Cuando llegaron a Belém a principios de agosto para la cumbre de los ocho países de la Amazonia, los líderes de los movimientos sociales y activistas de la región ya sabían que el documento que los gobiernos darían a conocer no estaría a la altura de sus demandas. Llegaban allí tras un paréntesis de 14 años sin encuentros oficiales de este tipo y en el contexto de una selva muy cerca de alcanzar el punto sin retorno. Sabían que entre los jefes de Estado que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) no había consenso ni siquiera sobre la meta de deforestación cero para 2030, compromiso que ya han asumido Brasil y Colombia. Y menos aún sobre la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de impedir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el bioma amazónico, un tema que divide al gobierno brasileño. Por todas estas razones, había que conseguir que el encuentro de los pueblos de la selva, bautizado como Diálogos Amazónicos, tuviera resonancia y, así, garantizar que el mensaje llegara a los gobernantes. Si no eran capaces de hacer avanzar sus intenciones hacia un plan concreto, la fuerza de la selva podría al menos evitar retrocesos aún mayores.

Conscientes de que en el gobierno brasileño la urgencia por frenar la catástrofe ecológica y humana convive con los defensores de la agroindustria predatoria y de los combustibles fósiles, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales iniciaron un camino que esperan que avance hasta 2025, cuando la capital de Pará acogerá la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30). Son dos años que ven como una ventana de oportunidad para intentar llevar a la Amazonia hacia un nuevo modelo que evite la destrucción de la selva.

La historia de cómo los movimientos consiguieron que sus propuestas más ambiciosas dominaran los debates en Belém revela una relación estrecha, pero llena de contradicciones, con el Partido de los Trabajadores (PT), que ocupa el gobierno central por quinta vez, tres con Luiz Inácio Lula da Silva y dos con Dilma Rousseff.

Las redes que articulan los movimientos sociales de los países amazónicos venían de un breve período de recuperación tras la pandemia y el gobierno de Bolsonaro. En noviembre de 2022, antes de asumir el cargo, Lula anunció que convocaría la cumbre para discutir el desarrollo «con inclusión social y responsabilidad climática». Meses antes, en julio de 2022, el Foro Social Panamazónico, la Asamblea Mundial por la Amazonia y la Red Eclesial Panamazónica habían celebrado en Belém el primer encuentro presencial del foro desde 2017, con el objetivo de apoyar la resistencia de las organizaciones brasileñas a las políticas antiselva y antindígenas del gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro.

Los coordinadores de estas redes escribieron una carta abierta en la que afirmaban que los gobiernos tenían que escuchar directamente la voz de las poblaciones locales. «Cada uno echa mano de los medios que tiene al alcance», explicó el padre Dario Bossi, asesor de la Red Eclesial Panamazónica y de la Comisión para la Ación Sociotransformadora de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. La idea llegó a oídos del gobierno de Lula el 2 de marzo de este año, en un desayuno en Brasilia organizado por monseñor José Valdeci Santos Mendes, obispo de Brejo, en el estado de Maranhão, y presidente de la Comisión. Allí, el padre Dario habló con Márcio Macêdo, responsable de la Secretaría General de la Presidencia. «Empezamos a hablar de la cumbre, y él pensó que debería haber unos diálogos amazónicos con la participación de la sociedad civil», recordó el secretario general.

La conversación desembocó en la creación de una comisión con representantes de los ministerios y de la sociedad civil (que incluye a los pueblos indígenas, los sintierra y las comunidades tradicionales, entre ellos el Grupo de Trabajo Amazónico, que cuenta con unas 600 asociaciones, una maraña de movimientos que mantienen intensas relaciones entre sí). La primera idea fue celebrar cinco plenarias temáticas en los días previos a la cumbre, prevista para los días 8 y 9 de agosto, para debatir desde la transición energética hasta la situación de los indígenas. Se estimaba que asistirían unas 500 personas. Pero la demanda de participación fue mucho mayor y la propia sociedad civil organizó 405 debates. La estructura tuvo que ampliarse y se utilizó todo el Centro de Convenciones Hangar, un espacio de 24.000 metros cuadrados, el equivalente a casi tres campos de fútbol. Al final, 27.000 personas acreditadas asistieron a los Diálogos Amazónicos entre el 4 y el 6 de agosto.

