Ocho historias sobre Belo Monte que Norte Energia no contó en su viaje patrocinado a Altamira

Con la renovación de la licencia pendiente de un análisis ambiental e inmersa en conflictos con las comunidades y los organismos gubernamentales sobre la cantidad de agua del Río Xingú que puede embalsarse o liberarse, la Central Hidroeléctrica de Belo Monte ha emprendido una ofensiva mediática para intentar mostrar su relevancia al público. Norte Energia, la concesionaria que la explota, invitó a algunos periodistas a visitar las instalaciones de la central, en la Amazonia. Pero el viaje no incluía escuchar a las vidas más afectadas por la hidroeléctrica.

Uno de los reportajes, publicado en Folha de S.Paulo a principios de este mes, afirma que incluso después de gastarse «8.000 millones de reales [unos 1.400 millones de dólares] para cumplir las medidas de mitigación [del impacto] socioambiental, el doble de lo previsto inicialmente, pagando incluso obras públicas», Belo Monte «sigue siendo criticada por los ecologistas». El texto enumera datos y cifras estratégicamente favorables a la central, que empezó a funcionar hace aproximadamente una década. Pero habla poco de los problemas que ha generado o los acuerdos que no ha cumplido. Un informe del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) de 2024, por ejemplo, muestra que Norte Energia ha cumplido poco más de la mitad de las medidas compensatorias a las que se comprometió en 2021 para mitigar los daños en la Vuelta Grande del Xingú, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y una de las más afectadas por la central.

SUMAÚMA, cuya sede está en Altamira, centro vital de Belo Monte, sigue los efectos que la hidroeléctrica acarrea en la vida de las personas humanas y más-que-humanas de la región desde antes de su primera publicación, en septiembre de 2022. Además de las decenas de artículos que hemos publicado durante este período, en este reportaje hemos seleccionado información técnica, documentos y relatos de personas que cada día se acuestan y se levantan con la falta del río, la muerte de peces, el aumento de la violencia y otras diversas consecuencias de la central. Personas que no son «ecologistas», pero cuya vida estaba conectada al ritmo del Xingú y vieron como su casa se inundaba, los animales con los que convivían se ahogaban, los peces que conocían se deformaban y las cunas de nuevas vidas más-que-humanas se convertían en cementerios.

He aquí ocho hechos sobre Belo Monte que la ofensiva mediática de Norte Energia no mostró a los periodistas que invitaron.

En la década de 1970, cuando se anunció públicamente la intención de construir una hidroeléctrica en el Río Xingú, Gracinda Lima Magalhães, doña Gracinda, empezó a luchar para que no se le concediera la licencia ambiental al proyecto. Funcionaria desde hace 35 años y ahora concejala de Salud, entendió en 2011, cuando la licencia se hizo realidad, que la única salida era luchar cada día para que se cumplieran los programas de mitigación del impacto de la central.

«Siempre hemos luchado para que se minimizaran los impactos de Belo Monte. He trabajado con ahínco para que se cumplieran las condiciones relacionadas con la salud». A la concejala también le afectó la construcción de la hidroeléctrica y tuvo que trasladarse a uno de los cinco Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC), proyecto incluido en el Estudio de Impacto Ambiental de Belo Monte. Los RUC son complejos de viviendas sociales que Norte Energia construyó en las afueras de la ciudad para reubicar a las familias que vivían en la zona directamente afectada por la central y cuya casa en la Selva acabó quemada o inundada. En estos nuevos barrios no pueden plantar lo que comen, como hacían antes. Los pescadores se quedaron con sus canoas varadas en tierra seca, a kilómetros del río.

El saneamiento básico en los RUC nunca se completó y algunos hogares llevan 15 años abasteciéndose de agua con camiones cisterna. Pero el suministro es irregular, cuenta doña Gracinda.

La historia de los impactos de Belo Monte es larguísima, advierte, y un capítulo fundamental es el que trata sobre la vida de muchas familias reubicadas en los RUC. Hay personas que no han recibido ningún tipo de indemnización porque Norte Energia no reconoce los impactos que han sufrido; aun así, algunos reasentamientos están llenos y «muchas personas siguen sin tener casa», afirma. Pero la municipalidad no puede cargar con las condiciones que la concesionaria ha incumplido, reclama doña Gracinda: «Hay muchas zonas donde no hay servicios públicos, ni siquiera una escuela».

Entre las medidas de compensación de Norte Energia figuraban el suministro de agua o la recogida y tratamiento de aguas cloacales y residuos sólidos (recogida de basuras y construcción de un vertedero). El basural, una de las acciones divulgadas a la prensa invitada, cuya construcción comenzó en 2013, ya había alcanzado su límite operacional entre 2021 y 2022, según el Ministerio Público Federal. El organismo también denuncia que se realizan vertidos irregulares de residuos y hay indicios de contaminación del suelo por lixiviados.

Algunos informes indican que hay errores de planificación y funcionamiento. En 2022, Norte Energia transfirió la responsabilidad del vertedero a la administración local: la municipalidad de Altamira firmó un convenio por el que se hacía cargo de la gestión, mantenimiento y funcionamiento del sistema de saneamiento. El documento deja claro que esta responsabilidad abarca todos los costes relacionados. El resultado: una bomba de relojería que la municipalidad no puede gestionar por falta de recursos.

La universalización del sistema de abastecimiento de Altamira, una obligación de Norte Energía, no se completará hasta 2035, según las estimaciones de la municipalidad. Los datos del portal Panel de Saneamiento Brasil, de la organización de la sociedad civil Instituto Trata Brasil, muestran que en 2022, el último año con datos públicos disponibles, el 52,3% de la población de Altamira carecía de sistema de alcantarillado y el 50,6% no tenía suministro de agua tratada. Sin embargo, tras la invitación de Norte Energia para que visitara Belo Monte, el periódico Folha de S.Paulo escribió que el 92% del municipio cuenta con red de saneamiento. La información figura en un «Informe de sostenibilidad» que Norte Energia publicó en 2022, donde no cita su fuente ni la metodología en que se basa la cifra.

En la información divulgada a la prensa invitada y en su página web, Norte Energia afirma que ha invertido en salud, una de las compensaciones exigidas por la construcción de la hidroeléctrica. También asegura que ha concluido tres hospitales y 62 puestos de salud en la zona de influencia de Belo Monte —los municipios de Altamira, Anapu, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu y Brasil Novo— para beneficiar a comunidades Indígenas y no Indígenas.

