúne a las mayores economías del mundo, y en 2025, de nuevo en Belém, se celebrará la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP-30. En la conferencia se hará balance de los diez años transcurridos desde el Acuerdo de París, cuando los países acordaron evitar que la temperatura media del planeta aumentara más de 1,5 °C por encima de los niveles anteriores a la Revolución Industrial. A pesar del riesgo de que este objetivo no se cumpla, la producción de petróleo ha empezado a aumentar de nuevo en todo el mundo, tras un breve retroceso en 2020, en el auge de la pandemia de covid-19.

Lo que falta es «algún estadista» que diga que «el mundo está ardiendo y el costo de perder la batalla de los 1,5 °C es mucho mayor que cualquier ingreso del petróleo», afirma Scannavino, que también forma parte de la dirección del Observatorio del Clima. En su opinión, la cumbre es una oportunidad para que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva adopte una postura clara. «Dejar este petróleo bajo tierra, junto con la batalla por conseguir la deforestación cero, nos daría moral para exigir que otros países hagan lo mismo y quizás liderar un movimiento por una gobernación climática mundial más justa», afirma.

Cuando Lula y su homólogo Gustavo Petro se reunieron el 8 de julio en Leticia —ciudad colombiana fronteriza con la brasileña Tabatinga—, el brasileño no mencionó el petróleo como tema de la cumbre. Citó, entre otras propuestas, la creación de un parlamento amazónico, un mecanismo de certificación internacional de los productos de la biodiversidad de la región y la lucha conjunta contra el crimen organizado. En una rueda de prensa celebrada el 1 de agosto, el Itamaraty, la cancillería brasileña, no quiso decir cómo se incluirá el petróleo en la declaración final. «Todavía estamos negociando. No se trata sólo de petróleo, sino de proyectos de infraestructura, minería, la economía en su conjunto», dijo María Angélica Ikeda, directora de Medio Ambiente de Itamaraty.

Si la decisión final del gobierno es mantener todo como está, la perspectiva es que se abran nuevos frentes de producción de petróleo y gas en la Amazonia.

En el mar, en el margen ecuatorial, quien tiene más bloques pendientes de licencia ambiental es Petrobras, con 16, seguida de Shell, con 11. En el documento en que le pide al Ibama que reconsidere la solicitud para perforar en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, la petrolera estatal argumenta que la explotación de ese litoral es «esencial para la seguridad y la soberanía energética nacional», ya que a partir de 2030 se espera que la producción del presal, frente a las costas de la región Sudeste, disminuya. Petrobras también alega que esta producción «se desarrollará de forma integrada con otras fuentes de energía y contribuirá a que el proceso de transición energética se produzca de forma justa, segura y sostenible».

El 14 de julio, la estatal le envió una carta al Ibama en la que reforzaba su opinión de que la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria no sería necesaria para autorizar la prospección de petróleo en la desembocadura del Amazonas. La carta cita una sentencia de principios de julio del magistrado de la Corte Suprema Kassio Nunes Marques, según la cual la evaluación no es vinculante para conceder licencias.

El Ibama respondió, por medio de un comunicado, que el rechazo de la licencia se basaba no solo en la ausencia de la evaluación, sino también en una «serie de fallos en los compromisos y estudios presentados» por Petrobras. No obstante, insistió en que la evaluación es «un instrumento muy relevante» en un litoral «sensible» en el que «se pretende instalar más de 400 lotes de explotación petrolera». El 26 de julio, en un acto público en el Palacio del Planalto, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, apoyó la pretensión de Petrobras de explorar el margen ecuatorial.

El gobierno de Lula tiene previsto presentar en agosto o septiembre un plan de transición energética y ecológica en el que la Amazonia será un «centro de desarrollo verde», según declaró el presidente el 19 de julio. El plan incluirá la creación de un mercado regulado de créditos de carbono para controlar las emisiones de industrias contaminantes, como la siderúrgica y la cementera, pero el lugar de los combustibles fósiles en el proyecto aún no está claro.

