Esta carta está dirigida al presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva; a la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva; al presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), Rodrigo Agostinho; a la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara; y a la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, Joenia Wapichana

Nosotros, los abajo firmantes, investigadores independientes que integramos el Observatorio de la Vuelta Grande del Xingú (VGX), celebramos la iniciativa declarada por el Gobierno electo de investigar los delitos ambientales y contra los pueblos tradicionales cometidos por el Gobierno de Jair Bolsonaro, para que sean debidamente esclarecidos y sancionados. Específicamente, destacamos la deforestación ilegal, la invasión de Tierras Indígenas (TI), el fomento de la minería ilegal, la propagación de noticias falsas y la desatención en relación con la pandemia, además de las autorizaciones indiscriminadas de plaguicidas. Y en sus estertores siguen cometiéndose.

En este sentido, llamamos la atención sobre los impactos socioambientales causados por la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica (C.H.) de Belo Monte desde 2011. El Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente reconoció, en 2022, que el procedimiento para obtener la licencia de Belo Monte no respetó el debido proceso y desafió directamente a la Constitución. Específicamente, no hubo ninguna consulta pública amplia, con la necesaria aclaración de los potenciales impactos socioambientales —muchos de ellos graves y difícilmente reversibles— ni el necesario debate con la sociedad.

Las poblaciones indígenas y ribereñas afectadas no fueron consultadas conforme a lo previsto en la Constitución brasileña y en el Convenio Núm. 169 de la OIT, del cual Brasil es signatario. Las audiencias públicas que se realizaron no posibilitaron mínimamente la participación de todas las partes interesadas, en especial la de las personas que viven a orillas del Xingú en las zonas de impacto directo e indirecto del emprendimiento.

El complejo licenciamiento de Belo Monte, que conllevó la emisión de la Licencia Previa, de Instalación y de Funcionamiento, ha sido objeto de 28 procesos por parte del Ministerio Público Federal y de denuncias de organizaciones no gubernamentales y de particulares, además de ser condenado por diversas sociedades científicas. Estos permisos fueron emitidos bajo unos requisitos que nunca fueron cumplidos en su totalidad, y todas ellas recibieron un dictamen contrario de los analistas del organismo de concesión de licencias, el Ibama [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables]. Los dictámenes en contra se debieron a la falta de condiciones de viabilidad socioambiental.

Algunas de las exigencias que no se cumplieron son el saneamiento urbano en Altamira, sin el cual la región está sujeta al colapso sanitario; la garantía de supervivencia de los ecosistemas inundables y acuáticos del Xingú, sin la cual más de 4.000 pescadores se enfrentan a la miseria y al hambre desde que acabaron las obras; y la protección de las tierras indígenas, sin la cual la tala, la minería ilegal y el robo de tierras públicas devastaron casi todos los territorios afectados por la construcción y operación de la C.H. de Belo Monte. Las consecuencias de dichas inviabilidades han afectado brutalmente a varias tierras indígenas, que se han convertido en las más deforestadas del país en los últimos años, como a Trincheira-Bacajá, del pueblo Xikrin, a Cachoeira Seca, del pueblo Arara, a Apyterewa, del pueblo Parakaná y a Ituna Itatá, donde hay registros de grupos aislados en riesgo de genocidio.

Es obligado reconocer que, por haber avanzado sin las condiciones mínimas de viabilidad socioambiental, la C.H. de Belo Monte se convirtió en un proyecto causante de ecocidio y etnocidio, y en un vector persistente de la devastación de la selva amazónica desde que se instaló en el Xingú.

Los desalojos de las familias que vivían en las orillas e islas del Xingú inundadas por el embalse de la hidroeléctrica no respetaron sus modos de vida, imponiendo desplazamientos forzosos sin un adecuado análisis ni una justa negociación. Muchas familias ribereñas fueron desplazadas lejos del río, en las afueras de Altamira y en otros entornos urbanos, sin viviendas dignas. De esta forma, perdieron sus modos de vida, sus medios de subsistencia, sus lazos de reciprocidad y su autonomía. Los resultados de esta medida son los altísimos niveles de violencia urbana y suicidios de jóvenes en la ciudad de Altamira.