Pero los daños sociales y a la salud que Belo Monte ha causado a las poblaciones del Medio Xingú están demostrados en estudios científicos y son visibles en los cuerpos de quienes viven allí. «Tenemos miedo de perder nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos», lamenta Bel Juruna, líder Indígena del pueblo Yudjá. Hoy vive en la aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba. Durante cinco años fue agente de salud en la región; desde hace seis es técnica de enfermería. El miedo a no saber si habrá un mañana, dice Bel, se refleja en el cuerpos y la mente de los Indígenas. «Una de las cosas que más me sorprende y entristece en las consultas, en este escenario en el que vivimos hoy, es que la hipertensión afecta a un gran número de personas. Creo que tiene mucho que ver con el estrés, la inseguridad, el nerviosismo, el cambio que han sufrido en sus vidas y en la alimentación, con productos industrializados», explica.

Los impactos que podía causar Belo Monte ya se advertían antes de que empezara a construirse la presa, en 2011. Un panel de expertos formado por 38 científicos, de distintas instituciones brasileñas e internacionales y de diferentes áreas de conocimiento, publicó en 2009 un análisis crítico de 230 páginas del Estudio de Impacto Ambiental de Belo Monte. Los investigadores previeron un escenario de devastación. Advirtieron que la propagación de enfermedades y la degradación se estaban subestimando gravemente en el estudio y el informe de impacto ambiental y también en los programas de salud y de incentivo para la estructuración de la asistencia sanitaria básica que Norte Energia elaboró y presentó al Ibama para obtener la licencia ambiental.

La proyección de los impactos negativos de Belo Monte sobre los sistemas públicos de salud se hizo de forma restringida, inadecuada e incompleta, minimizando los efectos de la explosión demográfica en los municipios del área de influencia y la propagación de enfermedades a una escala aún impredecible. Entre 2010, año antes del inicio de la construcción de la hidroeléctrica, y 2022, año del último censo, la tasa de crecimiento geométrico de la población de Altamira fue del 2,04%, superior a la de Brasil (del 0,52%) y a la de Belém, capital de Pará (donde hubo una reducción del 0,55%). El número de habitantes pasó de 99.075 a 126.279. Los expertos en salud pública Rosa Carmina de Sena Couto y José Marcos da Silva afirmaron, en el informe del panel, que Norte Energia debería haber presentado un programa de mitigación con fuentes directas de financiación, sin contar con las partidas del poder público.

En un artículo publicado a partir de su tesis de maestría, de 2021, Antonio Carlos Lima, profesor de medicina de la Universidad Federal de Pará, evaluó las medidas compensatorias que la concesionaria tomó en Altamira. Uno de los compromisos de Norte Energia era contribuir a universalizar el acceso a la salud en la ciudad. En el estudio, el profesor concluyó que «a pesar de las inversiones realizadas en la atención primaria, aún hay vacíos asistenciales en el territorio». El plan no previó ampliar la capacidad de la red de servicios de salud, ya sobrecargada, para que pudiera cubrir urgencias, hospitalización y especialidades médicas como psiquiatría, cardiología, neurología y otras. El profesor, que fue secretario de Salud en el municipio Senador José Porfírio, declaró a SUMAÚMA que la situación persiste y que «mucho de lo que se propuso no se ha implementado ni cumplido realmente». Lima señala la escasez de camas como uno de los problemas más graves: faltan unas 40 camas de cuidados intensivos y unas 100 camas de hospitalización y quirófano en la región del Xingú. Según datos del Ministerio de Salud, relevados en un estudio del gobierno de Pará, Altamira tenía 3,69 camas por cada mil habitantes en 2011, año en que comenzó la construcción de Belo Monte; en 2023, último dato disponible, el promedio bajó a 2,58 camas por cada mil habitantes.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Otro dato que Norte Energia divulga como ejemplo de trabajo exitoso es el Programa de Acción para el Control de la Malaria, implementado de 2011 a 2024. Entre 2021 y 2023, la empresa firmó un acuerdo con el Ibama para seguir invirtiendo en el programa, que, de hecho, ha obtenido excelentes resultados. Sin embargo, hay algunos aspectos que la empresa no aborda.

El profesor Osvaldo Correia Damasceno, de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Pará, en Altamira, explica que la lucha contra la malaria es una intervención puntual en la que existe cierto control sobre los factores implicados, siempre que el trabajo esté estructurado y haya supervisión. Pero otras enfermedades, como las crónicas y las mentales, están asociadas a un conjunto de factores difíciles de medir y mucho más costosos de controlar.

«El impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población Indígena ha sido grande. La primera vez que fui a Cachoeira Seca, en 2019, había dos personas que tenían diabetes. La última vez, en 2025, había 20. Pero muchos de estos impactos no se miden, porque es difícil hacer estudios con poblaciones Indígenas y tenemos pocos datos publicados. Por eso es más fácil acceder a datos sobre enfermedades infecciosas, de declaración obligatoria, como la malaria», afirma la psiquiatra Érika Fernandes Costa Pellegrino, profesora de la Universidad Federal de Pará. Residente en la ciudad desde 2017, la médica forma parte de la Red Bien Vivir Altamira, que ofrece atención psicosocial a los Indígenas de la región, especialmente en la Tierra Indígena Cachoeira Seca.

Según Pellegrino, cuya tesis versó sobre el sufrimiento psíquico que causa Belo Monte, en el caso de las enfermedades crónicas, la salud mental o la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la notificación no es obligatoria, el diagnóstico lleva tiempo y los tratamientos son más complejos y requieren una mayor inversión. Y es difícil demostrar que se ha alcanzado un objetivo en un corto espacio de tiempo.

El profesor Damasceno, que actualmente es coordinador de vigilancia sanitaria de Altamira, afirma que ha habido una «reducción significativa» de las inversiones de Norte Energia en el programa contra la malaria, especialmente a partir de 2020, y solo se han realizado acciones en la región del Tramo de Caudal Reducido. Por eso, la enfermedad ha resurgido. En 2022, por ejemplo, el municipio registró un número de casos cercano al de 2011, según el DataSUS, la base de datos de la sanidad pública brasileña: 1.483 casos. Al año siguiente volvió a bajar. La política de mitigación en el caso de las centrales hidroeléctricas, añade Damasceno, tiene que ser continua, sin interrupciones.

«El proceso de urbanización también ha provocado un aumento de los problemas externos (violencia, accidentes). La licencia para construir hidroeléctricas prevé un plan más organizado de lucha contra la malaria. Pero no sirve para otras enfermedades. Entre otras cosas, porque los factores sociales de mayor impacto suelen ser más difíciles de mitigar».