En tierra, Petrobras lleva más de tres décadas explotando siete yacimientos en la provincia petrolera de Urucu, en la cuenca del Solimões, en el estado de Amazonas. En esa región la estatal produce principalmente gas, que llega a Manaos por un gasoducto de más de 600 kilómetros, inaugurado en 2009. Este gas, como el que extraen otras empresas en la Amazonia, se utiliza sobre todo para generar electricidad en centrales termoeléctricas. Aunque cuatro de las cinco mayores hidroeléctricas del país están en la región —generando impactos negativos, aunque produzcan energía renovable—, una parte significativa de la electricidad que se produce en la Amazonia Legal procede hoy de combustibles fósiles, principalmente gas y diésel.

En los últimos años, la empresa que más ha invertido en la producción de gas en tierra firme en la región amazónica es Eneva, una empresa de capital abierto que surgió de la fusión entre MPX Energia y OGX Maranhão, ambas creadas por el exmultimillonario Eike Batista. Eneva heredó y amplió un polo de producción de gas y generación de energía en Santo Antônio dos Lopes, en la cuenca del Parnaíba, en Maranhão, donde tiene cinco termoeléctricas en funcionamiento y una en construcción. En los últimos años, ha comprado 17 nuevos bloques en la misma región —que está fuera de las áreas forestales— y tres más en la cuenca del Amazonas, donde ya había comprado el campo de Azulão a Petrobras. La empresa también adquirió el campo de Juruá, en la cuenca del Solimões, que también perteneció a la estatal, en el que se ha comprometido a rehabilitar cuatro pozos hasta 2026.

Eneva también fue una de las dos únicas empresas que participaron, en septiembre del año pasado, en la primera subasta que realizó la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de centrales termoeléctricas de gas, recogida en una enmienda introducida con calzador en la ley de privatización de Eletrobras. Como explica Rosana Santos, ingeniera eléctrica y directora ejecutiva del Instituto E+Transición Energética, se trató de una enmienda peculiar, porque se introdujo en el mismo artículo que recogía la venta de la antigua estatal de electricidad, lo que dio lugar a un párrafo de más de 600 palabras sin un solo punto. Esto se debe a que, según la Constitución, el presidente no puede vetar partes de un artículo, solo un artículo entero. «El Senado sabía que el gobierno de entonces [del extremista de derecha Jair Bolsonaro] tenía mucha prisa por privatizar Eletrobras, porque necesitaba dinero. Si el presidente hubiera vetado la ley, no habría habido privatización», cuenta Santos, que siguió de cerca el proceso.

Obras del gasoducto que une el municipio de Coari con la capital del estado de Amazonas, Manaos. Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real

La enmienda determinaba la construcción de centrales termoeléctricas donde no hay producción de gas, como la región Centro-Oeste, y atendía a un lobby de empresas distribuidoras interesadas en construir gasoductos. Pero lo más importante es que el texto estipulaba que el sistema eléctrico nacional tendría que contratar nuevas centrales con una potencia total de 8 gigavatios —un 5% de la capacidad actual del sistema— y que tendrían que ser «inflexibles», es decir, generar energía al 70% de su capacidad todo el tiempo. Como producen energía más cara que la eólica y la solar, las centrales de gas suelen contratarse en régimen flexible, es decir, solo entran en el sistema nacional cuando se necesitan. La enmienda generó las críticas de los consumidores de energía, incluidas las grandes empresas, por el riesgo de encarecer aún más la factura de la luz. Por esta razón, de los primeros 2 gigavatios que se ofrecieron, solo se compraron 0,75.

Con los 590 megavatios que compró en la subasta del año pasado, Eneva pretende construir una de las dos centrales térmicas que instalará en el campo de Azulão. Junto con una segunda central, que contrató en otra subasta, en 2021, el campo tendrá una capacidad total de 950 megavatios. Ambas estarán conectadas al sistema nacional, aunque solo una será «inflexible». En la actualidad, la empresa transforma el gas del campo de Azulão en gas licuado, lo almacena en tanques y lo transporta en camiones a Boa Vista, donde ya tiene una central térmica: Jaguatirica II. Esta planta se contrató en 2019, en una subasta que realizó Aneel para suministrar electricidad durante 15 años a la capital de Roraima y sus alrededores.

En su página web, Eneva afirma que contribuye a la transición energética al aumentar la generación de electricidad con gas, en sustitución de combustibles fósiles que emiten más dióxido de carbono, como el diésel. Eneva declaró a SUMAÚMA que, según la Agencia Internacional de Energía, el gas es un «combustible de transición», ya que «garantiza la seguridad energética en períodos de baja eficiencia de las energías renovables». Citó los años de sequía en Brasil, como en 2021, cuando las hidroeléctricas disminuyeron el suministro de electricidad y las termoeléctricas desempeñaron un papel relevante para mantener el sistema nacional en funcionamiento.