No hubo financiación del gobierno brasileño para llevar a Belém a la gente que vive en la selva. El viaje lo organizaron las bases. Las intervenciones de los Diálogos tenían una urgencia que choca con el momento actual de cambalache político y económico. Hablaron de defensores de los derechos humanos que siguen siendo perseguidos, de asentados, extractivistas e indígenas a los que se arrebata e invade sistemáticamente sus tierras. «Mírennos y digan si pueden dormir sabiendo que nos están matando», dijo Concita Guaxipiguara Sampré, profesora indígena en Bom Jesus do Tocantins, en el estado de Pará, y asesora de la Asociación Gavião Kyikatêjê.

El Proyecto Salud y Alegría, que lleva más de tres décadas trabajando con la población ribereña del Tapajós, financió el viaje de cien habitantes de la región. Las organizaciones de los pueblos originarios llevaron alrededor de mil líderes. Vanda Witoto, enfermera, pedagoga y líder indígena residente en Manaos, dijo que 60 indígenas de diferentes territorios viajaron a Belém por su cuenta, procedentes de los ríos Solimões y Juruá.

La cacica Panh Ô Kayapó, de la aldea de Baú, cerca de Novo Progresso, en el sur de Pará, recorrió casi 700 kilómetros en autobús hasta Santarém y, desde allí, fue en avión hasta Belém, donde asistió a un encuentro organizado por el Ministerio Público Federal sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en las negociaciones con empresas que desarrollan proyectos de créditos de carbono.

También estuvieron presentes el coordinador Edmilson Oliveira y la vicecoordinadora Claudia Renata Lod, del Consejo de Caciques de Oiapoque, que contaron que los hongos están matando la mandioca antes de la cosecha de este año en tierras indígenas. Celebraron que, tras la mediación del Ministerio Público Federal, Petrobras hubiera aceptado iniciar un proceso formal de consulta sobre la perforación en la cuenca de la desembocadura del Amazonas.

De Altamira fue la ribereña Francineide Ferreira dos Santos. En la tarima principal, frente a la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, habló de «la gran deuda del gobierno del PT con la gente del río Xingú» tras la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. «Los pescadores fueron expulsados del río, arrojados en asentamientos de hormigón. Muchos no pueden permitirse pagar la luz, están enfermos, no tienen acceso a agua potable y reciben amenazas por «hablar demasiado»», denunció Francineide.

También fue Manoel Cunha, de la comunidad de São Raimundo, en el suroeste del estado de Amazonas, veterano de la lucha de los caucheros y gestor de la Reserva Extractivista del Medio Juruá. Allí viven 578 familias y los beneficios de la cría del pirarucú están permitiendo instalar placas de energía solar. Manoel participó en cuatro debates de los Diálogos, en los que habló de la producción de caucho, açaí y aceite de andiroba. «Ya la llamaron economía verde y ahora la llaman sociobioeconomía», una expresión que le parece mejor, «porque las personas tienen que venir primero», dijo.

La Declaración de Belem, que hicieron pública los gobiernos de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela el 8 de agosto, había sido negociada durante semanas por diplomáticos de estos países, sin la participación directa de la sociedad. El documento estaba listo unos días antes, como suele ocurrir en este tipo de reuniones. Pero se quedó muy corto en cuanto a las demandas de los movimientos sociales sobre petróleo, minería y metas concretas para conservar la selva, aunque las ONG ecologistas celebraron que se mencionara cuatro veces el objetivo de evitar que el bioma alcance el punto sin retorno, como se denomina el momento en que la selva pierde su capacidad de regenerarse y, por tanto, ya no es capaz de regular el clima ni de absorber carbono de la atmósfera.

Era bien sabido que Bolivia se había resistido a comprometerse con la meta de deforestación cero de la selva para 2030 y que el presidente colombiano, Gustavo Petro, estaba aislado en su propuesta de librar la Amazonia de los combustibles fósiles. La única concesión de última hora que se le hizo fue la promesa de «iniciar un diálogo» entre los países «sobre la sostenibilidad de sectores como la minería y los hidrocarburos» en la región.