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

En los cinco municipios del área de influencia de la central, los casos de sífilis congénita (transmitida de madre a hijo durante el embarazo) pasaron de un promedio de 12 casos anuales entre 2007 y 2009 a 24 casos anuales entre 2010 y 2023, el último año completo disponible en el Sistema de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria del DataSUS. Altamira, la localidad más afectada, registró picos en 2011 (28 casos), cuando comenzó la construcción, y 2018 (39 casos), cuando las obras de la última turbina estaban a punto de finalizar.

Bel Juruna confirma que la atención médica en la región es precaria: «Es muy difícil conseguir que te atiendan en un hospital o una consulta. El alcoholismo ha aumentado en las aldeas, los casos de sífilis en las comunidades han crecido. Han aumentado las enfermedades, pero la asistencia no». Bel, que trabaja dando atención sanitaria a Indígenas, cuenta que en algunas aldeas se han incrementado los casos de enfermedad mental, diabetes e hipertensión, agravados por el cambio radical y obligatorio de la dieta a consecuencia del Plan de Emergencia de Norte Energia, que llevó alimentos industrializados a las aldeas afectadas, como la de los Arara de Cachoeira Seca, un pueblo recién contactado. El Plan por Distritos 2024-2027, del Distrito Sanitario Especial Indígena, informa que también han aumentado las enfermedades infecciosas, de transmisión sexual y crónicas, entre otras, así como el abuso de alcohol y estupefacientes, en 12 Tierras Indígenas y entre los Indígenas que viven en Altamira y la Vuelta Grande del Xingú.

Si en el viaje patrocinado por Norte Energia los periodistas hubieran recorrido el tramo de la Vuelta Grande del Río Xingú, una de las regiones más biodiversas de la Amazonia y una de las más afectadas por la presa, podrían haber visitado la Tierra Indígena Paquiçamba y conocido a Josiel Juruna. Líder de su pueblo, afirma que la cantidad de peces que ve y captura cada día ha disminuido drásticamente después de la construcción de Belo Monte. «Antes comíamos mucho Tarariras, Surubíes pintados y Bagres de cola roja, había muchos. Hoy en día estas especies se han vuelto muy escasas, es muy difícil pescarlas», declaró Josiel a SUMAÚMA.

La reducción del número de peces también apareció en el 100% de las quejas de los pescadores de la región de Altamira durante un estudio publicado en la revista de geografía de la Universidad Federal de Pará. En su último dictamen sobre los estudios de impacto ambiental realizados por Norte Energia, el Ibama se mostró de acuerdo con la evaluación de los pueblos Indígenas y los pescadores. Identificó «reducciones significativas en la riqueza y abundancia de peces» entre el período previo al llenado del embalse (2012-2015) y el período posterior (2016-2023).

Uno de los lugares más afectados es la Vuelta Grande, donde se encuentra la tierra de los Juruna. La hidroeléctrica destruyó los hábitats de algunas especies e interrumpió más del 80% del flujo del agua para la región. Y la situación corre el riesgo de empeorar.

En el documento publicado el 18 de marzo de 2025, que analiza los datos hasta 2023, el Ibama destaca la disminución de huevos y larvas. «Estos factores indican que la capacidad de reclutamiento poblacional puede verse comprometida, lo que, a largo plazo, podría afectar a la sostenibilidad de las poblaciones [de peces]», dice el dictamen.

En 2023, SUMAÚMA mostró que las cunas de peces, conocidas como piracemas, se habían convertido en cementerios, con millones de huevos de peces muertos en los barrancos sin agua. «Los huevos en el suelo seco muestran la cantidad de peces que podrían haberse convertido en adultos y no lo harán», resume Josiel Juruna.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Josiel es uno de los investigadores del proyecto Monitoreo Ambiental Territorial Independiente, que, junto con investigadores de universidades, comunidades Ribereñas e Indígenas, vigila paralelamente las condiciones del Río Xingú. Un estudio del proyecto mostró que el peso medio que los pescadores capturan en cada salida ha disminuido. Antes de la presa, conseguían pescar 68 kilos de Sábalos. Tras la construcción, el promedio bajó a 5,4 kilos. La pesca de Corvina rubia descendió de 99 a 1,7 kilos y la de Surubíes pintados, de 41 a 1,8 kilos.

El 25.º informe de Norte Energia, que el Ibama aún no ha analizado, admite que, en la pesca comercial, la captura ha disminuido hasta un 20% tras el llenado de los embalses; en la pesca ornamental, hasta un 65%. Otro estudio sobre la seguridad alimentaria de las comunidades Ribereñas mostró una disminución del 58,5% en el consumo de pescado en la región de Belo Monte.

El informe de la propia Norte Energia presenta datos aún más estremecedores: en las regiones afectadas por la central, el consumo de pescado ha disminuido entre un 41% y un 52%. Por otro lado, el de conservas ha subido hasta un 163% y el de leche de vaca, al menos un 168%. La presa no solo ha acabado con los peces, sino que ha cambiado por completo el modo de vida de la población local.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

En febrero de 2021, el Ibama firmó un acuerdo con Norte Energia y autorizó el funcionamiento temporal de Belo Monte con uno de los hidrogramas que deseaba la empresa. Un hidrograma define cuánta agua va a las turbinas y cuánta sobra para mantener la vida del Xingú. A cambio, Norte Energia se comprometió a invertir 157 millones de reales (unos 29 millones de dólares) en medidas para «monitorear, controlar y mitigar los impactos» de la hidroeléctrica en la Vuelta Grande del Xingú. Las medidas en sí no eran ninguna novedad: la mayoría figuraba en la lista de obligaciones de la empresa desde que se le concedieron las licencias para construir y hacer funcionar la central.

El Acuerdo de Compromiso Ambiental recogía 141 acciones de mitigación distribuidas en 14 proyectos, que incluían 20 acciones para la salud de la población humana, la distribución de alimentos a peces y quelonios y la restauración forestal de las Áreas de Preservación Permanente. En un documento de octubre de 2024, en el que analiza la actuación de Norte Energia, el Ibama es tajante: «Las actuaciones inacabadas representan aproximadamente el 45%» del total.

Ni siquiera puede decirse que lo que se ha completado haya tenido resultados satisfactorios. Un ejemplo: un proyecto de suplementación alimenticia para más-que-humanos cuyo hábitat está amenazado por Belo Monte «demostró que no había relación directa entre la comida ofrecida y la que realmente consumen los peces y terecays», según los técnicos del Ibama. «No hay pruebas de que la suplementación alimentaria mejore la condición corporal de los peces y quelonios ni la actividad reproductiva de las especies analizadas», concluyen.