Los impactos en la seguridad alimentaria de las poblaciones ribereñas e indígenas que habitan en toda el área de influencia directa e indirecta del emprendimiento hidroeléctrico de Belo Monte fueron detectados ya en 2013, durante la fase de construcción de la central. Desde entonces, estos impactos se han ido agravando, especialmente con el establecimiento del embalse al represar el río Xingú en 2015. Hoy, los ribereños consumen, en promedio, un 60% menos de pescado que el que consumían en 2010. En el caso de los pueblos indígenas Juruna y Arara, cuyas formas de vida y territorios sufren los graves impactos provocados por el desvío de las aguas de VGX, estos impactos vulneran, una vez más, la Constitución brasileña.

La imposición, a partir de 2020, de un hidrograma que implica el desvío de más del 70% del agua de VGX para proveer la generación de energía, dejó un tramo de más de 130 km del río en condición de sequía semipermanente, haciendo que la situación para los ecosistemas y pueblos que dependen del Xingú para existir y alimentarse sea aún más crítica. Este hidrograma impone de forma continua el impacto de las sequías históricas, que antes se producían naturalmente solo en intervalos de décadas, y provoca unos impactos en los ambientes acuáticos prácticamente imposibles de mitigar o compensar. A ello se le añade que la previsión es que tales episodios de sequía se produzcan con mayor intensidad y frecuencia en la cuenca del Xingú en las próximas décadas, debido al efecto combinado de la crisis climática y la creciente deforestación. De esta manera, la operación de la C.H. de Belo Monte también se verá afectada por el cambio en el régimen hídrico del río Xingú y se intensificarán los ya graves impactos en los sistemas socioecológicos de VGX.

El volumen de agua desviado mes a mes para la generación de energía eléctrica, definido por la empresa operadora Norte Energia —y paradójicamente denominado ‘Hidrograma de Consenso’—, nunca fue consensuado con los ribereños y los pueblos tradicionales que históricamente han vivido en este tramo de VGX. La aprobación del hidrograma por parte del Ibama se produjo a espaldas del cuerpo técnico de la institución, que se manifestó en contra de la propuesta del hidrograma debido a los impactos causados sobre los ecosistemas acuáticos e inundables de la región.

Este hidrograma implica la producción de energía eléctrica a un coste socioambiental altísimo, y también está siendo cuestionado por las comunidades ribereñas e indígenas y por la comunidad científica, ya que imposibilita el mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad, la productividad pesquera y los modos de vida de las poblaciones tradicionales de la VGX, al imponer un reparto desproporcionado del agua del Xingú.

Los impactos socioambientales derivados de la aplicación del referido hidrograma superan cualquier beneficio mencionado sobre la energía hidroeléctrica, tales como su carácter renovable y la baja emisión de gases de efecto invernadero. Cabe señalar, asimismo, que varios estudios científicos vienen poniendo en duda estos posibles beneficios de la hidroelectricidad producida en los ríos amazónicos. La empresa concesionaria Norte Energia está siendo desafiada públicamente a demostrar qué criterios ecológicos se utilizaron para proponer dicho hidrograma, pero la sociedad sigue sin respuesta.

Aparentemente, el volumen de agua remanente en VGX representa solo el excedente, es decir, el agua que «sobra» tras desviar el agua necesaria para que las turbinas operen a la capacidad deseada por la empresa. El hidrograma no respeta las condiciones mínimas para el mantenimiento de la vida en los ambientes acuáticos e inundables, ni las necesidades de los indígenas y ribereños que viven en VGX, quienes dependen la conservación de tales ecosistemas.

Los ciclos anuales de flujo y reflujo proporcionan inundaciones periódicas de llanuras e islas y generan una amplia disponibilidad de hábitats para plantas y animales. Estos hábitats proporcionan una gigantesca oferta de alimento (hojas, flores, frutos, invertebrados, etc.) a la fauna de los ríos y también ambientes propicios para la reproducción de varias especies de interés directo para los modos de vida de las poblaciones humanas de VGX. Estos entornos, junto con su biodiversidad y bioproductividad, están siendo progresivamente reducidos y desconfigurados con la implantación del hidrograma para la generación de energía, efecto que tiende a agravarse con el tiempo. De mantenerse el hidrograma, varias especies de peces endémicos de los rápidos del Xingú en la región de la Vuelta Grande se extinguirán.

