Años de abandono gubernamental del territorio Yanomami han convertido la mayor tierra indígena de Brasil en un campo minado que ya está empezando a explotar. El precio del oro y la ausencia de fiscalización en la zona, fronteriza con Venezuela y estratégica para el narcotráfico, ha atraído a facciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) al garimpo, la minería ilegal. Los miembros del grupo criminal, que se resisten a abandonar su nuevo y lucrativo negocio, disparan contra agentes de seguridad y aldeas indígenas. Solo la semana pasada, entre fines de abril y comienzo de mayo, fueron asesinadas 14 personas en el territorio, una de ellas indígena. El conflicto podría agravarse aún más con la promesa del PCC de tomar represalias por la muerte de uno de sus miembros, que tuvo lugar durante una operación policial a finales de abril.

La semana pasada, el gobierno anunció que reforzará la seguridad en la zona, pero la facción que nació en las prisiones de São Paulo avisó en un comunicado que los agentes serán el blanco. El mensaje, al que ha tenido acceso SUMAÚMA y ha sido confirmado por fuentes de la Policía Federal y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), que han preferido preservar el anonimato, deja explícita la amenaza al gobierno. «A los hermanos a quienes les guste matar o quieran apoyarnos: daremos una respuesta a todas las muertes de nuestros hermanos». El texto, interceptado por el servicio de inteligencia de la Policía de Carreteras, se envió a miembros de la facción y estaba encima de una «nota de fallecimiento de un hermano».

El miembro de la facción que murió era Sandro Moraes de Carvalho, de 29 años, conocido entre los miembros del PCC como «presidente». Le gustaba publicar fotos y vídeos en las redes sociales en los que se exhibía con armas pesadas dentro de la tierra indígena. El mensaje que pide venganza por su muerte se descubrió la semana pasada, y la venganza va dirigida a los policías. Pero como los funcionarios del Ibama y de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) suelen trabajar en zonas de conflicto acompañados de agentes de seguridad, también corren peligro.

La operación para expulsar a los invasores ilegales de las tierras indígenas, que comenzó el 6 de febrero, ha entrado en su fase más delicada, según fuentes del gobierno y de los organismos de control que siguen de cerca la expulsión. «Ahora llegamos al corazón del problema», dijo una, refiriéndose precisamente a los garimpeiros (mineros clandestinos) vinculados a facciones criminales que permanecen en el territorio y prometen resistir. El gobierno calcula que el 80% de los aproximadamente 25.000 mineros ilegales que había en la zona indígena ya se han marchado.

«La resistencia está prevista desde noviembre [del año pasado]», afirma el profesor e investigador de la Universidad Federal de Roraima y del Foro Brasileño de Seguridad Pública Rodrigo Chagas, refiriéndose al período en que Luiz Inácio Lula da Silva, ya elegido, empezó a prometer el fin de la minería ilegal. «Hay garimpeiros que dicen que esperarán a que se asiente la polvareda para volver». Los indígenas denuncian que, en algunos lugares, los garimpeiros dicen que no se irán y siguen extrayendo oro por la noche para evitar fiscalizaciones.

Desde febrero, cuando un destacamento especial federal comenzó a operar en el territorio, hombres armados con fusiles han resistido a tiros a la acción policial. Las aldeas Yanomami que se oponen a la presencia de los criminales también han sido atacadas y al menos cuatro indígenas han sido asesinados este año. El pasado día 29, el agente de salud Ilson Xiriana, de 36 años, participaba en una ceremonia fúnebre en la comunidad de Uxiu cuando unos delincuentes armados pasaron disparando. Según la Hutukara Asociación Yanomami, los líderes de la comunidad creen, por las armas utilizadas, que los hombres que los atacaron forman parte de una facción que se ha asentado en la región. Otros dos indígenas fueron alcanzados, uno de los cuales sigue en cuidados intensivos en Boa Vista, la capital del estado. Pocos días después, la tensión aumentó. El 2 de mayo, ocho garimpeiros fueron encontrados muertos en la misma región y, cuatro días después, se descubrió otro cadáver, el de una mujer que probablemente trabajaba en el burdel de un campamento minero. La policía aún no ha informado quiénes son los sospechosos de los asesinatos, ni si las víctimas estaban relacionadas con la facción.