A pesar de «vender» la idea de que realiza actividades que le corresponderían al Estado, Norte Energia ni siquiera ha completado lo que se propuso hacer en un acuerdo que le era ventajoso. «Hay peces con malformaciones, con huevos que se les endurecen en el vientre y no pueden desovar. Y están flacos, muy flacos», se lamenta Raimundo da Cruz e Silva, un Ribereño que vive en Anapu, una región de la Vuelta Grande del Xingú muy castigada por la presa de Belo Monte.

En un documento de octubre de 2024, dirigido a los fiscales del Ministerio Público Federal, los Indígenas Yudjá-Juruna de la Tierra Indígena Paquiçamba, en la Vuelta Grande del Xingú, expusieron otro problema. «Antes de que se construyera la central, nuestros ingresos [procedían] de la pesca de peces para consumo y ornamentales. Tuvimos que convertirnos en agricultores y piscicultores, sin ningún apoyo efectivo, [y] perdimos nuestra soberanía alimentaria. Han sido años de lucha, plantando cacao y criando peces en estanques de red».

Sin la asistencia adecuada, el cacao produce poco. Un informe realizado por técnicos de la Comisión Ejecutiva del Plan de Cultivo de Cacao (Ceplac), una institución de investigación subordinada al Ministerio de Agricultura y Ganadería, estudió la plantación de cacao de una de las aldeas de la Tierra Indígena Paquiçamba, Mïratu, y constató que había ciertos problemas. En la carta a los fiscales, los Indígenas se quejaron de que «no tuvieron asistencia técnica adecuada ni apoyo para preparar el área, se deforestó la vegetación nativa y se utilizaron plantones sin el control de la institución».

La Ceplac corroboró la impresión. Un extracto del informe, incluido en la carta enviada por el pueblo Yudjá-Juruna al Ministerio Público, dice: «Cuando se eligieron las áreas para la plantación, no se realizó ningún análisis del suelo ni se comprobaron los características físicas de la zona, como la profundidad del suelo, que es un aspecto de importancia fundamental para el árbol del cacao, una planta que requiere una profundidad mínima de 1,5 metros. El cultivo en suelos poco profundos o con obstáculos rocosos es inviable».

El Ibama también identificó problemas en los programas de fomento de la plantación de cacao y afirma que la propia Norte Energia «informó que no era viable ejecutar los proyectos de plantación de cacao». La agencia ambiental considera que «la información de inviabilidad no es aceptable. La empresa tiene que encontrar una solución que haga viables los proyectos que tiene previstos, principalmente aquellos para los que ha elaborado informes de viabilidad».

Incluso el agua potable ha empezado a escasear en la Vuelta Grande, a orillas del Xingú, uno de los mayores ríos de la Amazonia. El Ibama constata resultados «insuficientes» en la creación y mejora de pozos. Norte Energia se justificó ante los técnicos alegando que «la dificultad para finalizar los pozos se debe a los intentos fallidos en la perforación». Como «medida de emergencia», repartió filtros de cerámica y agua potable a los habitantes. Ya en 2023, el Ibama advirtió de que «la distribución de filtros no puede ser suficiente para garantizar la disponibilidad de agua potable».

La conclusión de la agencia ambiental es categórica: «El fracaso de las medidas de mitigación nos lleva a informar, una vez más, a las autoridades competentes que este proyecto genera impactos sociales inaceptables relacionados con la pérdida del modo de vida Ribereño en la Vuelta Grande del Xingú».

SUMAÚMA cuestionó a la dirección del Ibama sobre el asunto. La respuesta, enviada por escrito, dice que el dictamen técnico finalizado en octubre de 2024 «se está analizando internamente para [llevar a cabo] los trámites oportunos».

Todas las cifras disponibles —de la sanidad pública brasileña, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Pará, de estudios académicos o de publicaciones especializadas elaboradas por organizaciones como el Foro Brasileño de Seguridad Pública— son unánimes al señalar que en Altamira la violencia aumentó exponencialmente tras la construcción de la central de Belo Monte.

No es que Altamira fuera un lugar pacífico. En 2010 tenía casi 100.000 habitantes y la tasa de homicidios, en aumento desde 2000, alcanzó los 63 por 100.000 habitantes, superior a la de Pará (46,4) y muy superior a la de Brasil (27,8). Un informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestra que, desde 2012, la Amazonia registra índices de violencia letal más elevados que la media nacional, asociados a delitos ambientales, conflictos agrarios y disputas entre facciones por las rutas del narcotráfico.

En Altamira, las disputas por el tráfico de drogas se sumaron a la explosión demográfica provocada por la construcción de la hidroeléctrica sin la correspondiente dotación de infraestructura urbana. En 2012, la ciudad acogió a 9.000 obreros, según informó entonces la prensa. Al año siguiente, 20.000. Comunidades enteras fueron expulsadas de sus territorios y reubicadas en los RUC, complejos de viviendas sociales alejados del centro de la ciudad. Las familias tuvieron que mudarse, comercios antiguos cerraron y otros nuevos abrieron, y los precios de todo, especialmente los alquileres, se dispararon. En 2022, el censo contabilizó 126.279 habitantes en Altamira, un aumento del 27,4% en 13 años, en un momento en que el crecimiento demográfico del país se ralentiza.

Los 64 asesinatos registrados en 2010 se elevaron a 114 en 2015, año en que Altamira se convirtió, proporcionalmente, en el municipio de más de 100.000 habitantes más violento del país, con un índice de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, la ciudad registró un número récord de asesinatos: 149, una tasa de 133 por 100.000 habitantes. A mediados de la década, se intensificaron los conflictos entre grupos criminales. En 2019, una rebelión de reclusos de facciones rivales en el Centro de Recuperación Regional de Altamira acabó con 62 muertos, la segunda mayor masacre carcelaria de la historia de Brasil. El número de vidas perdidas solo fue superado por la de Carandiru, en São Paulo, en 1992, cuando murieron 111 presos.

En su tesis de maestría, defendida en 2022 en la Universidad Federal de Pará, el geógrafo Igor Renan Araújo Oliveira escudriña los indicadores de violencia en el municipio, señalando su relación con la central de Belo Monte, el aumento de la población y el contexto del narcotráfico.