Petro fue el Pepito Grillo de la cumbre, al denunciar en su discurso la sumisión de la política a los «intereses del capital fósil» y criticar el «negacionismo progresista», que, en nombre del «desarrollo nacional», aplaza decisiones vitales para poder contener el aumento de la temperatura del planeta. Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente de Colombia, explicó que, para su país, acabar con la dependencia de los combustibles fósiles no es solo una emergencia ambiental, sino también un imperativo económico, porque hoy el 40% de las exportaciones colombianas son de carbón y petróleo. «Cuando el mundo empiece a hacer la transición, los mercados se cerrarán y caeremos en un vacío económico si no tenemos alternativas. Por eso es más importante que las inversiones se destinen a la transición y no a la exploración».

Además de la postura de Petro, otros dos factores han contribuido a situar el petróleo en el centro de los debates que tendrán lugar hasta la COP-30. Uno es la movilización de organizaciones ecuatorianas para celebrar el referéndum que, el 20 de agosto, 12 días después de la cumbre, aprobó por el 59% de los votos el fin de la producción de petróleo en el parque amazónico Yasuní. El otro, la movilización de la sociedad civil brasileña contra el proyecto de Petrobras de abrir una nueva frontera de exploración en la cuenca del estuario del Amazonas.

La carta que aprobaron los movimientos sociales exigía que los gobiernos «dejen de promover nuevos estudios y prospecciones en la Amazonia» y se dediquen a planificar «una transición energética justa, popular e inclusiva, que incluya indemnizaciones para los pueblos y territorios afectados». Otra carta, firmada por organizaciones indígenas de seis de los ocho países, pedía «zonas que queden excluidas de la explotación de petróleo», entre ellas Yasuní y el estuario del Amazonas.

«Lula dice que, si se hace bien, se puede explotar petróleo en la Amazonia, pero hay otras formas de fortalecer la economía y las poblaciones», afirmó Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). «Los impactos ambientales del petróleo son mayores que los beneficios económicos», les insistió a los presidentes el boliviano Pablo Solón, de la Asamblea Mundial por la Amazonia.

Los movimientos sociales también hicieron otras reivindicaciones que consideran esenciales. Pidieron, por ejemplo, que hubiera un mayor control social sobre la apertura de grandes explotaciones mineras y que se pusiera fin a su exención fiscal. Representantes del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería defendieron que se aumentaran hasta el 10% los cánones que paga el sector —la compensación financiera por la explotación de recursos minerales que grava los ingresos brutos por las ventas; actualmente la horquilla va desde el 1%, que se aplica en los materiales para la construcción (roca, arena, grava), hasta el 3,5%, en el caso del hierro; el oro está gravado con un 1,5%—. «Hoy, lo que llega a los ayuntamientos no se emplea en proyectos que beneficien a la sociedad o creen alternativas a la actividad», afirma Charles Trocate, miembro del movimiento. La Declaración de Belém promete combatir la minería ilegal a pequeña escala y el uso de mercurio derivado de esta actividad, pero no hace referencia a las reivindicaciones de la sociedad civil contra la minería industrial, que tiene un alto impacto sobre el medio ambiente y los pueblos de la selva.

La seguridad alimentaria es otro de los temas abordados parcialmente en la declaración de los gobiernos, que prometen «privilegiar» los sistemas productivos tradicionales, familiares y comunitarios. «Si la política sigue favoreciendo la producción para la exportación en detrimento de la economía campesina, no ganaremos la batalla contra el hambre», declaró Pablo Neri, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y de la red internacional Vía Campesina, ante representantes de los gobiernos. «La industria alimentaria presiona para que se estandarice la dieta. Necesitamos una producción y una distribución que tengan en cuenta las diferencias, combatan el monocultivo y el uso de pesticidas», afirmó.