Sin embargo, los expertos consideran que, en Brasil, un país que tiene condiciones favorables para generar energía renovable, el gas no puede considerarse un «combustible de transición», como en Europa, donde sustituye al carbón. Amanda Ohara, ingeniera química y coordinadora de la Iniciativa Energía y Amazonia, del Instituto Clima y Sociedad, cree que hoy el gas «no tiene cabida» en la generación de energía en Brasil. «Si lo metemos, se eliminará la posibilidad de aumentar las renovables, y eso es malo no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico, porque el gas es una fuente más cara», afirma.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

El año pasado, un estudio del Instituto de Energía y Medio Ambiente (Iema) mostró el peso de los combustibles fósiles en la generación de electricidad en la Amazonia. Según el estudio, en el llamado subsistema norte, compuesto por los estados de Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins y Maranhão, hay 17 centrales termoeléctricas conectadas al sistema nacional, de las cuales 12 funcionan con gas y el resto, con petróleo y carbón. Como consecuencia, estos cinco estados amazónicos, cuya población corresponde a poco más del 10% del total de habitantes del país, en 2020 generaron el 27% de toda la energía del sistema nacional a partir de centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles.

Además de las regiones que reciben energía del sistema nacional, la Amazonia, por sus características geográficas y ambientales, tiene la peculiaridad de contar con 211 sistemas aislados —es decir, no conectados a las líneas de transmisión nacionales— en lugares donde viven 3,1 millones de personas y la electricidad se genera localmente. Roraima, con 73 sistemas aislados, es el único estado que no está conectado al sistema nacional. A pesar de los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía, la mayor parte de la electricidad que alimenta estos sistemas sigue procediendo de centrales de diésel, gasolina y gas.

Un estudio de la Empresa de Pesquisas Energéticas, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, muestra que en 2024 el 58,3% de la electricidad de los sistemas aislados procederá del diésel, el 20,9% del gas, el 19,6% de la biomasa y el biodiésel y solo el 0,2% de la energía solar. Según el estudio, las centrales de diésel serán responsables del 76,5% de los gases de efecto invernadero que se emitan para generar electricidad en estos sistemas aislados, mientras que las centrales de gas emitirán el 23,3% de los gases. Las plantas que funcionan con fuentes renovables, como la biomasa y el biodiesel, emitirán apenas el 0,2% de los gases que causan el calentamiento global. «Esta situación refuerza la necesidad de que haya acciones que tengan el objetivo de aumentar la participación de fuentes renovables en estos sistemas y de que se realicen esfuerzos para conectar las localidades aisladas al sistema nacional», concluye el documento.

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André Ferreira, director ejecutivo de Iema, afirma que será necesario monitorear las futuras subastas de Aneel para ver si indican algún cambio. «Habrá que ver si las licitaciones tendrán directrices y un diseño de subasta orientados a la transición energética», dice. «Quizás sí, pero habrá disputa, porque la industria del gas está interesada en este mercado y usará el argumento de que emite menos que el diésel. Pero lo que hay que debatir es que el sistema aislado no pase por el gas y utilice fuentes renovables», añade.

Eneva ha declarado a SUMAÚMA que trabaja para «viabilizar la inserción de gas en los sistemas aislados», no solo los de Roraima, y replicar el modelo de negocio, que combina la producción del combustible con plantas termoeléctricas.

En el estudio Nueva Economía de la Amazonia, un proyecto para crear más empleo e ingresos en la región y, a la vez, mantener la selva en pie, hay una propuesta para deshacer el nudo del sistema eléctrico local. El documento, elaborado por más de 70 investigadores brasileños y publicado en junio de este año, propone que se utilice biomasa —tanto residuos urbanos como agrícolas y restos de frutos de la selva— y energía solar en los sistemas aislados. Para integrarlos a la red nacional, la idea es aprovechar el embalse de las hidroeléctricas para instalar sistemas solares. Según el proyecto de Nueva Economía, no sería necesario construir más hidroeléctricas.