De 2000 a 2010, la ciudad sumó 371 homicidios; de 2010 a 2019, 984.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

«La ciudad siempre ha carecido de servicios públicos y ya sufría el tráfico de drogas. Belo Monte lo potenció», analiza Igor. «Altamira se ha convertido en una mina de oro para el narcotráfico. Se ha vuelto imposible frecuentar el paseo marítimo, a orillas del Río Xingú». Cuando terminaron las obras de Belo Monte, miles de desempleados permanecieron en la ciudad, en condiciones de vulnerabilidad social.

Aunque el estudio de Igor se centra en los homicidios, muestra que también han aumentado otros sucesos, como los robos y las incautaciones de droga. Los registros de violación, que sumaban 43 en 2010, llegaron a 92 en 2018, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pará. «Para una mujer, salir a la calle se ha vuelto muy peligroso», dice el geógrafo de 33 años, técnico del Ministerio Público de Pará en Altamira.

Su investigación también muestra que el aspecto más letal de la delincuencia, los homicidios, afecta especialmente a los jóvenes: en las muertes acumuladas de 2010 a 2020, la edad media de las víctimas fue de 29 años. La tesis de Igor está dedicada a dos de los asesinados: sus amigos Magid Mauad, estudiante de geografía, y Ruan Silva, ingeniero ambiental, asesinados por narcotraficantes en Altamira en 2017 y 2020, respectivamente. De la desesperación de las familias de tantos muertos surgió el colectivo Madres del Xingú, creado por la madre de Magid, Málaque Mauad, para exigir que se investigaran los crímenes. «La ciudad no tenía estructura para acoger a tanta gente. Nuestras hijas ni siquiera podían salir a la calle. Después de que mataran a mi hijo, decidí no quedarme callada. Las madres nunca decían nada, pero yo decidí hablar», resume.

La iniciativa de Málaque atrajo a otras mujeres que habían perdido a sus hijos a causa de la violencia en la ciudad. En 2020, cuando Altamira sufrió una oleada de suicidios de jóvenes, las Madres del Xingú acogieron a los supervivientes, tanto a las familias de los fallecidos como a los jóvenes que habían intentado quitarse la vida. En la actualidad, el grupo cuenta con unas 25 mujeres y participa en los Consejos de la Mujer y de la Infancia y Adolescencia de Altamira.

«Todos los problemas derivados de la hidroeléctrica de Belo Monte —la intensa afluencia de población, el aumento del consumo de drogas, el aumento de la violencia, el aumento de los homicidios, el estancamiento económico tras Belo Monte, el aumento del desempleo, las nuevas estructuras urbanas y la llegada de conflictos entre facciones criminales al contexto urbano de Altamira— son factores que, combinados, como una bola de nieve que rueda y crece, han contribuido a la escalada de violencia a lo largo de los años», concluye el investigador.

En los últimos años, la delincuencia en Altamira ha disminuido, pero aún sigue estando en niveles muy altos. Según el Atlas de la Violencia, publicado este mes, la tasa de homicidios en la ciudad fue de 62,6 por cada 100.000 habitantes en 2023. La de Brasil fue de 21,2. En todas las bases de datos, Altamira es, después de Belo Monte, un lugar más peligroso para vivir.

La construcción de Belo Monte coincide con un aumento de la deforestación de las cuatro Tierras Indígenas que se encuentran en la zona de influencia de la hidroeléctrica: Cachoeira Seca, Ituna/Itatá, Trincheira Bacajá y Apyterewa. Así lo demuestra un análisis elaborado en 2022 por la Red Xingú+, como ya informó SUMAÚMA en 2023.

«En 2019 y 2020, la deforestación en las cuatro Tierras Indígenas en Pará [bajo la influencia de Belo Monte] superó la que hubo en las otras 311 Áreas Indígenas [de la Amazonia Legal]. Los años 2018 y 2019 destacan por el enorme crecimiento de sus tasas: un aumento del 175% y del 194%, en este orden, respecto a los años inmediatamente anteriores». Solo en 2019, se perdieron más de 30.000 hectáreas de Selva en las cuatro Tierras Indígenas cercanas a Belo Monte. Esto equivale al «61% de toda la deforestación en Áreas Indígenas de la Amazonia Legal», afirma el estudio.

La protección de las Tierras Indígenas que están en su zona de influencia es otra de las condiciones para la construcción de la hidroeléctrica que Norte Energia no ha cumplido adecuadamente, según considera un informe de 2022 de la Defensoría Pública. Situada a 45 kilómetros de la presa de Belo Monte, la Tierra Indígena Ituna/Itatá ocupa 142.000 hectáreas —casi el tamaño de la ciudad de São Paulo— y alberga a un grupo de Indígenas que evitan el contacto y son conocidos como los «aislados del Arroyo Ipiaçava». Desprotegida, se convirtió en objetivo de codiciosos ladrones de tierras, que empezaron a criar ganado en la zona. Entre 2018 y 2021, Ituna/Itatá fue una de las tres Tierras Indígenas más deforestadas de Brasil. En 2019, el primer año de gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro, fue la más destruida, con 12.000 hectáreas de Selva perdidas, un asombroso aumento del 656% respecto a 2018.

En agosto de 2023, SUMAÚMA estuvo tres días en Ituna/Itatá acompañando a varios agentes del Ibama y otros organismos del Estado que iniciaban un largo proceso —que no terminaría hasta 2025— para retirar 5.000 bueyes y vacas criados ilegalmente en la Tierra Indígena. Las escenas eran de guerra. Los delincuentes destruyeron puentes ya precarios e incendiaron la Selva en un intento de impedir la retirada del ganado ilegal. Ni siquiera la presencia de agentes armados de la Fuerza Nacional, la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras los intimidó.

«El análisis sugiere que el aumento de la deforestación en Tierras Indígenas y en los alrededores de Belo Monte está asociado al desempleo de la mano de obra [que construyó la central], al incumplimiento de las condiciones relacionadas con la protección del territorio Indígena y la regularización de la tierra, y al hecho de que la condición de apoyar las acciones para contener la deforestación sea insuficiente», señala el estudio de la Red Xingú+. No era algo fortuito: el Estudio de Impacto Ambiental elaborado antes de la construcción de Belo Monte ya preveía que todo esto ocurriría.

Para el Ibama, no obstante, en el «proceso de concesión de la licencia ambiental de Belo Monte no hay información que permita analizar la relación directa de causa y efecto entre el proyecto y la deforestación en la región». En la respuesta que la agencia ambiental envió a SUMAÚMA por medio de su gabinete de prensa, afirma que «en el período de 2016 a 2022 aumentó la deforestación en toda la región amazónica, lo que hace complejo definir una sola causa».