La llamada «narcominería» y el cambio de comportamiento de los garimpeiros invasores es un fenómeno reciente y un legado más que deja el gobierno de Jair Bolsonaro. Según un informe del Instituto Socioambiental (ISA), en 2019 los indígenas de la región de Palimiu comenzaron a notar que los mineros llevaban armas pesadas, como pistolas y fusiles. Los delincuentes, que circulaban en barca frente a la comunidad, también empezaron a usar ropa negra con capucha. En 2021, los indígenas de la región amenazaron con bloquear el paso de los invasores, pero acabaron siendo atacados a tiros en diez ocasiones, entre abril y agosto de ese año.

La invasión minera ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en territorio Yanomami y ha contribuido a la muerte de al menos 570 niños menores de cinco años que no pudieron acceder a una atención médica adecuada porque los agentes de salud fueron expulsados de las regiones donde operaban los delincuentes. En enero, para contener la crisis humanitaria, el gobierno envió a la zona indígena la Fuerza Nacional del Sistema de Salud. Al mes siguiente, se formó una operación policial. Pero, hasta la fecha, el gobierno no ha podido recuperar el control de algunas de las áreas invadidas, y una de las razones es la resistencia de los delincuentes. Los agentes del Ibama y de la Policía Federal de Carreteras, que llevan a cabo una operación en la zona desde febrero, fueron recibidos a tiros en regiones como Waikás y Palimiu en marzo y abril.

Tras las 14 muertes en apenas una semana, un número significativo para una región en la que viven menos de 30.000 indígenas, el gobierno ha intensificado las acciones y operaciones en el territorio, con agentes de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y el Ibama. Pero estas medidas pueden ser insuficientes, según cuatro fuentes vinculadas a la expulsión a las que ha escuchado SUMAÚMA, debido a la falta de dedicación del Ejército y de la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas son las que tienen más conocimientos e infraestructura para vigilar el territorio fronterizo, cuya seguridad es estratégica para Brasil.

Una de las críticas de los policías federales es el retraso del Ejército, el órgano responsable de la logística en la operación de expulsión, como el transporte de policías y supervisores y el montaje de campamentos. «Hasta la fecha ni siquiera se ha montado el campamento de Homoxi, el principal centro de logística aérea de los mineros», resumió un policía a SUMAÚMA. En la región de Homoxi, los delincuentes invadieron el puesto de salud durante el gobierno de Jair Bolsonaro y lo convirtieron en un depósito de combustible para abastecer la logística de la minería clandestina. En diciembre del año pasado lo incendiaron en represalia por una operación puntual de la Policía Federal. En esa región viven 3.485 indígenas, que se han quedado sin asistencia médica.

«Hay gente del territorio que dice que el Ejército no se está esforzando en este momento [de expulsión]. El mayor indicio de esto es que quien está haciendo las operaciones con el Ibama y la Policía Federal es la Policía de Carreteras [en un territorio donde el transporte es aéreo y fluvial]», analiza Chagas, investigador de la Universidad Federal de Roraima.

El Ejército y la Fuerza Aérea niegan la falta de esfuerzo, procedentes de distintas fuentes de dentro del territorio. El Ministerio de Defensa, dirigido por José Múcio Monteiro, un político de derecha de quien Jair Bolsonaro ya dijo ser cercano, afirmó que «desde enero, cuando se declaró la situación de emergencia en el territorio Yanomami, las Fuerzas Armadas están movilizadas para prestar ayuda humanitaria» y que, desde el pasado domingo, 30 de abril, «están en alerta para atender nuevas demandas ante los ataques contra los indígenas».