Los ocho países que comparten la selva amazónica y que asistirán a la cumbre de Belém producen petróleo y gas en mayor o menor medida; el mayor es Brasil. En Perú y Ecuador también hay una importante explotación de combustibles fósiles en zonas forestales, con los consiguientes problemas socioambientales.

Un estudio de Oxfam publicado en 2020 contabilizó 474 vertidos de petróleo en la Amazonia peruana entre 2000 y 2019. Entre 2015 y 2019, más de 100 derrames alcanzaron tierras indígenas. En Ecuador, el colectivo Yasunidos, que lucha por el fin de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, denunció 23 incidentes en la zona entre 2015 y 2022, desde pequeños vertidos hasta un incendio. En Brasil, el anuario de la ANP cita 2.415 incidentes en 2022, 20 de los cuales fueron considerados «graves», pero no especifica dónde ocurrieron. El informe anual de seguridad de la agencia no menciona los accidentes en la Amazonia.

En el campo de Azulão, situado entre las ciudades de Silves e Itapiranga, en el estado de Amazonas, Eneva se enfrenta actualmente a una demanda civil que han presentado la Asociación de Silves para la Preservación Ambiental y Cultural y la Asociación de los Mura, que representa a 190 familias de tres etnias indígenas de la región. Ambas denuncian la contaminación del agua y la desbandada de animales de la zona, y piden que sea el Ibama quien conceda la licencia ambiental del proyecto, que ahora incluirá termoeléctricas. La licencia original para explotar el campo se la emitió a Petrobras la agencia regional Instituto de Protección Ambiental del Amazonas. Ahora Eneva pide la licencia para construir los gasoductos que llevarán el gas a las centrales térmicas que se construirán en el campo.

En mayo, la Justicia dictó una medida cautelar que suspendía la explotación del campo de Azulão, pero Eneva consiguió anularla en segunda instancia, alegando que faltaría gas para su central termoeléctrica de Roraima. En julio, hubo una audiencia de conciliación entre ambas partes, pero no fue concluyente: la jueza Maria Elisa Andrade solicitó más documentos al Ibama y a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).

En la cuenca del Parnaíba, en Maranhão, la creación de un complejo de gas también causó impactos negativos en las comunidades vecinas cuando aún lo gestionaba OGX, de Eike Batista. Según el Mapa de conflictos: Injusticia Ambiental y Salud en Brasil, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), las comunidades tradicionales de Santo Antônio dos Lopes denunciaron que la empresa les había cortado el acceso a los palmerales de los que extraían el babasú y había destruido los huertos y la cría de animales. Las familias afectadas fueron finalmente reasentadas, pero algunas de las medidas de compensación que determinó el Ibama no se han cumplido, según los investigadores de Fiocruz.

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En Ecuador, el plebiscito que podría determinar la suspensión de la producción petrolera en el Parque Yasuní es una vieja reivindicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y de otras organizaciones, como la Federación de Estudiantes Universitarios. El colectivo Yasunidos recogió las más de 584.000 firmas necesarias para proponer la consulta al Consejo Nacional Electoral, en un proceso en el que hubo varios giros y que finalmente aprobó la Corte Constitucional del país en mayo de este año.

La campaña a favor del plebiscito ha sido feroz, como relata el exministro y exdiputado Alberto Acosta, que recorre el país trabajando a favor del «sí». Dado que la pregunta que se formulará es «¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?», una respuesta afirmativa es contraria a la explotación petrolera. Según Acosta, una «santa alianza extractivista» —integrada por el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso (que convocó unas elecciones anticipadas para librarse de un proceso de destitución), las empresas del sector y los grandes medios de comunicación— se ha unido por el «no». «Podría hablar incluso de terrorismo económico. Se dice que si no se explota el petróleo del ITT habrá una debacle económica, lo cual es falso», afirma. «Las cifras que se manejan sobrevaloran la calidad del petróleo, que es mala, y [infravaloran] el coste de extraerlo, que es alto».