Manoel Cunha explicó que la Reserva Extractivista del Medio Juruá alquila naves frigoríficas en São Paulo, Brasilia y Minas Gerais para llevar su pirarucú, pero tiene dificultades para vender productos a las escuelas de las ciudades del estado de Amazonas, donde los niños comen salchichas y conservas. «Esto desvaloriza las costumbres locales, pone a la venta productos que no estamos acostumbrados a comer y quita mercado a los productores extractivistas y rurales», afirmó, subrayando que el consumo de estos alimentos ultraprocesados está afectando a la nutrición de los niños de la región.

Vanda Witoto señaló su compromiso para reactivar la agricultura indígena, abandonada en muchas aldeas con la llegada de la comida industrializada: «Cambia toda nuestra forma de vida. Nuestras tecnologías son agrícolas, como la que utilizamos para extraer el tucupí [jugo amarillo de la raíz de la mandioca]».

Los líderes indígenas exigieron la expulsión de los intrusos de sus tierras y la demarcación de todos sus territorios hasta 2025. Las cifras divulgadas en Belém por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) muestran que hay 127 tierras en la fase más avanzada del proceso de regularización, que va desde la delimitación (48) hasta la espera de la homologación del gobierno (12).

Los indígenas también expresaron su preocupación por la narcominería. En un tuit publicado cuatro días después de la cumbre, donde comentaba el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador, el colombiano Petro dijo que las rutas del tráfico de cocaína que antes enlazaban su país con Estados Unidos se habían desplazado hacia el sur. En su opinión, la disminución del consumo de cocaína entre los estadounidenses, que la han sustituido por el fentanilo, un derivado del opio más potente que la morfina, ha hecho que los narcotraficantes utilicen más los ríos amazónicos para llevar parte de la droga a Brasil, desde donde saldría hacia África y Europa. La declaración de los gobiernos en Belém prevé la creación de un Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonia, con sede en Manaos, para investigar y reprimir actividades ilegales.

Quienes ayudaron a organizar los Diálogos Amazónicos saben que caminan por una fina línea entre la independencia y la proximidad al gobierno de Lula. «Tiene que haber una interacción [entre el gobierno y los movimientos sociales], una contraparte que en algún momento tenga la capacidad de crear tensión», advirtió el padre Dario Bossi, que durante 10 años siguió de cerca las luchas comunitarias en Açailândia, en el estado de Maranhão, contra los impactos negativos de la minería y la siderurgia en el Proyecto Grande Carajás, iniciado en la década de 1980 y liderado principalmente por la empresa minera Vale.

Para varios analistas, la experiencia de incorporar los movimientos sociales al gobierno durante los primeros mandatos del PT y que estas organizaciones dependieran de los recursos gubernamentales para seguir funcionando resultó en algo cercano a un reclutamiento. El ejemplo más notorio fue la división de las organizaciones del hasta entonces fuerte movimiento social del Medio Xingú, en la región de Altamira, en Pará, a causa de la construcción de la desastrosa central hidroeléctrica de Belo Monte. Como parte de los movimientos estaban dentro del gobierno o dependían de él, minaron la resistencia a la construcción de la central, lo que permitió que Belo Monte se convirtiera en un referente internacional de destrucción ecológica que perseguirá para siempre la historia del PT en el poder y cuyos impactos están lejos de haber terminado.

Antes de ir a Belém, Lula estuvo en Santarém, donde confluyen los ríos Tapajós y Amazonas. Allí visitó el barco-hospital Abaré, que el Proyecto Salud y Alegría inauguró en 2006 para atender a las comunidades ribereñas. En 2010, el modelo se incorporó al sistema público de salud. Caetano Scannavino, coordinador de Salud y Alegría, colaboró en la organización de los Diálogos y recibió a Lula en Santarém. Scannavino defendió que el encuentro de Belém no es el final, sino el principio de la construcción de propuestas para llegar a la COP-30. «Sudamérica nunca ha sido muy relevante en la agenda mundial, y quizá pueda serlo desde la Amazonia», dijo. «Brasil puede liderar la lucha, pero hay varios gobiernos dentro del gobierno y un Congreso problemático. La sociedad civil es determinante para impeler a Lula a afrontar la emergencia climática».