La Fuerza Aérea, por su parte, afirmó que «desde el fin de los corredores aéreos [que permitían que los aviones de los garimpeiros abandonaran el territorio indígena], ha notificado e interceptado aeronaves sospechosas y ha ayudado a los órganos de seguridad a destruir varias aeronaves». También declaró a SUMAÚMA que «actúa de acuerdo con las leyes y las normas vigentes que rigen los procedimientos de interceptación y embargo de aeronaves».

El investigador Aiala Colares, de la Universidad Estatal de Pará y del Foro Brasileño de Seguridad Pública, estudia las facciones que actúan en el norte del país y lo que ocurre en la tierra indígena. «Las Fuerzas Armadas siempre han estado a favor del garimpo, incluso antes del gobierno de Bolsonaro», afirmó. Colares señaló que las dos actividades juntas (narcotráfico y oro ilegal) generan dinero suficiente para comprar maquinaria, munición, armas pesadas y sobornar a los empleados públicos.

Aunque el estado de Roraima tiene un vínculo histórico con la minería —en la capital, Boa Vista, hay un monumento al garimpeiro frente a la Asamblea Legislativa y la sede del gobierno del estado—, hay otro factor importante a tener en cuenta. La relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas es tensa, especialmente tras el intento de golpe de Estado del 8 de enero, llevado a cabo con la connivencia y la incitación del Gabinete de Seguridad Institucional, compuesto en ese momento por militares leales a Bolsonaro.

La presencia de miembros de las facciones en los campamentos mineros de la Tierra Indígena Yanomami puede explicarse por varios factores, pero los investigadores consideran que el origen del fenómeno son las rebeliones y las fugas que tuvieron lugar en el sistema penitenciario de las ciudades del norte de Brasil en 2016 y 2017.

«Sabemos que, en Boa Vista, las facciones llegaron a las cárceles en 2013 y 2014. En 2016 y 2017, hay una guerra de facciones y el PCC consigue la hegemonía en la región. Yo trabajo con la hipótesis de que la participación en la minería ilegal comienza con estos presidiarios que se escapan de la cárcel y se refugian en los campamentos mineros. Y una vez en tierra indígena, ya no pueden salir». El uso de pistas de aterrizaje clandestinas en el territorio indígena por parte de narcotraficantes internacionales es más antiguo y se remonta al menos a los años 90, añade el investigador.

Si en 2017 ya había miembros de facciones traficando en la región, poco a poco estas organizaciones criminales encontraron una sinergia con el delito ambiental. «Estas dos economías ilícitas [minería y narcotráfico] se encuentran dentro del territorio indígena, donde no hay presencia estatal, donde es sálvese quien pueda», afirma Melina Riso, directora de investigación del Instituto Igarapé. Destaca que no se puede decir que las minas en la tierra indígena están controladas por facciones, sino que cuentan con el apoyo de miembros de estas organizaciones criminales: «Las facciones no son las dueñas de la torta, pero comparten la estructura logística de la minería ilegal, comparten aviones. Quien transporta droga, transporta oro».

Además de que el gobierno de Bolsonaro abandonara deliberadamente la Tierra Indígena Yanomami, otros factores explican el aumento de la sinergia entre el narcotráfico y el mercado ilegal de oro, según Riso: el desmantelamiento de los organismos de fiscalización ambiental, la valorización del metal en el mercado internacional, una hiperproducción de cocaína en los últimos años (que ha afectado el precio del producto), las políticas para facilitar el acceso a las armas y el discurso en favor de la minería del propio Jair Bolsonaro.

«Por una serie de factores, los delincuentes [tradicionales] buscan otro tipo de economía. Y el oro es menos arriesgado, es más fácil de blanquear, no existe absolutamente ningún control por parte del Estado», analiza. «Al final, sale más a cuenta».