Acosta fue ministro de Energía y Minas en el primer gobierno de Rafael Correa —que estuvo en el poder durante tres mandatos, de 2007 a 2017—, cuando se propuso crear un fondo internacional de 3.600 millones de dólares para compensar a Ecuador por no explotar el petróleo del Yasuní. En aquel momento, aún no había perforaciones en el Bloque ITT, de donde salen hoy unos 50.000 barriles diarios, equivalentes al 12% del petróleo que se produce en el país. La ONU aceptó administrar el fondo y varios países prometieron hacer donaciones, pero solo se materializaron 13 millones de dólares. Hoy, Correa —que fue condenado por corrupción y vive asilado en Bélgica— vota «no» (es decir, a favor de la explotación), al igual que su candidata presidencial, la exdiputada Luisa González. El único candidato que tiene posibilidades de ganar en los comicios del 20 de agosto que aboga por el «sí» es el líder indígena Yaku Pérez.

El exministro ecuatoriano afirma que la idea del fondo fracasó porque el gobierno de Correa «no tenía una estrategia a largo plazo». El entonces presidente pidió préstamos a China para devolverlos en petróleo, y hoy la estatal Petroecuador explota el Yasuní en consorcio con empresas chinas. Alberto Acosta presidió la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de Ecuador de 2008, la primera en reconocer los derechos de la naturaleza. «Ahora es el momento de realizar acciones concretas, y Ecuador volverá a ser pionero si desmantela esta estructura petrolera», afirma.

Al igual que el brasileño Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, Acosta defiende la necesidad de una gobernación mundial más justa de la cuestión climática. Actualmente, en Ecuador, la propuesta del fondo ya no existe, pero los países ricos mantienen «una enorme deuda con el Sur global por la destrucción medioambiental que han causado históricamente», afirma el exministro. Acosta cree que el gobierno que salga elegido en su país podrá conseguir más financiación internacional para el clima a medida que los fenómenos extremos causados por el calentamiento global sean más frecuentes.

La idea de que debe compensarse a los países que consigan preservar la selva amazónica será un tema constante de los líderes políticos en la cumbre de Belém. El propio Gustavo Petro propuso, en un artículo publicado en el Miami Herald el 12 de julio, canjear la deuda externa de los llamados países en desarrollo por acciones por el clima; esta deuda no es relevante para Brasil, pero sí para muchos países de América Latina y África. La postura del presidente colombiano contra los nuevos contratos petrolíferos en la Amazonia gana peso cuando se tiene en cuenta que su país exporta combustibles fósiles y depende de los ingresos del petróleo para cubrir una parte sustancial de los gastos del presupuesto del Estado.

Colombia es actualmente el segundo productor de petróleo de las ocho naciones representadas en la cumbre. El país no tiene una explotación importante en la selva amazónica, pero la frontera petrolera se estaba expandiendo hacia esa región cuando Petro asumió el cargo el año pasado, dice la colombiana Tatiana Roa Avendaño, del Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva. «Es una frontera que se va abriendo lentamente, porque ha habido mucha resistencia y porque en la Amazonia colombiana hay grandes parques nacionales, y aquí no se permite que se exploten», explica Avendaño, defensor de una transición energética justa.

Avendaño da fe de que Petro, que asumió la presidencia en agosto del año pasado, está cumpliendo su promesa de campaña de no firmar nuevos contratos petroleros. Pero subraya que hay contradicciones en el propio gobierno y mucha presión de la oposición, que recientemente propició la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que procedía del medio universitario. «En los 11 meses de gobierno de Petro no ha habido subastas. No ha cedido, pero no me sorprendería que en algún momento le hicieran una oferta», afirma. El principal resquicio sería la autorización para extraer gas en el mar del Caribe, que se vendería como «combustible de transición», como en Brasil. «Gobiernos anteriores encontraron reservas en aguas muy profundas, con todas las implicaciones técnicas que eso conlleva y los riesgos medioambientales en una zona sensible donde hay mucho turismo», afirma.

Como es evidente, la cuestión y las demandas son transamazónicas: muchos de los países que estarán representados en Belém tienen dilemas similares. En comparación con momentos anteriores, desde la adopción de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático en 1992, lo que cambia es la creciente evidencia de que los seres humanos llegan tarde a su compromiso con el planeta. «A pesar de que la crisis climática es consecuencia del uso de combustibles fósiles, han transcurrido 30 años desde la convención y solo ahora se incorpora este tema a la discusión», señala Tatiana Avendaño. «Es importante que los países que tienen petróleo empiecen a hablar de cambiar el modelo, de tener zonas libres de explotación, y que se lo propongan a los que siguen consumiendo la mayor parte de las reservas que hay en el mundo».