En su evaluación escrita de la cumbre, el Grupo de Trabajo Amazónico afirmó que oscila entre la «frustración por la falta de metas comunes en cuanto a la deforestación cero y a la suspensión de la exploración de petróleo y gas» y la «perspectiva de una mayor cooperación» entre los gobiernos de la región. «Belém tuvo dos caras, la declaración de los presidentes en la cumbre y las cartas de la sociedad civil en los Diálogos Amazónicos. La lucha continúa», decía la nota de la red de organizaciones sociales. Para Sila Mesquita, coordinadora del GTA y su representante en la organización de los Diálogos, ellos fueron la prueba de que los movimientos resisten.

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, quiso evitar el ruido sobre las diferencias internas en el gobierno brasileño y subrayar el compromiso de los ocho países amazónicos para evitar que la selva alcance el punto sin retorno. Los científicos calculan que esto podría ocurrir si la deforestación alcanza entre el 20% y el 25% de la vegetación autóctona, una fase que se acerca peligrosamente. Un estudio de la red de investigadores MapBiomas, hecho público durante la cumbre, muestra que entre 1985 y 2021 la selva perdió el 17% de su vegetación. En Brasil, que alberga casi el 62% del bioma, se ha producido la mayor devastación: se ha perdido el 21% de la cobertura original, seguido de Ecuador (17%), Bolivia (14,5%), Perú (13%), Colombia (10,5%), Venezuela (6%), Surinam (3,3%) y Guyana (1,9%).

El 9 de agosto, tras la cumbre, Marina Silva fue entrevistada en el programa Bom Dia, Ministra (Buenos días, ministra) de la estatal Empresa Brasil de Comunicação, para hablar de las decisiones de Belém. Las preguntas que le hicieron le recordaron que existe otra Amazonia, una que no se imagina sin tierras deforestadas, ganadería extensiva, monocultivo de soja y combustibles fósiles.

Un periodista de Mato Grosso se quejó del «restrictivo Código Forestal» y de la «imagen de devastadores del medio ambiente» que tienen los hacendados brasileños en el extranjero, cuando «la inmensa mayoría trabaja legalmente». Marina Silva respondió que tenía que trabajar con el «principio de la realidad» y que la devastación de la Amazonia no es «una cuestión de imagen», ya que el monitoreo por satélite muestra dónde hay deforestación.

Otro periodista, de Amapá, se quejó del bajo nivel de industrialización del estado y le preguntó «qué le diría al pueblo de Amapá» sobre «las posibilidades reales» de que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático «autorice al menos que se haga el estudio que permitiría saber con seguridad si tenemos o no petróleo aquí debajo». Marina Silva repitió que el Ibama y su cartera «ni facilitan ni dificultan» la prospección de petróleo, que el análisis es técnico, que Petrobras ha vuelto a presentar su solicitud para obtener la licencia para perforar en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, que se analizará «con todo el sentido de responsabilidad».

El padre Dario Bossi reconoce que cambiar a un modelo que mantenga la selva en pie y garantice los derechos de las comunidades implica una «revolución cultural», política y económica. «A la crisis climática, que es también ambiental, social y urbana, se ha respondido manteniendo el modelo actual, que goza de muchos beneficios, pero es un remedio que la agrava», dijo. «Hay una búsqueda miope de recursos. No es que la gente no vea [lo que ocurre], [sino que] tiene intereses inmediatos y prefiere seguir hasta llegar al límite».

En el Medio Juruá, donde vigila el paso de las estaciones desde hace 55 años, Manoel Cunha ya se ha dado cuenta de que «estamos con el agua al cuello y no podemos esperar más». Es testigo de un ecosistema desequilibrado, con inundaciones y sequías atípicas. En 2017 —explicó— su hermano perdió 70 caucheras, de las que sacaba cinco kilos de látex al día, una pérdida diaria de 237 reales (48 dólares). «El cambio climático tiene un efecto perverso sobre nosotros, que vivimos en el medio ambiente y dependemos de las caucheras, del açaí, de la agricultura y la piscicultura», dijo Manoel. «O cambiamos la forma como utilizamos los recursos naturales, perdemos esta codicia desesperada por el dinero, o vamos a encontrarnos en una situación en la que quizás ni siquiera podamos sobrevivir».