Hace diez años, Raimundo Berro Grosso tuvo que dejar su casa a orillas del Xingú y trasladarse a la periferia de Altamira, donde vive en un RUC. Su familia es una de las cerca de 300 que fueron expulsadas de las islas y riberas en 2015, cuando se llenó el embalse de Belo Monte. También espera que Norte Energia cumpla una de las condiciones para la renovación de la licencia de la central: la compra de tierras para crear el Territorio Ribereño, la reparación prevista para esta comunidad tradicional. Pero con el paso del tiempo llega el desánimo: «No quería quedarme aquí, quería volver a mi tierra. Pero con el retraso del Territorio y mi estado de salud, estoy casi obligado a quedarme aquí», dice Raimundo, que ya ha sufrido un derrame cerebral y tiene párkinson.

La situación particular de los Ribereños —que tradicionalmente vivían en las riberas del Xingú y mantenían una casa en la ciudad como punto de apoyo— no se había tenido en cuenta en el proceso de concesión de la licencia ambiental para construir Belo Monte. En 2015, cuando se llenó el embalse, pidieron ayuda a la fiscal federal Thais Santi, quien vela por los derechos de las comunidades Indígenas y tradicionales en Altamira. Santi entró en contacto con la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, que encargó a investigadores de renombre —como las antropólogas Manuela Carneiro da Cunha y Sônia Magalhães— que escucharan a los Ribereños y estudiaran su modo de vida. El trabajo dio lugar al libro-informe La expulsión de ribereños en Belo Monte, presentado en 2016.

Gracias a la movilización, se formó el Consejo Ribereño, compuesto de habitantes expulsados por la hidroeléctrica, como Raimundo Berro Grosso, y se propuso la creación del Territorio Ribereño, que se aprobó en 2018 como una de las condiciones que debía cumplir la concesionaria de la central. Al año siguiente ya estaba listo el proyecto técnico, pero, desde entonces, no se ha hecho nada.

El 7 de abril de este año, en un comunicado publicado en su página web, el Ibama volvió a exigir que Norte Energia comprara los terrenos. Al día siguiente, 8 de abril, la concesionaria replicó por medio de una carta que tenía una peculiaridad: además de a la directora de licencias ambientales del Ibama, Claudia Jeanne da Silva Barros, iba dirigida al ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y al ministro de la Presidencia, Rui Costa, dos ministros que a menudo chocan con el área ambiental del gobierno.

El comunicado del Ibama y la réplica de Norte Energia se centran en el enfrentamiento más reciente entre ambas partes: la concesionaria ha estado desplazando Ribereños al RUC Tavaquara. La empresa afirma que está siendo presionada por familias que han desistido del Territorio Ribereño y se encuentran en situación de «vulnerabilidad social» para que les ofrezca una vivienda alternativa. En la mayoría de los casos, se trata de familias a las que se les habían concedido «puntos de ocupación» dentro del Área de Preservación Permanente del embalse de la hidroeléctrica. El Ibama entiende que cambiar estos puntos por viviendas sociales «no restaura el modo de vida de Ribereño».

Desde 2016, Norte Energia ha distribuido un total de 157 puntos de ocupación en el Área de Preservación Permanente del embalse de Belo Monte. El problema es que esta situación provisional no satisface las necesidades de los Ribereños, ya que el Área de Preservación Permanente tiene limitaciones para cultivar alimentos y criar animales. «Es una superficie de 25 metros para construir una casa y otra pequeña para hacer un huerto. Es realmente humillante», afirma Raimundo Berro Grosso.

El 7 de abril de este año, en un comunicado publicado en su página web, el Ibama volvió a exigir que Norte Energia comprara los terrenos. Al día siguiente, 8 de abril, la concesionaria replicó por medio de una carta que tenía una peculiaridad: además de a la directora de licencias ambientales del Ibama, Claudia Jeanne da Silva Barros, iba dirigida al ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y al ministro de la Presidencia, Rui Costa, dos ministros que a menudo chocan con el área ambiental del gobierno.

El comunicado del Ibama y la réplica de Norte Energia se centran en el enfrentamiento más reciente entre ambas partes: la concesionaria ha estado desplazando Ribereños al RUC Tavaquara. La empresa afirma que está siendo presionada por familias que han desistido del Territorio Ribereño y se encuentran en situación de «vulnerabilidad social» para que les ofrezca una vivienda alternativa. En la mayoría de los casos, se trata de familias a las que se les habían concedido «puntos de ocupación» dentro del Área de Preservación Permanente del embalse de la hidroeléctrica. El Ibama entiende que cambiar estos puntos por viviendas sociales «no restaura el modo de vida de Ribereño».

Desde 2016, Norte Energia ha distribuido un total de 157 puntos de ocupación en el Área de Preservación Permanente del embalse de Belo Monte. El problema es que esta situación provisional no satisface las necesidades de los Ribereños, ya que el Área de Preservación Permanente tiene limitaciones para cultivar alimentos y criar animales. «Es una superficie de 25 metros para construir una casa y otra pequeña para hacer un huerto. Es realmente humillante», afirma Raimundo Berro Grosso.

Por eso, como señaló en su comunicado del 7 de abril, el Ibama ha vetado el traslado de más familias a las orillas del embalse, indicando que esta solución provisional está retrasando la creación del Territorio Ribereño. «La autorización para ofrecer nuevas viviendas en los puntos de ocupación […] depende fundamentalmente de la adquisición de los terrenos colindantes» [es decir, contiguos al Área de Preservación Permanente del embalse], subrayó el organismo ambiental.

La idea es que, en estas tierras contiguas, cada familia tenga garantizado un espacio para cultivar y criar animales, con la posibilidad de vender parte de sus productos, como hacían antes de Belo Monte. Está prevista la expropiación de 8.400 hectáreas divididas en tres bloques de terrenos, en ambas orillas del Xingú, en las afueras de Altamira.

Desde 2019, Norte Energia aplaza la compra de los terrenos con diferentes argumentos. En los primeros años, la concesionaria alegó que la mayoría de los propietarios se resistían a vender sus tierras. Según la empresa, había que esperar a que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica emitiera una Declaración de Utilidad Pública para estas propiedades, con el fin de facilitar la expropiación.

Cuando se emitió, a mediados de 2024, Norte Energia llegó incluso a presentar un calendario para la compra de los terrenos. Pero estableció ciertas condiciones para que se iniciara el proceso, como que se hiciera una nueva encuesta para averiguar cuántas familias seguían interesadas en el Territorio Ribereño, a pesar de ya haber realizado una entre finales de 2022 y principios de 2023, en la que entrevistó a 267 familias, de las cuales solo 42, es decir, el 16%, dijeron que ya no estaban interesadas en el proyecto.