Día tras día, se acumulan las evidencias de que los impactos socioambientales causados por la construcción y funcionamiento de la central de Belo Monte son más numerosos, mucho más intensos y dañinos que los previstos en el EIA/RIMA [Estudio e Informe de Impacto Ambiental]. Esto impone la necesidad de revisar el hidrograma actualmente en uso, así como los programas para mitigar esos impactos.

También cabe mencionar la posible instalación en VGX de un proyecto de extracción de oro, que lo llevaría a cabo la empresa minera canadiense Belo Sun. Este proyecto incluye la construcción de una planta de procesamiento y una represa de residuos tóxicos en las márgenes de VGX, cuyos impactos ambientales se sumarían a los graves y todavía no totalmente conocidos impactos de la C.H. de Belo Monte.

A nuestro juicio, es obligación de cualquier Gobierno efectivamente comprometido con la conservación de la Amazonia y con la lucha contra la crisis climática, reconocer los problemas ocasionados por la C.H. de Belo Monte y reparar los daños e impactos provocados, que agravan la desigualdad social en la región. También es deber del Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los implicados en estos delitos e injusticias.

De esta forma, este grupo de investigadores independientes, activos en instituciones científicas del más alto nivel, en su mayoría con sede en la región amazónica, junto a los investigadores indígenas y ribereños que realizan el monitoreo ambiental autóctono participativo en VGX, exigen, mediante la presente carta, prestar la máxima atención al caso de la C.H. de Belo Monte. Entendemos que su elección para un tercer mandato representa una oportunidad crucial para corregir parte de los problemas causados por la construcción y operación de la C.H. de Belo Monte.

Solicitamos que el hidrograma para la operación de la C.H. de Belo Monte sea elaborado mediante una evaluación técnica, independiente e imparcial, con la participación de los ribereños e indígenas, conocedores de los ciclos ecológicos de la región, para garantizar el mantenimiento de los procesos socioecológicos de la Vuelta Grande del Xingú, incluyendo la cultura, la dignidad y la soberanía alimentaria de sus habitantes ancestrales.

Recomendamos también que el hidrograma se establezca de manera gradual, respetando el Principio de Precaución, los estilos de vida y la soberanía alimentaria de los habitantes de VGX, y que sea producto de un proceso genuinamente participativo. Creemos que no hay otra opción democrática y prudente que no sea priorizar la integridad del ecosistema del Xingú, patrimonio brasileño de importancia mundial, de los pueblos que viven de él y lo protegen, en vez de los intereses privados. De esta manera, llegaremos a la máxima producción de energía posible que también garantice el mantenimiento del sistema socioecológico de VGX.

Recomendamos también que se cree un consejo deliberante para garantizar un proceso democrático y transparente de monitoreo ambiental, y que los programas ambientales sean dirigidos por asociaciones indígenas y ribereñas, o con una amplia participación de estas entidades, y no exclusivamente por consultoras que trabajen a pedido exclusivo de los emprendedores.

Señor presidente: esperamos que el nuevo Gobierno esté a la altura de los compromisos asumidos públicamente en su histórico discurso durante la COP27 en Egipto y del acuerdo alcanzado en la 15ª Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) celebrada en Montreal, Canadá Es necesario garantizar la conservación del medio ambiente en Brasil, especialmente en la Amazonia, junto con un desarrollo que sea realmente justo y equitativo en sus aspectos socioambientales, como forma definitiva de proporcionar caminos seguros hacia un futuro promisorio para los brasileños y para la humanidad.

Escuche a las poblaciones tradicionales del río Xingú y a la comunidad científica, e interceda para que los impactos de la C.H. de Belo Monte puedan ser adecuadamente mitigados. Esto implica necesariamente la expulsión de los intrusos, la demarcación y la efectiva protección territorial de todas las tierras indígenas afectadas por Belo Monte, el estricto cumplimiento de todas las exigencias socioambientales, la revisión del hidrograma de VGX y el trato digno a las familias afectadas por la C.H. de Belo Monte.