La concesionaria también pidió que se definiera ya la estructura jurídica del Territorio, que en principio sería de propiedad colectiva. Norte Energia también argumenta que está a la espera de una decisión del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) sobre la disponibilidad de un área incluida en el Territorio Ribereño donde existe un proyecto de asentamiento. El Incra informó que está al tanto de la situación y que tiene previsto visitar el lugar «en las próximas semanas» para identificar a los ocupantes de la zona y determinar cómo tratar el asunto.

En cualquier caso, el Ibama nunca ha exigido que se compraran todas las tierras a la vez; es decir, las familias podrían instalarse en el Territorio Ribereño de forma gradual. En febrero de 2023, por ejemplo, la agencia ambiental envió a la concesionaria una carta de cinco propietarios interesados en vender sus inmuebles, y hasta ahora no ha adquirido nada. La «propuesta ribereña establece tres grandes territorios a medida que se adquieren los terrenos colindantes [al Área de Preservación Permanente del embalse]», dejó claro el Ibama en un dictamen técnico fechado en abril de este año. «Los órganos que tienen poder, el Ibama, el Ministerio Público, no han estado muy encima de la empresa, que se lo está tomando con calma para que la gente se canse», dice Raimundo Berro Grosso.

Al preguntarle si ya había multado a Norte Energia por el Territorio Ribereño, el Ibama ha respondido que «hay un retraso en la ejecución del proyecto», pero que «por el momento no se puede calificar de incumplimiento de la condición». Sobre si está de acuerdo con las condiciones que ha impuesto la concesionaria para iniciar la compra de los terrenos, la agencia ambiental ha afirmado que «la cuestión está en discusión con las entidades implicadas en el proyecto Ribereño (Ministerio Público, Ibama, Norte Energia, Consejo Ribereño y simpatizantes)».

A los periodistas de los principales periódicos de Brasil que invitó a visitar Belo Monte, la dirección de Norte Energia les anunció su intención de construir un nuevo embalse para la central, que inundaría una superficie de mil kilómetros cuadrados. Utilizando la Ley de Acceso a la Información, SUMAÚMA ha descubierto que el gobierno de Lula conoce el proyecto desde al menos el 27 de noviembre de 2024. Ese día, funcionarios de los ministerios de Minas y Energía y de la Presidencia recibieron a varios ejecutivos de la concesionaria, que presentaron «un estudio inicial sobre la construcción de un embalse cerca de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el Río Xingú». Según la memoria de la reunión, que puede leerse aquí, «los participantes comprendieron la importancia del análisis y le pidieron a Norte Energia más detalles, para poder presentar el asunto al Ibama y otros organismos interesados».

La propuesta de un nuevo embalse, con el pretexto de aumentar la producción de la central, no sorprende a nadie que haya leído el informe que publicó un panel de 38 científicos en octubre de 2009, antes de que se concediera la licencia de construcción de Belo Monte. El documento afirmaba que la central sería antieconómica, es decir, que lo que aportaría en energía al sistema eléctrico no compensaría sus costes. Debido a la variación del caudal del Río Xingú a lo largo del año, el estudio preveía que, en promedio, la central estaría lejos de suministrar una carga de energía correspondiente al potencial de generación de sus turbinas, que es de 11.200 megavatios, solo inferior a los 14.000 megavatios de Itaipú, construida durante la dictadura militar-empresarial (1964-1985), cuando ni siquiera existían las licencias ambientales en Brasil.

El pronóstico se ha cumplido, con un agravante: el informe de 2009 aún no tenía en cuenta el impacto del cambio climático en los ríos de la Amazonia. Desde entonces, varios estudios han confirmado que el aumento de la temperatura de la Tierra tiende a aumentar el período de sequía y a reducir las lluvias en la región. Las repercusiones para las hidroeléctricas instaladas en el bioma se proyectaron en el estudio Brasil 2040, que encargó la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno de Dilma Rousseff y acabó archivando tras su publicación, en 2015. El estudio estimaba que el caudal del Río Xingú en Belo Monte podría disminuir entre un 25% y un 55%.

El rendimiento de una fuente de electricidad viene dado por su «factor de capacidad», que es la relación entre la energía que realmente genera y la que teóricamente puede generar. Las hidroeléctricas brasileñas tienen un factor de capacidad medio del 55%, según la Empresa de Investigación Energética, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. En el caso de Belo Monte, se esperaba un factor de capacidad cercano al 40%. Pero si se tiene en cuenta el rendimiento anual de la central, incluyendo la estación lluviosa y la seca, nunca se ha alcanzado ese porcentaje desde que se terminaron de instalar todas las turbinas en 2019. Según los datos del Operador Nacional del Sistema Eléctrico, lo más cerca que estuvo de esta cifra fue en 2022, cuando registró un factor de capacidad del 37,8%. En 2024, un año de sequía extrema en la Amazonia, el factor de capacidad de Belo Monte cayó al 23%, menos de la mitad del promedio de las hidroeléctricas brasileñas y 17 puntos por debajo de su rendimiento previsto.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Ricardo Baitelo, doctor en planificación energética y director de proyectos del Instituto de Energía y Medio Ambiente, compara este rendimiento con el de los parques eólicos, que también es inconstante, porque depende de las variaciones del viento, aunque actualmente llega al 40% en el sur y sureste de Brasil y al 47% en el noreste, de promedio. «Cuando se debatía el proyecto de Belo Monte, lo que yo y muchos otros defendíamos era que la energía eólica y de biomasa serían mejores para el sistema en aquel momento», dice Baitelo. «Siempre se advirtió que Belo Monte era inviable», afirma el agrónomo Danicley Saraiva de Aguiar, especialista en planificación y desarrollo regional por la Universidad Federal de Pará y responsable de campañas forestales de Greenpeace Brasil. «Se gastaron 40.000 millones de reales [unos 7.000 millones de dólares] en una central que ahora necesita otro embalse».

Los planes de principios de la década de 1980, heredados de la dictadura y anteriores a la Constitución de 1988, preveían la construcción de hasta seis presas en el Xingú. En 2008, el Consejo Nacional de Política Energética aprobó una resolución que establecía que solo se construiría una, lo que se consideró una estrategia para conseguir la aprobación de Belo Monte. Para minimizar los daños sociales y ambientales y evitar inundar las Tierras Indígenas, el proyecto de Belo Monte optó por una hidroeléctrica llamada «de pasada» o «fluyente», que aprovecha el flujo natural del agua de un río para generar electricidad, sin necesidad de tener un gran embalse de almacenamiento. No es una opción excepcional: Itaipú, en el Río Paraná, también se considera una hidroeléctrica de pasada, aunque cuenta con un embalse de 1.350 kilómetros cuadrados, cuya función es aumentar la fuerza del salto. En Belo Monte, la generación varía en función del caudal del río y de dos embalses que, aunque «pequeños» para una hidroeléctrica, son inmensos como tragedia ambiental: suman casi 500 kilómetros cuadrados. Desde allí se desvía el agua de la Vuelta Grande del Xingú para dirigirla a las turbinas.

El problema es que, aunque el proyecto preveía una hidroeléctrica de pasada, mantuvo un potencial de generación de energía de más de 11.000 megavatios, a pesar de que se llegaron a considerar capacidades menores, de entre 5.500 y 7.500 megavatios. Por eso, el informe del panel de expertos pronosticaba que, de construirse, la central se vería abocada a una «crisis planeada»: cuando empezara a funcionar, se «descubriría de repente» el desfase entre el potencial de las turbinas instaladas y lo que realmente produce en electricidad.

Transcurridos 166 días desde la reunión en que Norte Energia planteó la propuesta del nuevo embalse en Brasilia, no se ha presentado nada al Ibama. También a través de la Ley de Acceso a la Información, el instituto ha respondido a SUMAÚMA que «no existen documentos sobre el proyecto […] ni sobre la intención de construirlo en el proceso administrativo de licenciamiento ambiental de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte». SUMAÚMA también ha descubierto que la idea de construir un nuevo embalse fue recibida con sorpresa en el Ibama: nunca se había mencionado en las decenas de reuniones entre la concesionaria de Belo Monte y la agencia ambiental. El gabinete de prensa del Ministerio de Minas y Energía afirmó a SUMAÚMA que «no ha habido ninguna comunicación formal sobre el tema desde que tuvo lugar la mencionada reunión». Lo mismo se dijo en respuesta a una solicitud realizada a través de la Ley de Acceso a la Información.

Las fuentes con las que SUMAÚMA habló en Brasilia no descartan que la idea del nuevo embalse sea como la cabra de la parábola: un problema gigantesco que se introduce de repente para después eliminarlo a cambio de algo. En este caso, a cambio de lo que Norte Energia siempre ha querido: que se aplique un régimen de uso del agua del Xingú considerado mortal para el ecosistema de la Vuelta Grande, porque toma mucha más agua del río, pero es más ventajoso para la producción de electricidad. La empresa lo denomina «hidrograma de consenso», que sería una alternancia entre los hidrogramas conocidos como «A» y «B». Sin embargo, esta rotación nunca se autorizó porque, como explica un dictamen técnico del Ibama de octubre de 2024, causaría «impactos de magnitud superior a los previstos en el Estudio de Impacto Ambiental» de la central y no sería «seguro para la conservación de la biodiversidad y del modo de vida de los pueblos de la Vuelta Grande del Xingú». En su lugar, solo se aplica el hidrograma B. Aun así, como sus efectos no se han mitigado como acordado, los técnicos de la agencia ambiental afirman, en su dictamen de octubre, que es «esencial y urgente realizar estudios que permitan definir un hidrograma (o asociaciones de hidrogramas) menos severo y sostenible para la Vuelta Grande del Xingú».

SUMAÚMA ha preguntado a la dirección del Ibama sobre el hidrograma y si respalda la conclusión de los técnicos medioambientales. «Se trata de una cuestión de suma importancia que requiere numerosas discusiones en las que participan varias entidades, a parte del Ibama, y que se está analizando actualmente», afirmó la agencia.

A pesar de producir menos energía de la prevista en el momento de su construcción, Belo Monte ha adquirido importancia dentro del Sistema Interconectado Nacional, formado por miles de centrales de distintos tipos. Sin embargo, su participación es irregular. Entre 2019 y 2024, lo que genera de promedio la central del Xingú representó entre un 3,22% (el año pasado) y un 6,04% (en 2022, año en que la contribución de Itaipú fue del 8,5%) del total del sistema nacional.

Desde la construcción de Belo Monte, no obstante, las características del sistema eléctrico brasileño han cambiado. A principios de este siglo, las centrales solares, eólicas y de bagazo de caña de azúcar representaban solo el 2% del suministro energético del sistema eléctrico brasileño. Hoy en día ya representan el 28%. Por eso, el gran desafío actual no es construir un nuevo embalse en Belo Monte, con todo el impacto ambiental y social que eso tendría, sino aprovechar mejor y de forma más eficiente la generación de estas nuevas fuentes. 

Todos los relatos, datos y descubrimientos sobre los impactos de Belo Monte se enviaron a Norte Energia para que los comentara. La empresa recibió la lista de preguntas a las 13.00 horas del viernes 9 de mayo, con dos días útiles para responderlas. Pidió más tiempo para preparar las respuestas, a lo que SUMAÚMA accedió. El miércoles 14 y el día siguiente se enviaron preguntas adicionales. A finales de la tarde del 15 de mayo, la jefa de prensa de Norte Energia, Isabele Rangel, telefoneó a SUMAÚMA para informar que no se respondería a ninguna pregunta. Unos días antes, la empresa había enviado una nota en la que afirmaba que las preguntas «conllevan juicios de valor y hacen inferencias con las que Norte Energía no está de acuerdo» y «no pueden servir como punto de partida de lo que se entiende como un diálogo equilibrado y abierto entre la compañía y SUMAÚMA».

SUMAÚMA también preguntó al periódico Folha de S.Paulo por qué no se incluyeron las voces de los afectados por Belo Monte, del Ibama o del Ministerio Público Federal en el reportaje resultante de la invitación de Norte Energia. El secretario de redacción, Vinicius Mota, respondió que «las condiciones para aceptar invitaciones de viaje de terceros están expresadas en el Manual de Redacción, en la sección ‘Conducta’, y se observaron en el caso en cuestión». El texto, disponible en internet, reza: «Al producir contenidos fruto de una invitación, el profesional debe mantener la independencia y el espíritu crítico».

En una respuesta enviada a SUMAÚMA por escrito, el Ibama dice que «el análisis de la licencia de funcionamiento de la central está en curso» y que un dictamen técnico de 2024 «identificó que aún hay temas pendientes que deben zanjarse antes de la renovación».

La municipalidad de Altamira no respondió a las preguntas que le envió SUMAÚMA por correo electrónico los días 12 y 13 de mayo sobre las condiciones de Belo Monte que afectan a cuestiones sociales y de salud de la ciudad.